May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Apr 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ intervino ante el Presidente de Colombia expresando su preocupación por las amenazas de muerte de que han sido objeto nuevamente Danilo Rueda y los miembros del Comité Intereclesial Justicia y Paz.
Colombia-death threats defenders-2005 (en español, PDF)
Apr 22, 2005 | Artículos, Noticias
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llama al Gobierno a cumplir sus obligaciones internacionales, a la vez que refuerza y respalda las acciones de la ONU en Colombia.
En la sesión de este año, finalizada el 22 de abril, no solamente pidió al Gobierno “asegurar” que las recomendaciones de la Alta Comisionada sean implementadas “rápidamente” sino que le puso como límite de tiempo el primer semestre de 2005 para adoptar un cronograma de implementación.
Respondiendo a los intentos del Gobierno de debilitar el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU, la Comisión manifestó su “fuerte apoyo” al trabajo de dicha Oficina, haciendo expresa su labor fundamental de monitoreo de la situación de derechos humanos, función que parece ser la más incómoda para el Ejecutivo. En contra de las pretensiones gubernamentales por negar el conflicto armado, la Comisión de Naciones Unidas se refirió claramente al “conflicto armado interno” y a la necesidad correspondiente de aplicar el derecho internacional humanitario y respetar el principio de distinción entre combatientes y población civil.
En medio del debate del proyecto de ley propuesto por el Gobierno para la negociación con grupos paramilitares, la Comisión urgió al Congreso y al Gobierno a establecer un marco jurídico que “reconozca plenamente y garantice los derechos a la verdad, la justicia y las reparaciones”. Precisó que dicho marco jurídico debe “reconocer el principio de que todas las personas acusadas de cometer violaciones de derechos humanos y abusos no pueden ser favorecidas con impunidad”. Consternada por el creciente control paramilitar, denunciado por la Alta Comisionada en su informe, la Comisión expresó su seria preocupación por casos de apoyo, colusión, y complicidad de agentes estatales con grupos paramilitares, y llamó al gobierno a hacer uso de su poder discrecional de suspender a funcionarios vinculados con estos grupos. Finalmente “condenó fuertemente” las violaciones al cese de hostilidades cometidas por grupos paramilitares.
La Comisión expresó su “grave preocupación” por la situación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y se mostró “alarmada por las violaciones registradas al derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad, debido proceso, privacidad e intimidad (…), libertad de movimiento, residencia, opinión y expresión”. Además, la Comisión manifestó su “más alta preocupación por las ejecuciones extrajudiciales reportadas que fueron atribuidas a las fuerzas de seguridad y a otros servidores públicos así como por detenciones masivas y allanamientos ilegales”. Inclusive, la Comisión manifestó su preocupación por el incremento de detenciones arbitrarias y por la estigmatización que estas conllevan. Expresó asimismo su preocupación grave por el “uso generalizado de la tortura y la persistencia de la práctica de la desaparición forzada de personas”.
Además de llamar al Gobierno a tomar medidas urgentes frente a comunidades indígenas en riesgo de extinción, condenó especialmente la violencia contra ellas y contra comunidades afrocolombianas, así como contra mujeres y niñas y “el clima de impunidad en que estas violaciones ocurren”.
La Comisión hizo un llamado específico a que cualquier medida que se tome en desarrollo de la Política de Seguridad Democrática cumpla con las obligaciones que tiene Colombia según el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En relación con las organizaciones defensoras de derechos humanos, llamó al Gobierno a “asegurar” que no se siguieran realizando declaraciones en contra de ellas que “puedan poner en riesgo sus vidas, integridad y seguridad”.
Condenó específicamente la masacre cometida contra ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, incluyendo 4 niños, y llamó al Gobierno “a asegurar una investigación plena” y a que “los perpetradores sean sometidos a la justicia”.
La Comisión rechazó el reclutamiento de niños; de manera firme condenó el secuestro, el uso de minas antipersonales y llamó a todos los grupos armados a respetar el derecho internacional humanitario.
De esta manera, la Comisión de Derechos Humanos se sintonizó con el informe de la Alta Comisionada Louise Arbour -quien visitará a Colombia en mayo- y llamó fuertemente la atención del Gobierno colombiano para que tome medidas concretas en plazos determinados, dando así un paso más en la acción que ejerce para que cumpla los compromisos y obligaciones internacionales.
Al Gobierno le queda una ardua tarea para demostrar, en poco tiempo, resultados en materias en las que en dos años ha tenido un pobre desempeño. La comunidad internacional está cada vez más atenta a verificar si estos compromisos son honrados con seriedad por el Gobierno colombiano.
Colombia-United Nations demands-press release-2005 (text, PDF)
Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y otros grupos de derechos humanos llaman a la Corte Suprema de Chile a rever su decisión de terminar el mandato de los jueces especiales encargados de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.
La Corte Suprema de Chile debería reconsiderar su decisión de terminar el mandato de los jueces con dedicación exclusiva o preferencial para investigar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del General Augusto Pinochet, dijo un grupo de organizaciones internacionales de derechos humanos en un llamamiento urgente emitido en apoyo a sus homólogos chilenos.
Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la CIJ señalaron que la suspensión del mandato de los jueces especiales, prevista para el 25 de julio de 2005, sería el peor revés para la justicia y el rendimiento de cuentas por violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado desde que Chile recuperó la democracia en 1990.
Desde el año 2001 la Corte Suprema ha asignado a Ministros de Fuero de las Cortes de Apelaciones y jueces de primera instancia la tarea exclusiva o preferencial de investigar casos de derechos humanos, de los cuales más de 350 siguen abiertos.
“En los últimos cuatro años, estos jueces especiales han hecho más avances en estos casos que toda la judicatura en el cuarto de siglo anterior”, señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. “Sería una tragedia que estos avances se vieran frenados ahora, cuando ha reaparecido un destello de esperanza para miles de familiares de las víctimas de Pinochet”, agregó.
El llamamiento se hizo en una conferencia de prensa en Santiago en que participaron la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la sección chilena de Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
El 25 de enero de 2005, la Corte Suprema ordenó a todos los jueces que estaban investigando violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar que terminaran sus investigaciones en un plazo de seis meses. A menos que se iniciaran los juicios en dicho plazo, o las partes lograran apelar para que los casos siguieran abiertos y posibilitar la realización de las diligencias que faltan, todas las investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura terminarán el 25 de julio de 2005. Es más, la Corte Suprema anunció que llegaría a su fin al mismo tiempo del mandato de los jueces especiales asignados a estos casos.
“Independientemente de las razones dadas para fundamentar esta decisión, es una fuerte desautorización a los jueces cuyo trabajo durante los últimos años ha contribuido considerablemente a restaurar la confianza en el Estado de derecho”, señaló Federico Andreu, Secretario General Adjunto para Asuntos Jurídicos de la Comisión Internacional de Juristas.
Los ministros de dedicación exclusiva o preferente están dedicados ahora casi exclusivamente a casos de derechos humanos y sólo tienen que asistir a sesiones judiciales ordinarias dos veces a la semana. El 25 de julio próximo ya no tendrán acceso a expertos especialmente contratados, asistencia secretarial, apoyo informático, gastos de viaje y la asistencia de actuarios dedicados actualmente a ayudarles en casos de derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desparecidos solicita la designación de más jueces de dedicación exclusiva y preferente, con mayores recursos humanos, técnicos y económicos y mayor apoyo al Departamento Quinto de la Policía de Investigaciones.
Los abogados que representan a los familiares de las víctimas consideran que estos recursos especiales y las habilidades del Departamento Quinto-una unidad de la policía de investigación criminal que se ha especializado en casos de derechos humanos- han sido decisivos en los recientes avances judiciales en casos de derechos humanos.
“La manera más fácil de abordar este problema sería que la Corte Suprema reconsiderara su decisión de poner fin al mandato de los jueces especiales y garantizara que las investigaciones y los juicios de derechos humanos cuenten con recursos adecuados”, señaló Susan Lee, Directora para la Américas de Amnistía Internacional.
El próximo lunes, la Corte de Apelaciones de Santiago se reunirá para considerar la petición formal que hicieran ocho ministros de la Corte el 11 de marzo, solicitándole que instara ante la Corte Suprema a que les permitiera conservar la carga de trabajo y los recursos actuales. Los jueces subrayaron que sería imposible continuar avanzando los casos de otro modo.
“Si nuestro llamamiento a la judicatura no tiene éxito, instaremos al Congreso a que apoye una propuesta legislativa para continuar la labor de los jueces especiales”, señaló Lorena Pizarro, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. “Sugeriremos maneras de cumplir con nuestras demandas mediante la modificación de propuestas legislativas que ya se están debatiendo en el Congreso”, agregó.
Cientos de casos que están siendo investigados se verán afectados. Incluyen las diligencias del Ministro Alejandro Solís sobre las “desapariciones” y la tortura en la Villa Grimaldi, un centro clandestino de detención de Santiago empleado por la policía secreta de Pinochet en los setenta. Todavía se desconoce el paradero de más de un centenar de víctimas. También podría interrumpirse la investigación dirigida por el Ministro Solís sobre el atentado con carro bomba en 1974, en Buenos Aires, contra el General Carlos Prats, predecesor de Pinochet al mando de las fuerzas armadas.
Otro juez, el Ministro Jorge Zepeda, está investigando las “desapariciones” y la tortura en la Colonia Dignidad, un fundo perteneciente a una secta alemana en el sur de Chile que se utilizó como base de la policía secreta después del golpe militar de 1973. Tras la captura del líder de la secta, Paul Schaefer, en marzo en Buenos Aires, los investigadores descubrieron los motores de dos automóviles Renault enterrados en la propiedad, que, según se cree, pertenecían a víctimas secuestradas por las fuerzas de seguridad de Pinochet. Se sabe que otras docenas de víctimas estuvieron detenidas en la colonia en los setenta y los ochenta, pero se desconoce su paradero.
Las investigaciones judiciales sobre la muerte del ex-Presidente Eduardo Frei Montalva mientras estaba hospitalizado en una clínica de Santiago en 1982 han reforzado las sospechas de que muriera a causa de una toxina administrada por agentes de la dictadura. Puede que nunca se sepa lo que pasó realmente con Frei a no ser que el juez instructor, el Ministro Alejandro Madrid, tenga tiempo y recursos para continuar con su investigación.
Para obtener más información, puede ponerse en contacto con:
Federico Andreu (ICJ): + 41-22-979-3819
Celular: + 41-76-562-3820
Chile-humanrightsviolations-news-2005-spa (en PDF)
Feb 11, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
ECOPETROL presentó una petición de nulidad del laudo arbitral que ordenó el reintegro de 106 de los 248 trabajadores que fueron despedidos arbitrariamente durante la huelga realizada en 2004.
Tambien ECOPETROL inició procesos disciplinarios contra los trabajadores con el fin de despedirlos.
El fallo del tribunal de arbitramento voluntario, pactado el 26 de mayo de 2004 para poner fin a la huelga que realizó el sindicato Unión Sindical Obrera (USO), se acordó que sería inapelable. Por su parte, la USO a pesar de que el fallo no accedió a todas sus pretensiones, decidió respetar y acatar la decisión allí contenida.
Las acciones de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), son un abierto desacato a los acuerdos del 26 de mayo, desconocen la legalidad y no hacen honor al compromiso de cumplir el fallo unánime del tribunal de arbitramento voluntario, integrado por 2 árbitros nombrados por la empresa, dos por la USO y uno escogido de común acuerdo por la Iglesia Católica y la Cámara de Comercio de Bogotá. Persistir en esta actitud, subvierte el ordenamiento jurídico y pone a la empresa en abierta contradicción con el gobierno central, que acompañó y avaló el acuerdo que hoy se pretende desconocer. El Gobierno debe hacer que la empresa estatal cumpla su compromiso y, así como estuvo presto a declarar la ilegalidad de la huelga, ahora debe ordenarle a ECOPETROL que acate el fallo y no obstaculice su cumplimiento con argumentos torticeros.
Conviene recordar que la decisión sobre la legalidad de la huelga quedó en manos de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), tal y como se pactó en los acuerdos del 26 de mayo.{{1}} El Comité de Libertad Sindical conoce del caso desde junio de 2004 y en los próximos meses adoptará sus recomendaciones que, una vez aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT, serán de obligatorio cumplimiento para el Gobierno de Colombia.{{2}}
Confiamos en que la OIT dará la razón a la Unión Sindical Obrera y, a través de ella, al conjunto del movimiento sindical colombiano, afianzando el exitoso movimiento que ha venido liderando la USO en defensa de ECOPETROL y de las libertades sindicales.
Más información:
Carlos Rodríguez Mejía
Cel: 300 210 1545
Tel. 376 8200 Bogotá
Colombia-ecopetrol-news-2005-spa (en PDF)
Colombia-ecopetrol-annex-news-2005-spa (en PDF)
Footnotes:
[[1]] “con el propósito de garantizar el armonioso desarrollo y la permanencia óptima de manera inmediata de las relaciones Empresa-Sindicato, las partes sólo podrán iniciar las acciones legales que consideren contra la declaratoria de ilegalidad de la huelga o del laudo arbitral”. Acta de acuerdo Gobierno nacional-Ecopetrol-Uso.
[[2]] Corte Constitucional, Sentencia T. 568 de 1999.
