Jul 20, 2017 | Artículos, Noticias
Una entrevista del Secretario General de la CIJ Sam Zarifi con la periodista de Reuters Stephanie Nebehay.
El presidente estadounidense Donald Trump es parte de una nueva estirpe de líderes en el mundo que, como el venezolano Nicolás Maduro, quieren utilizar su mandato democrático para socavar el estado de derecho, dijo el miércoles el jefe de una ONG de derechos humanos y asuntos jurídicos.
Saman Zia-Zarifi, secretario general de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ por sus siglas en inglés), que tiene su sede en Ginebra, llama a Trump un “populista autoritario” y lo compara a los líderes de países como Venezuela, Turquía, Filipinas o Hungría.
Zarifi, que nació en Irán y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente, citó como ejemplo la restricción a los viajes impuesta por el gobierno de Trump a los ciudadanos de seis países de mayoría musulmana.
“Lo que es diferente ahora es que se usa un cierto tipo de populismo para contrarrestar la noción del estado de derecho”, dijo Zarifi en una entrevista en la sede de la ICJ, que está conformada por 60 jueces y abogados destacados del mundo que buscan proteger los derechos humanos y el imperio de la ley.
“El nuevo populismo tiene un cierto descaro que es nuevo. No es que están negando que están violando derechos, lo que dicen es que pueden violar derechos porque de alguna manera están empoderados por el pueblo”, señaló.
Zarifi, que encabeza la ICJ desde abril, dijo que esta nueva generación de populistas incluye a Nicolás Maduro de Venezuela, Tayyip Erdogan de Turquía y Rodrigo Duterte de Filipinas; al primer ministro Viktor Orban de Hungría y al líder del partido oficialista de Polonia, Jaroslaw Kaczynski.
“Yo diría que en Estados Unidos Trump es un populista autoritario. Tiene tendencias autoritarias pero aún hay mecanismos de control y equilibrio”, estimó Zarifi. “Así es que no es una figura totalmente autoritaria”.
La Corte Suprema revisó partes del decreto del gobierno de Trump que establecía restricciones al ingreso de viajeros de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, una normativa que según Trump busca combatir el terrorismo.
La decisión del tribunal, de acuerdo a Zarifi, pondría a prueba “la salud del sistema de equilibrios” de los poderes en Estados Unidos.
En Venezuela, Maduro busca establecer una Asamblea Constituyente con autoridad para reformar a Constitución y cerrar el Congreso dominado por la oposición, con una votación prevista para el 30 de julio.
Foto: Reuters / Pierre Albouy
Jul 12, 2017 | Incidencia
El abogado Carlos Ayala, miembro del comité ejecutivo de la CIJ analiza la constitucionalidad de esta asamblea y concluye que tanto la convocatoria como las Bases Comiciales de la ANC “configuran un fraude a la Constitución y una usurpación a la soberanía popular.
El 1 de mayo de 2017 el presidente Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante el Decreto No. 2.830.
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, aprobó la convocatoria e informó que el 30 de julio se realizarán los comicios para elegir a los constituyentistas.
Carlos Ayala concluye también que la ANC y la convocatoria violan los principios de la universalidad y la igualdad del sufragio”.
A continuación el texto completo:
Venezuela-ANC paper-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (en PDF)
Jan 29, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su preocupación frente a una nueva denuncia abusiva de la Fundación contra el Terrorismo, esta vez contra el Director de la CIJ para Centroamérica y un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, y contra el Director de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.
Esta denuncia se suma a otras en contra de abogados y abogadas de Guatemala. A través de querellas y acusaciones falsas, esta Fundación pretende afectar la función que estos profesionales cumplen como defensores de los derechos humanos.
Estas denuncias falsas son parte de una campaña iniciada hace más de un año y que ha querido afectar a más de cien personas, a quienes la Fundación contra el Terrorismo ha calificado como terroristas y guerrilleros (as), sin aportar pruebas.
Efectivamente se han presentado denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público, como la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y la actual Fiscal General Thelma Aldana, el Fiscal de Derechos Humanos o en contra de jueces y juezas del Organismo Judicial que ejercen su función en forma independiente, promoviendo un discurso de odio en contra de estas personas que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos.
Ante esto hechos, la CIJ demanda:
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actividades que realiza la Fundación contra el Terrorismo sobre todo, que investigue el origen de aquellas actividades que dirige en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos;
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, brinde la protección debida a defensores y defensoras de derechos humanos;
- Que una vez finalizada la investigación el Estado de Guatemala, a través de las autoridades y mecanismos correspondientes, adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a la Fundación contra el Terrorismo y su Director, por llevar a cabo campañas de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Aug 26, 2015 | Incidencia
Hoy, la CIJ y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) presentaron a un Amicus Curiae ante la Corte Constitucional de Colombia, sobre una reforma constitucional (Acto Legislativo 01 de 25 de junio 2015, “Por el cual se reforma el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia”).
Esta reforma constitucional pretende ampliar de forma exhorbitante el ámbito de competencia de la jurisdicción penal militar y niega los principios de complementariedad entre el Derecho internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y de la doble protección del ser humano bajo estas dos ramas del Derecho Internacional en las situaciones de conflicto armado.
La reforma constitucional fue demandada ante la Corte Constitucional por la Comisión Colombia de Juristas, varias Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y asociaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos de Colombia.
Colombia-AmicusCuriaeCIJOMCT-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
Apr 20, 2015 | Incidencia
En febrero de 2014, el Representante para Suramérica de la CIJ rindió un dictamen pericial en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú.
Este caso está referido a la ejecución extrajudicial de tres miembros del grupo armado “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA”, luego de ser puestos fuera de combate, por las fuerzas de seguridad peruanas en el marco de la llamada “Operación Chavín de Huántar”, de retoma de la Embajada del Japón en Lima (Diciembre 1996 –abril 1997).
El dictamen pericial rendido por la CIJ abordó cuestiones relativas a: i) la naturaleza jurídica de graves infracciones al derecho internacional humanitario; ii) la intervención de la justicia militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y que pueden constituir violaciones a los derechos humanos; y iii) los estándares internacionales relativos a la debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El pasado 17 de abril de 2015, la Corte Interamericana profirió Sentencia en el caso.
Peru-PeritajeFAGChavinHuantar-Advocacy-legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
