Dec 9, 2017 | Artículos, Multimedia, Noticias
Los dirigentes de comunidades indígenas que buscan proteger sus tierras y recursos naturales contra los impactos negativos de operaciones industriales y proyectos de infraestructura, han sido acusados de actividades criminales y en algunos casos detenidos de manera arbitraria.
Esta respuesta tiene como objetivo silenciar las voces de protesta y las demandas legítimas de consentimiento libre, previo e informado relativas a obras de infraestructura y otros proyectos en las comunidades indígenas.
Este video incluye entrevistas con Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, dos dirigentes indígenas, que fueron víctimas de detención arbitraria, así como una dirigente comunitaria, explicando el impacto de la detención en la familia y toda la comunidad.
La criminalización del trabajo en defensa de los derechos humanos es un fenómeno por el cual se acusan a las y los dirigentes comunitarios de diferentes actividades criminales a causa de su oposición a un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas o la privatización de servicios sociales esenciales.
Este modelo de desarrollo afecta a los recursos naturales (el agua, la tierra y el medio ambiente) en los territorios de los pueblos indígenas.
Se trata de un fenómeno global que es particularmente agudo en Guatemala.
La explotación de los recursos naturales, tales como la minería a cielo abierto y las operaciones de industrias extractivas en los territorios de los pueblos indígenas, es una razón principal que explica los ataques a las protestas sociales y las acciones de defensa de los derechos humanos.
Las diferentes comunidades afectadas buscan defender sus territorios y oponerse a las diferentes formas de explotación de los recursos naturales que se hallan en sus territorios o en áreas vecinas porque puede afectar el abastecimiento en agua, la tierra y el medio ambiente.
Varios dirigentes han sido asesinados a causa de su oposición a estos proyectos.
Algunos miembros de las familias de los asesinados han asumido a su vez la tarea de oponerse a estos proyectos, y también han sido acusados de actividades criminales.
También, en Guatemala existe un conflicto social intenso por la manera de abastecimiento de electricidad.
Como resultado de la privatización del servicio en 1996, el Estado de Guatemala ha consentido concesiones a compañías nacionales e internacionales para proveer servicios de electricidad.
Durante los años, muchas y muchos usuarios se han quejado de la mala calidad y el alto coste de los servicios de estas compañías privadas.
La Comisión Nacional de Electricidad ha fallado en su deber legal de “asegurar que los concesionarios y contratistas cumplan con sus obligaciones, y proteger los derechos de los usuarios,” lo que ha sido reclamado por muchos usuarios descontentos.
Las protestas sociales conciernen las tres fases diferentes de la producción de electricidad: la generación de electricidad que incluye la construcción de presas hidroeléctricas por compañías multinacionales que causan impactos sobre los territorios de los pueblos indígenas; redes de transmisión de electricidad; y los servicios de electricidad.
Debido a esta situación, muchos usuarios de electricidad han declarado que están en resistencia citando el Artículo 45 de la Constitución de Guatemala que dice: “Es legítimo que el pueblo resista para proteger y defender los derechos y las garantías establecidos en la Constitución.”
Las acciones realizadas bajo esta protección constitucional han causado muchos ataques a los derechos humanos de muchos dirigentes comunitarios, abogados y defensores de derechos humanos.
La CIJ apoya el acceso a la justicia para las personas víctimas de tales violaciones de sus derechos humanos.
La CIJ brinda su apoyo a los abogados que defienden a estas víctimas de la criminalización de protestas sociales; actúa como observador de procesos en casos emblemáticos; promueve dialogo entre las comunidades y las autoridades estatales pertinentes, así como los alcaldes locales; y en algunos casos, apoya sumisiones de casos ante la Corte Constitucional.
Sep 5, 2017 | Eventos, Noticias
Hoy la CIJ y el Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement co-organizaron una conferencia pública sobre los Elementos de un tratado sobre las empresas y los derechos humanos.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo intergubernamental encargado de “elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”.
La tercera reunión del Grupo de trabajo tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 en el Palacio de las Naciones.
El evento tuvo lugar en un momento crítico para informar el proceso de elaboración del tratado en el Grupo de trabajo, y se orientó a fomentar el intercambio de opiniones entre los actores internacionales con el objetivo de crear las base para el consenso sobre los posibles contenidos de un instrumento jurídicamente vinculante en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.
Se espera que el futuro tratado contribuya a subsanar algunas deficiencias en el marco normativo internacional en materia de rendición de cuentas, en relación con las operaciones de las empresas en materia de derechos humanos. El tratado también debería fortalecer la acción de los Estados para garantizar recursos efectivos y reparaciones para las víctimas de abusos.
Este tratado será el primero en el marco internacional del derecho de los derechos humanos para abordar directamente las actividades de las sociedades comerciales.
El tema de los impactos de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales figura a la cabeza de la agenda internacional sobre el que se han desarrollado varios instrumentos no vinculantes, entre los que destacan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Se prevé que el proceso hacia un tratado en este ámbito se basará en los logros alcanzados hasta la fecha, cubriendo las lagunas restantes y mejorando las normas y la acción de los Estados y las empresas por igual.
Mar 15, 2016 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy, la CIJ lanza su Informe de Misión sobre el impacto del proyecto hidrológico de El Quimbo en la vulneración de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población de varios municipios del Departamento del Huila, Colombia.
Asimismo, el Informe da cuenta de la respuesta estatal y de la empresa responsable del proyecto de El Quimbo a las demandas de las comunidades afectadas.
Finalmente, el Informe formula recomendaciones al Estado colombiano, a la empresa responsable del proyecto de El Quimbo y a la Comunidad internacional para garantizar los derechos humanos, la protección del medio ambiente y poner fin a los abusos y exacciones cometidas contra las comunidades.
La Misión de observación visitó a Colombia entre el 15 y el 21 de noviembre de 2015, y estuvo integrada por Philippe Texier y Belisário do Santos Junior, Comisionados de la CIJ por Francia y Brasil, respectivamente, y Sandra Ratjen, Consejera jurídica principal responsable del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la CIJ. Asimismo, la Misión contó con la asesoría del abogado Alberto León Gómez.
Colombia-ElQuimbo Megaprojects & ESCR-Publications-Facts Finding Mission Report-2016-SPA (full report in PDF, Spanish)
Mar 3, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condena asesinato la defensora de derechos humanos y Coordinadora General del Consejo Indígena de Organizaciones Populares de Honduras (COPINH).
En la madrugada, fue asesinada en su residencia Berta Cáceres por un grupo de sicarios.
La CIJ condena enérgicamente este asesinato, que no solo afecta a su familia, sino también al movimiento de Derechos Humanos en dicho país y al Pueblo Lenca de Honduras.
Además, constituye un ataque contra el movimiento de derechos humanos de toda la región Centroamericana.
Berta Cáceres llevó a cabo una lucha tenaz a favor de la defensa de los recursos naturales del Pueblo Lenca de Honduras.
En reiteradas ocasiones recibió amenazas de muerte, además de sufrir persecución política y órdenes de detención infundadas.
Su lucha, junto con la del COPINH y el pueblo hondureño, fue reconocida con varios premios internacionales.
La CIJ exige de las autoridades hondureñas una pronta investigación, para aclarar los hechos, determinar quienes fueron los autores materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Honduras ha perdido a una valiente y comprometida defensora de derechos humanos; es imprescindible que este crimen no quede en la impunidad. Los sicarios que cometieron el crimen y los autores intelectuales deben ser castigados. Esperamos un mensaje claro por parte del Gobierno y que de inicio de inmediato a las acciones correspondientes”.
Mar 1, 2016 | Artículos, Noticias
En mayo de 2015, la empresa REPSA entregó un oficio en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales donde acepta su responsabilidad por el desborde de sus lagunas de oxidación artificial que se derramaron sobre las aguas del río La Pasión el 28 de abril de 2015.
Sobre un segundo evento del 6 de junio de 2015 no hubo un reconocimiento de su responsabilidad.
El daño causado al Río la Pasión persiste al día de hoy y ha obligado a varias comunidades que allí habitan a buscar fuentes alternativas de sustento y trabajo.
El 10 de junio de 2015, vecinos del municipio de Sayaxché, en asamblea general integraron la Comisión por la Defensa de la Vida y la Naturaleza, para dar seguimiento por la vía legal a la contaminación del río.
El 11 de junio de 2015 presentaron una denuncia en el Ministerio Público con sede en el Municipio de San Benito, departamento de El Petén y demandaron a la empresa REPSA.
La Jueza Karla Hernández del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente resolvió investigar y suspender las operaciones de la empresa por un período de seis meses.
La decisión de la Jueza provocó diferentes acciones en su contra.
Entre las acciones más evidentes se cuentan: a) Antejuicio presentado en septiembre de 2016 por abogados vinculados a la empresa REPSA, el cual fue declarado sin lugar por la Corte Suprema de Justicia el 9 de diciembre de 2015; b) Demanda de juicio sumario civil para deducción de responsabilidades civiles por “extralimitación de sus facultades como juez B del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de San Benito, Departamento de El Petén, toda vez que ordenó una medida precautoria que no está contemplada en la ley”; esta denuncia fue aceptada para su trámite por la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones del Departamento de El Petén, Municipio de Poptún el 6 de octubre de 2015 y se encuentra en trámite.
Acerca de estas acciones, la CIJ considera:
- Según los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales, salvo la vía de la revisión judicial por medio de los recursos legales existentes;
- En el presente caso, la decisión de la jueza Hernández fue recurrida conforme los recursos propios del proceso penal (reposición y apelación); sin embargo, mediante otras acciones, se tomaron medidas en contra de la jueza Hernández y no contra la resolución emitida por ella, como debiera ser.
- Estas acciones atentan contra la independencia judicial, en tanto buscan evitar que la Jueza Hernández conozca el caso;
- La Jueza Hernández ha recibido amenazas sin que el Estado de Guatemala le brinde la protección debida;
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “Urgimos a las autoridades del Sistema de Justicia a tomar medidas adecuadas para evitar que las y los jueces independientes, resulten afectados por este tipo de acciones e intimidaciones.”
