En el contexto actual de Guatemala, es notorio que el riesgo de abusos de poder y de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado significativamente. Esta situación ha hecho surgir graves tensiones entre la Justicia Constitucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este tipo de tensiones y conflictos se han presentado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional ha invalidado actos del Poder Ejecutivo por ser inconstitucionales.
Las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado en dichos casos, que pueden emitir resoluciones, sin que se subordinen al Poder Ejecutivo o a otro poder fáctico y velando por la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó que “es necesario reconocer que las y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desempeñan una función sumamente difícil, que requiere muy elevadas cualidades judiciales y éticas. Sin embargo, por difícil y compleja que sea su función, cuando el poder público se ejerce con abuso de autoridad y contraviniendo el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad debe fijar los límites que el Derecho Constitucional e Internacional impone al ejercicio del poder.”