Mar 12, 2013 | News
The ICJ is undertaking today a five-day mission to Uruguay to gather information concerning recent developments affecting the independence of the judiciary in the country.
The mission members will meet with a broad group of stakeholders in Uruguay.
The mission will also look at the impact that these developments have on the exercise of the right of victims to effective remedies for human rights violations.
The two-member mission will consist of ICJ Commissioner Belisário dos Santos Junior (picture) and Alejandro E. Salinas Rivera, member of the Advisory Committee of the ICJ Centre for the Independence of Judges and Lawyers.
Uruguay-CIJL mission-Nota de prensa-2013-Spa (full text, pdf)
Jan 22, 2013 | News
The ICJ today expressed its concern at further delays in the trial of President Desiré Delano Bouterse and 24 others, who are accused of the murder of thirteen civilians and two military personnel in 1982.
The ICJ further expressed its dissatisfaction with the continued uncertainty on the applicability of an Amnesty Law that could threaten the status of the trial.
No public statement has been made by the Suriname Military Court since the judges hearing the matter decided to suspend the trial of President Bouterse in May 2012 and leave it to the public prosecutor and an undesignated court to decide whether President Bouterse and the other accused should benefit from the country’s Amnesty Law.
“It is unacceptable that there have been no pronouncements in this case since the last hearing over eight months ago,” said ICJ Secretary-General Wilder Tayler. “Justice has been denied for more than three decades and it is in everyone’s interests, both the accused and the families of the victims, that this trial should proceed without further delay”.
President Bouterse had been accused of having been present on 8 December 1982 at the military barracks of Fort Zeelandia, where 15 political opponents were allegedly executed.
Reports published by various organizations at the time, including by an ICJ affiliate, indicated that several of the victims had also been subjected to torture. At the time, Bouterse was leading a military government in Suriname.
On 19 July 2010, Desiré Delano Bouterse was elected President of Suriname, taking up office on 12 August 2010. On 4 April 2012, despite some contestation, an amendment to the existing Amnesty Law of 1989 was adopted by the country’s Parliament, purportedly granting amnesty to President Bouterse and others for the murders that allegedly took place in 1982.
As the ICJ noted in its report of 29 May 2012, there are a number of unresolved questions regarding the legality of the Amnesty law.
Read also:
Suriname: independent observation mission to the trial of President Desiré Delano Bouterse
Dec 22, 2012
In this case the applicants alleged that Costa Rica’s complete prohibition on in vitro fertilization (IVF) contravened the American Convention on Human Rights giving rise to violations of their rights to privacy and family life.
On 21 December 2012, the Inter-American Court upheld the applicants claim and requested Costa Rica to take measures to address the situation including overturning the prohibition within a six month period.
In its important decision the Court held that the prohibition contravened the applicants’ rights to privacy, liberty, personal integrity, and to form a family as protected by the American Convention on Human Rights.
The court also considered the prohibition undermined enjoyment of the right to be free from discrimination.
The ICJ filed an Amicus brief in the case in September 2012.
In its brief the ICJ focused on the legal principles and doctrine that should be applied by the Court when considering the case.
Specifically the ICJ addressed the criteria that should be taken into account by the Court when considering whether Costa Rica’s complete ban on IVF amounted to a permissible limitation on the applicant’s human rights.
Costa Rica-ICJ Amicus Fertilization in vitro-legal submission-2012 (full text in PDF)
Costa Rica-Amicus ICJ-fecundacion in vitro-legal submission-2012-spa (full text in PDF)
Dec 14, 2012
La CIJ se preocupa de la situación de la administración de justicia, el alto grado de impunidad, los ataques contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos, como así también la falta de acceso a la justicia y reconocimiento de la justicia indígena.
Por ello, además de actividades investigativas, la CIJ realizó dos visitas en el transcurso de 2005 con el fin de evaluar estos temas. Tras sus visitas, y a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno, la CIJ pudo comprobar que la administración de justicia y el estado de derecho continúan siendo sumamente débiles.
El conflicto armado en el que estuvo sumida Guatemala por casi cuatro décadas produjo un debilitamiento institucional del que el país todavía no se ha recuperado. El fortalecimiento institucional estipulado en los Acuerdos de Paz ha sido parcial: si bien se han producido numerosos avances, por ejemplo en el abandono de las violaciones de derechos humanos como política estatal y de reducción del Ejército, persisten serias dificultades en lo referente a la activa protección de los derechos humanos por parte de la judicatura y a la investigación y enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos del pasado.
A lo largo del presente informe se detallan las serias debilidades estructurales y prácticas de la administración de justicia, debilidades que suponen violaciones al derecho a un juicio justo. Los procedimientos de selección, evaluación y destitución de jueces y magistrados, como así también la falta de estabilidad en el cargo y las condiciones de servicio, no garantizan su independencia e imparcialidad. Sobre estos temas, la CIJ formula una serie de recomendaciones, entre ellas ciertas reformas constitucionales, destinadas a garantizar la independencia del Organismo Judicial en su conjunto y de los jueces y magistrados individuales.
El aumento en el número de ataques contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos, y la consecuente falta de investigación exhaustiva sobre estos hechos delictivos, constituyen una seria manifestación del clima de impunidad con la que operan grupos clandestinos. Sobre este tema, la CIJ lamenta que la Comisión de Investigación de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) no se haya establecido e insta al Estado de Guatemala a emprender esfuerzos concretos para investigar y desarticular tales grupos.
Las debilidades que se observan en el Ministerio Público, tanto en términos de recursos humanos como materiales, impiden que tal órgano desempeñe sus funciones de manera eficaz. La falta de presencia en todo el territorio, como así también la deficiente formación en el procedimiento penal oral y la ausencia de procedimientos disciplinarios transparentes son algunos de los retos que debe asumir Guatemala para fortalecer la capacidad de acción de tan importante institución.
La CIJ pudo estudiar el actual proyecto de reforma de la justicia militar, mediante el cual se prevé la creación de un fuero personal para miembros en activo y retiro de las Fuerzas Armadas. La CIJ considera que este proyecto es contrario a las obligaciones de Guatemala bajo el derecho internacional y que debe ser modificado para que los tribunales militares sólo tengan competencia para juzgar militares por delitos estrictamente de naturaleza militar.
Asimismo, la CIJ pudo comprobar el uso abusivo del recurso de amparo con fines dilatorios, lo que lo transforma, principalmente en casos por violaciones de derechos humanos, en un mecanismo de impunidad. La CIJ estima que el actual proyecto de ley de reforma, si bien introduciría cambios en la dirección correcta para la protección y uso adecuado de este importante recurso, debe ser modificado para incorporar las disposiciones elaboradas por la Comisión de Fortalecimiento de la Justicia, entre ellas las relativas al rechazo in limine de un recurso.
Los reiterados ataques contra defensores de derechos humanos, como así también la utilización de la justicia penal con el fin de restringir la protesta social y mediar en conflictos locales, representan una seria amenaza al estado de derecho en Guatemala. La CIJ pudo comprobar la falta de investigación exhaustiva de los ataques contra defensores en contraposición con la rapidez con que el Ministerio Público avanza los procesos contra líderes sociales y grupos que reclaman sus derechos.
La CIJ pudo observar con preocupación la falta de acceso a la justicia de amplios sectores de la población, principalmente los sectores más pobres. Al respecto, los esfuerzos del Gobierno deben redoblarse para garantizar el efectivo acceso a los tribunales de toda la población. Los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer su propia jurisdicción dentro de las comunidades de acuerdo con las obligaciones de Guatemala bajo el Convenio 169 de la OIT. No obstante, las autoridades guatemaltecas no han tomado las
medidas necesarias para garantizar plenamente este derecho. En ese sentido, la CIJ estima que es necesario emprender una reforma legal que reconozca la aplicabilidad de la justicia indígena.
Guatemala-justice-fact-finding mission-2005-spa (full text, PDF)
Ver también: Guatemala : decisive action needed to create independent judiciary and fight impunity = Acciones decididas para crear una judicatura independiente y combatir la impunidad
Dec 13, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena los actos de los países de Centroamérica que afectan seriamente la independencia judicial. El ultimo acto de esta naturaleza ocurrió en Honduras.
La CIJ ante los últimos acontecimientos que afectan seriamente la independencia de los differentes poderes judiciales en países de la región centroamericana, expresa:
- Durante el año 2012, la CIJ ha constatado que los diferentes gobiernos y autoridades de los países de Centroamérica han realizado actos que afectan seriamente la independencia judicial. En Honduras, el miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa procedió a destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza. Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del Golpe de Estado de junio de 2009;
- En El Salvador, se han dado hechos similares; durante todo el año 2012, la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político, han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de dicho país, debido al contenido de sus sentencias; en Costa Rica hace unas semanas, también la Asamblea Legislativa se negó a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los fallos de dicha sala creaban una “situación de ingobernabilidad” y que ese acto era un “llamado de atención para el resto de los magistrados”, siendo la primera vez que el Organismo Legislativo se negó a ratificar en su cargo un nuevo mandato de un magistrado del alto Tribunal;
- En Guatemala, tanto el Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscal General, vienen siendo objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de las personas acusadas, por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado;
La CIJ considera que todos estos hechos constituyen injerencias y ataques a la independencia del Poder Judicial; tratándose de magistrados de diferentes Cortes Supremas y de una Fiscal General, estos actos evidencian por sí mismos, la precariedad de la garantía de independencia judicial en dichos países. A esta situación, hay que agregar que varios de los países mencionados, carecen de sistemas de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional; además, en ellos existen fenómenos de impunidad generalizados y de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.
Frente a estos hechos, la CIJ recomienda:
- Que las autoridades estatales concernidas con los hechos arriba mencionados, se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales, ya que de lo contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia de jueces, magistrados y fiscales como corresponde en un Estado de Derecho;
- Que los estados relacionados establezcan mecanismos de protección para jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional independiente;
- Que los estados concernidos impulsen procesos de creación o fortalecimiento de carreras judiciales de conformidad con los estándares internacionales;
- Que se fortalezcan los poderes judiciales y otras entidades del sector justicia, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos humanos incluida la lucha contra la impunidad.
La CIJ continuará cumpliendo con su mandato de promover y garantizar la independencia de jueces, abogados y fiscales; en ese sentido, le dará seguimiento a estas situaciones y continuará observando y proponiendo soluciones a esta problemática.
Para mayor información :
Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, t + 502 30441818
