Nov 30, 2018 | Eventos
La conferencia sobre el tema ‘Las Empresas y los Derechos Humanos en el Departamento de Izabal, Guatemala’ que se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Universidad de Ginebra, fue organizada por el Departamento de Derecho Público Internacional y las Organizaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra en colaboración con la Ciudad de Ginebra.
El evento fue moderado por la Dra. Antonella Angelini del Departamento de Derecho Público Internacional, experta en empresas y derechos humanos. Participaron también Ramon Cadena, Director de la oficina de la CIJ para America Central, Sandra Ratjen, de la Franciscans International, Maynor Alvarez, Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la CGN, Sra. Amalia Caal Coc, de la Fundación Guillermo Toriello, y el Prof. Marco Sassoli, Comisionado de la CIJ.
El principal problema discutido fue el impacto sobre las comunidades locales de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), una compañía minera de níquel en El Estor, propiedad de Solway Investment Group, compañía registrada en Zug, Suiza.
Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ para América Central, presentó un resumen de la situación en Guatemala, un país plagado por problemas de corrupción, violencia e impunidad. Enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Dijo que en el Departamento de Izabal existe mucha preocupación respecto a los impactos de la empresa sobre las comunidades locales de indígenas Q’eqchis. Explicó que estas comunidades no se oponen al desarrollo en sí, pero quieren asegurarse que esta actividad beneficiaría a la mayoría de la población. Concluyó diciendo que la iniciativa popular suiza referente a la responsabilidad social corporativa era sumamente importante ya que implicaría que las multinacionales basadas en Suiza serían responsables de los actos de sus sucursales en otros países.
En sus comentarios finales, el Prof. Marco Sassoli recomendó que se organizara una misión internacional a Izabal en Guatemala con el objetivo de tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan a las comunidades locales de Q’eqchis como resultado de las operaciones mineras de níquel de la compañía Solway.
Un informe más detallado sobre la conferencia es disponible acá.
Oct 1, 2018 | News
The Inter-American Commission of Human Rights (IACHR) held a special hearing on the role of the International Commission against Impunity in Guatemala (CICIG) in Boulder, Colarado.
Ramón Cadena, the ICJ Director stated “We regret that the Government of Guatemala requested the IACHR to hold the hearing behind closed doors since all the points discussed were of public interest. The discussions should have been open to the press and the general public. We urge the authorities to ensure there will be no retaliations against the work carried out by human rights organizations and human rights defenders.”
The ICJ welcomed the participation of many NGOs at the event and the frank dialogue that took place on this crucial issue for human rights in that country. The Guatemalan government delegation claimed that the Inter-American System of Human Rights was not competent to consider the matter. However, the IACHR maintained it was competent, according to the American Convention of Human Rights and other regional human rights legislation. As an “external observer”, the IACHR stated it was “surprised” by the latest decisions taken by government authorities at the highest level not to extend the CICIG mandate nor allow the entry of Commissioner Iván Velásquez into the country. It considered these decisions were “excessive” and in no way strengthened the rule of law in Guatemala.
The government delegation further argued that the CICIG acted as a “parallel prosecutor” which affects the internal order of the country. The NGO delegation stated that on the contrary the CICIG acted as a “complementary prosecutor”. The delegation further noted that before the CICIG mandate was approved, the Constitutional Court, in an opinion published in the official gazette on 8 May 2007 (document no 791-2007), considered that the CICIG did not violate the constitutional order nor the rule of law in Guatemala.
The Constitutional Court referred to the CICIG as having “the function of supporting, assisting and strengthening the state institutions responsible for investigating crimes committed by illegal and clandestine security forces .. and does not exclude the possibility of receiving support from other institutions in the collection of evidence, provided that the participation has been established in a legal manner, as in the present case.”
The IACHR considered that the essential question was whether the State of Guatemala already had the judicial independence and strong institutions necessary to fight against corruption in Guatemala without the support of the CICIG. The NGO delegation considered, based on different arguments, that the presence of the CICIG in Guatemala was still necessary.
The IACHR also informed the government delegation that it was in their interest to invite an in-situ visit of the IACHR as soon as possible so as to better understand the human rights situation.
The ICJ Director for Central America Ramón Cadena participated in the hearing at the request of the Central American Institute for Social Democracy Studies (DEMOS), the Committee for Peasant Development (CODECA) and the Network of Community Defenders. The Indigenous Peoples Law Firm had been requested to attend by these organizations but was unable to do so at the last moment.
Oct 1, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ celebra la participación de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara de oficio, la cual permitió escuchar la posición de ambas delegaciones y llevar a cabo un diálogo franco sobre un tema trascendental para la población guatemalteca y el respeto de los derechos humanos en el país.
La CIJ participó por medio de su Director para Centroamérica, abogado Ramón Cadena, participación solicitada por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de la Red de Defensores Comunitarios.
El Bufete para Pueblos Indígenas, si bien había sido solicitado por dichas organizaciones para asistir, no pudo hacerlo en un último momento.
Si bien la Delegación Gubernamental alegó falta de competencia por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana no sólo sostuvo que sí era competente, según la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y otra legislación regional de Derechos Humanos, sino que además, en su calidad de “observadora externa”, se sintió “sorprendida” por las últimas decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales al más alto nivel y advirtió al Estado de Guatemala, que el mensaje que el Estado de Guatemala estaba dando con sus últimos actos y decisiones de no prorrogar el mandato de la CICIG, ni permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, era “excesivo” y que en nada fortalecía al Estado de Derecho de Guatemala.
Otro argumento de la delegación gubernamental fue afirmar que la CICIG actuaba como “fiscalía paralela”, lo cual afectaba el ordenamiento interno.
Al respecto, la delegación de las organizaciones no gubernamentales explicaron a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se trataba de una fiscalía paralela, sino que de la figura del “querellante adhesivo” y que incluso antes de la aprobación del mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad emitió una opinión consultiva el 8 de mayo de 2007 (Expediente 791-2007), debidamente publicada en el Diario Oficial, en la que consideró que la constitución de la CICIG no violaba el ordenamiento constitucional, ni legal del Estado de Guatemala.
Específicamente, la Corte de Constitucionalidad consideró al referirise a la función de la CICIG que “la función de apoyar, coadyuvar y fortalecer a las instituciones estatales encargadas de la investigación en los delitos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad…no excluye la posibilidad de recibir el apoyo de otras instituciones en la recolección de evidencia, siempre que la participación se haya establecido de manera legal, como sucede en el presente caso.”
La ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la pregunta esencial que había que responder, era si el Estado de Guatemala contaba ya con la fortaleza institucional, con la independencia judicial y con funcionarios e instituciones sólidas, como para poder luchar contra la corrupción en Guatemala, sin el apoyo de la CICIG.
La delegación de las organizaciones no gubernamentales fundamentaron con diferentes argumentos, que aún no se contaba con dicha solidez y que la presencia de la CICIG en el país, seguía siendo necesaria.
La Comisión Interamericana celebró la participación nutrida de la Sociedad Civil de Guatemala y la presencia de representantes del gobierno guatemalteco y manifestó que el haber convocado de oficio a esta audiencia, demostraba el interés de la CIDH en Guatemala.
Informó a la delegación gubernamental, que era su interés realizar una visita “in loco” a la mayor brevedad posible, ya que de esa forma podría conocer en forma más profunda todas las situaciones de derechos humanos que se estaban presentando en el país, para lo cual solicitó el apoyo de la delegación gubernamental.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Lamentamos que el Gobierno de Guatemala solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia se llevara a cabo a “puertas cerradas”, ya que todos los puntos discutidos fueron del interés de la ciudadanía en general y de la prensa.
Por ello, en lugar de mantener las discusiones cerradas, deberían abrirse al conocimiento de la prensa y del público en general. Exigimos a las autoridades correspondientes, que no vaya a haber represalias en contra del trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos y las y los defensores de derechos humanos.”
Sep 19, 2018 | Eventos, Noticias
La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra.
Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.
Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.
Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.
La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.
Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.
Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.
En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.
No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.
En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.
Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.
El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.
Panelistas:
– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)
– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)
– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)
Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés
República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)
Sep 19, 2018 | Events, News
The ICJ will host the side event, “Bitter Sugar in Dominican Republic: The Sugar Industry and Human Rights” on Monday, 24 September 2018 from 15:00-16:00, Room XXVII, at the Palais de Nations in Geneva.
Together with tourism, sugar production is one of the major industries and one of the biggest sources of employment in the Dominican Republic.
This small Caribbean State remains one of the world’s top sugar suppliers to the USA.
While sugar production and export in the Dominican Republic is a major source of income for the country, the adverse impacts of its production are various.
Destruction of the environment, reduced access to land for local communities, forced evictions and precarious working conditions in sugarcane plantations are unfortunately a reality in many regions of this Caribbean State.
Whilst the Dominican Republic has shown in past years a preparedness to abide by and implement international standards on matters related to business and human rights, the country continues to face many challenges and evidence of human rights violations on the ground still portrays a complicated reality.
Two recent examples involving the sugar cane industry illustrate ongoing concern about human rights abuses in the Dominican Republic.
In 2016, armed agents of one of the largest sugar producers in the country, Central Romana Corporation, forcibly evicted from their homes more than 60 families during the night.
No alternative accommodation or reparations have been provided to the victims to redress the destruction of their homes and the trauma caused by the violence of the evictions.
In 2017, the Vicini Group, the second main sugar producing company in the country, used the pesticide Glyphosate in such a way that many were in danger of death and that it destroyed the crops of peasant farmers and workers.
To date, the human rights violations in both cases continue to be unpunished.
There is a growing international concern that the sugar cane industry in the Dominican Republic is somehow able to act with impunity when it comes to human rights violations.
Bearing in mind the upcoming Universal Periodic Review of Dominican Republic, in which all UN Member States will examine the human rights situation in the country, this side event is aimed at informing and shedding light on this little known reality in the Dominican Republic as well as to brief State delegations about the importance of addressing this issue in their review of the Dominican Republic.
The event will also provide a space for constructive dialogue among various actors, including the Government of the Dominican Republic.
Panelists:
– Carlos Lopez, Senior Legal Adviser, International Commission of Jurists
– Fr. Damián Calvo Martin OP, Director, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman
– María Magdalena Álvarez Gálvez, victim of forced evictions by Central Romana Corp.
Moderator: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretation: Will be provided from English to Spanish and Spanish to English
Dominican Republic Sugar Industry Side Event Flyer 24 Sept. (flyer of the event in pdf)
