Mar 11, 2021 | Advocacy, Non-legal submissions
Today, the ICJ called on the Office of the High Commissioner for Human Rights to guarantee transparency and participation in its activities in Venezuela in an oral statement delivered during the interactive dialogue on the oral update by the UN’s High Commissioner of Human Rights on Venezuela.
The statement reads as follows:
“Madame President,
The International Commission of Jurists (ICJ) welcomes the High Commissioner’s oral update on the situation of human rights in Venezuela, particularly regarding the cooperation between her office and the Venezuelan authorities.
The ICJ underscores the importance of transparency on the activities conducted under the Memorandum of Understanding (MoU) signed by both parties. Publication of the MoU to inform the public and ensure the optimal engagement of stakeholders is critical to its success.
The ICJ stresses that in addition to civil and political rights, economic, social, cultural rights continue to be violated in Venezuela, a situation aggravated by the COVID-19 pandemic. As of January 2021, at least 37 health workers have died due to the lack of protective equipment and basic supplies in healthcare centers.
In light of recent announcements by Venezuelan authorities, political considerations appear to be a driving factor in the COVID-19 vaccine prioritization plan, instead of objective and public health criteria, which could lead to discrimination and a denial of equal protection of law.
The ICJ recommends that the High Commissioner monitor and report on the status of the Venezuelan authorities’ compliance with her previous recommendations, and on her broader engagement with local civil society with a view to protecting human rights.
Thank you.”
Contact:
Massimo Frigo, ICJ UN Representative, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Mar 10, 2021 | Incidencia
Hoy, la CIJ alertó el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la persistencia de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, en el contexto du un dialogo sobre actualización oral de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la situación en Venezuela.
La declaración oral:
“Señora Presidenta,
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) agradece la actualización oral presentada por la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos (FFM) acerca de la situación en Venezuela.
La CIJ llama la atención sobre la persistencia de las graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos reportadas por la FFM en su informe de 2020, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales.
Las autoridades venezolanas han incumplido totalmente las recomendaciones de la Misión, incluida la necesidad de realizar “investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes de las violaciones de los derechos humanos y los delitos”. Esto resalta el déficit de independencia de los jueces y de los fiscales, lo que ha socavado el derecho a un juicio justo.
La CIJ está extremadamente preocupada por los ataques a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela por parte de las autoridades, que incluyen la criminalización de la defensa de los derechos humanos, siendo que esta defensa está protegida por el derecho internacional de los derechos humanos. Las organizaciones afectadas en 2020 incluyen a “Acción Solidaria”, “Provea”, “Alimenta la Solidaridad” y “CONVITE”, y a principios de este año cinco miembros de “Azul Positivo” fueron detenidos arbitrariamente y continúan siendo acosados.
La CIJ insta a las autoridades venezolanas a garantizar su plena cooperación con la FFM y a cesar de inmediato los ataques contra defensores de derechos humanos; a realizar investigaciones independientes y llevar ante la justicia a los responsables de graves violaciones de derechos humanos; y a eliminar los obstáculos para el acceso a la justicia de las víctimas.
Gracias.”
Contacto:
Massimo Frigo, Representante de la CIJ ante la ONU, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Mar 10, 2021 | Advocacy, Non-legal submissions
The ICJ delivered a statement today on the occasion of the interactive dialogue on the oral update by the Independent International Fact-Finding Mission on the situation in Venezuela calling for attention to the persistence of widespread serious human rights violations in the country.
The statements reads as follows:
“Madame President,
The International Commission of Jurists (ICJ) welcomes the Independent International Fact-Finding Mission’s oral update on the situation in Venezuela.
The ICJ calls attention to the persistence of widespread serious human rights violations, as reported by the FFM in its 2020’s report, including extrajudicial killings.
Venezuelan authorities have wholly failed to comply with the Mission’s recommendations, including the need for “prompt, effective, thorough, independent, impartial and transparent investigations into the human rights violations and crimes”.
This underscores the deficits in judicial and prosecutorial independence that has undermined fair trial rights.
The ICJ is extremely concerned about attacks on human rights defenders and civil society organizations in Venezuela by the authorities, which include the criminalization of the defence of human rights protected under international human rights law.
Civil society organizations that were targeted in 2020 include “Acción Solidaria”, “Provea”, “Alimenta la Solidaridad” and “CONVITE”, and early this year five members of “Azul Positivo” were arbitrarily detained and continue to be harassed.
The ICJ urges that the Venezuelan authorities ensure their full cooperation with the FFM and immediately cease the attacks on human rights defenders; conduct independent investigations and bring to justice those responsible for serious human violations; and remove obstacles to access to justice for victims.
Thank you.”
Contact:
Massimo Frigo, ICJ UN Representative, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Feb 23, 2021 | Editorial, Noticias
Una opinión editorial de César Landa, Comisionado de la CIJ
Desde el 2020 la pandemia del Covid-19 ha dejado millones de infectados y muertos en el mundo. Frente a ello, la rápida producción de las vacunas en algunos de los países centrales occidentales, su autorización de emergencia por sus gobiernos, y la inequitativa distribución a nivel internacional y nacional ha puesto en evidencia graves problemas al Estado de Derecho en la protección del derecho a la salud.
El acceso a las vacunas, al ser un bien escaso y con una alta demanda en el mundo, es mostrado como un logro nacional por los gobiernos latinoamericanos, como en el caso del Perú. Pero, es el caso señalar que desde los ensayos clínicos de la vacuna Sinopharm, la prensa peruana ha descubierto que, entre setiembre y enero, se han beneficiado de la vacunación de forma anticipada y en secreto, cerca de 500 personajes de la élite política peruana, como el ex Presidente Vizcarra, dos ministras, candidatos al Congreso, etc; autoridades de las dos universidades encargadas de los ensayos clínicos, y; la alta burocracia del Ministerio de Salud y la Cancillería, entre otros. Claro está, desplazando al personal médico y a las poblaciones vulnerables más necesitadas de la vacuna.
Lo cual pone en evidencia la necesidad de atender la cuestión de la vacuna como un medicamento esencial con un enfoque de derechos humanos, esto es de acceso universal y equitativo, como ha postulado la CIJ. Lo cual demanda de ciertos estándares en la compra de las vacunas –eficaces y seguras-. Por ejemplo, la compra a distintos proveedores; que las negociaciones sean transparentes –sin cláusulas de confidencialidad- para evitar diferentes prácticas de corrupción; que se garantice el acceso no discriminatorio a las vacunas para todas las personas, incluidas las más vulnerables –indocumentadas, presos, etc.-, y; se desarrolle instancias de control de los procesos de vacunación público y privado, con acceso a recursos judiciales efectivos en casos de violación del derecho del acceso equitativo a la vacuna.
La vacunación masiva contra el Covid-19, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, es una de las medidas sanitarias principales para evitar la propagación de una siguiente ola del virus a escala mundial. Más aún, ayudará a revertir los graves efectos que la pandemia tiene para el pleno ejercicio de las libertades y derechos clásicos –libertad de tránsito, derecho de reunión, libertad personal, etc.-, como sobre todo para los derechos económicos, sociales y culturales –salud, trabajo, educación, etc.-, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
Es imposible garantizar que todo el mundo tenga acceso inmediato a una vacuna contra la COVID-19. Pero, tampoco es posible que a la fecha más de 130 países no hayan recibido/adquirido alguna de las vacunas. Lo cual, en buena medida, es el resultado de que diez países han acaparado la adquisición del 75% del total de las vacunas en el mundo, según lo ha informado el Secretario General de las Naciones Unidas.
La producción y distribución masiva de las vacunas implica enormes costos financieros, por ello, solo los países centrales occidentales pueden invertir en los laboratorios de las grandes corporaciones químico-farmacéuticas. Solo así, se han podido desarrollar en tiempo récord las vacunas que cuentan con consolidados procedimientos administrativos y sanitarios de control e incluso de emergencia para validarlas. También han entrado en competencia las vacunas de países en desarrollo como China, Rusia e India. Las cuales cuentan con procesos paralelos o autónomos de investigación, producción, validación y comercialización de sus vacunas.
De modo que, se presentan dos desafíos a ser resueltos en el marco de los derechos humanos universales. Uno, la implementación de un sistema internacional de protección de la salud que promueva la distribución de la vacuna a los países en desarrollo y más vulnerables que aún no han importado ninguna vacuna, utilizando el Mecanismo Mundial de Vacunas COVAX, respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Dos, la prioridad nacional para las primeras vacunas es al personal sanitario y a los trabajadores que prestan los cuidados de emergencia. Asimismo, tienen prioridad las personas que presentan mayores riesgos de desarrollar una afección grave si se infectan con el Covid-19. Esto cubre cualquier causa como la edad, la existencia de patologías previas y la pobreza. También incluye a los pueblos indígenas, las minorías raciales, los migrantes, los refugiados, los desplazados, los reclusos y otras poblaciones marginadas y desfavorecidas.
Aunque, por el momento, la vacuna es un bien esencial y escaso, ello no justifica a los gobernantes a garantizar la salud y/o vida de sus ciudadanos de manera exclusiva. La humanidad no puede retornar, incluso transitoriamente, a un estado de naturaleza hobbesiano, donde “el hombre es lobo del hombre”; sino que, precisamente en estas aciagas circunstancias para la salud y la vida de miles de millones de seres humanos, corresponde apelar a la solidaridad internacional basada en la dignidad humana.
Descarga la opinión editorial en Inglés y Español.
Feb 23, 2021
An opinion piece by César Landa, ICJ Commissioner from Peru.
Since 2020, the COVID-19 pandemic has resulted in millions of infections and deaths across the globe. In response to this crisis, there have been rapid development and production of vaccines in some countries of the global North and governments have approved and emergency use of the vaccines. However, vaccine distribution has been unequal at the national and international levels.
Since COVID-19 vaccines are scarce and much demanded goods, widespread access to them is treated as a national achievement by various Latin American governments, including Peru. In the case of Peru, it is important to note that since the introduction of the clinical trials of the Sinopharm vaccine, media sources have reported that, between September and January, approximately 500 people from the Peruvian elite have been vaccinated secretly. These individuals include politicians, including former President Vizcarra, two ministers and candidates for Congress, authorities of the two universities leading the clinical trials, and high-level public servants of the Ministry of Health and Ministry of Foreign Affairs. These secret vaccinations were applied with a clear disregard for health workers and individuals in vulnerable conditions, who are most in need of the limited available vaccines.
The Peruvian case demonstrates the need to consider vaccines as an essential health product that requires the application of a human rights-based approach to guarantee universal and equal access to the vaccine, in line with international standards as argued by the International Commission of Jurists. A human rights-based approach requires some essential standards for the purchasing of effective and safe vaccines. These include, for example, the purchasing of vaccines from different suppliers; transparent negotiations, without confidentiality clauses, to prevent acts of corruption; access to vaccines for all without discrimination of any kind, including persons in vulnerable conditions, such as undocumented persons or prisoners; accountability mechanisms for public and private vaccination, which should include the access to effective judicial remedies in case of failure to provide non-discriminatory and equal access to the COVID-19 vaccine.
Equal access to vaccines is critical in both the global north and south. Mass-vaccination provides the singular, most effective measure to prevent a new global COVID-19 wave. Moreover, it will facilitate everyone’s ability to fully enjoy civil and political rights, which has been greatly compromised due to the pandemic. The rights impacted include the right to freedom of movement, the right to freedom of assembly and, the right to liberty. Critically, mass-vaccination will contribute to the protection of economic, social, and cultural rights, including the right to health, work, and education, particularly, in the case of persons in vulnerable conditions.
Although it is impossible to ensure immediate access to COVID-19 vaccines for everyone, it is not acceptable that, to date, more than 130 countries have not been able to acquire or receive a single vaccine dose. This is mainly a result of the fact that ten countries have acquired 75% of all available doses, according to the United Nations Secretary-General.
Since the mass production and distribution of vaccines are enormously high in cost, only a few of the wealthiest countries of the global north have had the means to invest in development and supplies from large pharmaceutical corporations. Only through such measures has it been possible to develop vaccines in record-time and consolidate administrative procedures as well as health controls and emergency approvals. Furthermore, vaccines from developing countries such as China, Russia, and India have also entered the market with parallel autonomous research, production, validation, and commercialization processes.
In light of the above, two main challenges need to be solved using the universal human rights framework. First, the implementation of an international system for the protection of health to promote the distribution of COVID-19 vaccines in developing and most vulnerable countries that have not acquired vaccine doses. To do so, the system should use the Global vaccine mechanism COVAX, supported by the World Health Organization.
Second, it should be ensured that the national vaccination plans prioritize health care workers and others who provide emergency care. Similarly, people at greater risk of developing serious illnesses from Covid-19 should be prioritized. This includes older persons, people with existing conditions that place them at risk, persons living in poverty, indigenous peoples, racial and ethnic minorities, migrants, refugees, displaced persons, prisoners, and other marginalized and disadvantaged people.
At the moment, COVID-19 vaccines are scarce goods. However, this should not be used as an excuse by Governments to only protect their inhabits’ right to health and right to life. Humanity cannot return, even temporarily, to a Hobbesian state of nature in which “man is wolf to man”. On the contrary, the current situation, with the life and health of billions of people are at risk, requires and appeal to international solidarity based on human dignity.
Download the Op-Ed in English and Spanish.
