Nov 15, 2014 | Artículos, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas, a través de su representante para Suramérica, Federico Andreu-Guzmán, intervino como perito en el procedimiento interamericano, a solicitud de los representantes de las víctimas.
El 14 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la detención arbitraria y tortura de 4 personas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía durante la operación de “retoma” del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, a raíz de la incursión de un comando de la guerrilla M-19 en las instalaciones judiciales.
El peritaje de la CIJ versó sobre el marco legal, estructura y funcionamiento de las fuerzas de seguridad para la época de los hechos y la intervención de la justicia penal militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y/o que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
En su Sentencia, la Corte ordenó al Estado colombiano llevar a cabo “las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas; realizar “todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”; “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos”; y brindar reparación integral.
Aunque han pasado 29 años desde la ocurrencia de los hechos, la Sentencia constituye una importante y valiosa contribución a la lucha contra la impunidad y a la reivindicación de los derechos a la justicia, verdad y reparación de los familiares de las víctimas, quienes por décadas buscaron infructuosamente justicia en Colombia.
La CIJ exhorta a las autoridades colombianas a acatar la Sentencia de la Corte y a cumplir sin dilación alguna con lo ordenado en ella.
Nota:
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Serie C No. 287, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf
Nov 3, 2014 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la misión de observación de los derechos sociales en la agricultura para la exportación en Perú (Valle de Ica, sur de Lima), enviada por la CIJ entre el 29 de abril y el 7 de mayo del 2014.
La misión recibió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica).
El objetivo de la misión era observar y verificar sobre el terreno el cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección de los derechos económicos y sociales (laborales, de salud y otros conexos), y sobre responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, en el contexto de las operaciones de las empresas agro-exportadoras del Valle de Ica.
El informe concluye que las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos.
La misión llega a esta conclusión después de haber escuchado a un buen número de trabajadores y trabajadoras, niños, dirigentes sindicales, expertos laborales, funcionarios estatales y otros, y después de haber analizado la información y análisis que le fue proporcionado o que pudo colectar independientemente.
En lo que atañe al objeto particular del presente informe con especial enfoque en los actores empresariales no estatales, debe concluirse que las empresas del sector en general, sean grandes o pequeñas, carecen de un verdadero entendimiento de la responsabilidad social de la empresa (RSE) y los derechos humanos.
La misión no ha podido observar ni recabar información sobre ninguna política o mecanismo empresarial de prevención de riesgos de afectación a derechos, ni sobre planes de mitigación o remediación. Los principales actores locales en materia de derechos humanos y RSE tampoco parecen tener un entendimiento cabal de esta materia o planes de acción concretos al respecto.
El informe recomienda una serie de medidas al Estado peruano, entre ellas:
- La derogación o modificación de la Ley N° 27360 y el restablecimiento del régimen laboral común en el sector agrícola a través de una ley adoptada por el Congreso de la República.
- El pronto establecimiento y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y su trabajo de fiscalización efectivo en la Región de Ica y otras en el Norte del Perú, donde la industria agroexportadora es importante. El número de inspectores debe ser suficiente para las necesidades de fiscalización en una región donde trabajan docenas de miles de trabajadores.
- Es necesario que se establezcan, bien como adscrito a SUNAFIL o a las Direcciones Regionales de Trabajo o de Salud, los equipos técnicos, idóneos y debidamente dotados de los instrumentos técnicos necesarios para verificar las condiciones de salud, incluida la prevención en los fundos.
- La adopción de medidas más severas, incluidos procedimientos de reclamación mucho más eficaces y expeditivos, ante actos y situaciones de naturaleza anti-sindical. Debido a la naturaleza insidiosa en que la acción anti-sindical se desarrolla en este contexto, deberían renovarse los mecanismos de detección o alerta temprana.
- La dedicación de recursos y esfuerzos especiales para una adecuada recolección y mantenimiento de datos sobre contratos de trabajo –así como una renovada vigilancia de la obligación del empleador de informar a la autoridad competente todos los datos relacionados al contrato, su duración, condiciones, entre otros.
- Adoptar medidas para garantizar que las empresas adoptan medidas para facilitar el trabajo de mujeres madres con niños y garantizar el acceso, des el primer día de contratación, a la seguridad social.
En relación a las Empresas agro-exportadoras, el informe recomienda:
- La adopción de políticas y procedimientos internos orientados a asegurar que las operaciones de la empresa respetan los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a los estándares internacionales.
- La publicación o socialización por medios adecuados de las medidas internas adoptadas para subsanar las faltas graves a los estándares internacionales de protección al trabajador.
- Igualmente la misión insta a las empresas a desarrollar programas de mejoramiento del nivel de vida de las comunidades de las que provienen la mayoría de los trabajadores, particularmente en mejoramiento de las viviendas y servicios públicos esenciales.
El informe contiene asimismo otras recomendaciones dirigidas a los sindicatos, ONGs y otros organismos de la sociedad civil, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la comunidad internacional.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (full text in PDF)
Oct 10, 2014 | Artículos, Noticias
La CIJ también pide la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ considera oportuno recordar que ésta representa una pena cruel, inhumana y degradante, que viola el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Lamentablemente, mientras que en el mundo existe una tendencia generalizada hacia la abolición de la pena capital, el Estado de Guatemala mantiene la pena de muerte.
En efecto, la Constitución Política de Guatemala regula y limita la aplicación de la pena de muerte en su artículo 18.
Sin embargo, faculta al Congreso de la República a abolirla, lo cual es congruente con la tendencia mundial a favor de la abolición.
En ocasiones los hechos de extrema violencia que se viven en Guatemala han llevado a sectores de la opinión pública guatemalteca a volcarse a favor de la pena de muerte.
Algunos sectores políticos aprovechan este fenómeno, para incluir en sus programas de trabajo la aplicación de la pena de muerte, con el objetivo de captar los votos de un pueblo cansado de violencia e impunidad.
Por su parte grupos particulares y funcionarios públicos aún se pronuncian a favor de la aplicación de la pena de muerte, aún cuando se ha demostrado que su eficacia para prevenir el delito es casi nula.
En el año 2012, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia conmutó la totalidad de las sentencias de muerte por cadena perpetua, sentando un importante precedente en materia judicial y de apoyo a la abolición de la pena máxima en Guatemala.
Por su parte, el Organismo Ejecutivo no se ha pronunciado acerca de la necesidad de aplicar la pena de muerte para combatir la violencia imperante, lo cual es un signo positivo.
Ante estos hechos, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, la CIJ insta al Congreso de la República a abolir la pena de muerte y ratificar el Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Al respecto, Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Cabe recordar que el Examen Periódico Universal (EPU) examinó durante el año 2012 al Estado de Guatemala. Varios Estados le recomendaron la abolición total de la pena de muerte y la ratificación del Segundo Protocolo Opcional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La facultad de abolir totalmente la pena de muerte le corresponde al Congreso de la República y la ratificación del Protocolo Opcional le corresponde al Organismo Ejecutivo y al Congreso de la República. Esperamos una acción pronta para cumplir con estas recomendaciones.”
Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias
Del 27 de septiembre al 2 de octubre del presente año, la CIJ llevó a cabo una misión integrada por el comisionado de la CIJ José Antonio Martín Pallín y Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
El objeto de la misma fue analizar el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La misión se entrevistó con el Procurador de los Derechos Humanos, diferentes organizaciones no gubernamentales, defensores y defensoras de derechos humanos, miembros del cuerpo diplomático, abogados y abogadas que han participado en otros procesos de elección por medio de comisiones de postulación y jueces y juezas del Organismo Judicial.
Guatemala-CIJ visita a Guatemala-News-web story-2014-SPA (full text in PDF)
Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias
Este communicado sigue una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha 28 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio, a raíz del establecimiento de un estado de prevención por el Organismo Ejecutivo. La CIJ tuvo la oportunidad de entrevistarse con dirigentes en Santa Fe Ocaña y Pilar II, quienes manifestaron que desde el establecimiento del estado de prevención, han sido afectados otros derechos tales como los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud ante las dificultades de movilidad en casos de emergencia, los derechos de la niñez y el derecho a la libertad de culto.
2. La CIJ lamenta que dicho estado de prevención esté afectando el ejercicio de otros derechos y permitiendo que se lleven a cabo diferentes violaciones por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las fuerzas del Ejército de Guatemala. Entre las denuncias recibidas se pueden citar:
a) Las actividades religiosas han sido suspendidas y esto les impide celebrar diferentes fiestas de los santos de las comunidades;
b) Las mujeres del lugar sufren acoso sexual y tanto policías como soldados les hacen comentarios ofensivos, insinuaciones sexuales y en general, molestan a las mujeres con propuestas de tipo sexual;
c) Algunos niños y niñas no están acudiendo a la escuela, ya que tienen temor que algo pueda sucederles con tanto policía y tanto militar en los caminos;
d) La comercialización de flores se ha visto afectada, lo cual repercute negativamente en su economía;
e) Miembros de la Policía Nacional Civil entran a sus casas exigiendo que les den tortillas o alimentos;
f) La presencia militar y policial es desproporcionada y considerable; no instalaron los sanitarios suficientes, ni tomaron medidas de higiene cuando llegaron a las comunidades; esto provoca que utilicenen forma abusiva los terrenos de los comunitarios;
3.cLa CIJ pide a las autoridades que no se prorrogue el estado de prevención en San Juan Sacatepéquez, porque viola el principio de proporcionalidad y de estricta necesidad y porque se fundamenta en una Ley de Orden Público que no recoge los estándares internacionales. De llegarse a prorrogar, la CIJ considera que el nivel de conflictividad puede aumentar en una forma alarmante y que dicha violencia afectará principalmente a la población civil que en forma pacífica y legítima defiende sus derechos.
4. La CIJ considera que dado el nivel de tensión que existe y el número de efectivos militares y policiales, en cualquier momento puede iniciarse un conflicto de dimensiones muy negativas para las comunidades.
5. La CIJ lamenta que se esté acusando al dirigente comunitario Daniel Pascual y al diputado Amílcar Pop de ser los “instigadores” y “quienes provocan la violencia en el municipio”. Estas acusaciones infundadas, lejos de resolver el problema, abonan más elementos para que el conflicto crezca, se perpetúe y se desarrolle. Además, provoca una campaña de odio que afecta seriamente los derechos de estas dos personas, poniendo en riesgo su integridad física.
6. La CIJ considera que para resolver esta crisis, deberían tomarse como mínimo las siguientes medidas:
a) Que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y las autoridades de seguridad y justicia del Estado de Guatemala,inicien de manera inmediata una investigación objetiva e imparcial, que permita con la mayor rapidez posible, individualizar la responsabilidad de las personas involucradas en hechos de violencia y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que vienen operando en la zona desde hace ya varios años;
b) Que se establezca una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, es decir entre la empresa privada que impulsa un mega proyecto y laconstrucción de una carretera en la región y los dirigentes comunitarios que se oponen a dicho proyecto, con la mediación internacional de un experto o experta de un organismo especializado como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Una primer tarea de esta mesa sería establecer por consenso entre las partes, una agenda para el diálogo; las autoridades del Organismo Ejecutivo deberían ser parte de la mesa y no coordinar, ni moderar el diálogo;
c) Que no se prorrogue el estado de prevención, ya que la CIJ insiste en los peligros que pueden derivarse de la prórroga del estado de prevención.
Sep 22, 2014 | Artículos, Noticias
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
