May 24, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión internacional de la CIJ concluye que la Comunidad Laguna Larga, que sufrió un desalojo forzoso a mediados del año 2017, continúa sin la atención humanitaria adecuada y sin una solución duradera.
La CIJ llevó a cabo una misión internacional que inició el 19 de mayo y finalizó el día 23 de mayo, para observar la situación de los desplazados internos de la Comunidad Laguna Larga, desalojados forzosamente el 2 de junio de 2017, en el norte del departamento de El Petén.
La misión estuvo integrada por Marie Berger, abogada de nacionalidad Suiza, de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Ginebra, Suiza; Nuria Carulla, de la organización Justicia y Paz en Barcelona, entidad de la Iglesia Católica para la defensa de los derechos humanos, experta en Solidaridad Internacional y Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica. La asesora legal de la Comisión Internacional de Juristas Francisca Sánchez, asistió en la organización de la misión.
La visita a la comunidad se llevó a cabo el día 21 de mayo, habiendo realizado una serie de reuniones con las autoridades de la comunidad, con un grupo de mujeres de la comunidad y finalmente, con un grupo abierto de miembros de dicha comunidad.
La CIJ se permite recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la medida cautelar número 412-2017 concluyó que “…los derechos a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados de la Comunidad de Laguna Larga se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable” y, en consecuencia, la CIDH estableció diferentes medidas de protección a favor de las y los pobladores de dicha comunidad en la medida cautelar ya identificada.
Leer más: Guatemala-visita a Laguna Larga-News-web story-2019-SPA
Apr 2, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ lamenta que el Presidente de la República y otros funcionarios del Organismo Ejecutivo, se resistan a dialogar con las y los representantes de las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH).
Las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) han llevado a cabo una negociación de más de diez años con las autoridades del Estado de Guatemala, que culminó con la aprobación de un Plan de Reparación de los daños y perjuicios causados por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y la respectiva Política Pública para la reparación a las víctimas, contenida en el Acuerdo Gubernativo 378-2014.
Lamentablemente, las autoridades del actual Gobierno no han cumplido con su correcta implementación y se ha venido dando un retardo malicioso, que perjudica notablemente los derechos de las víctimas a la reparación colectiva, retardo que re-victimiza a las personas y una vez más, viola los derechos humanos de las víctimas.
Es importante recordar que existe un principio general del derecho, que afirma que los compromisos adquiridos mediante convenios, pactos o acuerdos, deben cumplirse de buena fe.
Ante dicho retardo, las comunidades se encuentran ejerciendo su derecho de protesta pacífica y han solicitado una audiencia con las autoridades al más alto nivel, quienes durante todo el día lunes 1ro. de abril, se negaron a recibirlos.
La CIJ hace un llamado al Presidente de la República, para que reciban a las y los representantes de COCAHICH y sus asesores, para que se pueda solucionar el asunto por la vía del diálogo. La CIJ está convencida que este asunto requiere de un diálogo franco y de buena fe.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América expresó: “El Presidente de la República debe respetar el diálogo y evitar que los derechos de las víctimas vuelvan a ser violados y debe honrar los compromisos adquiridos en el Plan de Reparaciones e instruir a todos los funcionarios de las entidades involucradas, para que tomen las acciones que sean necesarias y asi cumplir inmediatamente con los compromisos contenidos en el mismo.”
Mar 26, 2019 | News
The ICJ condemns the sentencing of Venezuelan Judge Maria Lourdes Afiuni to a further five years of imprisonment.
On 21 March, a court in Caracas sentenced Judge Afiuni on unfounded charges of “corruption”.
“This further five-year sentence against Judge Afiuni is both the latest in a long series of severe violations of her human rights, and also illustrates the grave extent to which independence of the judiciary in Venezuela has been more broadly undermined,” said Matt Pollard, ICJ Senior Legal Adviser and UN Representative.
Judge Afiuni was arbitrarily arrested and detained in 2009 after then-President Hugo Chavez publicly demanded she be imprisoned for 30 years, as she had released an accused person citing a decision by the UN Working Group on Arbitrary Detention that his detention was unlawful.
While in detention, she was subjected to torture and other ill-treatment.
In 2010, the UN Working Group on Arbitrary Detention issued an opinion declaring Judge Afiuni Mora’s detention arbitrary.
She was held in prison for 14 months before being transferred to house arrest for health reasons in 2011.
In 2013 she was granted parole but ordered not to leave the country or to use social media.
The UN Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers reacted earlier today to the latest sentencing by reaffirming the arbitrariness of her deprivation of liberty and the fact that her treatment amounts to reprisals for having implemented the UN Working Group’s decision.
The Rapporteur also said that the ruling “underscored his serious concerns about the independence of the judiciary in Venezuela, the impartiality of judges and prosecutors and the pressures they faced in handling politically sensitive cases.”
Further background on the situation for the judiciary in Venezuela, and Judge Afiuni’s case, is available here.
Mar 20, 2019 | Advocacy, Non-legal submissions
The ICJ today joined other NGOs in addressing the UN Human Rights Council session in Geneva, on the situation for human rights in Guatemala.
The statement, delivered by Franciscans International on behalf also of ICJ and other NGOs, read as follows (translation of Spanish original):
“We welcome the High Commissioner’s Report concerning the activities of her Office in Guatemala. We share the concerns and recommendations in the report, especially those related to the indigenous peoples, migrants and legislative initiatives that would impact in the full enjoyment of human rights.
As it was highlighted in the report, we are also concerned by the current discussions on the initiative to reform the National Reconciliation Law. This reform would give amnesty to those who committed serious crimes during the armed conflict, including those who have already been convicted. This puts at risk not only the fulfillment of the state’s obligations to end impunity, but also the security and access to justice of hundreds of victims and witnesses. Guatemala should dismiss immediately the initiative and refrain from promoting any other initiative that would promote impunity.
Additionally, the political and social tensions are intensifying towards the upcoming elections, and the inclusion of various groups, especially indigenous peoples, is at risk. Currently there is a low participation and representation of indigenous peoples in the political scene of the country. Out of 178 seats in the Congress, only 18 are occupied by Mayans (from which only two are women). The State must guarantee free participation, without intimidation or threats, of indigenous peoples running for different positions.
Lastly, the regional human rights situation of migrants is aggravating and the response by Guatemala, as evidenced in the last months, shows the lack of an effective policy to deal not only with migrants in transit, but also to create conditions to prevent forced migration of Guatemalans.
We thank the work that the Office of the High Commissioner for Human Rights has done, and we stress the importance of its activities in the country.”
The full statement may be downloaded in English and the original Spanish, in PDF format, here: HRC40-OralStatement-GDitem2-Guatemala-2019-EN-ESP
Mar 13, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, conjuntamente con una jueza de Honduras y otra de Costa Rica, de sus respectivas asociaciones de jueces, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez más, pidieron la destitución del Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, ya que a partir de dicho nombramiento, las y los jueces más independientes e imparciales, empezaron a ser vigilados ilegalmente y se han sentido vulnerables e inseguros.
El día de hoy, gracias a una nota periodística, se supo que el Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, Roberto Mota Bonilla (foto), tiene orden de captura, por la supuesta comisión del delito de violencia contra la mujer.
Esta nueva acusación hace insostenible que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siga protegiendo y manteniendo en su puesto y el pleno de magistrados de dicha Corte debería ahora intervenir, por tratarse de un asunto relacionado directamente con la seguridad de jueces y juezas.
“Tal y como nos informara el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en él recae la responsabilidad del nombramiento del Director de Seguridad Institucional, pero los asuntos de seguridad de jueces, debe discutirlos con el pleno de la Corte Suprema de Justicia,” expresó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
La CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, para que respeten el Estado de Derecho y que cesen los ataques en contra de la independencia del Poder Judicial y de las y los jueces que administran justicia en forma independiente e imparcial.
Lamentablemente, tal y como lo confirmara el Presidente del Organismo Judicial, está a la espera de informe de Auditoría Interna para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, ante estos nuevos hechos, no debería esperar el informe para tomar una decisión. El Director de Seguridad Institucional Roberto Mota Bonilla, debería ser destituido en forma inmediata.
