Jan 27, 2004 | Eventos
El poder judicial y la profesión legal en Honduras se encuentran comprometidos por la influencia política, alegaciones de corrupción y posible impunidad, segun un reporte de la CIJ.
El informe, que lleva como título “Honduras: La Administración de Justicia, la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Legal”, presenta un detallado análisis del sistema de justicia hondureño e identifica los problemas que éste sufre. La CIJ presenta sus conclusiones y recomendaciones al Gobierno de Honduras y a otros actores del sistema de justicia, todas ellas con vistas a lograr un fortalecimiento del Imperio del Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.
El reporte será comunicado en una conferencia a las 9:30 del 28 de enero en el Salón “Del General” del Hotel Plaza del General, en la ciudad de Tegucigalpa. El evento contará con la presencia de autoridades del Gobierno hondureño y diversos actores de la Administración de Justicia. El evento será co-auspiciado por la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que prestó su asistencia a la misión durante su visita a Honduras.
La presentación formal del informe estará a cargo del Sr. Pedro Nikken, actual Comisionado de la CIJ y ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Sr. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, hará una exposición acerca de la independencia del Poder Judicial en Honduras.
Dec 18, 2003 | Artículos, Noticias
La reforma prevé el otorgamiento de amplias facultades de policía judicial a las fuerzas militares, en contravención a las obligaciones y compromisos asumidos por el Estado colombiano, dijó la CIJ.
La Comisión Internacional de Juristas expresa su profunda preocupación frente a la propuesta de reforma de la Constitución colombiana mediante la cual se otorgan amplísimos poderes a las fuerzas militares en detrimento de los derechos humanos y los compromisos internacionales de este país.
De acuerdo con el texto conciliado entre el Senado y la Cámara de Diputados, las fuerzas militares podrán detener a personas por 36 horas, allanar domicilios y registrar e interceptar comunicaciones sin control judicial previo. Asimismo, la reforma prevé la creación de un registro sobre la información íntima de todos los habitantes del territorio para efectos de control de la población. Autoridades militares tendrán acceso a esa información. Las fuerzas militares también podrán ejercer facultades de policía judicial que incluyen la práctica de pruebas y el interrogatorio de las personas sospechosas.
“Al otorgar estas facultades a las fuerzas militares, esta reforma legitimará las numerosas violaciones de derechos humanos que ocurren a diario en Colombia” dijo Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal de la CIJ. “La reforma no sólo viola varias obligaciones internacionales de derechos humanos de Colombia, sino que también desconoce las diversas recomendaciones formuladas al Gobierno por diversos órganos de derechos humanos”.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de la Declaración de su Presidenta, adoptada en abril 2003 con el acuerdo del representante colombiano, recordó al Estado colombiano que las medidas que se adopten para combatir el terrorismo deben estar en conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y a no otorgar facultades de policía judicial a las fuerzas militares. Asimismo, en 1997 el Comité de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por las propuestas de reforma constitucional destinadas a… otorgar funciones de policía judicial a las autoridades militares”. Similar preocupación manifestaron el Relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entre otros.
La CIJ hace un llamamiento al Gobierno y al Congreso colombianos a que no otorguen facultades de policía judicial a las fuerzas militares. Igualmente, recuerda al Gobierno colombiano su deber de garantizar los derechos humanos de todos los habitantes del país y de actuar de acuerdo con las recomendaciones formuladas por organismos de derechos humanos.
Colombia-Constitutional reform-press release-2003-spa (en PDF)
Oct 3, 2003 | Artículos, Noticias
“Un alto grado de politización afecta el correcto funcionamiento del Poder Judicial y la Profesión Legal en Honduras”, declaró un equipo de expertos enviados por el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ.
En sus conclusiones preliminares, la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ encontró que la extrema politización es el principal problema que enfrentan el Poder Judicial y la Abogacía en Honduras. Decisiones administrativas, tales como el nombramiento de Jueces, se ven muchas veces afectadas por consideraciones políticas. Dichas consideraciones afectan también a algunas sentencias judiciales, lo que resulta en la impunidad de los acusados. Por otro lado, los casos de corrupción que impregnan a funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y a Abogados en ejercicio son también preocupantes.
La mora judicial y cierta selectividad en las causas que llegan a tener sentencia firme en un plazo razonable constituyen otras dos causas de inquietud. Dichas situaciones deberían compatibilizarse con la efectiva vigencia del derecho a un juicio justo y otras garantías judiciales. Asegurar la Independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado, así como frente a grupos políticos o económicos, y combatir la corrupción y la impunidad son condiciones necesarias para asegurar la igualdad ante la ley de todos los habitantes de la Republica de Honduras.
La misión pudo observar reformas judiciales de carácter positivo que han tenido lugar en Honduras, entre ellas la introducción de procedimientos participativos de nominación de Magistrados y el establecimiento de mandatos para los miembros de la Corte Suprema que superan un período de gobierno. Estas medidas contribuirán a una Administración de Justicia más independiente. Sin embargo, el éxito de dichas reformas dependerá del compromiso de los actores involucrados a fin de evitar que predominen en los nombramientos las consideraciones políticas antes que la capacidad e idoneidad de los candidatos.
Entre las recomendaciones presentadas al Gobierno hondureño, la misión del el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ sugirió la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la creación de un Consejo de la Magistratura encargado, entre otras cosas, de la selección y/o nombramiento de los Magistrados.
En relación con la crisis que se iniciara en el año 2002 en el Colegio de Abogados de Honduras, la misión concluyó que allí se habría dado una lucha por posiciones de poder. Sin embargo, estima que el procesamiento penal de algunos Abogados por acciones que eventualmente podrían calificarse de imprudentes, como su solicitud de remoción de los Magistrados de la Corte Suprema, supone una criminalización de la disidencia que es contraria a las normas que rigen el Imperio del Derecho. Asimismo, el Colegio de Abogados de Honduras debe propiciar la adopción de una normativa escueta y clara respecto de los conflictos de intereses y de procedimientos eficaces para supervisar el desempeño ético de sus miembros.
En lo que respecta al ejercicio del Notariado, la misión de la CIJ/CIJA concluyó que puesto que los actos del Notario están investidos de fe pública, pudiendo incluso extender instrumentos públicos, resulta legítimo mantener un buen control sobre esta profesión. Asimismo, los exámenes o pruebas que se instrumenten deben hallarse rodeados de condiciones que den garantía de idoneidad, imparcialidad, transparencia e igualdad para todos los aspirantes.
La misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ, que visitó Honduras entre los días 17 y 24 de septiembre, estuvo presidida por el Sr. Alejandro Artucio (Uruguay), Comisionado de la CIJ, y contó con la participación la Sra. Mónica Pinto (Argentina), Vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Sr. Oscar Schiappa-Pietra (Perú), experto internacional en reforma judicial y legislativa .
El informe final de la misión del Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ a Honduras será publicado en los próximos meses.
Aug 3, 2003 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ insistió al Gobierno argentino que asegure que el juicio político al Juez Eduardo Moliné O’Connor, Vice-Presidente de la Corte Suprema, respete el principio del debido proceso.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados inició el procedimiento de juicio político contra el Juez Moliné O’Connor el 3 de julio. El Juez enfrenta quince acusaciones de “mal desempeño de sus funciones”; sesenta y siete cargos habían sido previamente presentados contra él, varios de ellos remontándose varios años.
Estos cargos están relacionados con ciertos fallos controvertidos de la Corte en los que el Juez Moliné O’Connor formó parte de la mayoría y su negativa a excusarse en un caso en el que presidió un Jurado de Enjuiciamiento de un Juez contra quien había avalado un sumario administrativo por un hecho disciplinario.
De acuerdo con el Juez Moliné O’Connor, el juicio político se debe a motivaciones políticas. A su vez, el Juez alega que varios miembros de la Comisión ya han prejuzgado al emitir su opinión negativa sobre el caso.
“Más allá de las acusaciones sobre la falta de independencia del Juez Moliné O’Connor, cualquier procedimiento disciplinario contra él debe realizarse de acuerdo con estándares internacionales”, dijo Linda Besharaty-Movaed, Consejera Legal del CIJ. “Negarle un debido proceso resultaría en una burla al imperio del derecho y sentaría un precedente inapropiado y peligroso”.
La próxima fase del juicio político tendrá lugar el 13 de agosto cuando la Comisión de Juicio Político presente su dictamen al resto de la Cámara de Diputados. Si dos tercios de la Cámara así lo deciden, el caso será elevado al Senado para su decisión final. Una mayoría de dos tercios en la Cámara de Senadores es necesaria para una remoción.
El Juez Moliné O’Connor es el segundo Juez de la Corte Suprema que enfrenta un juicio político el presente año.
El Juez Julio Nazareno, quien era el Presidente de la Corte, renunció el pasado 27 de junio en medio de un proceso de juicio político en su contra. En febrero de 2002 el Congreso inició el procedimiento de juicio político contra toda la Corte Suprema, pero la Comisión de Juicio Político decidió proceder contra un Juez a la vez.
Argentina-hearing of Judge-press release-2003-spa (en PDF)
Jun 3, 2003 | Comunicados de prensa, Noticias
Hoy la CIJ escribió al Presidente Alejandro Toledo, instándole a que el Perú respetara sus obligaciones internacionales de derechos humanos en su confrontación con trabajadores manifestantes.
El Presidente Toledo declaró el estado de emergencia el 27 de mayo de 2003.
“La CIJ está alarmada por la severidad con la que las autoridades peruanas actuaron en esta disputa” dijo Ian Seiderman, consejero jurídico de la CIJ. “En el derecho internacional, la imposición de un estado de emergencia debe ser reservada a las situaciones en las que existe una amenaza real a la vida misma de la nación”.
El 29 de mayo un estudiante, Edy Jhony Quilca Cruz, resultó muerto durante una manifestación. A su vez, más de sesenta personas resultaron heridas en una confrontación con la fuerzas armadas, la encargada de lidiar con los disturbios.
Bajo el estado de emergencia, una serie de derechos humanos fueron suspendidos, en particular el derecho a la libertad y seguridad, la libertad de reunión y de tránsito y la inviolabilidad del domicilio. Las fuerzas armadas fueron encargadas a mantener el orden público en doce departamentos y en la provincia del Callao.
El estado de emergencia habría sido invocado en respuesta a las huelgas de maestros, trabajadores agricultores, de la salud y judiciales, quienes llamaban al gobierno a cumplir con sus promesas electorales.
Bajo los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, algunos derechos son inderogables, aún en estado de emergencia.
“El gobierno del Perú tiene que proteger el derecho a la vida y la integridad física de sus ciudadanos. Además, todas las personas detenidas tienen que ser llevadas ante un juez y sujetas a procedimientos ordinarios y no-militares o ser liberada”?, dijo Seiderman.
La CIJ solicitó al gobierno que lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre los tiroteos del 29 de Mayo.
Peru-state of emergency-press release-2003-spa (texto en español, PDF)
Apr 15, 2003 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena enérgicamente las acusaciones contra la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) hechas por el Senador Enrique Gómez Hurtado.
Estas acusaciones son la última manifestación de una conducta sistemática y reiterada por parte de algunos políticos, miembros de las Fuerzas Militares e individuos cercanos al Gobierno y a las esferas de poder en Colombia destinada a desprestigiar y poner en duda la integridad moral de la CCJ y sus miembros y los demás defensores de los derechos humanos.
La Secretaria General de la CIJ, Sra. Louise Doswald-Beck, manifestó su indignación en los siguientes términos: “Los últimos embates contra la CCJ y sus miembros constituyen un ataque contra todos los abogados y defensores de derechos humanos que trabajan por la vigencia del estado de derecho y de las libertades fundamentales. No sólo las acusaciones son totalmente infundadas, sino que crean un serio riesgo para aquellos que trabajan incansablemente por la defensa de los derechos humanos”.
El pasado 27 de febrero, el Senador Gómez Hurtado se refirió, en el marco de un debate televisivo, a la CCJ como “el brazo jurídico de las FARC”. Posteriormente, en la sesión Plenaria del Senado del 25 de marzo, el Sr. Gómez Hurtado acusó a la CCJ de oponerse permanentemente al Gobierno y de estar en el mismo campo que las FARC. En particular, el Senador criticó a la CCJ por oponerse a las reservas hechas por Colombia al ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
La CIJ condena, una vez más, todo tipo de ataque que implique poner en duda la objetividad e imparcialidad de la CCJ. Dicha organización viene, desde hace tiempo, trabajando por la promoción y protección de los derechos humanos, muchas veces bajo circunstancias desfavorables y adversas.
La CIJ recuerda al Gobierno colombiano sus obligaciones bajo la Declaración de Naciones Unidas sobre los Defensores de Derechos Humanos, adoptada en 1999 por la Asamblea General, e insta a las autoridades de ese país a tomar todas las medidas necesarias en orden a proteger a los defensores de derechos humanos y a garantizar su legítima e indispensable labor.
Colombia-attacks CCJ-press release-2003-spa (en PDF)
