Apr 18, 2005 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ y la Comisión Andina de Juristas, afiliada de la CIJ en la región, expresaron su profunda preocupación frente a la grave crisis judicial y política que vive Ecuador.
Las dos organizaciones hicieron un llamamiento a las autoridades de ese país a reestablecer el equilibrio institucional mediante el nombramiento de una Corte Suprema independiente e imparcial.
La Comisión Internacional de Juristas y la Comisión Andina de Juristas expresan su profunda preocupación frente a la crisis institucional que vive el Ecuador. Dicha crisis se ha profundizado con la destitución de todos los jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2004 y la reciente injerencia del poder político en el poder judicial. Por ello, ambas organizaciones hacen un llamamiento a las autoridades de dicho país a que nombre una Corte independiente e imparcial de conformidad con estándares internacionales y que garantice el normal funcionamiento del poder judicial. “El nuevo vacío institucional producido en Ecuador y la incertidumbre de cara al futuro del poder judicial constituyen una seria amenaza para la democracia y el estado de derecho en dicho país”, dijeron las organizaciones. “El equilibrio institucional debe reestablecerse cuanto antes, pero no sin garantizar un mecanismo de selección de jueces en el que la idoneidad de los candidatos, y no afiliación partidista, sea el factor determinante en los nombramientos. No se puede abusar del estado de emergencia para desnaturalizar el normal funcionamiento del poder judicial”. Los 31 jueces que constituían la Corte Suprema fueron removidos por decreto presidencial el pasado 15 de abril.
Anteriormente, el Presidente Gutiérrez había decretado el estado de excepción en un intento por controlar las manifestaciones que pedían su renuncia y la de los jueces de la Corte Suprema. Los jueces destituidos habían sido nombrados por el Congreso en diciembre pasado tras la remoción de la totalidad de los jueces de la Corte anterior. La remoción y los nombramientos se produjeron en el lapso de dos días, lo que motivó la preocupación de la CIJ y la CAJ. De acuerdo con el nuevo decreto, ninguno de los jueces anteriores como así tampoco ninguno de los recientemente removidos puede volver a ocupar su cargo. “El poder judicial constituye una de las piedras angulares sobre las que reposa toda democracia; la remoción de dos Cortes Supremas en cinco meses es desalentador y preocupante y supone un serio atentado contra la democracia en Ecuador”, subrayaron ambas Comisiones. “Urge nombrar una Corte que garantice la independencia e imparcialidad de sus miembros y que se encuentre legitimada y capacitada para revisar todos los actos del Gobierno”.
Dec 15, 2004 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ manifiesta su más alta preocupación frente a la remoción expedita, por parte del Parlamento ecuatoriano, de 27 de los 31 jueces que integraban la Corte Suprema de dicho país.
“La destitución de este tribunal de alta jerarquía constituye un grave ataque a la independencia del poder judicial y es incompatible con estándares internacionales y con el principio de separación de poderes”, declaró hoy la Comisión internacional de juristas.
El pasado miércoles 8, el Congreso, reunido en una sesión extraordinaria convocada por el Presidente Lucio Gutiérrez, destituyó mediante una resolución a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema. Esta resolución, calificada de inconstitucional por los partidos de oposición y los mismos magistrados, tuvo efecto inmediato. El viernes 10, el Congreso nombró a la nueva Corte.
La razón invocada por el órgano legislativo fue que el mandato de estos jueces se había prorrogado desde enero de 2003, fecha en la que presuntamente debían ser reemplazados. “La terminación abrupta, casi después de dos años de haber vencido este plazo, pone en duda los motivos esgrimidos por el Congreso para removerlos”, dijo la CIJ.
“Sin entrar en la legitimidad del Congreso para declarar la destitución de los jueces de la Corte, la rapidez con la que se arribó a esta decisión deja serias dudas con respecto a su imparcialidad y el respeto por las garantías procesales,” añadió la CIJ.
Para mayor información, sírvase contactar a Isabelle Heyer al + 41 22 979 38 00
Ecuador-indepjudges-news-2004-spa (en PDF)
Mar 30, 2004 | Incidencia
En una carta dirigida al Gobierno de Guatemala, el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ manifestó su preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima una fiscal de derechos humanos.
La CIJ instó al Gobierno a proteger la integridad física de la fiscal y a que investigue las instancias de intimidación que se habrían producido.
Licenciado Oscar Berger Perdomo
Presidente de la República de Guatemala
Casa Presidencial
6 a. Avenida, 4-18 zona 1
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: +502 238 3579 / 239 0090
Excelentísimo Sr. Presidente:
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) está compuesta por juristas procedentes de todas las regiones y sistemas legales del mundo dedicados a promover el imperio del derecho y la protección jurídica de los derechos humanos.
El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados es parte de la CIJ y tiene como misión la promoción y protección de la independencia de jueces y abogados en todo el mundo.
Hoy nos permitimos manifestarle nuestra preocupación frente a la situación de la Sra. Thelma Inés Peláez Pinnelo de Lam, Fiscal de la Sección de Derechos Humanos del Ministerio Público, quien está siendo intimidada en razón de su trabajo. Dicha intimidación constituye una violación de estándares internacionales sobre la función de los fiscales.
De acuerdo con la información que hemos recibido, el hostigamiento a la Sra. Peláez de Lam tendría su origen en su actuación profesional y en su negativa de ceder frente a presiones del nuevo Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la investigación de los hechos del 24 y 25 de julio de 2003. Aparentemente, el Fiscal General habría instado a la Sra. Peláez de Lam a no continuar con la investigación del nieto del General Efraín Rios Montt, líder del Partido Frente Republicano Guatemalteco, a pesar de la existencia de pruebas que demostrarían su responsabilidad penal. La razón que el Fiscal General habría esgrimido para dicha solicitud es que no quería que se sospechara que se estaba persiguiendo a un grupo de personas de determinada afiliación política.
De acuerdo con la información que hemos recibido, el pasado 11 de marzo el vehículo donde viajaba la Sra. Peláez de Lam fue perseguido por una motocicleta Honda blanca con placas de circulación M-129158 perteneciente al Ministerio de la Defensa Nacional. La motocicleta fue interceptada por los custodios de la Sra. de Lam. Al inquirir los custodios acerca del motivo de la persecución, los tripulantes de la motocicleta quienes se habrían identificado como miembros del Ejército de Guatemala, dijeron que la fiscal debía “dejar las cosas en paz”.
El mismo 11 de marzo, una pick-up con vidrios polarizados y sin placas de circulación habría perseguido por más de una hora al vehículo de la Sra. Peláez de Lam.
Por último, hemos recibido información acerca de una supuesta conversación que la secretaria del Sr. Fiscal habría mantenido con la Sra. Peláez de Lam. En dicha conversación, la secretaria le habría dicho que la única razón por la que no era despedida era porque estaba embarazada.
La CIJ desea expresar su profunda preocupación frente al hostigamiento del que está siendo víctima la Sra. de Lam. En este sentido, nos gustaría llamar su atención a las Directrices sobre la Función de los Fiscales, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Directrices no dejan dudas en cuanto al deber de los Estados de garantizar el libre desempeño de las funciones de los fiscales. En particular, la Directriz 4 establece que:
Los Estados garantizarán que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales sin intimidación, trabas, hostigamiento, injerencias indebidas o riesgo injustificado de incurrir en responsabilidad civil, penal o de otra índole.
Por otro lado, las Directrices establecen la obligación de los Estados de proteger a los fiscales frente a todo tipo de hostigamiento, independientemente de quien lo lleve a cabo. La Directriz 5 dispone:
Las autoridades proporcionarán protección física a los fiscales y a sus familias en caso de que su seguridad personal se vea amenazada como consecuencia del desempeño de sus funciones.
En lo que se refiere a la supuesta intención de despedir a la Sra. de Lam, nos permitimos recordarle que todo procedimiento de remoción de un fiscal debe cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, deben haber denuncias acerca de una o más faltas disciplinarias por parte de la fiscal en cuestión. En este sentido, la CIJ no ha tomado conocimiento de ninguna denuncia de esta índole contra la Sra. de Lam. En segundo lugar, todo procedimiento de remoción debe cumplir con las garantías de un procedimiento justo, en particular en lo referente a la imparcialidad del órgano que determinará la responsabilidad de la fiscal y el derecho a ser oída. La Directriz 21 establece los requisitos mínimos que todo procedimiento de remoción debe cumplir:
Las faltas de carácter disciplinario cometidas por los fiscales estarán previstas en la ley o en los reglamentos. Las reclamaciones contra los fiscales en las que se alegue que han actuado claramente fuera del marco de las normas profesionales se sustanciarán pronta e imparcialmente con arreglo al procedimiento pertinente. Los fiscales tendrán derecho a una audiencia imparcial. Las decisiones estarán sometidas a revisión independiente.
Por consiguiente, instamos al Gobierno guatemalteco a que tome las medidas necesarias para terminar el hostigamiento del que la Sra. de Lam está siendo víctima. Asimismo, solicitamos a su Gobierno que asegure que la fiscal pueda desempeñar sus funciones sin temor a ser sancionada disciplinariamente. Por último, llamamos a Su Gobierno a tomar todas las medidas necesarias para proteger la integridad física de la Sra. de Lam y, por otro lado, a que investigue las instancias de intimidación de las que habría sido objeto y a que se persiga penalmente a los autores.
Aprovecho esta oportunidad para enviarle mis más respetuosos saludos.
Ernst Lueber
Secretario General interino
Cc: SE Ricardo Alvarado Ortigoza
Embajador
Misión Permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra
Chemin de Sous-Bois 21
1202 Ginebra
Suiza
Fax: 022 733 1429
Sr. Juan Luis Florido
Fiscalía General del Ministerio Público
8a. Avenida 10-67, Zona 1, Antiguo Edificio del Banco de los Trabajadores
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: + 502 221 2718
Licenciado Manuel Arturo Soto Aguirre
Ministro de Gobernación
6a. Avenida 4-64, zona 4, nivel 3
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Fax: +502 362 0237/39
Feb 5, 2004 | Comunicados de prensa, Informes
El Centro para la Independencia de Jueces y Abogados de la CIJ presenta el informe de su misión a Honduras, que tuvo lugar en septiembre de 2003.
El informe presenta un detallado estudio del sistema de justicia hondureño y de los problemas que éste sufre, como así también un análisis del conflicto de competencias entre el Congreso y la Corte Suprema y del conflicto en el Colegio de Abogados.
Se formulan asimismo conclusiones y recomendaciones dirigidas al Gobierno, el Poder Judicial y los abogados.
Honduras-administrationofjustice-factfindingreport-2003-spa (en PDF)
Honduras-administrationofjustice-pressrelease(a)-2003-spa (anexo 1)
Honduras-administrationofjustice-pressrelease(b)-2003-spa (anexo 2)
Jan 27, 2004 | Eventos
El poder judicial y la profesión legal en Honduras se encuentran comprometidos por la influencia política, alegaciones de corrupción y posible impunidad, segun un reporte de la CIJ.
El informe, que lleva como título “Honduras: La Administración de Justicia, la Independencia del Poder Judicial y la Profesión Legal”, presenta un detallado análisis del sistema de justicia hondureño e identifica los problemas que éste sufre. La CIJ presenta sus conclusiones y recomendaciones al Gobierno de Honduras y a otros actores del sistema de justicia, todas ellas con vistas a lograr un fortalecimiento del Imperio del Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.
El reporte será comunicado en una conferencia a las 9:30 del 28 de enero en el Salón “Del General” del Hotel Plaza del General, en la ciudad de Tegucigalpa. El evento contará con la presencia de autoridades del Gobierno hondureño y diversos actores de la Administración de Justicia. El evento será co-auspiciado por la Oficina del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, que prestó su asistencia a la misión durante su visita a Honduras.
La presentación formal del informe estará a cargo del Sr. Pedro Nikken, actual Comisionado de la CIJ y ex-Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el Sr. Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Dr. Ramón Custodio, hará una exposición acerca de la independencia del Poder Judicial en Honduras.
