Conclusiones preliminares de la misión a Oaxaca de DPLF, CIJ y Fundar

Conclusiones preliminares de la misión a Oaxaca de DPLF, CIJ y Fundar

Una misión de expertos nacionales e internacionales visitó la ciudad de Oaxaca para recabar información sobre la administración de justicia en el estado, con especial atención a la independencia del Poder Judicial.

Con base en la información recibida con anterioridad a la visita y durante ella se concluye preliminarmente que existen condiciones estructurales y prácticas que ponen seriamente en riesgo que el poder judicial ejerza sus funciones de manera independiente.”

“En suma, DPLF, la CIJ y Fundar observan con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia. Las organizaciones que participaron en la misión exhortan al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones incompatibles con los estándares internacionales antes mencionados. Lamentablemente, de manera preliminar, la misión observa que muchos de ellos no están siendo respetados en Oaxaca.”

Mexico-Oaxaca mission-press release-2008 (en PDF)

La CIJ firma convenio con Ministerios Públicos de Centroamérica

La CIJ firma convenio con Ministerios Públicos de Centroamérica

En el marco de una visita a la región, la CIJ firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano.

El convenio tiene como objeto estrechar lazos entre ambas instituciones con el fin de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos.

El Convenio fue firmado por Juan Florido Solís (photo), Fiscal General de Guatemala y actual Presidente del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, y Wilder Tayler, Secretario General Adjunto de la CIJ.

El Convenio es el resultado de un proceso de diálogo abierto con el Fiscal General de Guatemala en 2005, cuando la CIJ visitó el país en varias oportunidades con el fin de evaluar la situación de la administración de justicia. En el informe que siguió a las visitas, la CIJ identificó como una tarea pendiente la plena vigencia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en las tareas del Ministerio Público, y comunicó al Sr. Fiscal General su disposición a contribuir a la superación de esta situación.

En el Convenio las partes se comprometen a realizar una serie de acciones conjuntas para mejorar la labor de los fiscales centroamericanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional y a la persecución de graves violaciones de derechos humanos. Así, se planean una serie de actividades de capacitación, que se coordinarán con las respectivas unidades de capacitación de los Ministerios Públicos, con especial énfasis en el rol de una fiscalía autónoma y el combate contra la impunidad. Los Ministerios Públicos, por su parte, se comprometen a facilitar la participación de los fiscales en dichas actividades y a invocar y fundamentar sus casos y políticas de persecución penal en el derecho internacional de los derechos humanos.

La firma del mencionado Convenio se enmarca dentro de una visita de una delegación de la CIJ a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En los diferentes países la CIJ mantendrá reuniones con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.

En 2007, la CIJ instaló una oficina en Guatemala, que cubre toda la región, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y difundir el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.

La CIJ lamenta vía libre a la pena de muerte

La CIJ lamenta vía libre a la pena de muerte

La reciente sanción por parte del Congreso de Guatemala de una ley que pretende regular el recurso de gracia presidencial en casos de pena de muerte, pone fin a la moratoria de facto que rigió durante los últimos años.

La CIJ expresa su más honda preocupación frente al retroceso que esta decisión representa e insta al Presidente de la República a vetar la mencionada ley.

“Cuando la tendencia mundial es claramente favorable a la restricción y eliminación de la pena de muerte, el Congreso de Guatemala manifiesta exactamente lo contrario, mediante la sanción de una ley que permite volver a ejecutar condenados”, manifestó Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica . “Nos sumamos a la preocupación expresada por organizaciones locales y la comunidad internacional frente a este grave retroceso”.

El pasado 12 de febrero, el Congreso de Guatemala sancionó el Decreto 6-2008, el cual adolece de graves defectos.

En primer lugar, el decreto no contempla el ente gubernamental ante el cual se debe realizar o presentar la petición para que ésta llegue al Presidente de la República, disposición que afecta el derecho de defensa del condenado.

Por otro lado, el hecho de contemplar en el artículo 8º la figura de denegación tácita o “silencio administrativo” frente a la petición del condenado, tergiversa totalmente la naturaleza del recurso de gracia y viola el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 4.6 del Pacto de San José, que establece que la pena de muerte es inaplicable mientras el ente encargado de conocer y resolver no haya dictado una resolución del recurso.

“La oposición a la pena de muerte constituye uno de nuestros principios rectores y nuestros mayores esfuerzos están dedicados a su completa abolición,” manifestó el Sr. Cadena. “Hacemos un llamado al Presidente Colom para que use su facultad constitucional de vetar la reciente ley del Congreso y sumar así a Guatemala a los países que responden a la criminalidad con políticas públicas de prevención, seguridad y una justicia eficiente.”

Guatemala-death penalty-press release-2008 (full text, PDF)

Comisión colombiana de juristas publica informe sobre situación de derechos humanos y derecho humanitario 2002-2006

Comisión colombiana de juristas publica informe sobre situación de derechos humanos y derecho humanitario 2002-2006

En enero de 2007, la Comisión colombiana de juristas publicó un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia entre julio de 2002 y junio de 2006.

En el informe, la organización estima la cantidad de personas asesinadas o desaparecidas por fuera de combate a casi 11.300 personas en este periodo de cuatro años. La autoría de tales hechos es la siguiente: 14% por parte de agentes estatales, 61% por grupos paramilitares y 25% por grupos guerrilleros.

El informe también se refiere a otras violaciones tales como las violaciones al derecho a la libertad y a la integridad personal así como el desplazamiento forzado y la situación de las poblaciones particularmente vulnerables.

Colombia-human rights-web story-2007-spa (en español, PDF)

Nicaragua: nombramiento de magistrados y Fiscal General deben realizarse sin consideraciones políticas

Nicaragua: nombramiento de magistrados y Fiscal General deben realizarse sin consideraciones políticas

La CIJ instó hoy a la Asamblea Nacional a realizar los nombramientos para las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público exclusivamente con base en la idoneidad de los candidatos y dejando de lado toda afiliación política.

En una carta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional y a los Jefes de Bancada de las distintas fuerzas políticas, la CIJ recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.

“La Corte Suprema y el Ministerio Público juegan un rol fundamental en la administración de justicia nicaragüense como protectores del estado de derecho y los derechos humanos”, manifestó la CIJ. “Por ello, instamos a los parlamentarios a aprovechar la oportunidad para fortalecer su independencia mediante el nombramiento de las personas más idóneas para los cargos con base en sus capacidades, experiencia jurídica y méritos profesionales, dejando de lado toda consideración política o afiliación partidista”.

Por otra parte, la CIJ hizo un llamado a la Asamblea Nacional a cumplir con el precepto constitucional que dispone que las listas de candidatos deberán elaborarse “en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. De acuerdo con información recabada por la CIJ durante su visita a Nicaragua en octubre, tales consultas no se realizan de manera apropiada, lo que constituye la pérdida de una invalorable oportunidad para mejorar la administración de justicia.

“La participación de la sociedad civil es fundamental en los procesos de nombramiento de magistrados y autoridades de la fiscalía”, dijo la CIJ. “Las organizaciones que trabajan día a día en temas de justicia constituyen un importante vínculo entre los usuarios y la administración”.

Las conclusiones de la visita de la CIJ a Nicaragua el pasado mes de octubre están disponibles en el sitio web de la CIJ.

Nicaragua-nombramiento-2007

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