Oct 29, 2015 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ hizo público su informe Venezuela: El ocaso del Estado de Derecho.
Este informe es el resultado del seguimiento que la CIJ viene haciendo desde hace varios años sobre la situación del Poder judicial y de los derechos humanos en Venezuela, así como de la Misión in situ liderada por Alejandro Salinas, realizada en agosto de 2015.
Desde su anterior Informe, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela (2014), la CIJ ha constatado una vertiginosa degradación de la situación de los Derechos Humanos, un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y la total erosión del Estado de Derecho en Venezuela.
“Hay un claro divorcio entre el deber ser establecido en la Constitución y los compromisos internacionales y por otro lado lo que se refleja en la realidad,” dijo Alejandro Salinas, el autor del informe.
“Esta situación ya observada en años anteriores, se ve agravada por una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales,” añadió.
En las últimas semanas, la CIJ ha constatado una acelerada escalada de los ataques contra los defensores de derechos humanos y toda forma de oposición social y política.
“La situación en Venezuela es, sin lugar a duda, configura una grave y persistente crisis de los derechos humanos, la democracia y del Estado de Derecho. La Comunidad internacional está en mora y debe reaccionar bajo del derecho internacional,” dijo Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ.
La CIJ ha visto agravada la situación de la falta de independencia de la justicia en general, en virtud no sólo de la falta de independencia del Poder Judicial dada la inexistencia de estabilidad de la gran mayoría de los jueces y de la casi totalidad de los fiscales del Ministerio Público; así como también, la falta de garantías para el ejercicio de los defensores de derechos humanos y en algunos casos de la profesión de abogado.
En este sentido, la CIJ manifiesta su preocupación frente las consecuencias representadas en los altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos comunes en general, lo cual contrasta con la inusual prontitud con la que se abren juicios, se dictan medidas cautelares restrictivas y se condenan a miembros activos de la sociedad civil, líderes sociales y a opositores políticos.
Entre los casos que más representativos de esta situación se encuentran, entre otros, la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni; la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche; la orden de captura contra los miembros directivos y de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”; y la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión.
Finalmente, la CIJ desea llamar la atención sobre la gravedad que significa que desde el mes de agosto del presente año 2015, 23 municipios en Venezuela hayan estado siendo sometidos a estados de excepción con la restricción de varios de los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sin que estén claramente cumplidos los requisitos internacionales como la gravedad de la situación que no pueda ser enfrentada con los poderes ordinarios del estado, la estricta necesidad y proporcionalidad de las medidas.
Es de gran preocupación para la CIJ las medidas arbitrarias tomadas contra nacionales colombianos que han sido deportados masivamente, incluidos menores de edad; y además, que estando por darse inicio a la campaña política para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre, se hayan restringido – sin justificación – los derechos de reunión pública y de manifestación pacífica, por el efecto restrictivo que ello implica para el ejercicio libre de los derechos políticos en una sociedad democrática.
Contact:
Wilder Tayler, Secretario General de la CIJ, t: +41 22 979 3825 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Alejandro Salinas, autor del informe, e: alejandro.salinasrivera(a)gmail.com
Venezuela-OcasoEstadoDerecho-Publications-Reports-2015-SPA (Informe en PDF)
Oct 15, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, durante la misión de su Comisionado José Antonio Martín Pallín al país, ha constatado que la trascendencia política y social de los asuntos que el Juez Miguel Ángel Gálvez está investigando, le ha ocasionado numerosos ataques injustificados desde diversos sectores de la sociedad guatemalteca.
Además, la CIJ recibió información que las y los jueces continúan siendo amenazados en el ejercicio de su independencia por la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en funciones administrativas, relacionadas con el control del personal, especialmente en el traslado injustificado de jueces.
El Juez Miguel Ángel Gálvez (foto) ha afrontado riesgos de traslado en los últimos 6 meses.
La CIJ concluye que la actuación del Juez se ajusta a los principios internacionalmente admitidos del derecho al debido proceso y a las garantías de las y los sindicados.
La CIJ expresa su profunda preocupación por la acumulación excesiva de asuntos judiciales sobre el Juzgado de Competencia Ampliada del juez Gálvez, que hacen absolutamente imposible una actuación dentro de los plazos exigidos por la ley.
La CIJ demanda con toda firmeza que la Corte Suprema de Justicia tome medidas efectivas de apoyo al juzgado de Mayor Riesgo B, para que éste pueda concentrarse en la tramitación de los asuntos que verdaderamente preocupan en este momento a los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, como por ejemplo el llamado Caso La Línea, el caso Sepur Zarco y el caso Siekavizza, entre otros.
La CIJ considera que ningún órgano judicial puede afrontar la pesada carga judicial a la que el Juez Gálvez tiene que hacer frente; cualquier demora en la tramitación de los asuntos pendientes ante su juzgado, no debe ser atribuida al juez Gálvez, sino a la inactividad de la Corte Suprema de Justicia, que no nombra a jueces de apoyo, que permitan tramitar las causas pendientes.
Oct 12, 2015 | Artículos, Noticias
Con el objeto de promover la independencia judicial y el asociacionismo en Centroamerica, la CIJ y la Asociación de Abogados y Notarios de Guatemala, organizan esta conferencia en la Ciudad de Guatemala, los días 12 y 13 de octubre de 2015.
La III Conferencia Regional sobre Independencia Judicial y el Fenómeno de la Impunidad brinda seguimiento al primer encuentro realizado junio de 2013 en la Ciudad de Guatemala y la segunda reunión organizada en San Salvador, El Salvador, en mayo de 2014.
La región Centroamericana continua siendo objeto de serios ataques y amedrentamientos hacia la independencia de los Poderes Judiciales, lo que se ve agravado por que los marcos constitucionales y legales que no brindan garantías suficientes de estabilidad en su cargo, ni minimiza las posibilidades de litigio malicioso en contra de jueces y juezas independientes.
La Conferencia permitirá proponer soluciones a los graves problemas que afectan a la independencia judicial en la región, mediante el intercambio de experiencias obtenidas por las organizaciones de los paises centroamericanos y la formulación de estrategias de abordaje.
El evento contará con la participación de los Comisionados de la CIJ Roberto Garretón (Chile), Ketil Lund (Noruega) y José Antonio Martín Pallín (España, photo), 10 jueces de la Federación Centroamericana de Jueces, así como jueces guatemaltecos.
Guatemala-Conferencia internacional jueces-News-2015-SPA (full text in PDF, Spanish)
Aug 26, 2015 | Incidencia
Hoy, la CIJ y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron a un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia, sobre una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 25 de junio 2015, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”).
Esta reforma constitucional pretende ampliar de forma exhorbitante el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar y niega los principios de complementariedad entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y de la doble protección del ser humano bajo estas dos ramas del Derecho Internacional en las situaciones de conflicto armado.
La reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombia de Juristas, varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Colombia.
Colombia-AmicusCuriaeCIJOMCT-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
Jul 22, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Ante los procesos penales que ha iniciado la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el país, la CIJ expresa su absoluto apoyo al Comisionado de la CICIG Iván Velásquez por la batalla que está librando por la depuración del Estado de Guatemala y contra la corrupción.
Todos los casos develados por la CICIG están demostrando los niveles de impunidad existentes, debido a la persistencia de diferentes estructurales criminales, que cuentan con participación de altos funcionarios de Gobierno.
La CIJ lamenta que un partido político esté promoviendo acciones en contra de la CICIG y manifestaciones de diversa índole, para desestabilizar al país y evitar que sus miembros y candidatos sean investigados.
La CIJ se permite recordar que los actos de corrupción afectan seriamente la vida de toda la población guatemalteca, el uso adecuado de los recursos públicos en beneficio de las mayorías y corroe los cimientos básicos del Estado de derecho.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, declaró: “Hacemos un llamado a todos los partidos políticos, para que apoyen la gestión de la CICIG y faciliten toda la información que coadyuve a las investigaciones que la CICIG está llevando a cabo para erradicar la corrupción en el país.”
