1. La visita de la CIJ ha tenido como propósito evaluar la situación de la administración de justicia en su rol fundamental de protección de los derechos humanos, e identificar los retos y desafíos que tienen las instituciones nicaragüenses para fortalecer el poder judicial, con ocasión del actual proceso electoral. La CIJ tuvo la oportunidad de reunirse con diversos actores relacionados con la administración de justicia y los derechos humanos, entre ellos, autoridades judiciales y gubernamentales, representantes de instituciones públicas, representantes diplomáticos y de organizaciones no gubernamentales. A todos ellos, la CIJ agradece la apertura y la información brindada. En particular, la CIJ agradece a la Coordinadora Civil, contraparte local durante esta visita, por el invalorable apoyo prestado antes y durante su desarrollo.
2. La CIJ valora los esfuerzos de distintos sectores de la sociedad nicaragüense en la construcción de un régimen democrático basado en el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos. No obstante, la CIJ considera que Nicaragua enfrenta serios desafíos para su desarrollo democrático, el pleno respeto por los derechos humanos y el imperio de la ley, situación que requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad y el apoyo de la comunidad internacional.
3. De cara a la actual coyuntura electoral, la CIJ desea formular ciertas recomendaciones, con el fin de contribuir a la construcción de un poder judicial independiente e imparcial y a la plena vigencia del estado de derecho y los derechos humanos.
4. Uno de los elementos esenciales de las sociedades democráticas consiste en una administración de justicia independiente e imparcial, que proteja activamente los derechos de todas las personas y que sea de fácil acceso, especialmente para los sectores menos favorecidos. La comunidad internacional ha elaborado un importante cuerpo normativo relativo a la administración de justicia, del que se desprenden principios generales sobre su independencia e imparcialidad, condiciones esenciales para garantizar el pleno respeto por los derechos humanos.
5. La CIJ observa que en Nicaragua persisten serias deficiencias dentro de la administración de justicia, que afectan la vigencia del estado de derecho y debilitan la democracia. Estas carencias obedecen principalmente a arraigadas prácticas contrarias a los estándares internacionales, que impiden que la justicia sea impartida de manera independiente e imparcial.
6. Tras las diversas reuniones mantenidas durante la visita, la CIJ desea manifestar su preocupación por el alto grado de politización partidista dentro del poder judicial. Tal partidización implica una seria distorsión del rol esencial que la administración de justicia debe cumplir en toda sociedad democrática, de acuerdo con los estándares internacionales aplicables. La CIJ constató un sentimiento generalizado de que el tráfico de influencias, el manejo político de ciertos casos, la compra de decisiones y la corrupción, constituyen serios obstáculos para la puesta en práctica de una judicatura independiente.
7. La politización partidista de la justicia nicaragüense comienza con el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que, de acuerdo con todos los actores con los que la CIJ pudo dialogar, priman los criterios partidistas y el reparto de puestos se hace de acuerdo con las afiliaciones políticas de los candidatos. Tales nombramientos son incompatibles con los estándares internacionales sobre la administración de justicia, que disponen de manera inequívoca que el único criterio aplicable a toda designación judicial debe ser la calificación e idoneidad jurídicas de los candidatos.
8. La influencia desmedida de factores extraños a la administración de justicia en el seno del poder judicial, entre los que la política partidista y los intereses económicos son dos ejemplos notables, se erige como un gran obstáculo para que los jueces impartan justicia de manera imparcial y con base en el derecho. La ausencia de imparcialidad trae como consecuencia que ciertas personas estén por encima o al margen de la ley, con el consecuente debilitamiento del derecho a la igualdad ante la ley.
9. La CIJ considera que la aprobación de la Ley de Carrera Judicial constituye un avance de suma importancia hacia la construcción de un poder judicial independiente. Dicha ley debe aplicarse a la brevedad posible con el fin de garantizar plenamente el derecho humano a la justicia.
10. La CIJ expresa su preocupación por la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Regulación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que fuera recientemente decretada por la Corte Suprema de Justicia. Dicha sentencia significa la abolición efectiva de la jurisdicción contencioso-administrativa y un considerable aumento del trabajo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del más alto Tribunal, lo que conllevará una considerable acumulación de casos y un congestionamiento de dicha instancia, afectando el acceso a la tutela judicial efectiva.
11. Preocupa a la CIJ la falta de espacios de participación activa por parte de la sociedad civil en los procesos de nombramiento de magistrados y jueces. La ausencia de un control efectivo por parte de la sociedad civil, mediante la presentación de iniciativas e impugnaciones de aquellos candidatos a magistrados presentados por el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, socava gravemente la transparencia y legitimidad del poder judicial y cierra un importante espacio que permitiría garantizar que los nombramientos judiciales se realicen de acuerdo con los más altos criterios de profesionalismo. Al respecto, resultará esencial que se desarrollen los espacios necesarios para que aquellos actores de la sociedad civil nicaragüense que trabajan en temas relacionados a la administración de justicia puedan colaborar en la implementación de directrices claras a la hora de nombrar magistrados y velar por su respeto.
12. Es de esencial importancia fortalecer otras instancias de protección de derechos humanos, tales como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos mediante el fortalecimiento institucional y la despartidización de la institución. Asimismo, debe aumentarse su capacidad de acción mediante la asignación de los recursos adecuados para que logre cubrir todo el país de manera efectiva. Será crucial también un compromiso por parte de la Procuraduría de asumir activamente el rol de protectora de los derechos de todas las personas y la creación de espacios de diálogo con la sociedad civil.
13. En lo relativo al Ministerio Público, la CIJ valora que sus funcionarios ingresen a la institución mediante concursos en los que se evalúan sus capacidades técnicas y la reciente sanción de la Ley de Carrera del Ministerio Público. Sin embargo, constituye un motivo de preocupación la influencia de criterios políticos en el manejo de algunos casos relevantes, lo que no sólo constituye una ausencia de imparcialidad sino que socava la confianza de la ciudadanía en esta vital institución. Será de suma importancia a futuro que la Fiscalía actúe de manera objetiva e imparcial frente a todos los casos que sean de su conocimiento y que se aumente su capacidad de acción institucional. De no ser así, la Fiscalía correrá el riesgo de ser evaluada por la sociedad nicaragüense por aquellos casos en los que no actuó debidamente y no por los muchos otros en los que su acción fue positiva.
14. En lo que se refiere a los abogados nicaragüenses, la CIJ los alienta a que asuman su responsabilidad como actores fundamentales en la administración de una justicia independiente e imparcial. Es sumamente importante que los abogados fortalezcan sus instancias de asociación profesional con el fin de velar por el correcto ejercicio de la profesión y la plena vigencia del estado de derecho.
15. La CIJ insta a todos los candidatos que optan a cargos de elección popular a asumir estas recomendaciones, comprometiéndose al fortalecimiento de la independencia e imparcialidad de la justicia con el fin de lograr una plena democracia y una protección efectiva de los derechos humanos
16. Con el ánimo de contribuir a los esfuerzos del Estado y la sociedad civil en la construcción de la paz, el fortalecimiento de la democracia y la protección efectiva de los derechos humanos, la CIJ continuará observando la situación en Nicaragua y mantendrá un diálogo permanente con las autoridades, las organizaciones sociales y la comunidad internacional destinado a la consecución de dichos objetivos.

Nicaragua-fact-finding mission-press release-2006 (text, PDF)