Mar 1, 2016 | Advocacy, News, Non-legal submissions
The ICJ joined today other prominent human rights organizations in urging the European Union and its Member States to respect and protect human rights and the rule of law in countering terrorism.
In their joint statement, the thirteen human rights organizations stressed the implications of Eu counter-terrorism laws and policies for human rights and the rule of law with regard to the right to be free from torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the principle of non-refoulement, the right to liberty and security of the person, the right to a fair trial, the principle of legality, the principle of non-discrimination, the rights to freedom of expression and peaceful assembly, the right to privacy, the rights of asylum-seekers and migrants, the freedoms of movement, of religion or belief and other dimensions.
The human rights organizations that signed up to this statement are, apart from the International Commission of Jurists, the European Network Against Racism (ENAR), Amnesty International, the International Federation of Human Rights (FIDH), the Open Society European Policy Institute, the World Organisation Against Torture (OMCT), Fair Trials, European Digital Rights (EDRi), the Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO), the International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture (FIACAT), the International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), the Association for the Prevention of Torture (APT), and the European Association for the Defense of Human Rights (AEDH).
EU-counter-terrorism&humanrights-jointstatement-2016-ENG (download the joint statement)
Mar 1, 2016 | News
En mayo de 2015, la empresa REPSA entregó un oficio en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales donde acepta su responsabilidad por el desborde de sus lagunas de oxidación artificial que se derramaron sobre las aguas del río La Pasión el 28 de abril de 2015.
Sobre un segundo evento del 6 de junio de 2015 no hubo un reconocimiento de su responsabilidad.
El daño causado al Río la Pasión persiste al día de hoy y ha obligado a varias comunidades que allí habitan a buscar fuentes alternativas de sustento y trabajo.
El 10 de junio de 2015, vecinos del municipio de Sayaxché, en asamblea general integraron la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, para dar seguimiento por la vía legal a la contaminación del río.
El 11 de junio de 2015 presentaron una denuncia en el Ministerio Público con sede en el Municipio de San Benito, departamento de El Petén y demandaron a la empresa REPSA.
La Jueza Karla Hernández del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió investigar y suspender las operaciones de la empresa por un período de seis meses.
La decisión de la Jueza provocó diferentes acciones en su contra.
Entre las acciones más evidentes se cuentan: a) Antejuicio presentado en septiembre de 2016 por abogados vinculados a la empresa REPSA, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2015; b) Demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles por “extralimitación de sus facultades como juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de El Petén, toda vez que ordenó una medida precautoria que no está contemplada en la ley”; esta denuncia fue aceptada para su trámite por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén, Municipio de Poptún el 6 de octubre de 2015 y se encuentra en trámite.
Acerca de estas acciones, la CIJ considera:
- Según los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales, salvo la vía de la revisión judicial por medio de los recursos legales existentes;
- En el presente caso, la decisión de la jueza Hernández fue recurrida conforme los recursos propios del proceso penal (reposición y apelación); sin embargo, mediante otras acciones, se tomaron medidas en contra de la jueza Hernández y no contra la resolución emitida por ella, como debiera ser.
- Estas acciones atentan contra la independencia judicial, en tanto buscan evitar que la Jueza Hernández conozca el caso;
- La Jueza Hernández ha recibido amenazas sin que el Estado de Guatemala le brinde la protección debida;
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Urgimos a las autoridades del Sistema de Justicia a tomar medidas adecuadas para evitar que las y los jueces independientes, resulten afectados por este tipo de acciones e intimidaciones.”
Feb 29, 2016 | News
El día 1 de febrero del presente año, el Juez Tercero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desestimó la querella presentada por el Señor Ricardo Méndez Ruiz en febrero de 2015, en contra del Fiscal de Derechos Humanos Licenciado Orlando López.
Dicha querella pretendía afectar la labor que ha venido realizando el Fiscal Orlando López a favor de la lucha contra la impunidad, criminalizándolo y afectando su derecho a la libertad de expresión.
La CIJ celebra dicha resolución que reconoce la función de defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, abogados y abogadas y a la sociedad guatemalteca.
En este caso, el Fiscal de Derechos Humanos tuvo que enfrentar una querella por casi un año.
Recientemente la Corte de Constitucionalidad denegó un Recurso de Amparo presentado por Ricardo Méndez Ruiz en contra del Procurador de los Derechos Humanos, por haber emitido dicho Procurador la resolución en la que declaró “la violación de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la seguridad que constituyen una amenaza al derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de accion y de asociación de los defensores de Derechos Humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos…” y señaló como responsable de dicha violación al señor Ricardo Méndez Ruiz.
Finalmente, el Procurador de Derechos Humanos recomendó a Ricardo Méndez Ruiz “abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” y lo invitó a reflexionar sobre el “daño social que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados” en dicha resolución, por medio de los cuales “no sólo agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y Misiones Internacionales, sino también fomenta el odio y la confrontación social”.
Ante este amparo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que “el acto señalado como objeto de reproche no genera agravio constitucional susceptible de ser reparado en amparo” y que “debe denegarse la protección constitucional solicitada” por Ricardo Méndez Ruiz.
La CIJ hace un nuevo llamado a las autoridades del Estado de Guatemala para que inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actuales campañas contra defensores y defensoras de derechos humanos y que adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a dichos actos.
Feb 24, 2016 | News
The ICJ today called on the Egyptian authorities to put an immediate end to their campaign to muzzle judges through unfair and arbitrary “unfitness” proceedings.
The Disciplinary Board, in hearings that tried dozens of judges at the same time, declared a total of 41 judges “unfit” for judicial office in 2015, forcing them into retirement.
The Supreme Disciplinary Board is currently reviewing these two cases.
The ICJ is concerned that many of the judges that have been subjected to these proceedings are leading advocates for judicial independence in Egypt and that the proceedings before both the Disciplinary Board and the Supreme Disciplinary Board were not fair.
Further, the cases stem from the judges’ exercise of freedom of association, belief, assembly and expression, and it appears that the Disciplinary Boards did not act in accordance with relevant international standards in this regard.
”Ending judges’ tenure following mass proceedings that are both arbitrary and unfair is inconsistent with Egypt’s obligations under international law,” said Said Benarbia, Director of the ICJ Middle East and North Africa Programme.
“With these assaults on individual judges, the Egyptian authorities are ensuring that their ongoing, sustained crackdown on fundamental rights and freedoms is extended to the very institution that is supposed to protect such rights and freedoms- the judiciary,” he added.
In the “July 2013 Statement Case”, 56 judges were subjected to disciplinary proceedings, following the Military seizure of power in July 2013, for endorsing a statement that called for the 2012 Constitution to be restored, for a dialogue between all stakeholders to be established within the framework of constitutional legitimacy, and for the right to peaceful demonstration to be respected.
The ICJ considers the statement to have been made consistent with the judges’ right to freedom of expression and association, exercised in a manner that preserved the dignity of their office and the impartiality and independence of the judiciary.
However, on 14 March 2015, the Disciplinary Board found that 31 of the 56 judges were not fit to hold judicial office and in effect removed them from office by forcing them into retirement.
The Board found there was not sufficient evidence that the other 25 judges had in fact endorsed the statement.
The ICJ is concerned that the procedures and hearings before the Disciplinary Board and the Supreme Disciplinary Board have not satisfied international standards of fairness.
In many instances, judges were not adequately notified of the dates of the hearings or of the courtrooms where such hearings took place.
In Egypt, judges facing disciplinary hearings are entitled to have another judge represent them; however, many of the judges were not permitted by Board officials to bring their representative to the hearings, without any reason being given for barring the representative, or because no representative could be secured as a result of fear of reprisals.
Further, many judges were not provided with adequate time and facilities to prepare their defense.
In another case, the “Judges for Egypt Case”, each judge had limited time to make his case before the Board during the hearings, though they were granted the right to submit at the final hearing written pleadings of no more than two pages .
At the final hearing in the case, while the judges waited all day in the Board’s premises, the hearing was held in the absence of all but one of them.
Furthermore, the Board refused to collect the written pleadings without giving any reasons.
On 22 February 2016, after protesting against the adjournment of his hearing, Judge Amir Awad was arrested and placed under detention for four days by the office of the prosecutor.
He is charged with insulting a public employee and forcibly entering his office.
“Both cases have been tainted by failures to ensure the fairness of the proceedings. The Egyptian authorities must nullify all decisions to remove judges resulting from these proceedings and put an immediate end to all forms of intimidation against and persecution of judges,” Benarbia added.
Contact:
Nader Diab, Associate Legal Adviser of the ICJ Middle East and North Africa Programme, t: +216 51727023; e: nader.diab(a)icj.org
Egypt-Attacks against judges-News-Web Stories-2016-ENG (full story in PDF, English)
Egypt-Attacks against judges- Press Release -2016- ARA (full story in PDF, Arabic)
