Dec 13, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena los actos de los países de Centroamérica que afectan seriamente la independencia judicial. El ultimo acto de esta naturaleza ocurrió en Honduras.
La CIJ ante los últimos acontecimientos que afectan seriamente la independencia de los differentes poderes judiciales en países de la región centroamericana, expresa:
- Durante el año 2012, la CIJ ha constatado que los diferentes gobiernos y autoridades de los países de Centroamérica han realizado actos que afectan seriamente la independencia judicial. En Honduras, el miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa procedió a destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza. Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del Golpe de Estado de junio de 2009;
- En El Salvador, se han dado hechos similares; durante todo el año 2012, la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político, han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de dicho país, debido al contenido de sus sentencias; en Costa Rica hace unas semanas, también la Asamblea Legislativa se negó a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los fallos de dicha sala creaban una “situación de ingobernabilidad” y que ese acto era un “llamado de atención para el resto de los magistrados”, siendo la primera vez que el Organismo Legislativo se negó a ratificar en su cargo un nuevo mandato de un magistrado del alto Tribunal;
- En Guatemala, tanto el Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscal General, vienen siendo objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de las personas acusadas, por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado;
La CIJ considera que todos estos hechos constituyen injerencias y ataques a la independencia del Poder Judicial; tratándose de magistrados de diferentes Cortes Supremas y de una Fiscal General, estos actos evidencian por sí mismos, la precariedad de la garantía de independencia judicial en dichos países. A esta situación, hay que agregar que varios de los países mencionados, carecen de sistemas de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional; además, en ellos existen fenómenos de impunidad generalizados y de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.
Frente a estos hechos, la CIJ recomienda:
- Que las autoridades estatales concernidas con los hechos arriba mencionados, se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales, ya que de lo contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
- Que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia de jueces, magistrados y fiscales como corresponde en un Estado de Derecho;
- Que los estados relacionados establezcan mecanismos de protección para jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional independiente;
- Que los estados concernidos impulsen procesos de creación o fortalecimiento de carreras judiciales de conformidad con los estándares internacionales;
- Que se fortalezcan los poderes judiciales y otras entidades del sector justicia, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos humanos incluida la lucha contra la impunidad.
La CIJ continuará cumpliendo con su mandato de promover y garantizar la independencia de jueces, abogados y fiscales; en ese sentido, le dará seguimiento a estas situaciones y continuará observando y proponiendo soluciones a esta problemática.
Para mayor información :
Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, t + 502 30441818
Nov 15, 2012 | Incidencia
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios de San Andrés y La Libertad, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
El informe cubre el período de enero de 2010 a julio de 2011.
El informe ha sido preparado en el marco del proyecto sobre Reforma a la Justicia y Fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala (EIDHR/2,009/224-504) que la CIJ implementó con apoyo de la Unión Europea; una de las actividades de dicho proyecto consistió en brindar asesoría puntual a las comunidades indígenas en materia de derechos económicos, sociales y culturales.
La CIJ ha estado llevando a cabo varias actividades relacionadas con la situación de los derechos humanos en el departamento de Petén, sobre todo en los municipios de San Andrés y La Libertad, en donde radican diferentes comunidades que enfrentan serias violaciones a los derechos humanos, mismas que están generando un delicado confl icto social que afecta a los hombres, mujeres y niños que habitan esas zonas.
Además, en el marco de dicho proyecto, era necesario elaborar un informe sobre el derecho de acceso a la justicia, partiendo de un caso concreto.
La CIJ decidió llevar a cabo este informe, tomando como caso paradigmático la situación que viven las comunidades del departamento de Petén.
En el contexto de este proyecto, a partir de enero de 2010 la CIJ asesoró a varias personas con el objeto de presentar una acción de inconstitucionalidad en contra de la prórroga del Contrato Petrolero 2-85, que el Estado de Guatemala autorizó aún en contra de la legislación constitucional y ambiental.
La compañía petrolera PERENCO ha operado en el departamento de Petén desde 1985; la zona en donde está dicha compañía fue declarada “zona protegida” por la legislación ambiental aprobada en la década de los años noventa.
Ante el vencimiento de su contrato de operaciones petroleras veinticinco años después, el Estado de Guatemala llevó a cabo una reforma legal que permitió la prórroga por quince años más de todo contrato petrolero; dicha reforma debería entenderse para todos aquellos futuros contratos petroleros o sea que a partir de dicha reforma, todos los contratos que se aprobasen en el futuro, podrían prorrogarse por 15 años más.
Sin embargo, mediante la aplicación retroactiva de la ley y de otras ilegalidades como la violación al debido proceso y a otras garantías, se aprobó la prórroga del contrato mencionado.
La CIJ presentó la acción de inconstitucionalidad referida con anterioridad, que fue rechazada in limine, o sea que la Corte de Constitucionalidad ni siquiera entró a conocer el fondo del asunto.
Por otro lado, mientras que a la compañía PERENCO se le prorrogaba el contrato 2-85 aún en contra de disposiciones constitucionales, a las comunidades se les venía calificando permanentemente como “población invasora” de la zona protegida.
Tanto las comunidades como la compañía PERENCO, se encuentran dentro de la zona protegida por el Estado, zona que se considera debe ser protegida por existir una de las reservas de humedales más importantes de Latinoamérica. Según dirigentes de diferentes comunidades, la compañía petrolera está perforando pozos en la zona central del área protegida causando daños irreparables al medio ambiente.
Los techos de lámina de sus viviendas también han sido afectados por los gases que emanan de dicha actividad, daño que se extiende a la salud de los pobladores.
En general, la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad es de suma vulnerabilidad.
La CIJ ha constatado que entre las causas principales de esta vulnerabilidad se cuentan la negación por parte del Estado de toda posibilidad de acceso a la justicia, la extrema pobreza en que viven, la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, la política de desalojos que el Estado ha venido implementando desde el segundo semestre de 2010, la presencia del narcotráfico en sus zonas o regiones, la política de remilitarización y las consecuencias de la exploración y explotación petrolera que afectan su salud y otros derechos.
A esto debe sumarse la falta de respeto al derecho a la consulta. A estas comunidades se les niegan sus derechos con el argumento que son “invasoras” y que están ilegalmente en una zona protegida, mientras que a la compañía PERENCO se le prorroga el contrato petrolero.
El presente informe sistematiza las consideraciones principales relativas al respeto de los derechos humanos en los municipios mencionados, así como aquellas relativas al derecho de acceso a la justicia.
Guatemala-Informe Acceso a la Justicia-Caso SA y LT Peten-publications-2012-spa (full text in pdf)
Oct 15, 2012 | Incidencia
Hoy, 58 países conservan la pena de muerte. Entre estos países se encuentra Guatemala.
Dentro de su acción en defensa y promoción de los derechos humanos, la CIJ aboga por la abolición de la pena de muerte en el mundo y apoya los esfuerzos para alcanzar este objetivo.
Desde la óptica de los derechos humanos, la pena de muerte constituye una pena inhumana y degradante por su carácter irreversible e irreparable y por atentar contrael bien jurídico fundamental del derecho a la vida.
Existe actualmente una tendencia generalizada a la abolición de la pena capital; según Amnistía Internacional más de dos tercios de los países la han erradicado de sus sistemas de administración de justicia.
Sin embargo, Guatemala conserva aún la pena de muerte. El país atraviesa por un período de moratoria de hecho en la ejecución de la pena de muerte de 14 personas debido a la ausencia de regulación normativa del indulto.
Es necesario mencionar como avance en la materia, la conmutación de 12 penas de muerte por la pena de prisión máxima dentro del período 2006-2010, lo cual significa un primer paso en el camino hacia la erradicación de esta sanción dentro de la legislación interna.
El presente documento tiene por objeto sistematizar los estándares internacionales establecidos en la aplicación de la pena de muerte en aquellos países que aún la conservan, con énfasis en Guatemala.
Para ello, se utiliza el marco normativo internacional, específicamente instrumentos y jurisprudencia del sistema universal de protección de derechos humanos, del sistema europeo y del sistema interamericano.
El enfoque tiene dos aspectos principales: la pena de muerte como una violación del derecho a la vida; y las normas internacionales que deben respetarse al momento de emitir una condena de este tipo y al ejecutarla.
Guatemala-Estandares internacionales relativos a la aplicacion de la pena de muerte-publications-2012-spa (full text in pdf)
Sep 7, 2012 | Comunicados de prensa, Noticias
Comunicado de prensa sobre la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad.
Los días 3 al 6 de septiembre de 2012, la CIJ llevó a cabo entrevistascon el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal General, abogados litigantes, fiscales, jueces, con la Asociación de Jueces y Magistrados del Organismo Judicial (AJMOJ), Colegio de Abogados y con diferentes organizaciones de la Sociedad Civil, con el objeto de recabar información acerca de la estrategia de desprestigio que sufren jueces y fiscales que luchan contra la impunidad en Guatemala y de las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo para investigar y castigar los crímenes cometidos durante el conflicto armador o.
Guatemala-pronunciamento CIJ-press release-2012-spa (full text in pdf)
