Jun 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su satisfacción por el fallo de la Corte Suprema de Justicia argentina que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía que protegieron a violadores de derechos humanos.
La sentencia reafirmó que las leyes que garantizan la impunidad de los responsables por flagrantes violaciones de los derechos humanos tales como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, como así también crímenes de lesa humanidad, son contrarias al derecho internacional de los derechos humanos y principios de justicia.
“Este esperado fallo es un triunfo para la incansable lucha de víctimas, familiares, defensores de derechos humanos y la sociedad argentina”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ para asuntos jurídicos.
“El Fallo muestra que los derechos humanos y el estado de derecho pueden derrotar a la impunidad”.
La sentencia, que contó con una mayoría de 7 a 1, declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final (1986) y obediencia debida (1987).
La primera de estas leyes estableció un plazo de 60 días para instruir procesos por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983.
La segunda de las leyes otorgó inmunidad a todos los miembros de las fuerzas armadas con la excepción de los comandantes superiores.
Ambas leyes efectivamente impidieron el enjuiciamiento de los responsables por las numerosas violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar durante la “guerra sucia” en Argentina.
Se excluyeron de las leyes los delitos de violación y apropiaciones de bebés nacidos de madres desaparecidas.
“Este histórico fallo reafirma de manera inequívoca que todas las leyes o decisiones que buscan restringir o negar la responsabilidad por violaciones de derechos humanos son inadmisibles”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán. “La obligación de enjuiciar a los responsables persiste, por lo que llamamos a las autoridades argentinas a cumplirla”.
La Corte Suprema dictó sentencia en un caso presentado en 2000 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización no-gubernamental argentina afiliada a la CIJ.
Tras las sentencias favorables de un juez federal y de la Cámara Federal de Apelaciones, la causa llegó a la Corte Suprema.
La CIJ y Amnistía Internacional presentaron un memorial en derecho a la Corte detallando la incompatibilidad de las leyes de amnistía con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos e hicieron un llamado al Gobierno a que investigue y juzgue a los responsables de violaciones de los derechos humanos.
Argentina-ruling impunity laws-press release-2005-spa (en PDF)
May 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a las recientes amenazas de muerte contra la abogada Soraya Gutiérrez Arguello, Presidenta de Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
El pasado 13 de mayo, al llegar a su domicilio, Soraya Gutiérrez Arguello recibió un paquete que contenía una muñeca descabezada y descuartizada.
Partes del cuerpo de la muñeca estaban quemadas y pintadas de rojo. Junto con la muñeca encontró una nota escrita a mano que decía: “Usted tiene una familia muy linda cuídela no la sacrifique”.
Ese mismo día apareció en el periódico El Tiempo un aviso de puestos vacantes – no solicitado por el Colectivo – que, según sus integrantes, constituye una amenaza implícita porque sugiere que en poco tiempo algunos de ellos tendrán que ser reemplazados.
Estas amenazas se suman al persistente hostigamiento de que son objeto los defensores de derechos humanos en Colombia por la labor que desempeñan: amenazas contra su integridad física y la de sus familiares, allanamientos de las sedes de sus organizaciones, seguimientos en las calles.
Desde la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia del país en 2002, prevalece un clima de hostilidad hacia la labor de defensa de los derechos humanos.
Particularmente preocupantes son las declaraciones públicas, por parte de las más altas autoridades del Estado, que acusan a las organizaciones de derechos humanos de ser “auxiliadores de la guerrilla”.
Estos pronunciamientos no sólo desprestigian la actividad legítima de estas organizaciones sino que exponen a sus integrantes a mayores ataques.
La CIJ insta a las autoridades colombianas a que garanticen la integridad física de Soraya Gutiérrez Arguello y a que se realice una investigación exhaustiva e imparcial sobre estas amenazas con el fin de juzgar y sancionar a los presuntos responsables.
Asimismo, la CIJ hace un llamamiento a que se tomen las medidas necesarias para que cese la estigmatización y el hostigamiento constante de los defensores de derechos humanos y se les permita ejercer libremente su labor sin miedo a represalias.
May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Apr 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
Apr 22, 2005 | Artículos, Noticias
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
En la sesión de este año, finalizada el 22 de abril, no solamente pidió al Gobierno “asegurar” que las recomendaciones de la Alta Comisionada sean implementadas “rápidamente” sino que le puso como límite de tiempo el primer semestre de 2005 para adoptar un cronograma de implementación.
Respondiendo a los intentos del Gobierno de debilitar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión manifestó su “fuerte apoyo” al trabajo de dicha Oficina, haciendo expresa su labor fundamental de monitoreo de la situación de derechos humanos, función que parece ser la más incómoda para el Ejecutivo. En contra de las pretensiones gubernamentales por negar el conflicto armado, la Comisión de Naciones Unidas se refirió claramente al “conflicto armado interno” y a la necesidad correspondiente de aplicar el derecho internacional humanitario y respetar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En medio del debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para la negociación con grupos paramilitares, la Comisión urgió al Congreso y al Gobierno a establecer un marco jurídico que “reconozca plenamente y garantice los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones”. Precisó que dicho marco jurídico debe “reconocer el principio de que todas las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos y abusos no pueden ser favorecidas con impunidad”. Consternada por el creciente control paramilitar, denunciado por la Alta Comisionada en su informe, la Comisión expresó su seria preocupación por casos de apoyo, colusión, y complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares, y llamó al gobierno a hacer uso de su poder discrecional de suspender a funcionarios vinculados con estos grupos. Finalmente “condenó fuertemente” las violaciones al cese de hostilidades cometidas por grupos paramilitares.
La Comisión expresó su “grave preocupación” por la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se mostró “alarmada por las violaciones registradas al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, debido proceso, privacidad e intimidad (…), libertad de movimiento, residencia, opinión y expresión”. Además, la Comisión manifestó su “más alta preocupación por las ejecuciones extrajudiciales reportadas que fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad y a otros servidores públicos así como por detenciones masivas y allanamientos ilegales”. Inclusive, la Comisión manifestó su preocupación por el incremento de detenciones arbitrarias y por la estigmatización que estas conllevan. Expresó asimismo su preocupación grave por el “uso generalizado de la tortura y la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas”.
Además de llamar al Gobierno a tomar medidas urgentes frente a comunidades indígenas en riesgo de extinción, condenó especialmente la violencia contra ellas y contra comunidades afrocolombianas, así como contra mujeres y niñas y “el clima de impunidad en que estas violaciones ocurren”.
La Comisión hizo un llamado específico a que cualquier medida que se tome en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumpla con las obligaciones que tiene Colombia según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En relación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, llamó al Gobierno a “asegurar” que no se siguieran realizando declaraciones en contra de ellas que “puedan poner en riesgo sus vidas, integridad y seguridad”.
Condenó específicamente la masacre cometida contra ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo 4 niños, y llamó al Gobierno “a asegurar una investigación plena” y a que “los perpetradores sean sometidos a la justicia”.
La Comisión rechazó el reclutamiento de niños; de manera firme condenó el secuestro, el uso de minas antipersonales y llamó a todos los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos se sintonizó con el informe de la Alta Comisionada Louise Arbour -quien visitará a Colombia en mayo- y llamó fuertemente la atención del Gobierno colombiano para que tome medidas concretas en plazos determinados, dando así un paso más en la acción que ejerce para que cumpla los compromisos y obligaciones internacionales.
Al Gobierno le queda una ardua tarea para demostrar, en poco tiempo, resultados en materias en las que en dos años ha tenido un pobre desempeño. La comunidad internacional está cada vez más atenta a verificar si estos compromisos son honrados con seriedad por el Gobierno colombiano.
Colombia-United Nations demands-press release-2005 (text, PDF)
