Mar 7, 2022 | Artículos, Noticias
Las autoridades mexicanas deben comprometerse a establecer un cronograma claro para realizar un proceso consultivo con miras a la revisión y modificación efectiva de la legislación relacionada con los derechos de las personas con discapacidad. Esto, con el fin de garantizar que estas puedan ejercer sus derechos en igual de condiciones que los demás, enfatizó la CIJ en un informe presentado al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El Comité considerará el segundo y tercer informe periódico de México durante su 26 período de sesiones, que tendrá lugar entre el 7 y el 25 de marzo de 2022.
“A pesar de las reiteradas recomendaciones del Comité, las personas con discapacidad en México siguen sin tener capacidad jurídica plena y en igualdad de condiciones que los demás para ejercer sus derechos en proceso judiciales, tal como lo exige el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)”, dijo Rocío Quintero Martínez, asesora legal de la CIJ.
“México ha sido Estado Parte de la Convención por más de 15 años, lo que hace que el cumplimiento de su obligación de revisar y modificar su legislación para que esté en concordancia con la Convención tenga un atraso considerable”, agregó Quintero.
En su informe al Comité, la CIJ subrayó la necesidad de que se realicen reformas legales en las normas penales y civiles. En lo que se refiere a los procesos penales, de manera frecuente, las personas con discapacidad son sujetas a declaraciones de inimputabilidad. Por lo general, estas declaraciones les impiden participar plenamente y en igual de condiciones durante el juicio y otros procesos judiciales relacionados. A lo anterior se le suma que, a pesar de estar excluidas de responsabilidad penal por estas declaraciones, las personas con discapacidad aún pueden estar sujetas a restricciones de su libertad, incluido el internamiento en establecimientos de salud o psiquiátricos por un tiempo indeterminado.
Por su parte, las normas civiles contemplan un régimen de interdicción para personas con discapacidad. El régimen es un sistema de toma de decisiones por sustitución, en contraposición a sistema de apoyo en la toma de decisiones. Esto significa que las decisiones de un tutor prevalecen sobre los deseos y preferencias de la persona sujeta a la interdicción. En consecuencia, las personas con discapacidad no tienen autonomía para tomar sus propias decisiones. En su informe, la CIJ también señala que, sin la adopción de medidas adicionales, no se debe sobrestimar el impacto y la influencia de las decisiones de la Corte Suprema relacionadas con la falta de conformidad del régimen de interdicción y la CDPD. Lo anterior incluso con el nuevo sistema de precedentes judiciales establecido recientemente.
“A pesar del reconocimiento público que hizo México sobre la falta de protección a las personas con discapacidad y su disculpa pública al Señor Arturo Medina Vela, a raíz de un dictamen del Comité, la situación no ha cambiado: a las personas con discapacidad se les sigue negando su derecho de tener plena capacidad jurídica en los procesos judiciales. Si México realmente desea marcar una diferencia práctica en la vida de personas con discapacidad, como la del señor Medina Vela, es necesario que priorice de manera urgente una reforma legal integral”, dijo Quintero.
En el informe, la CIJ invitó al Comité a que proponga a las autoridades mexicanas una serie de recomendaciones, entre ellas:
- Priorizar y comprometerse de manera urgente con un cronograma para realizar la reforma legal que se necesita para dar plena garantía a los derechos de las personas con discapacidad de conformidad a lo establecido en la CDPD.
- Asegurar que el proceso de revisión y modificación legislativa incluya la participación plena y significativa de las personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan, tanto a nivel nacional como internacional, así como la participación de representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
- Adoptar medidas, incluida la realización de capacitaciones, para asegurar que todos los funcionarios judiciales de los tribunales de México tengan conocimiento de las obligaciones que se desprenden de la CDPD.
El informe en inglés está disponible aquí.
Antecedentes
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha trabajado para asistir a los Estados en la implementación de sus obligaciones bajo la CDPD. A tal efecto, la CIJ participó en la redacción de los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, publicados por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en agosto de 2020, y los respaldó formalmente. Además, ha continuado promoviendo los Principios globalmente. La CIJ también participa como miembro activo de una red global de organizaciones que abogan por una reforma legal para mejorar el reconocimiento equitativo de la capacidad legal y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en todo el mundo.
En el informe de la CIJ, que se basa en las disposiciones de la CDPD y los Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad, se deriva de las cartas enviadas por la CIJ a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales en México en 2021. En las cartas, la CIJ solicitó información sobre medidas adoptadas y previstas para dar cumplimiento las obligaciones de México en materia de acceso a la justicia en virtud de la CDPD.
Nov 26, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 son tres mujeres excepcionales – Huda Al-Sarari, Norma Ledezma y Sizani Ngubane – reflejo del lugar preponderante que actualmente ocupan las mujeres en la defensa de los derechos humanos. La CIJ es miembro del jurado.
En Yemen, Huda Al-Sarari denuncia la existencia de prisiones secretas y numerosos casos de tortura.
En México, Norma Ledezma lucha contra los feminicidios y casos de desaparición.
En Sudáfrica, Sizani Ngubane promueve el acceso de las mujeres a la educación y a la tierra.
Tres mujeres candidatas: un estreno
El Premio Martin Ennals recompensa cada año a defensores o defensoras de los derechos humanos procedentes del mundo entero que se distinguen por su profundo compromiso, un compromiso que a menudo pone en peligro su vida.
Para la edición de 2020, el jurado ha elegido por primera vez como candidatas a tres mujeres que defienden los derechos fundamentales de sus comunidades en contextos delicados.
«La Fundación Martin Ennals se enorgullece de rendir homenaje al valiente trabajo de tres mujeres. La selección de nuestro jurado para el Premio Martin Ennals 2020 refleja el importante impulso mundial de individuos que, sea cual sea su género, trabajan por el respeto de los derechos humanos, y de los derechos de las mujeres en particular», señala Isabel de Sola, directora de la Fundación Martin Ennals.
«Las finalistas del Premio Martin Ennals 2020 trabajan en continentes distintos, pero las tres tienen en común su resistencia, su determinación, su enorme rigor y, por último, el impacto positivo y concreto de su trabajo», subraya Hans Thoolen, presidente del jurado.
Las finalistas
En Yemen, en un conflicto que causa estragos desde 2005, Huda Al-Sarari, abogada yemení, ha desvelado la existencia de varios centros de detención secretos en los que se han cometido las peores violaciones de derechos humanos: torturas, desapariciones e incluso ejecuciones sumarias.
En Sudáfrica, las mujeres se enfrentan a una discriminación que se traduce en una violencia de género muy extendida. En las comunidades rurales, las mujeres a menudo se ven expropiadas de sus tierras, y se las priva de la educación y del acceso a la justicia. Sizani Ngubane fundó una organización de más de 50.000 mujeres procedentes de zonas rurales del país y desde hace más de 40 años lucha con éxito para que se reconozcan sus derechos.
En México, con el Estado de derecho desmoronándose, la población civil paga el elevado precio de la violencia y la impunidad generalizadas. Las mujeres son las principales víctimas de ese desmoronamiento: cada año se cometen más de 3.500 feminicidios. Norma Ledezma, madre de una de las víctimas, se dedica a acompañar a las familias del estado de Chihuahua en su acceso a la justicia.
Los finalistas han sido seleccionados por las organizaciones representadas en el jurado: la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS.
Velada de entrega del Premio, el 19 de febrero de 2020 El Premio Martin Ennals 2020 será otorgado a una de las tres finalistas el 19 de febrero de 2020 durante una velada pública y retransmitida en livestream. El evento es organizado por la Ciudad de Ginebra que, fiel a su compromiso en favor de los derechos humanos, respalda el Premio desde hace numerosos años.
Contacto
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Universal-MEA2020bios-News-2019-SPA (biografías completas de las finalistas, en PDF)
Apr 6, 2016 | Incidencia
La CIJ e otras organizaciones de derechos humanos llaman a la adopción de una ley general contra la tortura que cumpla con los estándares internacionales.
La CIJ se une a varias ONG internacionales para pedir al Presidente del Senado de Mexico que redoble sus esfuerzos para evitar que en la nueva Ley general para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Tortura se diluyan los principios y estándares previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos, haciendo valer su rol de garante de la observancia y respeto de la legalidad y el derecho internacional de los derechos humanos.
El proyecto de Ley está actualmente en discusión y en consulta publica.
Mexico-Ley contra la tortura-Advocacy-Open letters-2016-SPA (Carta abierta, en PDF)