May 16, 2018 | Eventos, Noticias
Entre 2016 y 2018, la CIJ – Instituciones Europeas junto a organizaciones colaboradoras en siete países de la Unión Europea (UE), trabajó en el acceso a la justicia de niños migrantes en el contexto del proyecto FAIR (Promoviendo Acceso a los derechos de los niños migrantes).
Los niños migrantes en la UE hacen frente a violaciones de sus derechos humanos a diario.
Algunos ejemplos de lo que sufren los menores son: falta de acceso a sus familias, información, tutores y asistencia legal, falta de acceso a una vivienda o al sistema educativo y detenciones ilegales.
El objetivo del proyecto era mejorar el acceso a la justicia de los menores migrantes estableciendo un grupo de abogados europeos que están capacitados para representar niños migrantes en procedimientos nacionales y en el plano internacional.
Durante este proyecto, la CIJ – Instituciones Europeas:
- Desarrolló 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes;
- Formó a 142 abogados de 7 países de la Unión Europea;
- Reunió a 35 abogados y expertos en un evento de 5 días sobre litigación estratégica.
- Creó una red internacional de abogados; y
- Proporcionó apoyo continuo a los abogados en su litigios en representación de niños migrantes.
El proyecto FAIR fue co-financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y OSIFE.
Los módulos de capacitación traducidos en inglés, español, griego, búlgaro, italiano y alemán, estarán disponibles próximamente.
Puede ver un vídeo sobre proyecto FAIR aquí:
Puede ver un vídeo sobre el evanto en litigación estratégica aquí:
Los 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes en Español
Europe-FAIR module 0-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 1-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 2-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 3-Training modules-2018-SPA
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Europe-FAIR module 6-Training modules-2018-SPA
Apr 30, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ enumera varias consideraciones y recomendaciones para asegurar la elección de un Fiscal General independiente.
La CIJ expresa:
1. La Junta Proponente para la elección del Fiscal General deberá llevar a cabo un proceso público y transparente, con el objeto de devolver al pueblo de Honduras la credibilidad en la justicia y presentar al Congreso Nacional una nómina de 5 personas seleccionadas por razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad, independencia, integridad moral y honestidad. En la segunda fase, el Congreso Nacional también deberá de implementar un proceso público y transparente, que permita nuevamente la fiscalización por parte de la sociedad hondureña del proceso de elección de la cabeza del Ministerio Público.
2. En la primera fase, la Junta Proponente debería utilizar las herramientas del perfil, tabla de gradación y entrevista pública, con el objeto de determinar a fondo si la o el profesional reúne las condiciones para ser preseleccionada por razones fundadas en méritos de capacidad, honestidad, independencia, integridad moral e idoneidad y no únicamente por predilecciones o prejuicios. La CIJ ha podido constatar en procesos similares anteriores, que la Junta Proponente cumple con los requerimientos formales, pero no hace un esfuerzo para seleccionar a los mejores candidatos y cumplir así con los estándares internacionales sobre el fondo de la elección, y en particular las Directrices sobre las funciones de los fiscales, de las Naciones Unidas.
3. Dado el controvertido desempeño en la función del actual Fiscal General, la CIJ considera que no es recomendable su reelección, toda vez que existen legítimas y serias dudas de que no reúna las condiciones establecidas por los estándares internacionales. En este sentido, es necesario e importante, investigar y definir si el Fiscal General actual, actuó con absoluta independencia y honestidad durante su gestión.
4. La Junta Proponente y el Estado de Honduras deben asegurar que el proceso de elección del próximo Fiscal General en todas sus fases, garantice una elección de personas únicamente basada en méritos, idoneidad y competencia profesional e integridad moral y honestidad y no en predilecciones o prejuicios. Ello constituye una salvaguarda fundamental para una recta e independiente administración de justicia y para evitar riesgos de parcialidad del Fiscal General.
5. Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reconodido la importancia de que los Estados establezcan salvaguardas para evitar las negociaciones entre partidos políticos. La CIJ considera que estas salvaguardas serían necesarias y apropiadas para la actual elección, tomando en cuenta que en Honduras las negociaciones entre partidos políticos, son una práctica constante y reiterada en estos procesos;
6. Si bien es importante la presencia de la Sociedad Civil en la Junta Nominadora, la CIJ pudo constatar que existen razones fundadas para cuestionar dicha participación, por tratarse de un proceso de participación viciado. Así lo ha declarado la Sala Constitucional, al resolver con lugar la inconstitucionalidad de la reforma de la Ley del Ministerio Público, que habilitaba la participación de un representante de la sociedad civil en la Junta Proponente.
7. En tal sentido, la CIJ considera que la Junta Proponente debería ceñirse a lo establecido en la Ley con respecto a la integración de la dicha Junta. El Presidente de la Junta Proponente debería verificar que todos los miembros de dicha Junta, sean idóneos para integrarla y que cuenten con las calificaciones jurídicas apropiadas, para llevar a cabo tan importante misión con transparencia, independencia, imparcialidad y honestidad.
8. La CIJ insta a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que lleve a cabo una investigación profunda acerca de este proceso y para determinar el cumplimiento de los estándares internacionales, cuyo respeto constituye la principal garantía para que el próximo Fiscal General, sea una persona independiente y electa en base a méritos y no por preferencias.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “La o el Fiscal General es una autoridad pública que en nombre de la sociedad y del interés público, debe asegurar la aplicación de la ley y perseguir los delitos. Por ello, el Estado de Honduras debe llevar a cabo un proceso que permita culminar con la elección de un Fiscal General independiente y designado por razones fundadas en méritos y no en predilecciones, y que reuna las condiciones exigidas por los estándares internacionales.”
Apr 12, 2018 | Artículos, Noticias, Publicaciones
Hoy la CIJ lanza su informe El juzgamiento de civiles por tribunales militares en Venezuela.
El informe analiza el marco constitucional y legal de la jurisdicción penal militar de Venezuela, su estructura, composición y competencia.
Igualmente, el informe aborda los graves problemas de independencia de la jurisdicción penal militar venezolana y la práctica del enjuiciamiento de civiles por los tribunales militares de ese país, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho.
Asimismo el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia por tribunales militares que han venido formulando a Venezuela distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Finalmente, el informe concluye que los tribunales militares venezolanos no satisfacen las condiciones necesarias e inherentes a una recta administración de justicia, establecidas por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que el juzgamiento de civiles por tribunales militares configura una violación flagrante de los derechos a un tribunal independiente, imparcial y competente y es incompatible con las normas y estándares internacionales sobre administración de justicia.
Venezuela-Civiles Tribunales Militares-Publications-Reports-Thematic Reports-2018-SPA (el informe, en PDF)
Apr 4, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está hondamente preocupada ante la falta de independencia de los miembros de la comisión de postulación para la elección de fiscal general.
Desde el 27 de agosto de 2017, cuando el Presidente de la República declaró “persona non grata” al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velásquez (foto), el Estado de Derecho de Guatemala viene siendo seriamente afectado por diferentes funcionarios al más alto nivel.
En dicha ocasión, la Corte de Constitucionalidad jugó un papel primordial en la defensa del Orden Constitucional y a favor del rescate del Estado de Derecho, al emitir varias resoluciones que lograron detener las acciones ilegítimas, que intentaron implementar al más alto nivel, el Presidente de la República y las y los diputados del Congreso de la República, para consolidar la impunidad.
En este contexto, se ha llevado a cabo la primera fase de la elección de Fiscal General por parte de la Comisión de Postulación. Informes, como el de la organización “Insight Crime”, señalan que los miembros de la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General, en lugar de actuar para cumplir correctamente con su mandato constitucional y coadyuvar para que el Estado de Guatemala logre alcanzar el bien común, lo hacen únicamente para satisfacer intereses de grupos vinculados al poder político, económico o militar.
Este actuar arbitrario socava el Estado de Derecho y provoca que la ciudadanía en general pierda la credibilidad en las instituciones de justicia y en el Estado de Derecho.
La CIJ considera oportuno recordar, en este momento del proceso de elección de Fiscal General, a los miembros de la Comisión de Postulación, que son funcionarios públicos sujetos a la Constitución Política de la República de Guatemala, a los Convenios internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado de Guatemala, a las leyes ordinarias y a las decisiones de la Corte de Constitucionalidad en la materia.
La Constitución prescribe que el nombramiento en empleos o cargos públicos sólo se debe hacer sobre “razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez” (artículo 133).
En ese contexto, la CIJ recuerda el precedente de la elección de Fiscal General en el año 2010, cuando la Corte de Constitucionalidad ordenó repetir y reiniciar todo el proceso. En dicha oportunidad, varios de los comisionados tuvieron que inhibirse y se retiraron del proceso. Cuatro de dichos comisionados, vuelven a integrar hoy la Comisión de Postulación, lo cual introduce más dudas acerca de la legitimidad del proceso.
La CIJ recuerda que, para la realización de investigaciones independientes e imparciales, que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas de los delitos y para romper el círculo de la impunidad, es fundamental que la Fiscalía pueda llevar a cabo su labor de modo independiente, autónomo e imparcial.
En ese sentido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator de las Naciones Unidas para la Independencia de los Magistrados y Abogados, han señalado que la relación de dependencia que puedan tener la Fiscalía respecto de otros órganos – como el Poder Ejecutivo- puede tener un impacto negativo en su actuación independiente e imparcial, socavar la efectividad de las investigaciones y ser un factor de impunidad.
La CIJ considera que el “pacto de impunidad” que está en marcha, pretende cooptar al Ministerio Público y afectar el buen trabajo que realiza el comisionado Iván Velásquez, a favor de la lucha contra la impunidad.
De llegar a ser electo un o una Fiscal General que no reúna los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Constitución, el daño a la sociedad guatemalteca en su conjunto, puede llegar a ser de múltiples dimensiones, difíciles de cuantificar y causar “daños irreparables al sistema de justicia”, por su falta de independencia frente a cualquiera de los tres poderes del Estado o por su compromiso de defender los intereses de grupos del poder político, económico, militar o del crimen organizado.
La CIJ esta hondamente preocupada por el hecho de que exista un potencial conflicto de intereses por parte del Presidente de la República en el proceso de seleción y nombramiento del Fiscal General, toda vez que el primer mandatario ha sido sido cuestionado por su posible involucramiento en el Caso Hogar Seguro, en el que resultaron muertas 41 niñas, hechos que deben ser investigados por el Ministerio Público y además, su hijo y hermano están siendo procesados por casos denunciados por el Ministerio Público y vinculados a la lucha contra la corrupción.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “La decisión final de la Comisión de Postulación deberá estar bien fundamentada y de ninguna manera podrán elegir personas que no reunan las condiciones previstas por el artículo 113 de la Constitución, que generen la más mínima duda con respecto a su independencia, honestidad e idoneidad o que resulten ser parte del pacto de impunidad existente.”
Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ preparó una declaración en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala.
Debía hacerse durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para Guatemala, sin embargo, la Comisión Internacional de Juristas no pudo leer la declaración debido al tiempo limitado para las declaraciones de las ONG. La declaración contiene lo siguiente:
“Honorables miembros del Concejo de Derechos Humanos:
El Estado de Derecho en Guatemala está siendo socavado por las propias autoridades. Tal y como lo ha señalado la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), el Estado se encuentra capturado por el crimen organizado. Desde que el Presidente de la Repuública Jimmy Morales declaró como “persona non grata” al Comisionado de la CICIG Abogado Iván Velásquez en agosto de 2017, los tres poderes del Estado de Guatemala tienen un objetivo comuún: recuperar el terreno perdido, por las acciones contundentes que la CICIG ha implementado contra la impunidad y la corrupción.
Preocupa sobre manera que el Organismo Legislativo esté tratando de aprobar una legislacion regresiva en materia de derechos humanos. En lo que respecta al Poder Judicial, la CICIG ha impulsado un proceso de depuración por la vía judicial y aquellos jueces que promueven más impunidad, se resisten a ser investigados protegiéndose en la figura del antejuicio.
En este contexto, se está llevando a cabo el proceso de elección del próximo Fiscal General. El Presidente de la República tendrá que elegir de una lista de seis candidatos. Urge que el Consejo de Derechos Humanos inste al Presidente de la República a elegir a una persona honesta y que esté comprometida con el respeto de los derechos humanos. La CIJ lamenta que algunos candidatos o candidatas participen para consolidar “el pacto de corruptos” en marcha.
Finalmente, es necesario que el Consejo de Derechos Humanos demande a los tres Poderes del Estado, apoyar decididamente los actos que el Comisionado Iván Velásquez lleva a cabo en Guatemala y el trabajo de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, así como respetar y atender la gestión positiva que viene realizando el Procurador de los Derechos Humanos Abogado Jordán Rodas.”
Mar 15, 2018 | Noticias
La CIJ habló hoy en las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Perú.
La declaración oral fue hecha durante la discusión en el Consejo de Derechos Humanos del resultado del Examen Periódico Universal para el Perú. Dice lo siguiente:
“Sr Presidente,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) reconoce los avances logrados por el Estado Peruano en materia de derechos humanos y su apertura en relación a las recomendaciones formuladas en el presente ciclo del Examen Periódico Universal.
La CIJ lamenta sin embargo que la investigación y sanción a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos producidas durante el conflicto armado interno no hayan recibido la atención que merecen. Por el contrario, la lucha contra la impunidad ha retrocedido con el otorgamiento de indulto y gracia presidencial al ex – presidente Alberto Fujimori quien cumplía pena de cárcel por una serie de delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. La gracia presidencial le otorga inmunidad en materia de investigaciones y procesos penales en curso o por abrirse en el futuro.
Una de las recomendaciones (111.97) que el Perú acepta con calificaciones se refiere a las investigaciones y reparaciones a las miles de mujeres que sufrieron esterilización forzada durante el gobierno de Fujimori. Las medidas de indulto y gracia otorgadas exonerarían a Fujimori de investigación y sanción por este y otros delitos graves. La CIJ exhorta al Estado Peruano a que ejecute las recomendaciones de la comunidad internacional con total respeto a los estándares internacionales que prohíben la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos.
Gracias Sr Presidente.”
