Aug 30, 2020
En conmemoración del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, la CIJ presenta un estudio de línea base que examina los obstáculos que existen para la investigación y judicialización de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.
“El reporte enfatiza que, si bien Colombia tiene un comprensivo marco jurídico para la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos, las víctimas todavía enfrentan serios obstáculos para obtener justicia”, dijo Kingsley Abbott, Coordinador de la Iniciativa Global de Rendición de Cuentas de la CIJ.
Abbott también manifestó que “aunque un marco jurídico es importante, sin una efectiva implementación, no será posible que se garantice la rendición de cuentas de los responsables.
Entre otros obstáculos, se destaca el hecho que algunas víctimas han tenido problemas para participar en los procesos penales o obtener información sobre las investigaciones penales que se están adelantando.
El estudio ofrece recomendaciones para que se mejore la implementación del marco jurídico colombiano. Entre estas recomendaciones están:
- Realizar capacitaciones a los funcionarios públicos, incluidos los funcionarios judiciales, sobre los derechos de las víctimas y los mecanismos legales disponibles para la búsqueda de personas desaparecidas.
- Mejorar la coordinación entre las entidades del Estado que tienen funciones en materia de desaparición forzada.
- Evitar que la investigación y judicialización de los responsables de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales se adelanten ante la justicia penal militar.
En esa misma línea, el estudio resalta la importancia que Colombia le otorgue competencia al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas para recibir y considerar comunicaciones individuales. Dado los altos niveles de impunidad, el reconocimiento de competencia al Comité ha sido solicitado por organizaciones colombianas de la sociedad civil y víctimas, con el fin de mejorar la protección y garantía de los derechos de las víctimas de desaparición forzada.
Documento anexo a la Línea Base: Instituciones con funciones en materia de desaparición forzada en Colombia.
La elaboración del estudio fue posible gracias al apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) de la Unión Europea.
Antecedentes
La CIJ, en cumplimiento de su objetivo de promover la rendición de cuentas, la justicia y el estado de derecho en Colombia, ha estado monitoreando continuamente la investigación y el enjuiciamiento de violaciones y abusos graves a los derechos humanos, incluyendo los fenómenos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
Se trata de dos crímenes que se encuentran profundamente arraigados en la historia colombiana, en particular, a su conflicto armado. Adicionalmente, las dimensiones de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas en Colombia son una de las más alarmantes del continente.
El estudio de línea base fue elaborado como parte del proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, que hace parte de la Iniciativa Global de la CIJ sobre Rendición de Cuentas (Global Accountability Initiative). Bajo esta iniciativa, la CIJ ha elaborado otros estudios de línea base en Eswatini, Nepal, Myanmar, Venezuela, Cambodia, Tajikistán y Túnez.
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Colombia-GRA-Baseline-Study-Publications-Reports-Thematic-reports-2020-SPA
Aug 20, 2020 | News
Despite remarkable efforts to recover and identify human remains in Latin America, there are still thousands of cases where remains have not been identified and returned to their family. Crucially, families still struggle to understand and participate in the forensic process.
To address this issue, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) launched today a Forensic Guide which aims at providing practical and accessible information on the investigation, recovery, and analysis of human remains.
Currently, this publication is only available in Spanish but an English version will be provided in the forthcoming months.
The guide will be particularly useful for people who have no previous forensic knowledge and will contribute towards improving the understanding and participation of victims and civil society organizations in the search for disappeared persons.
The Guide was written by Luis Fondebrider, the executive director of the EAAF and takes into account international standards including the revised Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016).
The ICJ, the Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) and the Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) provided input during the Guide’s development.
The Guide was launched during a Webinar. The key speakers were Luis Fondebrider from the EAAF; Claudia Rivera from the FAFG and Franco Mora from the EPAF. It was moderated by Carolina Villadiego from the ICJ.
At the launch, all the forensic experts emphasized the central role that the families of disappeared persons must play in the process of investigation, recovery, and analysis of human remains. In particular, it was acknowledged that they not only have key information to find the remains but also, they have driven the processes.
Background
The Guide was produced as part of a regional project addressing justice for extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala, and Peru, which is coordinated by the ICJ.
The aim of the project is to promote the accountability of perpetrators and access to effective remedies and reparation for victims and their families in cases of extrajudicial killings and enforced disappearances in Colombia, Guatemala and Peru – and Latin America more broadly – through effective, accountable and inclusive laws, institutions and practices that also reduce the risk of future violations. The project is supported by the EU European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR).
The ICJ’s partners include the Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia), Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), and the Instituto de Defensa Legal (IDL).
Contacts:
Kingsley Abbott, Coordinator of the Global Accountability Initiative, e: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Legal and Policy Adviser, Latin America, and Regional Coordinator of the Project, e: carolina.villadiego(a)icj.org
Aug 20, 2020 | Artículos, Noticias
A pesar de esfuerzos significativos para recuperar e identificar restos óseos en América Latina, todavía hay miles de casos donde los restos no han sido identificados y entregados a los familiares. Asimismo, se debe destacar el hecho de que los familiares todavía tienen problemas para entender y participar en el proceso forense.
Con el fin de contribuir a la solución de este problema, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) lanzó hoy una guía forense con información práctica y accesible sobre la investigación, recuperación y análisis de restos óseos.
La guía es particularmente útil para las personas que no tienen previos conocimientos forenses. Además, contribuirá para mejorar el entendimiento y la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil en la búsqueda de personas desaparecidas.
La guía fue escrita por Luis Fondebrider, director ejecutivo del EAAF y para su elaboración se tuvo en cuenta los estándares internacionales en la materia, incluyendo el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas (2016). La Comisión Internacional de Juristas (ICJ), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) contribuyeron con insumos para la elaboración de la guía.
La guía fue lanzada durante un webinar. Los panelistas del evento fueron Luis Fondebrider del EAAF; Claudia Rivera de la FAFG y Franco Mora del EPAF. Contó con la moderación de Carolina Villadiego de la CIJ.
En el lanzamiento, todos los expertos forenses enfatizaron en el rol central que los familiares de las personas desaparecidas deben tener en el proceso de investigación, recuperación y análisis de restos óseos. En particular, se resaltó que los familiares no solo tienen información clave para encontrar los restos, sino que también, son los que impulsan estos procesos.
Actualmente, la guía está disponible en español y en los próximos meses estará disponible en inglés.
Contexto:
La guía fue producida como parte de un proyecto regional para promover justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú, que es coordinado por la CIJ.
El objetivo principal del proyecto es mejorar la rendición de cuentas en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, a través del fortalecimiento de capacidades de jueces, fiscales, investigadores, víctimas, abogados, forenses, y organizaciones de la sociedad civil. El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Además, se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Aug 19, 2020 | Artículos, Noticias
Hoy la CIJ llamó a las autoridades públicas a abstenerse de realizar comentarios o acciones que puedan socavar la integridad del proceso judicial y la independencia de la Rama Judicial.
El 4 de agosto la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió la situación jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ordenó su detención preventiva, sustituyéndola por detención domiciliaria, en relación con el caso que se sigue en su contra por los presuntos delitos de soborno a testigo y fraude procesal.
Desde hace días, varios políticos han hecho declaraciones inapropiadas e incendiarias respecto de la justicia, incluidas algunas que sugieren que los jueces toman sus decisiones basándose en prejuicios ideológicos o políticos en lugar de basarse en la Constitución y la ley.
El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó en una declaración trasmitida por televisión que le “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o inclusive tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia. Soy y seré siempre un creyente en la inocencia y en la honorabilidad de quien con su ejemplo se ha ganado un lugar en la historia de Colombia”.
La CIJ enfatiza que es inapropiado que un jefe de Estado u otro funcionario del poder ejecutivo intervenga de esta manera en un caso que está siendo objeto de estudio en la Rama Judicial. Los Principios Básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas dejan claro que “[t]odas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”, y esto implica que deben abstenerse de “influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas”.
Adicionalmente, y como reacción a la detención del expresidente Uribe, el partido político “Centro Democrático” del cual son miembros el presidente Duque y el expresidente Uribe, emitió un comunicado de prensa en el que dijo que planeaban proponer una Asamblea Nacional Constituyente “con el propósito de despolitizar la justicia”. Y el expresidente Uribe mencionó el 16 de agosto que esperaba que su partido político iniciara una reforma judicial a través de referendo para acabar con la “politización” de la Corte.
La CIJ considera que las acciones de reforma a la justicia no deben basarse en reacciones políticas a un caso o una decisión judicial determinada. Las reformas al sector justicia deben basarse en las buenas prácticas y en los estándares que permitan reforzar la independencia judicial y contar con una pronta, oportuna y justa administración de justicia.
Por último, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, también hizo comentarios inapropiados frente a la justicia colombiana, al tuitear el 14 de agosto que se unía a las voces que pedían a las autoridades colombianas que permitieran que Álvaro Uribe “se defendiera como un hombre libre”.
Contacto: Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ, e: carolina.villadiego(a)icj.org
Aug 19, 2020 | News
Today the ICJ called on the public authorities to refrain from comments or actions that could undermine the integrity of the judicial process and the independence of the judiciary.
On August 4, the Instruction Special Chamber of the Criminal Chamber of the Supreme Court of Justice ordered the pretrial detention, substituted for house arrest, of the former President Álvaro Uribe Velez, relating to allegations of bribery of witnesses and procedural fraud.
In recent days, a number of politicians have made highly inappropriate and inflammatory statements, including some suggesting that judges are making their decisions based on ideological or political biases rather than based on the Constitution and the law.
Colombian president Ivan Duque said in remarks broadcast on television on the 4 of August: “it hurts as a Colombian that many of those who have lacerated the country with barbarism defend themselves at liberty or are even guaranteed to never go to prison, and that an exemplary public servant who has held the highest dignity of the State is not allowed to defend himself in freedom with the presumption of innocence. I am and will always be a believer in the innocence and in the honor of him who, with his example, have earned a place in the history of Colombia.” (unofficial translation).
The ICJ stresses that it is inappropriate for a head-of-State or other executive official to intervene in this manner in a case that is under active judicial proceedings. The UN Basic Principles on the Independence of the Judiciary make clear that “it is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary” and this includes refraining from any “improper influences, inducements, pressures, threats or interferences, direct or indirect.”
In reaction to Senator Uribe’s arrest, the political party “Centro Democrático”, of which both President Duque and former President Uribe are members, released a press statement saying that they were planning to propose a National Constituent Assembly with the purpose of “depoliticizing justice”. Also, former President Uribe mentioned on 16 of August that he hoped his political party would initiate a reform of the justice system through a “referendum” to end the “politicization” of the Court.
The ICJ considers that any actions concerning reforms of the justice sector must be based on the standards and best practices that reinforce the independence of the judiciary and the prompt, timely and fair administration of justice, and not on a political reaction based on a single active case.
Lastly, United States Vice President Mike Pence has also made inappropriate remarks related to the Colombian justice system, tweeting on August 14 that he joined the voices that called Colombian authorities to let Alvaro Uribe “defend himself as a free man”.
Contact
Carolina Villadiego Burbano, ICJ Latin America legal and policy adviser, e: carolina.villadiego(a)icj.org
