Sep 19, 2018 | Eventos, Noticias
La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra.
Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.
Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.
Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.
La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.
Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.
Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.
En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.
No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.
En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.
Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.
El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.
Panelistas:
– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)
– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)
– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)
Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés
República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)
Sep 19, 2018 | Events, News
The ICJ will host the side event, “Bitter Sugar in Dominican Republic: The Sugar Industry and Human Rights” on Monday, 24 September 2018 from 15:00-16:00, Room XXVII, at the Palais de Nations in Geneva.
Together with tourism, sugar production is one of the major industries and one of the biggest sources of employment in the Dominican Republic.
This small Caribbean State remains one of the world’s top sugar suppliers to the USA.
While sugar production and export in the Dominican Republic is a major source of income for the country, the adverse impacts of its production are various.
Destruction of the environment, reduced access to land for local communities, forced evictions and precarious working conditions in sugarcane plantations are unfortunately a reality in many regions of this Caribbean State.
Whilst the Dominican Republic has shown in past years a preparedness to abide by and implement international standards on matters related to business and human rights, the country continues to face many challenges and evidence of human rights violations on the ground still portrays a complicated reality.
Two recent examples involving the sugar cane industry illustrate ongoing concern about human rights abuses in the Dominican Republic.
In 2016, armed agents of one of the largest sugar producers in the country, Central Romana Corporation, forcibly evicted from their homes more than 60 families during the night.
No alternative accommodation or reparations have been provided to the victims to redress the destruction of their homes and the trauma caused by the violence of the evictions.
In 2017, the Vicini Group, the second main sugar producing company in the country, used the pesticide Glyphosate in such a way that many were in danger of death and that it destroyed the crops of peasant farmers and workers.
To date, the human rights violations in both cases continue to be unpunished.
There is a growing international concern that the sugar cane industry in the Dominican Republic is somehow able to act with impunity when it comes to human rights violations.
Bearing in mind the upcoming Universal Periodic Review of Dominican Republic, in which all UN Member States will examine the human rights situation in the country, this side event is aimed at informing and shedding light on this little known reality in the Dominican Republic as well as to brief State delegations about the importance of addressing this issue in their review of the Dominican Republic.
The event will also provide a space for constructive dialogue among various actors, including the Government of the Dominican Republic.
Panelists:
– Carlos Lopez, Senior Legal Adviser, International Commission of Jurists
– Fr. Damián Calvo Martin OP, Director, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman
– María Magdalena Álvarez Gálvez, victim of forced evictions by Central Romana Corp.
Moderator: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretation: Will be provided from English to Spanish and Spanish to English
Dominican Republic Sugar Industry Side Event Flyer 24 Sept. (flyer of the event in pdf)
Sep 17, 2018 | Artículos, Noticias
La Corte de Constitucionalidad hizo pública ayer 16 de septiembre, su decisión de ordenar permitir el ingreso al país, del comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez.
La CIJ celebra dicha decisión, ya que permitirá continuar el trabajo de la CICIG y de esta forma la decisión de la Corte de Constitucionalidad, logrará remover uno de los obstáculos más apremiantes, impuestos por el propio Presidente de la República, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, contenidas en el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos que crea dicha comisión.
Con respecto a los recursos de amparo que buscan dejar sin efecto la decisión del Presidente de la República de no prorrogar el mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad (CC) decidió no otorgar el amparo provisional y, por lo tanto, los procesos deberán continuar hasta su resolución final.
Para el efecto, la CIJ insta a la Corte de Constitucionalidad, a respetar los plazos legales y resolver finalmente los recursos de amparo, conforme los principios, costumbre internacional y normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
La CIJ reitera que el no prorrogar el mandato de la CICIG, también podría causar un grave daño a la justicia y ser un obstáculo definitivo para el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala, de combatir la impunidad.
Con respecto al diálogo que deberá continuar para resolver las diferencias, según el artículo 12 del Acuerdo Internacional de Derechos Humanos citado, la CIJ considera que es necesario incorporar a dicho diálogo, al Procurador de los Derechos Humanos y a la Sociedad Civil organizada, que fueron precisamente quienes propusieron la creación de tan importante comisión.
Uno de los puntos fundamentales a analizar entre todos los actores involucrados, entre otros temas, es si las entidades estatales nacionales ya están suficientemente fortalecidas y capacitadas para continuar la lucha contra la impunidad, sin el apoyo de la CICIG.
La CIJ considera que para seguir impulsando acciones eficientes en la lucha contra la corrupción e impunidad, es de vital importancia suspender los efectos de la decisión gubernamental, de no prorrogar el mandato de la CICIG.
De esta forma, se dará mayor confianza y viabilidad al diálogo entre todas las partes sobre el futuro de la CICIG; además, de esta forma se protegerán los derechos de la población guatemalteca.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Falta revertir la decisión del Presidente Jimmy Morales de no prorrogar el mandato de la CICIG. De esta forma, quedarán removidos todos los obstáculos impuestos a la CICIG y se contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país.”
Sep 17, 2018 | News
On 16 September, the Constitutional Court made public its decision to order that the Commissioner of the International Commission against Impunity (CICIG) Iván Velásquez be permitted to re-enter the country.
For more than a decade, the UN-backed CICIG has helped investigate high-profile officials for corruption.
Under the tenure of head commissioner Ivan Velasquez, the CICIG has helped Guatemalan prosecutors investigate and prosecute many high-level politicians, judges and government officials, including former president Otto Perez Molina and members of his cabinet.
Elected in 2015, current President Jimmy Morales initially supported the CICIG but he himself and other family members have become subjects of investigations into illegal campaign financing. They deny all charges.
President Morales declared on 31 August that he would not renew the mandate of the CICIG which is due to expire in September 2019 and then proceeded to ban Commissioner Velasquez from re-entering the country.
This decision sparked a number of protests including legal challenges in the Constitutional Court.
“The decision by the Constitutional Court should permit the CICIG to continue its work. It removes one of the greatest obstacles, imposed by order of Guatemalan President Jimmy Morales himself, to the fulfilment of Guatemala’s international obligations, as enshrined in the International Accord on Human Rights which created the Commission,” said Ramon Cadena, ICJ Director for Central America.
With respect to the amparo lawsuits which sought an injunction to reverse the the decision of the President Morales not to renew the mandate of the CICIG, the Constitutional Court declined to order provisional measures and therefore these legal proceedings will continue until they are determined in court.
“The ICJ urges the Constitutional Court to respect the legal time limits and to make a final decision on the lawsuit, in compliance with international human rights law and standards.
If the mandate of the CICIG were not renewed, it would seriously affect access to justice and constitute a major obstacle to the fulfilment of Guatemala’s international obligation to combat impunity,” Ramon Cadena added.
Sep 14, 2018 | Noticias
El 14 de septiembre 2018, la CIJ junto a 67 otras organizaciones internacionales y guatemaltecas de la sociedad civil enviaron una carta a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para expresar sus graves preocupaciones en relación a los acontecimientos recientes restringiendo los esfuerzos para combatir la impunidad en el país.
Estos incluyen la decisión del Presidente Jimmy Morales el 31 agosto de 2018 de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); y la decisión subsecuente de parte de las autoridades guatemaltecas el 4 septiembre de 2018 de prohibir el regreso al país del comisionado de la CICIG Iván Velásquez; y las reformas judiciales aprobadas por el Congreso el 6 septiembre de 2018 que amenazan a socavar la independencia judicial y la función de los y las jueces de la Corte de Constitucionalidad y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos.
Los signatarios expresaron su beneplácito por la referencia crítica sobre estos acontecimientos de parte de la Alta Comisionada en sus observaciones en la apertura del 39º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.
En su carta, las organizaciones pidieron a la Alta Comisionada de continuar apoyando la luche contra la corrupción y la impunidad en Guatemala y de seguir presionando a las autoridades guatemaltecas para que adopten las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento del mandato de la CICIG según los términos del Acuerdo firmado entre Guatemala y las Naciones Unidas.
La carta en español está disponible aquí. Guatemala-Letter to Michelle Bachelet-News-2018-SPA
