Dec 9, 2017 | Artículos, Multimedia, Noticias
Los dirigentes de comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras y recursos naturales contra los impactos negativos de operaciones industriales y proyectos de infraestructura, han sido acusados de actividades criminales y en algunos casos detenidos de manera arbitraria.
Esta respuesta tiene como objetivo silenciar las voces de protesta y las demandas legítimas de consentimiento libre, previo e informado relativas a obras de infraestructura y otros proyectos en las comunidades indígenas.
Este video incluye entrevistas con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dos dirigentes indígenas, que fueron víctimas de detención arbitraria, así como una dirigente comunitaria, explicando el impacto de la detención en la familia y toda la comunidad.
La criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos es un fenómeno por el cual se acusan a las y los dirigentes comunitarios de diferentes actividades criminales a causa de su oposición a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas o la privatización de servicios sociales esenciales.
Este modelo de desarrollo afecta a los recursos naturales (el agua, la tierra y el medio ambiente) en los territorios de los pueblos indígenas.
Se trata de un fenómeno global que es particularmente agudo en Guatemala.
La explotación de los recursos naturales, tales como la minería a cielo abierto y las operaciones de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas, es una razón principal que explica los ataques a las protestas sociales y las acciones de defensa de los derechos humanos.
Las diferentes comunidades afectadas buscan defender sus territorios y oponerse a las diferentes formas de explotación de los recursos naturales que se hallan en sus territorios o en áreas vecinas porque puede afectar el abastecimiento en agua, la tierra y el medio ambiente.
Varios dirigentes han sido asesinados a causa de su oposición a estos proyectos.
Algunos miembros de las familias de los asesinados han asumido a su vez la tarea de oponerse a estos proyectos, y también han sido acusados de actividades criminales.
También, en Guatemala existe un conflicto social intenso por la manera de abastecimiento de electricidad.
Como resultado de la privatización del servicio en 1996, el Estado de Guatemala ha consentido concesiones a compañías nacionales e internacionales para proveer servicios de electricidad.
Durante los años, muchas y muchos usuarios se han quejado de la mala calidad y el alto coste de los servicios de estas compañías privadas.
La Comisión Nacional de Electricidad ha fallado en su deber legal de “asegurar que los concesionarios y contratistas cumplan con sus obligaciones, y proteger los derechos de los usuarios,” lo que ha sido reclamado por muchos usuarios descontentos.
Las protestas sociales conciernen las tres fases diferentes de la producción de electricidad: la generación de electricidad que incluye la construcción de presas hidroeléctricas por compañías multinacionales que causan impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas; redes de transmisión de electricidad; y los servicios de electricidad.
Debido a esta situación, muchos usuarios de electricidad han declarado que están en resistencia citando el Artículo 45 de la Constitución de Guatemala que dice: “Es legítimo que el pueblo resista para proteger y defender los derechos y las garantías establecidos en la Constitución.”
Las acciones realizadas bajo esta protección constitucional han causado muchos ataques a los derechos humanos de muchos dirigentes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos.
La CIJ apoya el acceso a la justicia para las personas víctimas de tales violaciones de sus derechos humanos.
La CIJ brinda su apoyo a los abogados que defienden a estas víctimas de la criminalización de protestas sociales; actúa como observador de procesos en casos emblemáticos; promueve dialogo entre las comunidades y las autoridades estatales pertinentes, así como los alcaldes locales; y en algunos casos, apoya sumisiones de casos ante la Corte Constitucional.
Dec 5, 2017 | Artículos, Noticias
Las comunidades indígenas y campesinas guatemaltecas finalmente obtienen algo de justicia y recuperan tierras y territorios que anteriormente habían sido tomados por autoridades o actores económicos privados, incluso durante el conflicto armado interno que entre 1960 y 1996.
La CIJ pudo constatar estos desarrollos alentadores en un taller que organizó conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Taller Internacional sobre litigios estratégicos en defensa de la tierra y el territorio, en la ciudad de Guatemala, entre 9 y 10 Noviembre 2017.
Una de las historias exitosas, contada por Don Pedro Herrera, un líder comunitario de la comunidad Tzalbal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché (norte de Guatemala), se refiere a una decisión judicial favorable de un juez de primera instancia en Nebaj, de fecha Agosto de 2016, ordenando la restitución de unas 1485 hectáreas (33 caballerías en el antiguo sistema de medición aún en uso en América Central) a las comunidades de Tzalbal.
La decisión está en apelación ante el Tribunal Constitucional de Guatemala, pero en el Taller se dijo que ya había levantado la moral y esperanza entre los miembros de las comunidades locales sobre de la perspectivas de restitución de su tierra apropiada en violación de sus derechos a la tierra.
Las 33 caballerías fueron separadas del resto de las tierras municipales y comunitarias alrededor de 1984, en medio de la guerra civil guatemalteca y como parte de los planes de contra-insurgencia elaborados por los gobernantes militares, supuestamente para crear aldeas leales en la línea de frente de combate a la insurgencia armada.
La mayoría de los miembros de la comunidad en ese momento habían huido de sus hogares, temiendo por sus vidas que estaban amenazadas tanto por la insurgencia armada como por las fuerzas militares del Estado.
Las autoridades locales de facto fueron obligadas a firmar documentos que aceptaban la separación de la tierra, pero la mayor parte de la población no se preocupó por la operación.
Sin embargo, en el año 2011, FONTIERRAS, la autoridad de tierras del gobierno, reveló a la comunidad que las tierras habían sido registradas como propiedad del Estado luego de la separación forzada ocurrida en 1984.
Desde entonces, las comunidades de Tzalbal comenzaron a tomar medidas concertadas para recuperar las tierras que consideraban legítimamente suyas y son los lugares donde mantenían sus hogares y obtenían sus medios de subsistencia.
Las comunidades de Tzalbal tienen unas 70 familias con unas 500 personas de todas las edades. Cuando se enteraron de que la tierra que tradicionalmente poseían era “legalmente” propiedad del Estado de Guatemala, se acercaron a la CIJ para solicitar asistencia jurídica.
Se presentó un recurso constitucional de Amparo en nombre de las comunidades de Tzalbal solicitando al tribunal que proteja los derechos de propiedad y el debido proceso bajo la Constitución guatemalteca y declare inválida la inscripción de propiedad de la tierra a favor del Estado en el Registro de la Propiedad.
En Agosto de 2016, el juez de primera instancia se pronunció en favor de las comunidades y ordenó que el registro modificara la inscripción en el registro de la propiedad.
Sin embargo, los representantes del Estado han apelado contra el fallo y se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso la primera semana de Noviembre de 2017.
Ahora se espera una decisión final por parte del Tribunal Constitucional.
La tierra, el territorio y los recursos son activos cruciales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades indígenas y otras comunidades locales en Guatemala y otros países.
Para los pueblos indígenas también existe una relación inherente y especial con la tierra y el territorio que muchas veces adquiere un significado religioso y cultural.
En el Taller sobre Litigios Estratégicos, varios otros grupos explicaron cómo continúan su lucha por la justicia y en defensa de su tierra y territorio.
Varios de esos grupos reconocieron la asistencia instrumental de la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que a través de su Programa Maya brinda asesoramiento y apoyo a las comunidades locales en su defensa de la tierra y el territorio.
Un caso en discusión, todavía en curso, se refiere a la impugnación legal de la Evaluación de Impacto Ambiental llevada a cabo por Island Oil Company en virtud de un contrato de exploración y explotación petrolera con el gobierno que involucra a cinco municipios del departamento de El Petén.
El Petén es la ubicación de la mayor reserva de la biosfera en Guatemala, donde, curiosamente, los asentamientos humanos no están permitidos pero algunas compañías petroleras están autorizadas para llevar a cabo operaciones.
La batalla legal ha sido liderada por los pueblos Qeqchi, Mopan e Itza y respaldada por el Programa Maya. Se presentó un recurso administrativo conocido como oposición ante el MARN, la autoridad nacional para la preservación del medio ambiente, alegando violaciones de derechos como la falta de consulta y consentimiento de las comunidades locales.
La autoridad administrativa falló a favor de los demandantes y ordenó que la exploración se detuviera hasta que se cumplieran los requisitos reglamentarios.
Con el tiempo, el trabajo de la CIJ y otros grupos, realizado en coordinación con la oficina de derechos humanos de la ONU en Guatemala, ha comenzado a mostrar resultados.
Cada vez más comunidades están tomando medidas concretas para desafiar legalmente las acciones o leyes que causan o perpetúan el despojo de sus tierras y territorios tradicionales.
Nov 21, 2017 | Artículos, Noticias
El Comisionado de la CIJ Belisario Dos Santos y el ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jaime Araujo visitaron el país, con el objeto de presentar las principales conclusiones del Informe de la CIJ sobre los desafíos que abogado-a-s enfrentan.
Los dos abogados, acompañados del Director de la CIJ para Centroamérica Ramón Cadena (foto de la primera misión), pudieron entrevistarse con el Presidente del Colegio de Abogados, con el Presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio, con el Procurador de Derechos Humanos y con el diputado Leocadio Juracán, Sub Jefe de la Bancada Convergencia del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
La CIJ agradece la apertura de dichos representantes de los órganos máximos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como la del Procurador de Derechos Humanos y la del diputado del Congreso de la República.
Dichas conversaciones enriquecieron aún más, los puntos críticos que se presentan a continuación.
La CIJ, en sus actividades relativas a su mandato, se encarga de velar porque el Derecho Interno se adecúe y respete las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En otras palabras, en el caso de Guatemala, la CIJ lleva a cabo actividades para supervisar que el Estado cumpla con respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Carta de Naciones Unidas, constituye la base del estado de derecho en el plano internacional.
Además están todas la convenciones y tratados, declaraciones y principios que la Comunidad Internacional ha aprobado, desde que se conformó la Organización de las Naciones Unidas.
Guatemala-Segunda Misión Beli-News-web stories-2017-SPA (texto completo, en PDF)
Nov 16, 2017 | Artículos, Noticias
Communicado de la CIJ, ante la visita de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein a Guatemala.
La CIJ expresó:
1. El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época post-conflicto armado interno. Desde el 27 de agosto, cuando el Presidente de la República declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quedó evidenciado que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar el desenvolvimiento de este organismo de las Naciones Unidas.
2. Por su parte, el Congreso de la República, inició la implementación de una “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad”, por medio de la aprobación de una ley de reformas al Código Penal, que luego, ante el rechazo generalizado de la población guatemalteca, tuvo que dar marcha atrás.
3. En las últimas semanas, el Congreso de la República, en forma abierta, ha evidenciado que la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” tiene como pilares fundamentales: a) Facilitar la corrupción por medio de iniciativas tales como eliminar la constancia de “finiquito” o constancia de haber cumplido con todas las normas relativas a la transparencia, para quienes quieran optar al cargo público de diputado o diputada; b) Consagrar la Impunidad en casos de Justicia Transicional a favor de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, por medio del otorgamiento de una “amnistía general”, y reformas a la Ley de Reconciliación Nacional; c) Reprimir a quienes ejercen el derecho a la resistencia pacífica, así como afectar el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, por medio de leyes, que permitirán establecer mayores controles al funcionamiento de las ONGs y desarrollar aún más, la persecución a dirigentes comunitarios, por medio de la Ley contra actos terroristas.
4. Mientras tanto, las y los jueces independientes y honestos del Poder Judicial, continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto que conocen; litigio de mala fe por parte de abogados y abogadas que defienden a funcionarios públicos en casos de corrupción que se ventilan en su contra; ataques por medio de medidas disciplinarias y hasta ataques fìsicos.
5. La CIJ ha podido constatar que el Sistema de Justicia tiene grandes retos que debe superar; sin embargo, para ello es necesario que se impulsen reformas que lo fortalezcan. Esas reformas se vuelven casi imposibles, cuando están en manos de funcionarios acusados de cometer delitos o actos de corrupción. Un claro ejemplo, lo constituye la figura jurídica del antejuicio, que según las reformas constitucionales debería desaparecer para el caso de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente fue el Congreso de la República, quien rechazó esta reforma en forma tajante.
6. El próximo año 2018 se iniciará con la crucial elección de Fiscal General. Como lo expresara la CIJ en su comunicado del mes de febrero del presente año, la existencia de un pacto de impunidad, hacía prever acciones concretas en contra de la CICIG y su representante en el futuro inmediato.
7. LA CIJ considera que si en dicha elección el crimen organizado toma el control de esta institución, significará que las estructuras criminales habrán consolidado el Pacto de Impunidad que pretenden implementar, para lograr que los casos de alto impacto que hoy se ventilan ante los tribunales de justicia, se vean seriamente afectados, incluso con la liberación de las personas que se encuentran guardando prisión.
8. En lo que respecta a la obligación del Estado de Guatemala de respetar los derechos humanos de las personas, la CIJ considera que la visita del señor Al Hussein se lleva a cabo en un clima de inseguridad y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra los Pueblos Indígenas y campesinos pobres de Guatemala, imperando acciones estatales de racismo, exclusión y discriminación.
Ante esta crisis institucional, que afecta a los tres organismos del Estado y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó:
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), debe asumir en esta visita, la posición más contundente posible, para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala, compromisos concretos, viables y verificables, para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.”
Guatemala, 16 de noviembre de 2017
Oct 5, 2017 | Comunicados de prensa
La CIJ hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.
La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.
Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.
Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.
“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.
“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.
La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.
“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.
Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información complementaria
Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.
Contactos
Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ, tel: +57 311 481 8094; correo electrónico federico.andreu@icj.org
Carlos Ayala Corao, Comisionado de la CIJ (Venezuela), tel: +57 414 243 4872; correo electrónico cayala@cjlegal.net
Alex Conte, Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas, tel: +22 979 3802; email: alex.conte@icj.org
