Feb 12, 2019 | Artículos, Noticias
Hoy en Bogotá, Colombia, la CIJ, junto con sus socios en la región, lanzaron el proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, en el marco de la Iniciativa de Responsabilidad Global de la CIJ.
El objetivo del proyecto es promover la rendición de cuentas y el acceso a recursos efectivos y medidas de reparación para las víctimas y sus familias, en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
Este proyecto se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Además, Christof Heyns, director del Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África de la Universidad de Pretoria, y ex Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se une al proyecto como asesor especial.
En el marco de este proyecto, se realizarán estudios generales sobre los obstáculos existentes para la investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Perú, y se documentarán casos emblemáticos de las violaciones ocurridas en dichos países. También, se producirá una guía para uso de la sociedad civil, las víctimas y sus representantes, sobre la investigación y el enjuiciamiento de muertes potencialmente ilegales; y se elaborará una guía para expertos forenses sobre la investigación de estas graves violaciones. Adicionalmente, se realizarán litigios estratégicos y observaciones de audiencias, así como actividades de capacitación que involucren a jueces, fiscales, investigadores, abogados, grupos de víctimas y expertos forenses.
El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Rocío Quintero M, asesora legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Jan 11, 2019 | Incidencia, Noticias
La CIJ envió una carta sobre la coyuntura actual en Guatemala al Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
El contenido de la carta:
Señor Secretario General
El Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) desea expresarle su preocupación por la crisis política que se está presentando en Guatemala. Los actos del Gobierno de Guatemala en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización de las Naciones Unidas que cuenta con el apoyo decidido de la Comunidad Internacional, tanto en lo que se refiere al apoyo financiero, como en recursos humanos, socavan el Estado de Derecho y constituyen una alteración del orden constitucional de Guatemala.
Las últimas decisiones del Presidente de la República, Sr. Jimmy Morales, están repercutiendo negativamente en el Estado de Derecho y en la lucha contra la Impunidad. Por ello, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ha llevado a cabo un análisis de coyuntura que permita comprender mejor la situación actual en Guatemala; cómo ésta afecta al Estado de Derecho y la Democracia y además, dicho análisis proporciona elementos para una posible evaluación colectiva de dicha situación, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
Por ello, me pemito entregarle por este medio, el documento “La coyuntura actual en Guatemala. Análisis de la comisión Internacional de Juristas (CIJ)” de fecha 29 de diciembre de 2018. De esta forma, esperamos facilitar procesos de discusión orientados a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, así como la discusión sobre una posible aplicación de la carta Democrática Interamericana. Sabemos que otros guatemaltecos y guatemaltecas están mandando información a la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, incluido el jurista Francisco Villagrán de León y esperamos que todo ello, contribuirá a una mejor comprensión de esta difícil situación.
Sin más por el momento, quedo de Usted con las muestras de mi más alta consideración y estima,
Sam Zarifi
Secretario General
Comisión Internacional de Juristas
Guatemala-advocacy-open letter-2019-SPA Carta (en español)
Guatemala-threats to democracy-advocacy-analysis-2019-SPA Análisis completo de la coyuntura actual (en español).
Dec 19, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Una nueva acción se inicia en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, se ordena el abandono del país de once funcionarios de dicha comisión, en un lapso de setenta y dos horas, a partir de la notificación respectiva. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que este acto va dirigido específicamente a afectar los procesos penales que se siguen por actos de corrupción en contra de funcionarios de alto nivel.
La CICIG actúa como querellante adhesivo de diferentes procesos por casos de corrupción y otros delitos o bien realizan investigaciones para identificar a posibles responsables. A las y los abogados, policías o investigadores que participan en estos procesos (Caso La Línea, Caso relacionados con corrupción en la Policía Nacional Civil, Caso Comisiones Paralelas y otros igualmente importantes) son precisamente a quienes se les está intentando expulsar del país.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó al respecto: “Llama poderosamente la atención que uno de los investigadores de la CICIG que está siendo afectado con esta medida es el investigador legal a cargo del caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están siendo procesados el hijo y hermano del Presidente de la República.”
Este nuevo acto gubernamental afecta seriamente la justicia y el Estado de Derecho. Constituye además, una violación flagrante del artículo 10 numeral 4. del Convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contempla el compromiso del Gobierno de Guatemala en los términos siguientes:
“Velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.”
“Lamentamos mucho que sea precisamente a los funcionarios de la CICIG que actúan como querellantes adhesivos en casos de alto impacto, a quienes se les esté imponiendo un castigo por el desempeño de sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que las autoridades del Gobierno de Guatemala, siguen haciendo todo lo posible para apartar a la CICIG de su camino”, expresó Cadena.
A esto hay que agregar que la función de la abogacía está siendo afectada. De esta manera, se está obstaculizando el trabajo de abogados debidamente colegiados y por lo tanto, los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, también están siendo violados. Según el principio número 16 literal a): “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas…”
Cadena afirmó: “La CIJ expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios de estos funcionarios son abogados y que actúan como querellantes en los casos de alto impacto que apoya CICIG. El Colegio de Abogados de Guatemala debería actuar en defensa de sus agremiados.”
“Por otro lado, el Estado de Guatemala debe cumplir con los enunciados del derecho internacional de los derechos humanos y debe investigar y castigar casos de corrupción. La presencia de la CICIG en el país contribuye a que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales”, Cadena agregó.
El Director de la CIJ para Centroamérica concluyó afirmando: “Con estas medidas arbitrarias se está causando una alteración del orden constitucional en Guatemala, que afecta gravemente el orden democrático. Como Estado, Guatemala debe asegurar que se tome medidas efectivas para combatir la corrupción, consistentes con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entre otras obligaciones. La CICIG es una de las experiencias más exitosas de combate contra la corrupción en el mundo; por ello, las autoridades del Estado de Guatemala deberían apoyarla, en vez de obstaculizar su trabajo y de esa forma, obstruir la justicia.”
Nov 30, 2018 | Eventos
La conferencia sobre el tema ‘Las Empresas y los Derechos Humanos en el Departamento de Izabal, Guatemala’ que se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Universidad de Ginebra, fue organizada por el Departamento de Derecho Público Internacional y las Organizaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra en colaboración con la Ciudad de Ginebra.
El evento fue moderado por la Dra. Antonella Angelini del Departamento de Derecho Público Internacional, experta en empresas y derechos humanos. Participaron también Ramon Cadena, Director de la oficina de la CIJ para America Central, Sandra Ratjen, de la Franciscans International, Maynor Alvarez, Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la CGN, Sra. Amalia Caal Coc, de la Fundación Guillermo Toriello, y el Prof. Marco Sassoli, Comisionado de la CIJ.
El principal problema discutido fue el impacto sobre las comunidades locales de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), una compañía minera de níquel en El Estor, propiedad de Solway Investment Group, compañía registrada en Zug, Suiza.
Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ para América Central, presentó un resumen de la situación en Guatemala, un país plagado por problemas de corrupción, violencia e impunidad. Enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Dijo que en el Departamento de Izabal existe mucha preocupación respecto a los impactos de la empresa sobre las comunidades locales de indígenas Q’eqchis. Explicó que estas comunidades no se oponen al desarrollo en sí, pero quieren asegurarse que esta actividad beneficiaría a la mayoría de la población. Concluyó diciendo que la iniciativa popular suiza referente a la responsabilidad social corporativa era sumamente importante ya que implicaría que las multinacionales basadas en Suiza serían responsables de los actos de sus sucursales en otros países.
En sus comentarios finales, el Prof. Marco Sassoli recomendó que se organizara una misión internacional a Izabal en Guatemala con el objetivo de tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan a las comunidades locales de Q’eqchis como resultado de las operaciones mineras de níquel de la compañía Solway.
Un informe más detallado sobre la conferencia es disponible acá.
Nov 21, 2018 | Noticias
En el contexto actual de Guatemala, es notorio que el riesgo de abusos de poder y de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado significativamente. Esta situación ha hecho surgir graves tensiones entre la Justicia Constitucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este tipo de tensiones y conflictos se han presentado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional ha invalidado actos del Poder Ejecutivo por ser inconstitucionales.
Las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado en dichos casos, que pueden emitir resoluciones, sin que se subordinen al Poder Ejecutivo o a otro poder fáctico y velando por la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó que “es necesario reconocer que las y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desempeñan una función sumamente difícil, que requiere muy elevadas cualidades judiciales y éticas. Sin embargo, por difícil y compleja que sea su función, cuando el poder público se ejerce con abuso de autoridad y contraviniendo el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad debe fijar los límites que el Derecho Constitucional e Internacional impone al ejercicio del poder.”
Oct 24, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Eren Keskin (Turquía), Marino Cordoba Berrio (Colombia) y Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia) competirán por este prestigioso premio otorgado a los defensores de los derechos humanos que han demostrado una profunda compromiso y afrontan altos riesgos personales. La CIJ es miembro del jurado.
Los finalistas han sido seleccionados por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos (los miembros del jurado son la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS).
Los galardonados son seleccionados porque han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, a menudo trabajando bajo amenaza de encarcelamiento, tortura o algo peor. El reconocimiento internacional otorgado por el Premio, además de elevar su perfil y su trabajo, a menudo proporciona una protección significativa.
El Premio Martin Ennals 2019 se entregará el 13 de febrero de 2019 en una ceremonia organizada por la Ciudad de Ginebra, que durante muchos años ha apoyado firmemente el Premio.
Marino Córdoba Berrio (Colombia)
Miembro de la comunidad afro-colombiano, Marino Córdoba Berrio (abajo a la izquierda en la foto) dirigió a su comunidad al enfrentar la pérdida de sus tierras ante poderosos intereses comerciales, en particular en la tala de bosques y la minería.
Después de trabajar con éxito para obtener el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra de su comunidad, gran parte de su comunidad fue expulsada por la fuerza en 1996.
Las amenazas y los ataques constantes lo llevaron a buscar Asilo Político en los Estados Unidos en 2002, donde construyó una red de partidarios en apoyo a su comunidad y la paz.
Regresó a Colombia en 2012 y desde entonces viene trabajando para garantizar inclusión de las comunidades étnicas en el acuerdo de paz, en particular como miembro de la “Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales” que proporciona información a medida que se implementa el acuerdo de paz.
Él ha recibido regularmente amenazas de muerte y está bajo seguridad constante.
Afirmó que: “históricamente hemos sido excluidos política, social y económicamente, desproporcionadamente afectados por la discriminación estatal, también afectados por la crueldad de la guerra, por lo que proporcionar medidas de superación e inclusión del pueblo Afrocolombiano es una responsabilidad primordial del Estado. Creo en el poder de mi mente y en mis manos como un factor determinante para hacer lo correcto por la paz, por lo tanto, la justicia que se aplique a mi pueblo es crucial para su supervivencia, por lo que está en nuestras manos promover cambios justos y humanos, aun en momentos de constantes persecución y asesinatos de líderes importantes y soñadores en mi país y, aun por encima de mi propia vida. Si este esfuerzo implica exponer mi vida creo que será siempre con amor a mi causa y a mi gente”.
Eren Keskin (Turquía)
Eren Keskin (parte superior izquierda de la foto) es un abogado y activista de derechos humanos.
Durante más de treinta años, ella ha luchado por los derechos y libertades fundamentales en Turquía, especialmente por los Kurdos, las mujeres y la comunidad LGBTI.
En el contexto del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Turquía, Keskin se encuentra una vez más en el centro de los intentos de intimidación.
Como parte de una campaña de solidaridad para apoyar al periódico Özgür Gündem, Keskin sostuvo el título de “editor en jefe” del periódico desde 2013 hasta 2016, cuando fue clausurado por las autoridades.
El 30 de marzo de 2018, fue condenada y sentenciada a 12,5 años de cárcel por haber publicado artículos que se consideraba que habían “degradado” a la nación turca e “insultado” al presidente turco. Actualmente está libre mientras se apela el caso.
Ella afirmó: “Defender los derechos humanos no es fácil en nuestro territorio. Estoy siendo procesado con 143 cargos por mi solidaridad con un periódico de la oposición en el contexto de la libertad de expresión. Los premios internacionales y la solidaridad tienen características “protectoras” y tranquilizan a quienes estamos en sociedades represivas. También nos da un impulso moral y ayuda a nuestra motivación para la lucha. Gracias por no olvidarnos. Tu solidaridad y protección significan mucho”.
Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia)
Abdul Aziz Muhamat (Aziz, en la derecha en la foto), de Sudán, es un defensor convincente e incansable de los derechos de los refugiados.
En busca de asilo, se encuentra recluido en detención de inmigrantes en Australia en la isla Manus, Papúa Nueva Guinea, desde octubre de 2013, cuando las autoridades australianas interceptaron su barco.
Aziz ha visto morir a sus amigos. Ha recibido disparos de la policía local. También fue enviado a una prisión local por negarse a comer en protesta por la crueldad y el sufrimiento infligido a otros.
Aziz es una de las principales voces públicas entre los hombres detenidos en la isla Manus.
A pesar de la ubicación aislada, ha expuesto las duras condiciones allí a través de podcasts y entrevistas con los medios. Él ha pagado un precio por esto, ya que es visto como un “líder de la banda” tanto por parte de PNG como de las autoridades australianas.
Ella declaró: “Mi trabajo para exponer este sistema cruel me ayuda a preservar mi autoestima y la dignidad humana inherente. Me ayuda a luchar por los derechos de cada refugiado en todo el universo, lo que haré hasta mi último aliento. No siempre es fácil cuando se vive en condiciones de miedo y persecución. Sin embargo, incluso bajo la maquinaria más aplastante del estado, el coraje se levanta una y otra vez, porque el miedo no es el estado natural y haré todo lo posible para seguir adelante”.
Contactos
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Michael Khambatta, Director, Fundación Martin Ennals, t: +41 79 474 8208 ; e: khambatta(a)martinennalsaward.org
COL-Marino Cordoba Bio-News-2018-SPA (biografía completa de Marino Córdoba Berrio, en PDF)
TUR-Eren Keskin_Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Eren Keskin, en inglés, PDF)
AUS-Abdul Aziz Muhamat Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Abdul Aziz Muhamat, en inglés, PDF)
