Aug 20, 2020 | Artículos, Noticias
A pesar de esfuerzos significativos para recuperar e identificar restos óseos en América Latina, todavía hay miles de casos donde los restos no han sido identificados y entregados a los familiares. Asimismo, se debe destacar el hecho de que los familiares todavía tienen problemas para entender y participar en el proceso forense.
Con el fin de contribuir a la solución de este problema, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó hoy una guía forense con información práctica y accesible sobre la investigación, recuperación y análisis de restos óseos.
La guía es particularmente útil para las personas que no tienen previos conocimientos forenses. Además, contribuirá para mejorar el entendimiento y la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas.
La guía fue escrita por Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF y para su elaboración se tuvo en cuenta los estándares internacionales en la materia, incluyendo el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016). La Comisión Internacional de Juristas (ICJ), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) contribuyeron con insumos para la elaboración de la guía.
La guía fue lanzada durante un webinar. Los panelistas del evento fueron Luis Fondebrider del EAAF; Claudia Rivera de la FAFG y Franco Mora del EPAF. Contó con la moderación de Carolina Villadiego de la CIJ.
En el lanzamiento, todos los expertos forenses enfatizaron en el rol central que los familiares de las personas desaparecidas deben tener en el proceso de investigación, recuperación y análisis de restos óseos. En particular, se resaltó que los familiares no solo tienen información clave para encontrar los restos, sino que también, son los que impulsan estos procesos.
Actualmente, la guía está disponible en español y en los próximos meses estará disponible en inglés.
Contexto:
La guía fue producida como parte de un proyecto regional para promover justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú, que es coordinado por la CIJ.
El objetivo principal del proyecto es mejorar la rendición de cuentas en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, a través del fortalecimiento de capacidades de jueces, fiscales, investigadores, víctimas, abogados, forenses, y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Además, se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Apr 3, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias
Miles de personas pertenecientes a los Pueblos Indígenas de Guatemala (Mayas, Garífunas y Xincas), corren el riesgo de ser víctimas de la pandemia COVID-19, si el Gobierno no les provee, de manera inmediata, la información necesaria y les asegura el acceso a un adecuado servicio de salud, sin discriminación, afirmó hoy la CIJ.
“Los Pueblos Indígenas de Guatemala, enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra; lamentablemente, en la actual crisis, los Pueblos Indígenas no tienen acceso a información clara y sencilla, para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia, por el Sistema de Salud”, afirmó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
“Las comunidades indígenas que más podrían sufrir los efectos de la pandemia, son aquellas que sufren el abandono absoluto del Estado de Guatemala y viven en extrema pobreza en la frontera con México en el norte y occidente del pais”, añadió.
La CIJ requirió a las autoridades del Gobierno de Guatemala, que garanticen que fluya información clara sobre medidas concretas de salud pública, en los idiosmas Mayas (Ixil, Quiché, Mam, Q´eqchí, Kakchiquel, Canjobal, Chuj y otros), así como en los idiomas Garífuna y Xinca.
Durante la pandemia, el Estado de Guatemala no ha tomado en cuenta las dificultades (financieras, geográficas, tecnológicas y barreras lingüisticas) que enfrentan los Pueblos Indígenas, en lo que respecta al acceso a la información. Por el otro lado, la CIJ ha observado que la información sobre las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia, ha sido comunicada en forma muy limitada.
Los Pueblos Indígenas han sido excluidos del Sistema Oficial de Salud, por la discriminación de que son objeto y por la falta de recursos gubernamentales que se invierten en el Sistema de Salud, luego de los procesos de privatización de los servicios sociales, que se han venido implementando a partir de la firma de los Acuerdos de Paz.
“La debilidad del Sistema de Salud Pública, la prevalencia del racismo existente desde siglos atrás y la marcada desigualdad que sufren los Pueblos Indígenas, agravan aún más el impacto potencial que el Corona virus y la pandemia podrán tener en los Pueblos Indígenas”, afirmo Cadena.
La CIJ insta al Estado de Guatemala a tomar las medidas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para preservar los derechos humanos de los Pueblos Indígenas durante la presente emergencia y específicamente, para preservar el derecho a la salud, a la alimentación y a la vivienda; asímismo, para garantizar una vida digna a los Pueblos Indígenas, libres de cualquier amenaza a sus derechos civiles y políticos.
“Todas las medidas que el Gobierno implemente para mitigar los efectos de la pandemia, deben ser estrictamente necesarias, legítimas, proporcionadas y temporales”, afirmó Cadena.
“Hay algunas garantías como el derecho a la Reparación y el Derecho de Acceso a la Justicia, que no pueden limitarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, ya que son vitales para que las y los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas, puedan defender sus derechos. Tomando en cuenta que la presente pandemia afecta el Sistema Legal en diferentes formas, el Gobierno de Guatemala tendrá que tomar medidas específicas para evitar la discriminación en contra de los Pueblos Indígenas y para garantizar el Derecho de Acceso a la Justicia, durante la pandemia”, finalizó Cadena.
Feb 13, 2020 | Artículos, Incidencia, Noticias
La CIJ pide al Presidente Giammattei que vete la ley que contiene las reformas al Decreto del Congreso de la República 4-2020 que regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
Desde el año 2019, el Congreso de la República viene tratando de implementar una agenda legislativa “regresiva”, que socava el respeto de los derechos humanos.
En este caso, se trata de una ley que afecta el derecho constitucional de Libertad de Asociación, así como otros derechos que la CIJ en Centro América ha desarrollado en la carta correspondiente.
Además, el Congreso ha intentado reformar la Ley relacionada con el Programa Nacional de Resarcimiento para incluir la posibilidad de otorgar amnistía a quienes cometieron crímenes graves.
Por otro lado, la Ley relativa a la Familia, de llegar a aprobarse afectaría los derechos de la comunidad LGBTI en Guatemala.
También ha intentado aprobar reformas a la Ley de Orden Público, sin tomar en cuenta los principios de la Seguridad Democrática.
Estas son sólo algunas de las leyes, que forman parte de la agenda legislativa regresiva en materia de derechos humanos.
Jul 8, 2019 | Artículos, Noticias
La CIJ anuncia que llevará a cabo una misión para observar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Para el efecto, ya se encuentra en el país, el Comisionado de nacionalidad chilena Alejandro Salinas (foto), quien permanecerá en el país, hasta el viernes 12 de julio.
La misión tendrá reuniones con el Procurador de Derechos Humanos, Diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y contra la Corrupción y miembros del Sector Académico, Gremio de Abogados y representantes del Sector de Justicia, que participarán en las próximas comisiones de postulación.
El objetivo de esta misión es promover la mayor transparencia del proceso de elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, para que dichos procesos de elección logren que los próximos magistrados/as sean electos por méritos y no por compadrazgos políticos y así, que exista la mayor independencia posible en el Poder Judicial y por lo tanto, mayor respeto de los derechos humanos.
Se espera que la misión haga públicas sus conclusiones el viernes 12 de julio, después de implementar la agenda respectiva.
Además, el 11 de julio, llevará a cabo un foro público, para estimular el debate social sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente, que cuente con magistrados imparciales, idóneos y honestos.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “En las elecciones del año 2009, las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conjuntamente con las de la sociedad guatemalteca, permitieron que el proceso en sí mismo, se constituyera en un mecanismo de depuración, ya que el Congreso de la República tuvo que dar marcha atrás y no nombrar como Magistrados de Corte Suprema de Justicia a tres personas. En 2014, la CICIG conjuntamente con el Ministerio Público, llevaron a juicio después de las elecciones, a tres magistrados de Corte Suprema de Justicia, recién electos, que tuvieron que renunciar al cargo. Las elecciones de este año, estarán marcadas por la ausencia de la CICIG, lo cual significará enfrentar mayores desafíos para lograr avances en la lucha contra la impunidad, durante todo el proceso de elección.”
Jun 29, 2019 | Artículos, Noticias
Entre el 26 y el 29 de junio de 2019, en la Ciudad de Guatemala, la CIJ, junto con la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el apoyo de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Bufete de Derechos Humanos (BDH), llevó a cabo actividades de capacitación dirigidas a más de 12 jueces y 20 fiscales, acerca de los estándares internacionales que se aplican en la investigación de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas.
Las actividades se llevaron a cabo en el marco del proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, bajo la Iniciativa Global de rendición de cuentas de la CIJ, y con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Las actividades contaron con la presencia de Tomás Pallás Aparisi, Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Guatemala; Delia Dávila, Magistrada de la Corte Suprema de Guatemala; y Haroldo Vásquez, Presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI).
En estas actividades, Ramón Cadena, director de la Oficina de Centroamérica de la CIJ, se refirió a la importancia de los estándares internacionales aplicables a la investigación y al enjuiciamiento de las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Además, Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos (BDH), analizó la situación de las desapariciones forzadas en Guatemala y el valor y la aplicabilidad de los estándares internacionales en el país.
Asimismo, Marco García, miembro de la FAFG, describió el papel de la ciencia forense en la investigación de estas graves violaciones a los derechos humanos. Finalmente, Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de la CIJ, proporcionó una visión general acerca de los contenidos del “Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas” (versión revisada de 2016).
La CIJ aprovechó la realización de estas actividades de capacitación para visitar a la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) y reunirse con la jueza Delia Marina Dávila, de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina, y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
