El Salvador: authorities urged to respect and protect the independence of the judiciary

El Salvador: authorities urged to respect and protect the independence of the judiciary

During a one-week mission that concluded on 4 October, the ICJ received information on the tense situation faced by the Supreme Court’s Constitutional Chamber, whose independence has been subjected to political influence for more than a year.

The ICJ is concerned about a complaint filed with the Legislative Assembly which requests a provisional judgment against four judges of the Constitutional Chamber for alleged prevarication, abuse of power and disobedience. This could result in their removal from the Court.

The ICJ wishes to reiterate that, in accordance with international standards, the judiciary must be protected from any restrictions, improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect, including from legislative or executive authorities.

The mission, led by a high-level ICJ delegation that included ICJ Commissioners Justice Philippe Texier and Professor Rodrigo Uprimny, focused on access to justice and legal remedies for victims of violations of economic, social and cultural rights.

It engaged in discussions with members of the legal profession, civil society and various authorities including the public prosecutor office (the Procuradoria General de la Republica and the Procuradoria para la Defensa de los Derechos Humanos), as well as with the Constitutional Chamber.

Dismissal of judges in Honduras: ICJ Statement

Dismissal of judges in Honduras: ICJ Statement

Following recent attacks against the independence of the judiciary in several Central American countries, the ICJ issued today a strong position statement (in Spanish).

La CIJ ante los últimos acontecimientos que afectan seriamente la independencia de los differentes poderes judiciales en países de la región centroamericana, expresa:

  • Durante el año 2012, la CIJ ha constatado que los diferentes gobiernos y autoridades de los países de Centroamérica han realizado actos que afectan seriamente la independencia judicial.  En Honduras, el miércoles 12 de diciembre, la Asamblea Legislativa procedió a destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sin tener facultades o atribuciones para un acto de esta naturaleza.  Esta destitución nos sitúa frente a un escenario similar al del Golpe de Estado de junio de 2009;
  • En El Salvador, se han dado hechos similares; durante todo el año 2012, la Asamblea Legislativa y otros grupos del poder político, han pretendido desarticular la Sala Constitucional de la Corte Suprema de dicho país, debido al contenido de sus sentencias;  en Costa Rica hace unas semanas, también la Asamblea Legislativa se negó a ratificar en su cargo a un magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, alegando que los fallos de dicha sala creaban una “situación de ingobernabilidad” y que ese acto era un “llamado de atención para el resto de los magistrados”, siendo la primera vez que el Organismo Legislativo se negó a ratificar en su cargo un nuevo mandato de un magistrado del alto Tribunal;
  • En Guatemala, tanto el Presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Fiscal General, vienen siendo objeto de ataques a su independencia por parte de abogados defensores de las personas acusadas, por la función positiva que han cumplido en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado;

La CIJ considera que todos estos hechos constituyen injerencias  y ataques a la independencia del Poder Judicial;  tratándose de magistrados de diferentes Cortes Supremas y de una Fiscal General, estos actos evidencian por sí mismos, la precariedad de la garantía de independencia judicial en dichos países. A esta situación, hay que agregar que varios de los países mencionados, carecen de sistemas de carrera judicial y de mecanismos de protección adecuados para garantizar a los funcionarios el ejercicio independiente de la función jurisdiccional; además, en ellos existen fenómenos de impunidad generalizados y de cuerpos ilegales, aparatos clandestinos de seguridad y crimen organizado.

Frente a estos hechos, la CIJ recomienda:

  • Que las autoridades estatales concernidas con los hechos arriba mencionados, se abstengan de interferir en el ámbito de la independencia de los poderes judiciales, ya que de lo contrario, estarían incumpliendo sus obligaciones internacionales sobre respeto a la independencia de poderes, establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
  • Que se tomen las medidas necesarias para asegurar la independencia de jueces, magistrados y fiscales como corresponde en un Estado de Derecho;
  • Que los estados relacionados establezcan mecanismos de protección para jueces, magistrados, fiscales y demás operadores de justicia, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de la función jurisdiccional independiente;
  • Que los estados concernidos impulsen procesos de creación o fortalecimiento de carreras judiciales de conformidad con los estándares internacionales;
  • Que se fortalezcan los poderes judiciales y otras entidades del sector justicia, a fin de lograr la efectiva protección de los derechos humanos incluida la lucha  contra la impunidad.

La CIJ continuará cumpliendo con su mandato de promover y garantizar la independencia de jueces, abogados y fiscales;  en ese sentido, le dará seguimiento a estas situaciones y continuará observando y proponiendo soluciones a esta problemática.

Para mayor información : 

Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, t + 502 30441818

 

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