Oct 24, 2013 | News
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Oct 17, 2013 | Events
The ICJ participated in a meeting of experts within the Council of Europe’s Steering Committee on Human Rights (CDDH) in Strasbourg on 14-16 October 2013.
The Drafting Group on Human Rights and Business of the Steering Committee on Human Rights (CDDH-CORP) has drafted a Declaration of support to the Guiding Principles on Human Rights and Business for consideration by the Committee of Ministers. The ICJ expresses satisfaction at the progress made during the meeting and hopes that the draft declaration will be finally approved by Ministers and that this expert group will be able to move on to drafting a non-binding instrument on access to justice in the context of business activities.
Steering Committee meeting page (for agenda and report, including the draft Declaration)
Photo credit: © notfrancois (the author has no involvement in nor does support this submission)
Sep 19, 2013
The ICJ today called on Canada to enact an effective legal framework for accountability of Canadian extractive industries and to reconsider its rejection of other UPR recommendations.
In an Interactive Dialogue on the adoption of the second cycle Universal Periodic Review of Canada (Item 6 of the Human Rights Council’s agenda), the ICJ reiterated its concern regarding the human rights impacts of Canadian business enterprises, in particular mining, gas and oil companies, in countries where they operate. It also called on Canada to reconsider its position not to accept UPR recommendations to become party to several key international human rights instruments.
The Interactive Dialogue took place during the 24th regular session of the Human Rights Council (9 to 27 September 2013).
Canada-HRC24-Item6-OralStatement-LegalSubmission-2013 (download full statement in PDF)
ICJ submission and advocacy on the Universal Periodic Review of Canada
Sep 10, 2013
The ICJ today called for better regulation of private military and security companies (PMSCs) in national and international law.
Noting gaps identified in the regulation of PMSCs in the annual report to the UN by the Working Group on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, the ICJ encouraged the Working Group to:
- Publish national laws of the concerned countries and submit this and additional detailed information and analysis to the Open Ended Intergovernmental Working Group on a possible international regulatory framework for PMSCs, which will meet for its third session in December 2013; and
- Focus in future phases of its study on the availability, accessibility and effectiveness of accountability and redress mechanisms, including judicial mechanisms, in national laws.
The statement was made during an Interactive Dialogue with the Working Group (under Item 3 of the Human Rights Council’s agenda) during the 24th regular session of the Council (9 to 27 September 2013).
HRC24-OralStatement-WGMercenaries-LegalSubmission-2013 (download full statement by the ICJ)
A-HRC-24-45 (download the annual report of the Working Group)
Aug 20, 2013
Por primera vez un Tribunal de Canadá conocerá una demanda de daños y perjuicios en contra de una empresa canadiense por hechos cometidos en Guatemala.
Un Juez de la Corte de Ontario resolvió en el mes de Julio del presente año, que los casos que se siguen en contra de la empresa Hudbay Minerals Inc. por supuestos hechos cometidos en contra de dirigentes comunitarios en el Departamento de Izabal, pueden ser juzgados en Canadá por tribunales canadienses.
Este es un hecho histórico, ya que por primera vez una demanda por daños y perjuicios en contra de una compañía canadiense, relacionada con abusos a los derechos humanos, podrá ser conocida por tribunales canadienses.
Esta resolución permite que se respete el derecho de las víctimas guatemaltecas, de buscar justicia en otro país, en este caso Canadá, por hechos supuestamente cometidos en Guatemala, en los que una empresa privada de extracción de minerales (niquel) de Canadá (Hudbay Minerals Inc.), está siendo demandada.
El Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, a solicitud de los abogados que llevan el caso en Canadá, presentó su opinión en las cortes canadienses sobre el Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala, habiendo recomendado que el caso fuese conocido en Canadá, por considerar que la impunidad existente en Guatemala hacía imposible que el caso de daños y perjuicios fuese ventilado en las cortes guatemaltecas (ver adjunto el texto del peritaje sobre El Derecho de Acceso a la Justicia en Guatemala de Ramón Cadena versión en inglés).
La Comisión Internacional de Juristas en Guatemala publicará próximamente un estudio sobre este caso.
Guatemala-UE Peritaje Canadá Hudbay-expert opinion-advocacy-2013-eng (full text in pdf)
