May 24, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión internacional de la CIJ concluye que la Comunidad Laguna Larga, que sufrió un desalojo forzoso a mediados del año 2017, continúa sin la atención humanitaria adecuada y sin una solución duradera.
La CIJ llevó a cabo una misión internacional que inició el 19 de mayo y finalizó el día 23 de mayo, para observar la situación de los desplazados internos de la Comunidad Laguna Larga, desalojados forzosamente el 2 de junio de 2017, en el norte del departamento de El Petén.
La misión estuvo integrada por Marie Berger, abogada de nacionalidad Suiza, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Ginebra, Suiza; Nuria Carulla, de la organización Justicia y Paz en Barcelona, entidad de la Iglesia Católica para la defensa de los derechos humanos, experta en Solidaridad Internacional y Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica. La asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas Francisca Sánchez, asistió en la organización de la misión.
La visita a la comunidad se llevó a cabo el día 21 de mayo, habiendo realizado una serie de reuniones con las autoridades de la comunidad, con un grupo de mujeres de la comunidad y finalmente, con un grupo abierto de miembros de dicha comunidad.
La CIJ se permite recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la medida cautelar número 412-2017 concluyó que “…los derechos a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados de la Comunidad de Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable” y, en consecuencia, la CIDH estableció diferentes medidas de protección a favor de las y los pobladores de dicha comunidad en la medida cautelar ya identificada.
Leer más: Guatemala-visita a Laguna Larga-News-web story-2019-SPA
Apr 2, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ lamenta que el Presidente de la República y otros funcionarios del Organismo Ejecutivo, se resistan a dialogar con las y los representantes de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH).
Las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) han llevado a cabo una negociación de más de diez años con las autoridades del Estado de Guatemala, que culminó con la aprobación de un Plan de Reparación de los daños y perjuicios causados por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y la respectiva Política Pública para la reparación a las víctimas, contenida en el Acuerdo Gubernativo 378-2014.
Lamentablemente, las autoridades del actual Gobierno no han cumplido con su correcta implementación y se ha venido dando un retardo malicioso, que perjudica notablemente los derechos de las víctimas a la reparación colectiva, retardo que re-victimiza a las personas y una vez más, viola los derechos humanos de las víctimas.
Es importante recordar que existe un principio general del derecho, que afirma que los compromisos adquiridos mediante convenios, pactos o acuerdos, deben cumplirse de buena fe.
Ante dicho retardo, las comunidades se encuentran ejerciendo su derecho de protesta pacífica y han solicitado una audiencia con las autoridades al más alto nivel, quienes durante todo el día lunes 1ro. de abril, se negaron a recibirlos.
La CIJ hace un llamado al Presidente de la República, para que reciban a las y los representantes de COCAHICH y sus asesores, para que se pueda solucionar el asunto por la vía del diálogo. La CIJ está convencida que este asunto requiere de un diálogo franco y de buena fe.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “El Presidente de la República debe respetar el diálogo y evitar que los derechos de las víctimas vuelvan a ser violados y debe honrar los compromisos adquiridos en el Plan de Reparaciones e instruir a todos los funcionarios de las entidades involucradas, para que tomen las acciones que sean necesarias y asi cumplir inmediatamente con los compromisos contenidos en el mismo.”
Nov 30, 2018 | Eventos
La conferencia sobre el tema ‘Las Empresas y los Derechos Humanos en el Departamento de Izabal, Guatemala’ que se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Universidad de Ginebra, fue organizada por el Departamento de Derecho Público Internacional y las Organizaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra en colaboración con la Ciudad de Ginebra.
El evento fue moderado por la Dra. Antonella Angelini del Departamento de Derecho Público Internacional, experta en empresas y derechos humanos. Participaron también Ramon Cadena, Director de la oficina de la CIJ para America Central, Sandra Ratjen, de la Franciscans International, Maynor Alvarez, Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la CGN, Sra. Amalia Caal Coc, de la Fundación Guillermo Toriello, y el Prof. Marco Sassoli, Comisionado de la CIJ.
El principal problema discutido fue el impacto sobre las comunidades locales de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), una compañía minera de níquel en El Estor, propiedad de Solway Investment Group, compañía registrada en Zug, Suiza.
Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ para América Central, presentó un resumen de la situación en Guatemala, un país plagado por problemas de corrupción, violencia e impunidad. Enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Dijo que en el Departamento de Izabal existe mucha preocupación respecto a los impactos de la empresa sobre las comunidades locales de indígenas Q’eqchis. Explicó que estas comunidades no se oponen al desarrollo en sí, pero quieren asegurarse que esta actividad beneficiaría a la mayoría de la población. Concluyó diciendo que la iniciativa popular suiza referente a la responsabilidad social corporativa era sumamente importante ya que implicaría que las multinacionales basadas en Suiza serían responsables de los actos de sus sucursales en otros países.
En sus comentarios finales, el Prof. Marco Sassoli recomendó que se organizara una misión internacional a Izabal en Guatemala con el objetivo de tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan a las comunidades locales de Q’eqchis como resultado de las operaciones mineras de níquel de la compañía Solway.
Un informe más detallado sobre la conferencia es disponible acá.
Oct 24, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Eren Keskin (Turquía), Marino Cordoba Berrio (Colombia) y Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia) competirán por este prestigioso premio otorgado a los defensores de los derechos humanos que han demostrado una profunda compromiso y afrontan altos riesgos personales. La CIJ es miembro del jurado.
Los finalistas han sido seleccionados por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos (los miembros del jurado son la CIJ, Amnesty International, Human Rights Watch, Human Rights First, International Federation for Human Rights, World Organisation Against Torture, Front Line Defenders, EWDE Germany, International Service for Human Rights y HURIDOCS).
Los galardonados son seleccionados porque han demostrado un profundo compromiso con los derechos humanos, a menudo trabajando bajo amenaza de encarcelamiento, tortura o algo peor. El reconocimiento internacional otorgado por el Premio, además de elevar su perfil y su trabajo, a menudo proporciona una protección significativa.
El Premio Martin Ennals 2019 se entregará el 13 de febrero de 2019 en una ceremonia organizada por la Ciudad de Ginebra, que durante muchos años ha apoyado firmemente el Premio.
Marino Córdoba Berrio (Colombia)
Miembro de la comunidad afro-colombiano, Marino Córdoba Berrio (abajo a la izquierda en la foto) dirigió a su comunidad al enfrentar la pérdida de sus tierras ante poderosos intereses comerciales, en particular en la tala de bosques y la minería.
Después de trabajar con éxito para obtener el reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra de su comunidad, gran parte de su comunidad fue expulsada por la fuerza en 1996.
Las amenazas y los ataques constantes lo llevaron a buscar Asilo Político en los Estados Unidos en 2002, donde construyó una red de partidarios en apoyo a su comunidad y la paz.
Regresó a Colombia en 2012 y desde entonces viene trabajando para garantizar inclusión de las comunidades étnicas en el acuerdo de paz, en particular como miembro de la “Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales” que proporciona información a medida que se implementa el acuerdo de paz.
Él ha recibido regularmente amenazas de muerte y está bajo seguridad constante.
Afirmó que: “históricamente hemos sido excluidos política, social y económicamente, desproporcionadamente afectados por la discriminación estatal, también afectados por la crueldad de la guerra, por lo que proporcionar medidas de superación e inclusión del pueblo Afrocolombiano es una responsabilidad primordial del Estado. Creo en el poder de mi mente y en mis manos como un factor determinante para hacer lo correcto por la paz, por lo tanto, la justicia que se aplique a mi pueblo es crucial para su supervivencia, por lo que está en nuestras manos promover cambios justos y humanos, aun en momentos de constantes persecución y asesinatos de líderes importantes y soñadores en mi país y, aun por encima de mi propia vida. Si este esfuerzo implica exponer mi vida creo que será siempre con amor a mi causa y a mi gente”.
Eren Keskin (Turquía)
Eren Keskin (parte superior izquierda de la foto) es un abogado y activista de derechos humanos.
Durante más de treinta años, ella ha luchado por los derechos y libertades fundamentales en Turquía, especialmente por los Kurdos, las mujeres y la comunidad LGBTI.
En el contexto del empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Turquía, Keskin se encuentra una vez más en el centro de los intentos de intimidación.
Como parte de una campaña de solidaridad para apoyar al periódico Özgür Gündem, Keskin sostuvo el título de “editor en jefe” del periódico desde 2013 hasta 2016, cuando fue clausurado por las autoridades.
El 30 de marzo de 2018, fue condenada y sentenciada a 12,5 años de cárcel por haber publicado artículos que se consideraba que habían “degradado” a la nación turca e “insultado” al presidente turco. Actualmente está libre mientras se apela el caso.
Ella afirmó: “Defender los derechos humanos no es fácil en nuestro territorio. Estoy siendo procesado con 143 cargos por mi solidaridad con un periódico de la oposición en el contexto de la libertad de expresión. Los premios internacionales y la solidaridad tienen características “protectoras” y tranquilizan a quienes estamos en sociedades represivas. También nos da un impulso moral y ayuda a nuestra motivación para la lucha. Gracias por no olvidarnos. Tu solidaridad y protección significan mucho”.
Abdul Aziz Muhamat (Papua Nueva Guinea / Australia)
Abdul Aziz Muhamat (Aziz, en la derecha en la foto), de Sudán, es un defensor convincente e incansable de los derechos de los refugiados.
En busca de asilo, se encuentra recluido en detención de inmigrantes en Australia en la isla Manus, Papúa Nueva Guinea, desde octubre de 2013, cuando las autoridades australianas interceptaron su barco.
Aziz ha visto morir a sus amigos. Ha recibido disparos de la policía local. También fue enviado a una prisión local por negarse a comer en protesta por la crueldad y el sufrimiento infligido a otros.
Aziz es una de las principales voces públicas entre los hombres detenidos en la isla Manus.
A pesar de la ubicación aislada, ha expuesto las duras condiciones allí a través de podcasts y entrevistas con los medios. Él ha pagado un precio por esto, ya que es visto como un “líder de la banda” tanto por parte de PNG como de las autoridades australianas.
Ella declaró: “Mi trabajo para exponer este sistema cruel me ayuda a preservar mi autoestima y la dignidad humana inherente. Me ayuda a luchar por los derechos de cada refugiado en todo el universo, lo que haré hasta mi último aliento. No siempre es fácil cuando se vive en condiciones de miedo y persecución. Sin embargo, incluso bajo la maquinaria más aplastante del estado, el coraje se levanta una y otra vez, porque el miedo no es el estado natural y haré todo lo posible para seguir adelante”.
Contactos
Olivier van Bogaert, Director de comunicación de la CIJ, miembro del jurado, t: +41 22 979 38 08 ; e: olivier.vanbogaert(a)icj.org
Michael Khambatta, Director, Fundación Martin Ennals, t: +41 79 474 8208 ; e: khambatta(a)martinennalsaward.org
COL-Marino Cordoba Bio-News-2018-SPA (biografía completa de Marino Córdoba Berrio, en PDF)
TUR-Eren Keskin_Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Eren Keskin, en inglés, PDF)
AUS-Abdul Aziz Muhamat Bio-News-2018-ENG (biografía completa de Abdul Aziz Muhamat, en inglés, PDF)
Jul 26, 2018 | Noticias
Falta de atención médica por parte del Estado de Guatemala provoca la muerte de niña, 30 horas después de nacida el 24 de julio.
La CIJ visitó el 25 de julio del presente año a la comunidad de “Laguna Larga”, víctima de desalojo forzoso hace ya más de un año.
Las personas desplazadas, que actualmente viven en la circunscripción de El Desengaño, municipio de Candelaria, Estado de Campeche, a la intemperie en carpas y “champas” en una zona rural de la franja fronteriza entre Guatemala y México, continúan en condiciones inhumanas y en una situación de riesgo, que pone en peligro su vida e integridad.
El 8 de septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de los Pobladores desalojados y desplazados de la comunidad Laguna Larga (Resolución 36/2017, Medidas Cautelares No. 412-17), instando a las autoridades guatemaltecas a adoptar las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias, a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores”.
Hasta la fecha las autoridades guatemaltecas no han acatado las medidas cautelares.
La CIJ pudo constatar que la única medida adoptada por el Estado de Guatemala ha sido la asignación a la comunidad desplazada de dos maestras para impartir clases a los niños.
No obstante, la CIJ pudo constatar igualmente que las instalaciones educativas son precarias y demasiado calientes y obscuras, lo cual dificulta la impartición de clases.
Ninguna medida de orden sanitario o en materia de salud ha sido implementada por las autoridades guatemaltecas.
El pasado 24 de julio, una niña murió apenas treinta horas después de nacida, aparentemente, por falta de atención médica.
Igualmente ninguna de las medidas cautelares relativas a la alimentación, acceso al agua potable y vivienda, ha sido atendida por las autoridades guatemaltecas.
La CIJ expresa su honda preocupación por el hecho de que el Estado de Guatemala no haya cumplido ninguno de los requerimientos de la CIDH y que, después de un año, los derechos a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados de la Comunidad Laguna Larga se encuentren en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable.
Ante la inacción de las autoridades guatemaltecas, los miembros de “Laguna Larga”, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, tanto mexicanas como guatemaltecas, han logrado implementar varios proyectos para abastecerse de agua potable, energía eléctrica, alimentación y salud.
No obstante, la CIJ pudo constatar que toda esta importante ayuda humanitaria que “Laguna Larga” ha recibido de parte de la sociedad civil, resulta insuficiente dada la gravedad de la crisis.
Si bien el esfuerzo y el trabajo desplegado por los miembros de la Comunidad de “Laguna Larga” y las organizaciones no gubernamentales guatemaltecas y mexicanas, constituyen un ejemplo de organización y participación de la sociedad civil, ello en modo alguno exonera, sustituye o disminuye la responsabilidad del Estado guatemalteco de garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de la población desplazada y de implementar las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
La CIJ concluye que toda esta falta de respuesta por parte de las autoridades en todos los ámbitos de la medida cautelar de la CIDH, constituyen actos y tratos inhumanos, crueles y degradantes, que afectan gravemente la dignidad del ser humano y que han causado daños irreparables a los miembros de la comunidad “Laguna Larga”.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“Ante toda esta situación, la Comisión Internacional de Juristas demanda que las autoridades del Estado de Guatemala cumplan con la medida cautelar 412-17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma inmediata, para evitar más daños a la comunidad “Laguna Larga” y que se retome el diálogo iniciado antes del desalojo. Según los estándares internacionales, el Estado deberá reparar todos los daños y perjuicios causados.”
