La visita se enmarcó dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países para acompañar procesos de fortalecimiento del Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos.
Guatemala-Conclusions of Mission-News-web story-2017-SPA (informe completo, PDF)
On Monday 20 February 2017, the ICJ Commissioner Belisário Dos Santos Júnior and the lawyer, Jaime Araíújo Rentería commenced an international mission in Guatemala.
The ICJ Commissioner Belisário Dos Santos Júnior (photo) is the former representative of the Brazilian lawyers’ association at the São Paulo Human Rights Commission, who has acted as the legal representative for political detainees. Jaime Araújo Rentería, former President of the Colombian Constitutional Court is a practicing lawyer and university professor.
The objective of the mission is to evaluate the situation of the legal profession in the country, identify obstacles and challenges, and offer perspectives about ways in which the State can provide better protection for lawyers so they can carry out their functions in an independent and safe manner.
The two mission members will be in Guatemala for a week and will interview the President and Executive Committee of the Bar Association, human rights lawyers, and high-level officials from the three branches of the State, members of the international community and representatives of human rights organizations.
On Friday 24 February, the two lawyers will hold a press conference to present the conclusions and recommendations of the mission to the press and general public.
The ICJ said today that the attack on Ramón Cadena, its director in Central America, is deplorable evidence that human rights lawyers in Guatemala cannot carry out their activities without fear of reprisal.
Around a dozen armed men ransacked Ramón Cadena’s house in Guatemala City on Monday morning while he was attending a workshop elsewhere in the country.
The ICJ regional director for Central America is the latest victim of a recent wave of harassment and intimidation against human rights defenders and legal and environmental activists in Guatemala and neighboring Honduras.
“The ICJ strongly condemns the attack against Ramón Cadena, which is most likely linked to his activities as a human rights lawyer,” said Wilder Tayler, ICJ Secretary General.
Ramón Cadena, a highly prominent human rights lawyer in the region, was a key witness in the trial of former President Efrain Rios Montt for his role in the alleged genocide and other atrocities committed during the civil war of the 1970s and 80s.
Ramón Cadena has also been providing legal advice and support (on behalf of the ICJ) to the communities fighting against mining projects in Guatemala.
“We urge the Guatemalan authorities to provide the much needed protection to Ramón Cadena and promptly and thoroughly investigate the attack to find the culprits. They must also combat the increasing threats and growing insecurity faced by human rights defenders in the country, which is a clear assault on human rights,” Tayler added.
Contact
Wilder Tayler, ICJ Secretary General, t +41 76 562 38 10 ; e: wilder.tayler(a)icj.org
Several organizations have also condemned the attack on Ramón Cadena and issued a statement in Spanish which can be read here.
En mayo de 2015, la empresa REPSA entregó un oficio en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales donde acepta su responsabilidad por el desborde de sus lagunas de oxidación artificial que se derramaron sobre las aguas del río La Pasión el 28 de abril de 2015.
Sobre un segundo evento del 6 de junio de 2015 no hubo un reconocimiento de su responsabilidad.
El daño causado al Río la Pasión persiste al día de hoy y ha obligado a varias comunidades que allí habitan a buscar fuentes alternativas de sustento y trabajo.
El 10 de junio de 2015, vecinos del municipio de Sayaxché, en asamblea general integraron la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, para dar seguimiento por la vía legal a la contaminación del río.
El 11 de junio de 2015 presentaron una denuncia en el Ministerio Público con sede en el Municipio de San Benito, departamento de El Petén y demandaron a la empresa REPSA.
La Jueza Karla Hernández del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió investigar y suspender las operaciones de la empresa por un período de seis meses.
La decisión de la Jueza provocó diferentes acciones en su contra.
Entre las acciones más evidentes se cuentan: a) Antejuicio presentado en septiembre de 2016 por abogados vinculados a la empresa REPSA, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2015; b) Demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles por “extralimitación de sus facultades como juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de El Petén, toda vez que ordenó una medida precautoria que no está contemplada en la ley”; esta denuncia fue aceptada para su trámite por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén, Municipio de Poptún el 6 de octubre de 2015 y se encuentra en trámite.
Acerca de estas acciones, la CIJ considera:
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Urgimos a las autoridades del Sistema de Justicia a tomar medidas adecuadas para evitar que las y los jueces independientes, resulten afectados por este tipo de acciones e intimidaciones.”
El día 1 de febrero del presente año, el Juez Tercero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente desestimó la querella presentada por el Señor Ricardo Méndez Ruiz en febrero de 2015, en contra del Fiscal de Derechos Humanos Licenciado Orlando López.
Dicha querella pretendía afectar la labor que ha venido realizando el Fiscal Orlando López a favor de la lucha contra la impunidad, criminalizándolo y afectando su derecho a la libertad de expresión.
La CIJ celebra dicha resolución que reconoce la función de defensores y defensoras de derechos humanos, operadores de justicia, abogados y abogadas y a la sociedad guatemalteca.
En este caso, el Fiscal de Derechos Humanos tuvo que enfrentar una querella por casi un año.
Recientemente la Corte de Constitucionalidad denegó un Recurso de Amparo presentado por Ricardo Méndez Ruiz en contra del Procurador de los Derechos Humanos, por haber emitido dicho Procurador la resolución en la que declaró “la violación de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la seguridad que constituyen una amenaza al derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de accion y de asociación de los defensores de Derechos Humanos y los miembros de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos…” y señaló como responsable de dicha violación al señor Ricardo Méndez Ruiz.
Finalmente, el Procurador de Derechos Humanos recomendó a Ricardo Méndez Ruiz “abstenerse de realizar señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala” y lo invitó a reflexionar sobre el “daño social que representa difundir masivamente el tipo de contenidos analizados” en dicha resolución, por medio de los cuales “no sólo agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y Misiones Internacionales, sino también fomenta el odio y la confrontación social”.
Ante este amparo, la Corte de Constitucionalidad resolvió que “el acto señalado como objeto de reproche no genera agravio constitucional susceptible de ser reparado en amparo” y que “debe denegarse la protección constitucional solicitada” por Ricardo Méndez Ruiz.
La CIJ hace un nuevo llamado a las autoridades del Estado de Guatemala para que inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actuales campañas contra defensores y defensoras de derechos humanos y que adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a dichos actos.
Nepal: Ensure Credible Transitional Justice Appointments
South Africa: Constitutional Court’s affirmation that principles of judicial independence are fully applicable to military courts is a welcome step forward
EU: Lawyers and civil society call for mandatory humanitarian clause in anti-smuggling directive
EU: Access to a lawyer in juvenile justice proceedings remains a key concern in several EU Member States