Nov 9, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La aceptación por parte de la justicia guatemalteca de las órdenes de captura emitidas contra cuatro militares acusados de haber cometido graves violaciones de derechos humanos constituye un paso adelante en la lucha contra la impunidad.
Sin embargo, la CIJ expresa su preocupación porque, una vez más, se mantiene la impunidad del ex-General Efraín Ríos Montt, contra quien no se emitió una orden de captura con fines de extradición a pesar del pedido de la justicia española.
“La resolución de la justicia guatemalteca nos deja un sabor agridulce: por una lado, se ordenó la detención de seis personas acusadas de haber cometido graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado; por el otro, Ríos Montt logró, una vez más, escapar a la justicia”, dijo la CIJ. “Si bien celebramos la emisión de las órdenes y posteriores arrestos, no podemos dejar de lamentar profundamente que uno de los principales acusados continúa escapando de la justicia”.
Frente a la solicitud de captura con fines de extradición de ocho personas emitida por la Audiencia Nacional de España el 7 de julio pasado, el Tribunal Quinto de Sentencia ordenó la captura de seis acusados por los delitos de terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales cometidos durante el conflicto armado interno en el que estuvo sumida Guatemala. Se excluyó de la decisión del tribunal guatemalteco a Romeo Lucas García, quien falleció en mayo de este año, y a Efraín Ríos Montt, supuestamente porque los crímenes que se le imputan fueron cometidos contra guatemaltecos.
“Ante la falta de avances en la justicia guatemalteca de los casos por violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado, la solicitud de extradición de España presenta una excelente oportunidad para enjuiciar a los responsables por los graves crímenes cometidos” dijo la CIJ. “El argumento para rechazar el pedido de extradición de Ríos Montt es inconsistente con el derecho internacional y el principio de jurisdicción universal, que obliga a los Estados a extraditar a los acusados de cometer estos delitos independientemente de la nacionalidad de las víctimas, de los presuntos autores o del lugar en que se hayan cometido”.
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a dar curso a todas las extradiciones solicitadas de acuerdo con sus obligaciones internacionales. Asimismo, la CIJ llama a la justicia guatemalteca a cumplir con el derecho internacional mediante la emisión de una orden de captura contra Efraín Ríos Montt por los graves crímenes que se le imputan y a extraditarlo con el fin de que sea juzgado por un tribunal independiente e imparcial en España.
Guatemala-impunity-press release-2006 (text, PDF)
Sep 8, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
El establecimiento de una Comisión de Investigación de Cuerpos Ilegales de Seguridad y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos es tarea urgente e impostergable.
La instalación de la CICIACS, ya pospuesta una vez debido a las inconstitucionalidades halladas por la Corte de Constitucionalidad en 2004, representa una oportunidad histórica para combatir dichos grupos y cumplir con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz.
“La existencia de estructuras como las que investigará la CICIACS significa un serio obstáculo para el respeto por los derechos humanos y el estado de derecho en Guatemala”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la CIJ. “Frente a la absoluta impunidad con que operan estos grupos, es evidente que la acción de las autoridades guatemaltecas ha sido insuficiente para hacer frente a este grave flagelo; de allí la necesidad de ayuda internacional”.
La CICIACS deberá tener el mandato para recabar información sobre la existencia y accionar de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, formular denuncias penales contra sus miembros y constituirse en querellante adhesivo, lo que le permitirá, entre otras cosas, solicitar diligencias procesales y apelar decisiones del Ministerio Público ante el Organismo Judicial. Con amplia presencia internacional, la CICIACS deberá tener libertad de acceso a todos los lugares, establecimientos e instalaciones del Estado, tanto civiles como militares, observando sólo lo preceptuado por la Constitución de Guatemala. En tal sentido, es de esperarse que el artículo 30 de la Carta Magna, que regula el secreto de Estado y que en ocasiones ha sido utilizado para obstaculizar las investigaciones de violaciones de derechos humanos, sea interpretado acorde con la obligación internacional de combatir la impunidad y se garantice a la CICIACS todo el acceso necesario a información tendiente a esclarecer graves violaciones de derechos humanos.
“La CIJ valora el esfuerzo de las autoridades guatemaltecas en celebrar un nuevo Acuerdo sobre CICIACS que subsane las incompatibilidades encontradas por la Corte de Constitucionalidad, pero recuerda que ni la Constitución ni la legislación nacional pueden transformarse en obstáculos para la efectiva investigación de graves violaciones de derechos humanos”, agregó el Sr. Howen. “El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el acceso a la información relativa a graves violaciones de derechos humanos, que sólo puede denegarse en casos sumamente excepcionales prescritos por la ley y tras probar que la restricción es necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo; dichas denegaciones deben poder ser apeladas ante un tribunal independiente.”
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a impulsar el pronto establecimiento de la CICIACS como medida tendiente a combatir la impunidad y a dotar a la CICIACS de los poderes necesarios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos. La CIJ insta a las partes del Acuerdo a abstenerse de incluir provisiones que se transformen en obstáculos que impidan el efectivo accionar de la CICIACS y la adecuada investigación de los grupos ilegales de conformidad con las obligaciones internacionales de Guatemala en materia de derechos humanos.
Jul 4, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La resolución de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) es otra oportunidad perdida en la lucha contra la impunidad en Guatemala, manifestó hoy la Comisión Internacional de Juristas. La resolución se amparó provisionalmente a Efraín Ríos Montt, ex Presidente de facto de dicho país, para que no declare ante un juez y fiscal españoles por delitos cometidos contra ciudadanos españoles durante el conflicto armado interno en Guatemala.
“Siempre hemos sostenido que pesa sobre Guatemala la obligación de investigar y castigar a los autores de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, y que toda medida tendiente a mantener la impunidad de los responsables constituye una clara violación de las obligaciones internacionales del Estado”, dijo Nicholas Howen, Secretario general de la CIJ. Ante la impunidad en que se mantienen estos graves crímenes y la ausencia de procesos judiciales efectivos contra sus autores, los familiares de las víctimas recurrieron a tribunales extranjeros para que conocieran los casos. En tal contexto, se iniciaron en España procesos contra los presuntos responsables por el asesinato de cuatro sacerdotes españoles y por el asalto militar a la Embajada de España en Guatemala el 31 de enero de 1980 en el que murieron 37 personas.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la CC aceptó el recurso promovido por Ríos Montt e impidió que se le tomara declaración. La resolución del tribunal se basó en la supuesta falta de documentación enviada por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que había previamente designado a un juez guatemalteco para que auxiliara al juez y fiscal españoles. El amparo otorgado por la CC impidió que se tomara declaración a otros siete ex altos oficiales del Ejército.
“Guatemala tiene la obligación internacional de cooperar con los procesos judiciales iniciados por los tribunales españoles por estos graves crímenes. Al no hacerlo, Guatemala continúa incumpliendo flagrantemente su obligación de combatir la impunidad”, sostuvo Nicholas Howen. “Uno de los más tristemente célebres mecanismos de impunidad, el abuso del recurso de amparo, ha servido de justificación una vez más para que se impida la búsqueda de la verdad y la responsabilidad por horribles crímenes”.
La CIJ llama a las autoridades guatemaltecas a cumplir con su obligación internacional de combatir la impunidad mediante la investigación y enjuiciamiento independientes de todas las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en el que estuvo sumido el país y, en tal contexto, a brindar toda la cooperación necesaria para que los procesos abiertos ante tribunales extranjeros puedan seguir su curso normal.
Guatemala-impunity-press release2-2006 (text, PDF)
May 31, 2006 | Comunicados de prensa, Noticias
La iniciativa de ley que pretende reformar la justicia militar guatemalteca contiene importantes disposiciones contrarias al derecho internacional de los derechos humanos, manifestó hoy la CIJ en un memorando legal enviado a los congresistas guatemaltecos.
La aprobación de tal iniciativa supondría un serio retroceso en materia de derechos humanos y constituiría una violación de las obligaciones internacionales de Guatemala.
“Si bien la CIJ comparte la necesidad de reformar una justicia militar decimonónica, instamos al Congreso a que tal reforma se haga conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre una recta administración de justicia”, manifestó la CIJ. “Tras un minucioso análisis, la CIJ no duda en afirmar que la iniciativa de ley redundará en un aumento de la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado y por las que pudieran ocurrir en el futuro”.
La principal objeción de la CIJ a la iniciativa de ley es la creación de un fuero personal; esto es, la atribución de jurisdicción a los tribunales militares por todos los delitos cometidos por personal militar. La creación de tal fuero supondría un serio retroceso en materia de derechos humanos en Guatemala ya que sustraería de los tribunales ordinarios a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos y aumentaría significativamente la posibilidad de que tales crímenes queden en la impunidad.
“La iniciativa de ley desconoce la vasta jurisprudencia internacional sobre tribunales militares, que establece claramente que la jurisdicción de los tribunales militares debe circunscribirse sólo a delitos estrictamente militares, con total exclusión de las violaciones de derechos humanos”, agregó la CIJ “La aprobación de esta iniciativa implicaría un retroceso de varias décadas en lo que a lucha contra la impunidad se refiere”.
La CIJ instó a los congresistas guatemaltecos a introducir las siguientes reformas a la iniciativa de ley:
- Limitar la jurisdicción de los tribunales militares a miembros de las fuerzas armadas por delitos de naturaleza estrictamente militar y excluir expresamente del ámbito de competencia de tales tribunales los delitos comunes cometidos por personal militar.
- Excluir toda posibilidad de que un tribunal militar ejerza jurisdicción sobre un miembro de las fuerzas armadas por hechos que impliquen una violación de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Guatemala, los tratados de que es parte y en el ordenamiento jurídico internacional de los derechos humanos. Estos delitos son de competencia exclusiva de la jurisdicción penal ordinaria.
- Definir claramente los tipos penales que configuran un delito estrictamente militar, con estricto apego al principio de que sólo serán delitos militares aquellos en los que se afecten exclusivamente un bien jurídico militar.
- Retirar el Artículo 7 de la iniciativa de ley procesal penal, que supondría el traspaso de todos los casos no abiertos a juicio a los tribunales militares, por constituir un mecanismo de impunidad contrario a las obligaciones de Guatemala en materia de derechos humanos.
- Revisar el proyecto de ley de organización y funcionamiento de la jurisdicción militar, en particular los artículos 11, 14 y 15, que prescriben como requisito indispensable para formar parte de cualquier tribunal militar el ser un oficial en servicio activo puesto que tal requisito comprometería el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Guatemala-law military justice-press release-2006 (full text, Spanish)
Dec 14, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ hizo un llamamiento al Gobierno y Congreso de Guatemala a que tomen acciones concretas para transformar a la judicatura en un poder independiente que proteja activamente los derechos humanos y combata la impunidad.
“El actual Gobierno ha mostrado un compromiso más claro con los derechos humanos y ha incluido la reforma judicial en su agenda” dijo Nicholas Howen, Secretario General de la CIJ.
“Pero una década después de la firma de los Acuerdos de Paz, la independencia y fortaleza del poder judicial siguen siendo insuficientes y la impunidad por violaciones de derechos humanos continúa siendo la norma. La judicatura y la fiscalía son débiles y carecen del apoyo necesario para enfrentar este trágico legado” agregó.
En un informe publicado hoy, “La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer”, la CIJ analiza las debilidades estructurales del sistema de justicia guatemalteco y propone un paquete de 19 reformas para colocar al poder judicial y al Ministerio Público sobre nuevas y sólidas bases.
La CIJ identificó tres medidas que pueden y deben adoptarse inmediatamente:
Primero, el Gobierno debe investigar y llevar ante la justicia a los responsables por el considerable y preocupante aumento de ataques físicos contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Estos ataques socavan gravemente el estado de derecho.
Segundo, de ahora en más el Congreso debe nombrar a los magistrados sin tomar en consideración sus afiliaciones políticas u otros factores impropios para así terminar con los favores políticos y reforzar la imparcialidad de los tribunales.
Tercero, el Gobierno y el Congreso deben rechazar el proyecto de ley que propone crear un fuero militar personal y otorgar a los tribunales militares jurisdicción para todo crimen cometido por personal militar en activo o retiro. Dicho proyecto de ley es contrario al derecho internacional y perpetuaría la impunidad.
“Hay mucho por hacer, pero insto al Gobierno a traducir sus palabras en acciones concretas. Espero que el Congreso muestre la madurez necesaria para actuar inequívocamente a favor del estado de derecho y hacer de los Acuerdos de Paz no sólo una ley sino una realidad” dijo Nicholas Howen.
El informe de la CIJ señala las reformas estructurales necesarias para garantizar la independencia, imparcialidad y profesionalidad del poder judicial y para hacer más efectiva la labor del Ministerio Público. Las reformas estructurales incluyen la necesidad de cambiar los procedimientos de nombramiento, traslado y remoción de jueces y magistrados, el combate a la corrupción del sistema y poner fin a las intromisiones del ejecutivo, las fuerzas de seguridad e incluso grupos privados influyentes en el trabajo de jueces y fiscales.
El Gobierno debe también tomar acciones decididas contra grupos clandestinos y del crimen organizado que operan libre e impunemente. El Ministerio Público no está dispuesto o no puede realmente investigar y perseguir a estos grupos y al crimen en general.
La CIJ concluye que el recurso de amparo, pensado para proteger derechos, ha sido utilizado ocasionalmente en Guatemala como un medio para lograr la impunidad a través del retardo de procesos, especialmente aquellos en los que ventilan violaciones de derechos humanos. La CIJ es conciente de la importancia de este recurso y por ello urge al Congreso de Guatemala a aprobar las reformas a la Ley de Amparo tendientes a proteger este recurso de su utilización como mecanismo de impunidad.
El informe señala la persistencia en la falta de acceso a la justicia para la gran mayoría de la población y la ausencia de reconocimiento oficial del fuero indígena. Los esfuerzos de las autoridades en este campo han sido escasos.
Guatemala-action independent judiciary-press release-2005-spa (text in Spanish, PDF)
See also the report La justicia en Guatemala: un largo camino por recorrer (full text in Spanish, PDF)
