Jul 24, 2018 | Artículos, Noticias
Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.
La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.
El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.
Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.
El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.
La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.
La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.
La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.
En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.
Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.
Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.
El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.
La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.
Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.
Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.
Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.
Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.
Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:
“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”
Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)
May 16, 2018 | Eventos, Noticias
Entre 2016 y 2018, la CIJ – Instituciones Europeas junto a organizaciones colaboradoras en siete países de la Unión Europea (UE), trabajó en el acceso a la justicia de niños migrantes en el contexto del proyecto FAIR (Promoviendo Acceso a los derechos de los niños migrantes).
Los niños migrantes en la UE hacen frente a violaciones de sus derechos humanos a diario.
Algunos ejemplos de lo que sufren los menores son: falta de acceso a sus familias, información, tutores y asistencia legal, falta de acceso a una vivienda o al sistema educativo y detenciones ilegales.
El objetivo del proyecto era mejorar el acceso a la justicia de los menores migrantes estableciendo un grupo de abogados europeos que están capacitados para representar niños migrantes en procedimientos nacionales y en el plano internacional.
Durante este proyecto, la CIJ – Instituciones Europeas:
- Desarrolló 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes;
- Formó a 142 abogados de 7 países de la Unión Europea;
- Reunió a 35 abogados y expertos en un evento de 5 días sobre litigación estratégica.
- Creó una red internacional de abogados; y
- Proporcionó apoyo continuo a los abogados en su litigios en representación de niños migrantes.
El proyecto FAIR fue co-financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y OSIFE.
Los módulos de capacitación traducidos en inglés, español, griego, búlgaro, italiano y alemán, estarán disponibles próximamente.
Puede ver un vídeo sobre proyecto FAIR aquí:
Puede ver un vídeo sobre el evanto en litigación estratégica aquí:
Los 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes en Español
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Dec 9, 2017 | Artículos, Multimedia, Noticias
Los dirigentes de comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras y recursos naturales contra los impactos negativos de operaciones industriales y proyectos de infraestructura, han sido acusados de actividades criminales y en algunos casos detenidos de manera arbitraria.
Esta respuesta tiene como objetivo silenciar las voces de protesta y las demandas legítimas de consentimiento libre, previo e informado relativas a obras de infraestructura y otros proyectos en las comunidades indígenas.
Este video incluye entrevistas con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dos dirigentes indígenas, que fueron víctimas de detención arbitraria, así como una dirigente comunitaria, explicando el impacto de la detención en la familia y toda la comunidad.
La criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos es un fenómeno por el cual se acusan a las y los dirigentes comunitarios de diferentes actividades criminales a causa de su oposición a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas o la privatización de servicios sociales esenciales.
Este modelo de desarrollo afecta a los recursos naturales (el agua, la tierra y el medio ambiente) en los territorios de los pueblos indígenas.
Se trata de un fenómeno global que es particularmente agudo en Guatemala.
La explotación de los recursos naturales, tales como la minería a cielo abierto y las operaciones de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas, es una razón principal que explica los ataques a las protestas sociales y las acciones de defensa de los derechos humanos.
Las diferentes comunidades afectadas buscan defender sus territorios y oponerse a las diferentes formas de explotación de los recursos naturales que se hallan en sus territorios o en áreas vecinas porque puede afectar el abastecimiento en agua, la tierra y el medio ambiente.
Varios dirigentes han sido asesinados a causa de su oposición a estos proyectos.
Algunos miembros de las familias de los asesinados han asumido a su vez la tarea de oponerse a estos proyectos, y también han sido acusados de actividades criminales.
También, en Guatemala existe un conflicto social intenso por la manera de abastecimiento de electricidad.
Como resultado de la privatización del servicio en 1996, el Estado de Guatemala ha consentido concesiones a compañías nacionales e internacionales para proveer servicios de electricidad.
Durante los años, muchas y muchos usuarios se han quejado de la mala calidad y el alto coste de los servicios de estas compañías privadas.
La Comisión Nacional de Electricidad ha fallado en su deber legal de “asegurar que los concesionarios y contratistas cumplan con sus obligaciones, y proteger los derechos de los usuarios,” lo que ha sido reclamado por muchos usuarios descontentos.
Las protestas sociales conciernen las tres fases diferentes de la producción de electricidad: la generación de electricidad que incluye la construcción de presas hidroeléctricas por compañías multinacionales que causan impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas; redes de transmisión de electricidad; y los servicios de electricidad.
Debido a esta situación, muchos usuarios de electricidad han declarado que están en resistencia citando el Artículo 45 de la Constitución de Guatemala que dice: “Es legítimo que el pueblo resista para proteger y defender los derechos y las garantías establecidos en la Constitución.”
Las acciones realizadas bajo esta protección constitucional han causado muchos ataques a los derechos humanos de muchos dirigentes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos.
La CIJ apoya el acceso a la justicia para las personas víctimas de tales violaciones de sus derechos humanos.
La CIJ brinda su apoyo a los abogados que defienden a estas víctimas de la criminalización de protestas sociales; actúa como observador de procesos en casos emblemáticos; promueve dialogo entre las comunidades y las autoridades estatales pertinentes, así como los alcaldes locales; y en algunos casos, apoya sumisiones de casos ante la Corte Constitucional.
Dec 5, 2017 | Artículos, Noticias
Las comunidades indígenas y campesinas guatemaltecas finalmente obtienen algo de justicia y recuperan tierras y territorios que anteriormente habían sido tomados por autoridades o actores económicos privados, incluso durante el conflicto armado interno que entre 1960 y 1996.
La CIJ pudo constatar estos desarrollos alentadores en un taller que organizó conjuntamente con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Taller Internacional sobre litigios estratégicos en defensa de la tierra y el territorio, en la ciudad de Guatemala, entre 9 y 10 Noviembre 2017.
Una de las historias exitosas, contada por Don Pedro Herrera, un líder comunitario de la comunidad Tzalbal, municipio de Nebaj, departamento de Quiché (norte de Guatemala), se refiere a una decisión judicial favorable de un juez de primera instancia en Nebaj, de fecha Agosto de 2016, ordenando la restitución de unas 1485 hectáreas (33 caballerías en el antiguo sistema de medición aún en uso en América Central) a las comunidades de Tzalbal.
La decisión está en apelación ante el Tribunal Constitucional de Guatemala, pero en el Taller se dijo que ya había levantado la moral y esperanza entre los miembros de las comunidades locales sobre de la perspectivas de restitución de su tierra apropiada en violación de sus derechos a la tierra.
Las 33 caballerías fueron separadas del resto de las tierras municipales y comunitarias alrededor de 1984, en medio de la guerra civil guatemalteca y como parte de los planes de contra-insurgencia elaborados por los gobernantes militares, supuestamente para crear aldeas leales en la línea de frente de combate a la insurgencia armada.
La mayoría de los miembros de la comunidad en ese momento habían huido de sus hogares, temiendo por sus vidas que estaban amenazadas tanto por la insurgencia armada como por las fuerzas militares del Estado.
Las autoridades locales de facto fueron obligadas a firmar documentos que aceptaban la separación de la tierra, pero la mayor parte de la población no se preocupó por la operación.
Sin embargo, en el año 2011, FONTIERRAS, la autoridad de tierras del gobierno, reveló a la comunidad que las tierras habían sido registradas como propiedad del Estado luego de la separación forzada ocurrida en 1984.
Desde entonces, las comunidades de Tzalbal comenzaron a tomar medidas concertadas para recuperar las tierras que consideraban legítimamente suyas y son los lugares donde mantenían sus hogares y obtenían sus medios de subsistencia.
Las comunidades de Tzalbal tienen unas 70 familias con unas 500 personas de todas las edades. Cuando se enteraron de que la tierra que tradicionalmente poseían era “legalmente” propiedad del Estado de Guatemala, se acercaron a la CIJ para solicitar asistencia jurídica.
Se presentó un recurso constitucional de Amparo en nombre de las comunidades de Tzalbal solicitando al tribunal que proteja los derechos de propiedad y el debido proceso bajo la Constitución guatemalteca y declare inválida la inscripción de propiedad de la tierra a favor del Estado en el Registro de la Propiedad.
En Agosto de 2016, el juez de primera instancia se pronunció en favor de las comunidades y ordenó que el registro modificara la inscripción en el registro de la propiedad.
Sin embargo, los representantes del Estado han apelado contra el fallo y se llevó a cabo una audiencia pública sobre el caso la primera semana de Noviembre de 2017.
Ahora se espera una decisión final por parte del Tribunal Constitucional.
La tierra, el territorio y los recursos son activos cruciales para la supervivencia y el bienestar de las comunidades indígenas y otras comunidades locales en Guatemala y otros países.
Para los pueblos indígenas también existe una relación inherente y especial con la tierra y el territorio que muchas veces adquiere un significado religioso y cultural.
En el Taller sobre Litigios Estratégicos, varios otros grupos explicaron cómo continúan su lucha por la justicia y en defensa de su tierra y territorio.
Varios de esos grupos reconocieron la asistencia instrumental de la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que a través de su Programa Maya brinda asesoramiento y apoyo a las comunidades locales en su defensa de la tierra y el territorio.
Un caso en discusión, todavía en curso, se refiere a la impugnación legal de la Evaluación de Impacto Ambiental llevada a cabo por Island Oil Company en virtud de un contrato de exploración y explotación petrolera con el gobierno que involucra a cinco municipios del departamento de El Petén.
El Petén es la ubicación de la mayor reserva de la biosfera en Guatemala, donde, curiosamente, los asentamientos humanos no están permitidos pero algunas compañías petroleras están autorizadas para llevar a cabo operaciones.
La batalla legal ha sido liderada por los pueblos Qeqchi, Mopan e Itza y respaldada por el Programa Maya. Se presentó un recurso administrativo conocido como oposición ante el MARN, la autoridad nacional para la preservación del medio ambiente, alegando violaciones de derechos como la falta de consulta y consentimiento de las comunidades locales.
La autoridad administrativa falló a favor de los demandantes y ordenó que la exploración se detuviera hasta que se cumplieran los requisitos reglamentarios.
Con el tiempo, el trabajo de la CIJ y otros grupos, realizado en coordinación con la oficina de derechos humanos de la ONU en Guatemala, ha comenzado a mostrar resultados.
Cada vez más comunidades están tomando medidas concretas para desafiar legalmente las acciones o leyes que causan o perpetúan el despojo de sus tierras y territorios tradicionales.
Jul 19, 2017 | Noticias
El 28 de marzo, el defensor de derechos humanos de la comunidad La Mestiza, don Jovel Tobar, fue detenido por efectivos de la Policía Nacional Civil.
Desde entonces, permanece detenido; el proceso lo instruye la Jueza Karla Hernández del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, por el presunto delito de Usurpación de Área Protegida.
El proceso penal contra Jovel Tobar y su detención, se dan como respuesta por sus actividades como defensor de derechos humanos.
En particular, la detención de Jovel Tobar se da cuando la comunidad de La Mestiza, junto a otras comunidades, habían logrado avanzar en el establecimiento de una mesa de diálogo de alto nivel con las autoridades guatemaltecas, para discutir su “Propuesta Alternativa de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comunidades afectadas por la declaratoria de Áreas Protegidas de Laguna del Tigre y Sierra Lacandón”.
Desde el inicio, el proceso penal fue declarado en reserva, denegándole a Jovel Tobar su derecho a un juicio público, en violación a los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIJ considera que el proceso penal contra Jovel Tobar constituye una forma de criminalización de la legítima protesta social y del ejercicio de la defensa de los derechos humanos y que su detención es arbitraria.
La CIJ recuerda que la justicia debe ser administrada por jueces independientes, imparciales, idóneos, profesionales y éticos, ya que de ello depende, en última instancia, que exista una recta administración de justicia, garante de los derechos humanos.
Asimismo, fiscales y jueces deben abstenerse de perseguir penalmente y criminalizar el ejercio legítimo de la defensa de los derechos humanos.
La CIJ ha podido constatar que en los casos de persecución penal de defensores de derechos humanos, fiscales y jueces han criminalizado el ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
En tal sentido, la CIJ exige que los órganos encargados de establecer la responsabilidad de jueces y juezas, inicien una investigación en este caso, para determinar si la función de la Jueza del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, se ha llevado a cabo en forma independiente e imparcial.
Dicha investigación debería cuando menos determinar: a) si existían argumentos objetivos y válidos para declarar el proceso bajo reserva; b) si se ha respetado el principio de celeridad en el proceso; c) las razones por las cuáles no se otorgó una medida sustitutiva a favor de Jovel Tobar; y d) cualquier otro aspecto, que se relacione con la falta de independencia o con la parcialidad de la jueza mencionada.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América finalizó expresando: “Todo parece indicar que al señor Tobar se le persigue por la vía del Derecho Penal, para dar un castigo ejemplar a toda la comunidad La Mestiza e intimidar a sus pobladores. Ojalá que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) inicie una investigación en el departamento de El Petén por este y otros casos de criminalización. Exigimos la inmediata e incondicional liberación del Señor Jovel Tobar y el archivo de la causa penal en su contra.”
