Aug 13, 2007 | Incidencia
La CIJ presentó ante la Corte de Constitucionalidad su análisis del “secreto de Estado” bajo el derecho internacional de los derechos humanos, con especial atención en la obligación de erradicar la impunidad por crímenes internacionales.
El documento se presentó en el marco del proceso por genocidio que se está siguiendo contra el antiguo Presidente de facto Efraín Ríos Montt por genocidio.
Conclusiones:
En orden a las anteriores consideraciones, la Comisión Internacional de Juristas
formula las siguientes conclusiones:
- Como crimen internacional iuris gentium, el genocidio conlleva para los Estados la obligación absoluta de llevar a cabo investigaciones exhaustivas tendientes a esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevar a éstos ante los tribunales de justicia para que sean juzgados y castigados. Tal obligación, impuesta por el derecho internacional consuetudinario, no admite que se oponga una disposición de derecho interno de los Estados, como por ejemplo las amnistías, la prescripción u otras tendientes a evitar que se investiguen los hechos y se juzgue a los responsables.
- El derecho internacional reconoce el derecho de los individuos a recibir información, en especial aquella relativa a actos de la administración pública. Si bien el derecho al acceso a la información no es absoluto, toda restricción que se le imponga debe estar claramente fijado por la ley y responder a una situación excepcional; esto es, la restricción debe estar destinada a proteger un objetivo legítimo y ser necesaria para una sociedad democrática. Por lo demás, la carga de la prueba en casos de negación recae sobre al Estado, y debe estar sometida a revisión judicial independiente.
- Los Estados tienen el deber de combatir la impunidad y, en consecuencia, te remover todos los obstáculos que puedan impedir o demorar injustificadamente la investigación y sanción efectiva de los responsables por graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, como el genocidio.
- No puede invocarse el “secreto de Estado“ para negar información relativa a graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, a fortiori cuando tal información es requerida por una autoridad judicial o fiscal. La ausencia de regulación legal específica relativa al acceso a la información en poder del Estado no puede invocarse ni exonera al Estado de su obligación de investigar y juzgar los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional.
- En el cumplimiento de su obligación de investigar y sancionar a los responsables de genocidio, los Estados no pueden oponer el “secreto de Estado“ como justificación para evitar que avancen los procesos judiciales contra los presuntos responsables de dicho delito internacional. De hacerlo, un Estado vería comprometida su responsabilidad internacional.
Guatemala-state secrets genocide-legal submission-2007.spa (full text in Spanish, PDF)
Jul 16, 2007 | Incidencia
La CIJ presentó un amicus curiae ante el Tribunal Constitucional en el proceso de inconstitucionalidad en trámite ante dicha corte sobre la ley que creó la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
En su escrito, la CIJ analiza uno de los supuestos de infracción previstos para las organizaciones no gubernamentales: aquel relativo a la orientación de los recursos de la cooperación internacional hacia actividades que afecten el orden público o perjudiquen la propiedad pública o privada. La CIJ analiza la compatibilidad de dicho artículo con el derecho internacional de los derechos humanos, en particular el derecho de libre asociación.
Peru-amicus curiae international cooperation-legal submission-2007-spa (full text in Spanish, PDF)
May 22, 2007 | Incidencia
La CIJ expresó su satisfacción ante la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que determinó que el Acuerdo para establecer una Comisión Internacional contra la Impunidad es compatible con la Constitución. La CIJ había participado en dicho prodecimiento mediante la presentación de un amicus curiae relativo a la obligación internacional de combatir la impunidad.
El Acuerdo que establece una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha recibido un importante impulso para ser aprobado por el Congreso, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) tras conocerse la resolución favorable de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala que determinó que el mencionado Acuerdo es compatible con la Carta Magna. El establecimiento de la CICIG, ya retrasado una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la misma Corte con respecto a su predecesora, la CICIACS, representa una oportunidad histórica para combatir a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad y así cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“Esta sentencia constituye un importante paso jurídico para combatir la existencia de estructuras como las que investigará la CICIG, que representan un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y la consolidación del estado de derecho en Guatemala”, dijo la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de la cooperación internacional”.
Según el Acuerdo suscrito entre Naciones Unidas y el Estado de Guatemala, la CICIG recabará información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. La CICIG se constituirá en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con presencia internacional, la CICIG tendrá libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad.
“La sentencia de la Corte de Constitucionalidad deja el camino allanado para que el Congreso cumpla con su deber de adoptar las medidas que correspondan para luchar contra la impunidad”, manifestó la CIJ. “El Congreso de Guatemala cuenta con una importante oportunidad de dar un paso concreto en la investigación y desmantelamiento de estos grupos paralelos, por lo que esperamos que todas las bancadas parlamentarias actúen con la responsabilidad debida”.
Paralelamente al establecimiento de la CICIG, la CIJ insta al Gobierno de Guatemala a fortalecer al Ministerio Público y al Organismo Judicial con el fin de que se juzgue y castigue a los responsables de los numerosos crímenes cometidos por los grupos investigados de acuerdo con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.
La CIJ presentó un amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad en el que se analizó el Acuerdo a la luz de las obligaciones de Guatemala en virtud del derecho internacional, en particular la obligación de combatir la impunidad. Dicho documento se encuentra disponible en el sitio web de la CIJ.
Guatemala-amicus curiae impunity commission-legal submission-2007 (full text of amicus curiae brief, PDF)
véase también Guatemala-impunity commission-press release-2007 (full text of press release, PDF)
Mar 9, 2007 | Incidencia
El pasado 2 de marzo la CIJ presentó un amicus curiae en el marco del trámite de la causa por desapariciones forzadas contra Felipe Cusanero Coj ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
En el documento, la CIJ analiza el tratamiento que ha tenido la desaparición forzada de personas en el derecho internacional, en particular: su condición de delito bajo el derecho internacional, su carácter pluriofensivo, la pluralidad de sujetos pasivos y víctimas que afecta, sus elementos constitutivos, su carácter de delito permanente y las condiciones bajo las cuales puede configurar un delito de lesa humanidad, el deber de juzgar y sancionar los autores y participes del crimen de desaparición forzada y la incompatibilidad de las medidas de amnistía con esa obligación.
Guatemala-amicus curiae disappearance-legal submission-2007 (full text, PDF)
Jan 26, 2007 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ instó hoy a la Asamblea Nacional a realizar los nombramientos para las tres vacantes en la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público exclusivamente con base en la idoneidad de los candidatos y dejando de lado toda afiliación política.
En una carta dirigida al Presidente de la Asamblea Nacional y a los Jefes de Bancada de las distintas fuerzas políticas, la CIJ recordó a los parlamentarios la necesidad de cumplir con los estándares internacionales relativos a la administración de justicia.
“La Corte Suprema y el Ministerio Público juegan un rol fundamental en la administración de justicia nicaragüense como protectores del estado de derecho y los derechos humanos”, manifestó la CIJ. “Por ello, instamos a los parlamentarios a aprovechar la oportunidad para fortalecer su independencia mediante el nombramiento de las personas más idóneas para los cargos con base en sus capacidades, experiencia jurídica y méritos profesionales, dejando de lado toda consideración política o afiliación partidista”.
Por otra parte, la CIJ hizo un llamado a la Asamblea Nacional a cumplir con el precepto constitucional que dispone que las listas de candidatos deberán elaborarse “en consulta con las asociaciones civiles pertinentes”. De acuerdo con información recabada por la CIJ durante su visita a Nicaragua en octubre, tales consultas no se realizan de manera apropiada, lo que constituye la pérdida de una invalorable oportunidad para mejorar la administración de justicia.
“La participación de la sociedad civil es fundamental en los procesos de nombramiento de magistrados y autoridades de la fiscalía”, dijo la CIJ. “Las organizaciones que trabajan día a día en temas de justicia constituyen un importante vínculo entre los usuarios y la administración”.
Las conclusiones de la visita de la CIJ a Nicaragua el pasado mes de octubre están disponibles en el sitio web de la CIJ.
Nicaragua-nombramiento-2007
