Guatemala: la CIJ pide que no se prorrogue estado de prevención

Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias

Este communicado sigue una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio.

La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:

1. Con fecha 28 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio, a raíz del establecimiento de un estado de prevención por el Organismo Ejecutivo. La CIJ tuvo la oportunidad de entrevistarse con dirigentes en Santa Fe Ocaña y Pilar II, quienes manifestaron que desde el establecimiento del estado de prevención, han sido afectados otros derechos tales como los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud ante las dificultades de movilidad en casos de emergencia, los derechos de la niñez y el derecho a la libertad de culto.

2. La CIJ lamenta que dicho estado de prevención esté afectando el ejercicio de otros derechos y permitiendo que se lleven a cabo diferentes violaciones por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las fuerzas del Ejército de Guatemala. Entre las denuncias recibidas se pueden citar:

a)    Las actividades religiosas han sido suspendidas y esto les impide celebrar diferentes fiestas de los santos de las comunidades;

b)    Las mujeres del lugar sufren acoso sexual y tanto policías como soldados les hacen comentarios ofensivos, insinuaciones sexuales y en general, molestan a las mujeres con propuestas de tipo sexual;

c)    Algunos niños y niñas no están acudiendo a la escuela, ya que tienen temor que algo pueda sucederles con tanto policía y tanto militar en los caminos;

d)    La comercialización de flores se ha visto afectada, lo cual repercute negativamente en su economía;

e)    Miembros de la Policía Nacional Civil entran a sus casas exigiendo que les den tortillas o alimentos;

f)     La presencia militar y policial es desproporcionada y considerable; no instalaron los sanitarios suficientes, ni tomaron medidas de higiene cuando llegaron a las comunidades; esto provoca que utilicenen forma abusiva los terrenos de los comunitarios;

3.cLa CIJ pide a las autoridades que no se prorrogue el estado de prevención en San Juan Sacatepéquez, porque viola el principio de proporcionalidad y de estricta necesidad y porque se fundamenta en una Ley de Orden Público que no recoge los estándares internacionales. De llegarse a prorrogar, la CIJ considera que el nivel de conflictividad puede aumentar en una forma alarmante y que dicha violencia afectará principalmente a la población civil que en forma pacífica y legítima defiende sus derechos.

4. La CIJ considera que dado el nivel de tensión que existe y el número de efectivos militares y policiales, en cualquier momento puede iniciarse un conflicto de dimensiones muy negativas para las comunidades.

5. La CIJ lamenta que se esté acusando al dirigente comunitario Daniel Pascual y al diputado Amílcar Pop de ser los “instigadores” y “quienes provocan la violencia en el municipio”. Estas acusaciones infundadas, lejos de resolver el problema, abonan más elementos para que el conflicto crezca, se perpetúe y se desarrolle. Además, provoca una campaña de odio que afecta seriamente los derechos de estas dos personas, poniendo en riesgo su integridad física.

6. La CIJ considera que para resolver esta crisis, deberían tomarse como mínimo las siguientes medidas:

a)    Que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y las autoridades de seguridad y justicia del Estado de Guatemala,inicien de manera inmediata una investigación objetiva e imparcial, que permita con la mayor rapidez posible, individualizar la responsabilidad de las personas involucradas en hechos de violencia y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que vienen operando en la zona desde hace ya varios años;

b)    Que se establezca una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, es decir entre la empresa privada que impulsa un mega proyecto y laconstrucción de una carretera en la región y los dirigentes comunitarios que se oponen a dicho proyecto, con la mediación internacional de un experto o experta de un organismo especializado como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Una primer tarea de esta mesa sería establecer por consenso entre las partes, una agenda para el diálogo; las autoridades del Organismo Ejecutivo deberían ser parte de la mesa y no coordinar, ni moderar el diálogo;

c)    Que no se prorrogue el estado de prevención, ya que la CIJ insiste en los peligros que pueden derivarse de la prórroga del estado de prevención.