Dec 19, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Una nueva acción se inicia en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, se ordena el abandono del país de once funcionarios de dicha comisión, en un lapso de setenta y dos horas, a partir de la notificación respectiva. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que este acto va dirigido específicamente a afectar los procesos penales que se siguen por actos de corrupción en contra de funcionarios de alto nivel.
La CICIG actúa como querellante adhesivo de diferentes procesos por casos de corrupción y otros delitos o bien realizan investigaciones para identificar a posibles responsables. A las y los abogados, policías o investigadores que participan en estos procesos (Caso La Línea, Caso relacionados con corrupción en la Policía Nacional Civil, Caso Comisiones Paralelas y otros igualmente importantes) son precisamente a quienes se les está intentando expulsar del país.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó al respecto: “Llama poderosamente la atención que uno de los investigadores de la CICIG que está siendo afectado con esta medida es el investigador legal a cargo del caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están siendo procesados el hijo y hermano del Presidente de la República.”
Este nuevo acto gubernamental afecta seriamente la justicia y el Estado de Derecho. Constituye además, una violación flagrante del artículo 10 numeral 4. del Convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contempla el compromiso del Gobierno de Guatemala en los términos siguientes:
“Velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.”
“Lamentamos mucho que sea precisamente a los funcionarios de la CICIG que actúan como querellantes adhesivos en casos de alto impacto, a quienes se les esté imponiendo un castigo por el desempeño de sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que las autoridades del Gobierno de Guatemala, siguen haciendo todo lo posible para apartar a la CICIG de su camino”, expresó Cadena.
A esto hay que agregar que la función de la abogacía está siendo afectada. De esta manera, se está obstaculizando el trabajo de abogados debidamente colegiados y por lo tanto, los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, también están siendo violados. Según el principio número 16 literal a): “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas…”
Cadena afirmó: “La CIJ expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios de estos funcionarios son abogados y que actúan como querellantes en los casos de alto impacto que apoya CICIG. El Colegio de Abogados de Guatemala debería actuar en defensa de sus agremiados.”
“Por otro lado, el Estado de Guatemala debe cumplir con los enunciados del derecho internacional de los derechos humanos y debe investigar y castigar casos de corrupción. La presencia de la CICIG en el país contribuye a que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales”, Cadena agregó.
El Director de la CIJ para Centroamérica concluyó afirmando: “Con estas medidas arbitrarias se está causando una alteración del orden constitucional en Guatemala, que afecta gravemente el orden democrático. Como Estado, Guatemala debe asegurar que se tome medidas efectivas para combatir la corrupción, consistentes con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entre otras obligaciones. La CICIG es una de las experiencias más exitosas de combate contra la corrupción en el mundo; por ello, las autoridades del Estado de Guatemala deberían apoyarla, en vez de obstaculizar su trabajo y de esa forma, obstruir la justicia.”
Nov 21, 2018 | Noticias
En el contexto actual de Guatemala, es notorio que el riesgo de abusos de poder y de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado significativamente. Esta situación ha hecho surgir graves tensiones entre la Justicia Constitucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este tipo de tensiones y conflictos se han presentado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional ha invalidado actos del Poder Ejecutivo por ser inconstitucionales.
Las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado en dichos casos, que pueden emitir resoluciones, sin que se subordinen al Poder Ejecutivo o a otro poder fáctico y velando por la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó que “es necesario reconocer que las y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desempeñan una función sumamente difícil, que requiere muy elevadas cualidades judiciales y éticas. Sin embargo, por difícil y compleja que sea su función, cuando el poder público se ejerce con abuso de autoridad y contraviniendo el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad debe fijar los límites que el Derecho Constitucional e Internacional impone al ejercicio del poder.”
Oct 24, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Eren Keskin (Turquía), Marino Cordoba Berrio (Colombia) y Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia) competirán por este prestigioso premio otorgado a los defensores de los derechos humanos que han demostrado una profunda compromiso y afrontan altos riesgos personales. La CIJ es miembro del jurado.
Los finalistas han sido seleccionados por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos (los miembros del jurado son la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS).
Los galardonados son seleccionados porque han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, a menudo trabajando bajo amenaza de encarcelamiento, tortura o algo peor. El reconocimiento internacional otorgado por el Premio, además de elevar su perfil y su trabajo, a menudo proporciona una protección significativa.
El Premio Martin Ennals 2019 se entregará el 13 de febrero de 2019 en una ceremonia organizada por la Ciudad de Ginebra, que durante muchos años ha apoyado firmemente el Premio.
Marino Córdoba Berrio (Colombia)
Miembro de la comunidad afro-colombiano, Marino Córdoba Berrio (abajo a la izquierda en la foto) dirigió a su comunidad al enfrentar la pérdida de sus tierras ante poderosos intereses comerciales, en particular en la tala de bosques y la minería.
Después de trabajar con éxito para obtener el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra de su comunidad, gran parte de su comunidad fue expulsada por la fuerza en 1996.
Las amenazas y los ataques constantes lo llevaron a buscar Asilo Político en los Estados Unidos en 2002, donde construyó una red de partidarios en apoyo a su comunidad y la paz.
Regresó a Colombia en 2012 y desde entonces viene trabajando para garantizar inclusión de las comunidades étnicas en el acuerdo de paz, en particular como miembro de la “Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales” que proporciona información a medida que se implementa el acuerdo de paz.
Él ha recibido regularmente amenazas de muerte y está bajo seguridad constante.
Afirmó que: “históricamente hemos sido excluidos política, social y económicamente, desproporcionadamente afectados por la discriminación estatal, también afectados por la crueldad de la guerra, por lo que proporcionar medidas de superación e inclusión del pueblo Afrocolombiano es una responsabilidad primordial del Estado. Creo en el poder de mi mente y en mis manos como un factor determinante para hacer lo correcto por la paz, por lo tanto, la justicia que se aplique a mi pueblo es crucial para su supervivencia, por lo que está en nuestras manos promover cambios justos y humanos, aun en momentos de constantes persecución y asesinatos de líderes importantes y soñadores en mi país y, aun por encima de mi propia vida. Si este esfuerzo implica exponer mi vida creo que será siempre con amor a mi causa y a mi gente”.
Eren Keskin (Turquía)
Eren Keskin (parte superior izquierda de la foto) es un abogado y activista de derechos humanos.
Durante más de treinta años, ella ha luchado por los derechos y libertades fundamentales en Turquía, especialmente por los Kurdos, las mujeres y la comunidad LGBTI.
En el contexto del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Turquía, Keskin se encuentra una vez más en el centro de los intentos de intimidación.
Como parte de una campaña de solidaridad para apoyar al periódico Özgür Gündem, Keskin sostuvo el título de “editor en jefe” del periódico desde 2013 hasta 2016, cuando fue clausurado por las autoridades.
El 30 de marzo de 2018, fue condenada y sentenciada a 12,5 años de cárcel por haber publicado artículos que se consideraba que habían “degradado” a la nación turca e “insultado” al presidente turco. Actualmente está libre mientras se apela el caso.
Ella afirmó: “Defender los derechos humanos no es fácil en nuestro territorio. Estoy siendo procesado con 143 cargos por mi solidaridad con un periódico de la oposición en el contexto de la libertad de expresión. Los premios internacionales y la solidaridad tienen características “protectoras” y tranquilizan a quienes estamos en sociedades represivas. También nos da un impulso moral y ayuda a nuestra motivación para la lucha. Gracias por no olvidarnos. Tu solidaridad y protección significan mucho”.
Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia)
Abdul Aziz Muhamat (Aziz, en la derecha en la foto), de Sudán, es un defensor convincente e incansable de los derechos de los refugiados.
En busca de asilo, se encuentra recluido en detención de inmigrantes en Australia en la isla Manus, Papúa Nueva Guinea, desde octubre de 2013, cuando las autoridades australianas interceptaron su barco.
Aziz ha visto morir a sus amigos. Ha recibido disparos de la policía local. También fue enviado a una prisión local por negarse a comer en protesta por la crueldad y el sufrimiento infligido a otros.
Aziz es una de las principales voces públicas entre los hombres detenidos en la isla Manus.
A pesar de la ubicación aislada, ha expuesto las duras condiciones allí a través de podcasts y entrevistas con los medios. Él ha pagado un precio por esto, ya que es visto como un “líder de la banda” tanto por parte de PNG como de las autoridades australianas.
Ella declaró: “Mi trabajo para exponer este sistema cruel me ayuda a preservar mi autoestima y la dignidad humana inherente. Me ayuda a luchar por los derechos de cada refugiado en todo el universo, lo que haré hasta mi último aliento. No siempre es fácil cuando se vive en condiciones de miedo y persecución. Sin embargo, incluso bajo la maquinaria más aplastante del estado, el coraje se levanta una y otra vez, porque el miedo no es el estado natural y haré todo lo posible para seguir adelante”.
Contactos
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Michael Khambatta, Director, Fundación Martin Ennals, t: +41 79 474 8208 ; e: khambatta(a)martinennalsaward.org
COL-Marino Cordoba Bio-News-2018-SPA (biografía completa de Marino Córdoba Berrio, en PDF)
TUR-Eren Keskin_Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Eren Keskin, en inglés, PDF)
AUS-Abdul Aziz Muhamat Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Abdul Aziz Muhamat, en inglés, PDF)
Oct 1, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ celebra la participación de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara de oficio, la cual permitió escuchar la posición de ambas delegaciones y llevar a cabo un diálogo franco sobre un tema trascendental para la población guatemalteca y el respeto de los derechos humanos en el país.
La CIJ participó por medio de su Director para Centroamérica, abogado Ramón Cadena, participación solicitada por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de la Red de Defensores Comunitarios.
El Bufete para Pueblos Indígenas, si bien había sido solicitado por dichas organizaciones para asistir, no pudo hacerlo en un último momento.
Si bien la Delegación Gubernamental alegó falta de competencia por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana no sólo sostuvo que sí era competente, según la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y otra legislación regional de Derechos Humanos, sino que además, en su calidad de “observadora externa”, se sintió “sorprendida” por las últimas decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales al más alto nivel y advirtió al Estado de Guatemala, que el mensaje que el Estado de Guatemala estaba dando con sus últimos actos y decisiones de no prorrogar el mandato de la CICIG, ni permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, era “excesivo” y que en nada fortalecía al Estado de Derecho de Guatemala.
Otro argumento de la delegación gubernamental fue afirmar que la CICIG actuaba como “fiscalía paralela”, lo cual afectaba el ordenamiento interno.
Al respecto, la delegación de las organizaciones no gubernamentales explicaron a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se trataba de una fiscalía paralela, sino que de la figura del “querellante adhesivo” y que incluso antes de la aprobación del mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad emitió una opinión consultiva el 8 de mayo de 2007 (Expediente 791-2007), debidamente publicada en el Diario Oficial, en la que consideró que la constitución de la CICIG no violaba el ordenamiento constitucional, ni legal del Estado de Guatemala.
Específicamente, la Corte de Constitucionalidad consideró al referirise a la función de la CICIG que “la función de apoyar, coadyuvar y fortalecer a las instituciones estatales encargadas de la investigación en los delitos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad…no excluye la posibilidad de recibir el apoyo de otras instituciones en la recolección de evidencia, siempre que la participación se haya establecido de manera legal, como sucede en el presente caso.”
La ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la pregunta esencial que había que responder, era si el Estado de Guatemala contaba ya con la fortaleza institucional, con la independencia judicial y con funcionarios e instituciones sólidas, como para poder luchar contra la corrupción en Guatemala, sin el apoyo de la CICIG.
La delegación de las organizaciones no gubernamentales fundamentaron con diferentes argumentos, que aún no se contaba con dicha solidez y que la presencia de la CICIG en el país, seguía siendo necesaria.
La Comisión Interamericana celebró la participación nutrida de la Sociedad Civil de Guatemala y la presencia de representantes del gobierno guatemalteco y manifestó que el haber convocado de oficio a esta audiencia, demostraba el interés de la CIDH en Guatemala.
Informó a la delegación gubernamental, que era su interés realizar una visita “in loco” a la mayor brevedad posible, ya que de esa forma podría conocer en forma más profunda todas las situaciones de derechos humanos que se estaban presentando en el país, para lo cual solicitó el apoyo de la delegación gubernamental.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Lamentamos que el Gobierno de Guatemala solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia se llevara a cabo a “puertas cerradas”, ya que todos los puntos discutidos fueron del interés de la ciudadanía en general y de la prensa.
Por ello, en lugar de mantener las discusiones cerradas, deberían abrirse al conocimiento de la prensa y del público en general. Exigimos a las autoridades correspondientes, que no vaya a haber represalias en contra del trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos y las y los defensores de derechos humanos.”
Sep 19, 2018 | Eventos, Noticias
La CIJ acogerá el evento paralelo, “Azúcar amargo en la República Dominicana: la industria azucarera y los derechos humanos” el lunes, 24 septiembre 2018 de 15:00-16:00 habitación XXVII, en el Palais de Nations en Ginebra.
Junto con el turismo, la producción de azúcar es una de las principales industrias y una de las mayores fuentes de empleo en la República Dominicana.
Este pequeño estado caribeño sigue siendo uno de los principales proveedores mundiales de azúcar en los Estados Unidos.
Si bien la producción y exportación de azúcar en la República Dominicana son unas fuentes importantes de ingresos para el país, los impactos adversos de su producción son varios.
La destrucción del medio ambiente, el acceso reducido a la tierra para las comunidades locales, los desalojos forzosos y las condiciones laborales precarias en las plantaciones de caña de azúcar son lamentablemente una realidad en muchas regiones del estado caribeño.
Mientras que la República Dominicana ha demostrado en los últimos años estar preparada para cumplir y aplicar las normas internacionales sobre asuntos relacionados con las empresas y los derechos humanos, el país sigue enfrentando muchos desafíos y las evidencias de violaciones de derechos humanos proviniendo del terreno todavía pintan una realidad complicada.
Dos ejemplos recientes involucrando la industria de la caña de azúcar ilustran la preocupación constante por los abusos contra los derechos humanos en la República Dominicana.
En 2016, agentes armados de uno de los mayores productores de azúcar del país, Central Romana Corp., expulsaron por la fuerza de sus hogares a más de 60 familias durante la noche.
No se han proporcionado alojamiento alternativo o reparaciones a las víctimas para reparar la destrucción de sus hogares y el trauma causado por la violencia de los desalojos.
En 2017, el Grupo Vicini, la segunda principal empresa productora de azúcar del país, utilizó el pesticida glifosato de tal manera que muchas personas corrieron peligro de muerte y que destruyó los cultivos y el ganado de los campesinos. Hasta la fecha, las violaciones de los derechos humanos en ambos casos siguen impunes.
Existe una creciente preocupación internacional de que la industria de la caña de azúcar en la República Dominicana puede de alguna manera actuar con impunidad cuando se trata de violaciones de derechos humanos.
Teniendo en cuenta el próximo Examen Periódico Universal de la República Dominicana, en el cual todos los Estados Miembros de la ONU examinarán la situación de los derechos humanos en el país, este evento paralelo tiene como objetivo informar y arrojar luz sobre esta realidad poco conocida en la República Dominicana e informar a las delegaciones estatales sobre la importancia de abordar este tema en su revisión de la República Dominicana.
El evento también proporcionará un espacio para el diálogo constructivo entre varios actores, incluido el Gobierno de la República Dominicana.
Panelistas:
– Un experto sobre el tema de las empresas y los derechos humanos (Carlos Lopez, Comisión Internacional de Juristas)
– Un experto sobre el tema de la industria azucarera en la República Dominicana y sus impactos sobre los derechos humanos (Fr. Damián Calvo Martin OP, Centro de Teología Santo Domingo de Guzman)
– Una víctima de desalojos forzosos por parte de Central Romana Corp. (María Magdalena Álvarez Gálvez)
Moderador: Rory Gogarty, High Court of England and Wales
Interpretación: se proporcionará de inglés a español y de español a inglés
República Dominicana evento 24 septiembre (volante de evento en PDF)
