Aug 5, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ presenta sus observaciones preliminares tras la misión que llevara a cabo en Guatemala.
1. La CIJ concluye hoy su misión a Guatemala, que ha tenido como propósito estudiar la administración de justicia, la impunidad, el acceso a la justicia y el derecho indígena y la situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y operadores de justicia. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con varias autoridades, entre ellos el Vicepresidente de la República, el Presidente de la Corte Suprema, el Presidente de la Corte de Constitucionalidad, el Presidente del Congreso, el Ministro de Gobernación, el Procurador de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos; representantes de instituciones públicas y privadas; y organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la amabilidad y la información brindada.
2. Sin perjuicio de un informe detallado que contenga sus hallazgos, conclusiones finales y recomendaciones específicas, la CIJ desea compartir con la opinión pública guatemalteca algunas observaciones preliminares.
3. La CIJ reconoce los esfuerzos que el actual Gobierno y la sociedad guatemalteca han desarrollado en pos de la construcción de un régimen democrático basado en el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. El reconocimiento por parte del Gobierno de los problemas que aquejan a Guatemala y la disposición al diálogo constituyen importantes avance en aras del fortalecimiento institucional. Un país como Guatemala, que ha sufrido los efectos crueles de sucesivos gobiernos autoritarios y un prolongado conflicto armado interno en el que se produjeron flagrantes violaciones de los derechos humanos y se debilitaron tanto el tejido social como el sistema institucional, enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático y requiere el concurso de la sociedad y la comunidad internacional. Guatemala aún hoy tiene una deuda pendiente con las víctimas de la violencia de su pasado reciente.
4. Las sociedades democráticas modernas tienen uno de sus fundamentos esenciales en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de los habitantes y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. En este sentido, la CIJ observa que en Guatemala persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial, que obedecen a un inadecuado marco normativo y a ciertas prácticas que impiden la prestación de este servicio público esencial.
5. Algunas de las preocupaciones de la CIJ se refieren a los procedimientos de selección, nombramiento y evaluación de jueces y magistrados; la administración del Organismo Judicial a cargo de la Corte Suprema de Justicia; la estabilidad en el cargo de jueces y magistrados; la respuesta del sistema judicial frente a la actual situación de inseguridad ciudadana; la puesta en práctica del modelo de juzgamiento penal; la disponibilidad de recursos; el reconocimiento de la justicia indígena; y el acceso a la justicia de la población en general.
6. Estos factores redundan en una preocupante situación de impunidad, que se manifiesta en fenómenos tales como: el alto número de casos que quedan sin investigación y sanción; los actos de intimidación contra operadores de justicia; la proliferación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos y el auge crimen organizado; y linchamientos y otras formas de “ajusticiamiento” por parte de la población.
7. En lo que se refiere a la investigación criminal, la CIJ pudo observar que, a pesar de algunos avances en su formulación y puesta en práctica, queda aún mucho por hacer en materia de coordinación interinstitucional, manejo de la escena del crimen, protección de víctimas y testigos, creación de una efectiva carrera fiscal, celeridad en la investigación de casos específicos, mejor cobertura del territorio nacional, descentralización del Ministerio Público y establecimiento de un ente técnico de ciencias forenses.
8. Es motivo de inquietud también para la CIJ el indebido uso del sistema penal para la solución de conflictos sociales que deberían encontrar respuesta en canales de solución pacífica. En este sentido, parece apremiante atender la problemática agraria y laboral a través de la construcción de consensos y el establecimiento de instituciones y procesos que garanticen una vida digna para todos los guatemaltecos.
9. Dentro de la situación que vive el país, preocupan particularmente las agresiones de diverso orden de que son víctimas los operadores de justicia, los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. La CIJ saluda el reciente pronunciamiento del Gobierno acerca de los defensores de derechos humanos, y considera que puede hacerse extensivo a los operadores de justicia y líderes sociales por el importante papel que cumplen en toda sociedad democrática.
10. La CIJ aprecia el valor que tiene el derecho tradicional de las comunidades indígenas y la contribución que entraña para la solución pacífica de los conflictos. Así, es de desear que tal sistema de justicia obtenga el reconocimiento normativo que merece por parte del Estado de Guatemala en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y de instrumentos específicos como el Convenio 169 de la OIT.
11. Otras preocupaciones de la CIJ se refieren al uso abusivo del recurso de amparo con el fin de entorpecer importantes investigaciones y juicios, en particular en casos de graves violaciones de derechos humanos; la existencia de un proyecto de ley que otorgaría amplias competencias a la justicia militar en contradicción con los estándares internacionales, lo que representaría un retroceso en la materia; la falta de fundamentación de muchas decisiones judiciales; y la existencia de poderes fácticos, que implican una seria amenaza al Estado de derecho y debilitan aún más la institucionalidad democrática.
12. La CIJ continuará observando la situación de Guatemala con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia. Para ello, mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional, particularmente con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que se instalará próximamente en el país.
Jul 29, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ emprenderá una visita a Guatemala con el fin de analizar la situación de la administración de justicia, la impunidad, los defensores de derechos humanos y el acceso a la justicia.
La misión de alto nivel tendrá lugar entre los días 1 y 5 de agosto y se reunirá, entre otros, con funcionarios gubernamentales, jueces y magistrados y organizaciones no-gubernamentales y agencias internacionales. La misión estará compuesta por el Dr. Hernando Valencia Villa (Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid), el Dr. Javier Ciurlizza (Director Ejecutivo del Instituto de Democracia y Derechos Humanos del Perú) y José Zeitune, representante del Secretariado de la CIJ.
El conflicto armado en el que estuvo sumido el país durante más de 30 años dejó su saldo no sólo en términos de vidas sino también en un debilitamiento de las instituciones del Estado. Si bien se han producido ciertos avances en el respeto de los derechos humanos y la implementación de un estado de derecho, la administración de justicia guatemalteca continúa enfrentando serios desafíos.
La CIJ está profundamente preocupada por el recrudecimiento, en los últimos meses, del número de ataques e intimidaciones contra defensores de derechos humanos y operadores de justicia, en ciertos casos con resultado de muerte. Este será uno de los temas prioritarios durante la visita. La introducción de un proyecto de ley de justicia militar que conferiría un fuero personal a miembros de las fuerzas armadas será también analizado y discutido con las autoridades relevantes.
El 5 de agosto, último día de la visita, los miembros de la misión darán una conferencia de prensa en la que presentarán sus observaciones y conclusiones preliminares. La CIJ producirá un informe con sus conclusiones finales y recomendaciones al Gobierno y otras instituciones.
May 17, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su más enérgica condena y repudio frente al asesinato del fiscal Erick Moisés Gálvez Miss el pasado lunes 16 de mayo en Chiquimula.
La CIJ hace un llamamiento urgente a las autoridades guatemaltecas para que se investiguen exhaustivamente los hechos y para que los responsables sean llevados ante la justicia.
“El asesinato del fiscal de Chiquimula, en pleno día y en pleno centro de la ciudad, es una muestra más de la situación de total indefensión que enfrentan los operadores de justicia en Guatemala”, dijo Federico Andreu-Guzmán, Secretario General adjunto de la CIJ. “Expresamos nuestra profunda preocupación frente a la impunidad con la que jueces, abogados y fiscales están siendo atacados en Guatemala, como así también frente a la falta de investigación de las denuncias acerca de la existencia de grupos clandestinos en el país, quienes estarían detrás de varios atentados contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”, agregó el Sr. Andreu-Guzmán.
De acuerdo con la información recibida por la CIJ, el fiscal Gálvez Miss fue baleado por dos individuos desde una camioneta el pasado lunes 16 en la tarde, cuando caminaba, junto a un auxiliar fiscal que resultó ileso, frente al Hospital Nacional de Chiquimula. Los atacantes habrían estado merodeando el lugar durante la mañana, pero tras los disparos se marcharon sin que nadie los detuviera. El fiscal fue trasladado a un hospital, donde falleció posteriormente.
El asesinato del fiscal Gálvez se suma a una serie de ataques contra operadores de justicia guatemaltecos en los últimos meses. El 4 de marzo fue asesinado el fiscal Carlos Marroquín. El 25 de abril, José Víctor Bautista Orozco, juez del Tribunal de Alto Impacto de Chiquimula, fue baleado por desconocidos cuando salía de su residencia. El 27 del mismo mes, el fiscal José Antonio Meléndez Sandoval, quien tenía a su cargo la investigación de varios casos de crimen organizado, narcotráfico y corrupción, fue baleado en el rostro en iguales circunstancias.
La CIJ insta a las autoridades guatemaltecas a llevar a cabo las investigaciones necesarias de manera independiente, imparcial y exhaustiva así como a llevar ante un tribunal independiente e imparcial a los presuntos responsables del asesinato del fiscal Gálvez, con el pleno respeto por las garantías judiciales contenidas en los tratados internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Mar 30, 2004 | Incidencia
En una carta dirigida al Gobierno de Guatemala, el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ manifestó su preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima una fiscal de derechos humanos.
La CIJ instó al Gobierno a proteger la integridad física de la fiscal y a que investigue las instancias de intimidación que se habrían producido.
Licenciado Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
6 a. Avenida, 4-18 zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: +502 238 3579 / 239 0090
Excelentísimo Sr. Presidente:
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.
El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados es parte de la CIJ y tiene como misión la promoción y protección de la independencia de jueces y abogados en todo el mundo.
Hoy nos permitimos manifestarle nuestra preocupación frente a la situación de la Sra. Thelma Inés Peláez Pinnelo de Lam, Fiscal de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien está siendo intimidada en razón de su trabajo. Dicha intimidación constituye una violación de estándares internacionales sobre la función de los fiscales.
De acuerdo con la información que hemos recibido, el hostigamiento a la Sra. Peláez de Lam tendría su origen en su actuación profesional y en su negativa de ceder frente a presiones del nuevo Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la investigación de los hechos del 24 y 25 de julio de 2003. Aparentemente, el Fiscal General habría instado a la Sra. Peláez de Lam a no continuar con la investigación del nieto del General Efraín Rios Montt, líder del Partido Frente Republicano Guatemalteco, a pesar de la existencia de pruebas que demostrarían su responsabilidad penal. La razón que el Fiscal General habría esgrimido para dicha solicitud es que no quería que se sospechara que se estaba persiguiendo a un grupo de personas de determinada afiliación política.
De acuerdo con la información que hemos recibido, el pasado 11 de marzo el vehículo donde viajaba la Sra. Peláez de Lam fue perseguido por una motocicleta Honda blanca con placas de circulación M-129158 perteneciente al Ministerio de la Defensa Nacional. La motocicleta fue interceptada por los custodios de la Sra. de Lam. Al inquirir los custodios acerca del motivo de la persecución, los tripulantes de la motocicleta quienes se habrían identificado como miembros del Ejército de Guatemala, dijeron que la fiscal debía “dejar las cosas en paz”.
El mismo 11 de marzo, una pick-up con vidrios polarizados y sin placas de circulación habría perseguido por más de una hora al vehículo de la Sra. Peláez de Lam.
Por último, hemos recibido información acerca de una supuesta conversación que la secretaria del Sr. Fiscal habría mantenido con la Sra. Peláez de Lam. En dicha conversación, la secretaria le habría dicho que la única razón por la que no era despedida era porque estaba embarazada.
La CIJ desea expresar su profunda preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima la Sra. de Lam. En este sentido, nos gustaría llamar su atención a las Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Directrices no dejan dudas en cuanto al deber de los Estados de garantizar el libre desempeño de las funciones de los fiscales. En particular, la Directriz 4 establece que:
Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.
Por otro lado, las Directrices establecen la obligación de los Estados de proteger a los fiscales frente a todo tipo de hostigamiento, independientemente de quien lo lleve a cabo. La Directriz 5 dispone:
Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones.
En lo que se refiere a la supuesta intención de despedir a la Sra. de Lam, nos permitimos recordarle que todo procedimiento de remoción de un fiscal debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben haber denuncias acerca de una o más faltas disciplinarias por parte de la fiscal en cuestión. En este sentido, la CIJ no ha tomado conocimiento de ninguna denuncia de esta índole contra la Sra. de Lam. En segundo lugar, todo procedimiento de remoción debe cumplir con las garantías de un procedimiento justo, en particular en lo referente a la imparcialidad del órgano que determinará la responsabilidad de la fiscal y el derecho a ser oída. La Directriz 21 establece los requisitos mínimos que todo procedimiento de remoción debe cumplir:
Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente.
Por consiguiente, instamos al Gobierno guatemalteco a que tome las medidas necesarias para terminar el hostigamiento del que la Sra. de Lam está siendo víctima. Asimismo, solicitamos a su Gobierno que asegure que la fiscal pueda desempeñar sus funciones sin temor a ser sancionada disciplinariamente. Por último, llamamos a Su Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad física de la Sra. de Lam y, por otro lado, a que investigue las instancias de intimidación de las que habría sido objeto y a que se persiga penalmente a los autores.
Aprovecho esta oportunidad para enviarle mis más respetuosos saludos.
Ernst Lueber
Secretario General interino
Cc: SE Ricardo Alvarado Ortigoza
Embajador
Misión Permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra
Chemin de Sous-Bois 21
1202 Ginebra
Suiza
Fax: 022 733 1429
Sr. Juan Luis Florido
Fiscalía General del Ministerio Público
8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 221 2718
Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre
Ministro de Gobernación
6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: +502 362 0237/39
Sep 9, 2002 | Incidencia
La CIJ envió una carta al Presidente de Guatemala expresando su preocupación por los ataques en contra de Roberto Romero, abogado de la Fundación Myrna Mack.
El abogado Romero recibió amenazas de muerte en la misma tarde en que su residencia fue objeto de ataques por parte de individuos desconocidos. Los ataques ocurrieron días antes del reinicio del proceso judicial en contra de militares acusados de ordenar el asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ocurrido hace doce años en Guatemala.
La CIJ solicitó al Gobierno de Guatemala tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros de la Fundación Mack, incluyendo al abogado Romero, al igual que la de todas las personas que tomen parte en el esclarecimiento de este caso.
Guatemala-attack human rights defender-open letter-2002 (full text in Spanish, PDF)
