Jan 12, 2024 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ está preocupada por los intentos de actores poderosos en Guatemala, incluido el Ministerio Público, de subvertir la transferencia de la autoridad presidencial al presidente electo Bernardo Arévalo de León, quien debe asumir el cargo el 14 de enero de 2024.
La CIJ hace un llamamiento a todas las autoridades del Estado y a actores privados para que respeten el Estado de Derecho y desistan de interferir en el proceso de transición y cesen en sus esfuerzos por revocar o hacer ineficaces los resultados de las elecciones presidenciales de 2023.
“El sistema democrático en Guatemala está en juego. Es sorprendente que los ataques contra el proceso electoral provengan de representantes de instituciones del Estado que tienen el deber legal de defender la democracia y los derechos humanos”, afirmó Santiago Canton, Secretario General de la CIJ. “Miembros del Ministerio Público, el Congreso y el poder judicial han actuado en total desprecio de las obligaciones internacionales de Guatemala. En particular, el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana establece el derecho de los pueblos de las Américas a la democracia y el deber de los gobiernos de promover y defender la democracia”, añadió Canton.
El 20 de agosto de 2023, Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, del partido “Movimiento Semilla”, fueron elegidos Presidente y Vicepresidenta, respectivamente, para el mandato presidencial 2024-2028. Su victoria fue certificada por el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Antes y después de las elecciones, hubo múltiples intentos por parte del Ministerio Público y otras autoridades de perturbar el proceso electoral presidencial. El Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado y calificado algunos de estos hechos como “intentos de golpe de Estado”.
El Ministerio Público, a cargo de María Consuelo Porras Argueta, ha tenido un papel principal en estos intentos mediante el uso arbitrario de sus facultades de persecución penal. Entre otras acciones, el Ministerio Público ha abierto investigaciones penales injustificadas y espurias y ha emitido órdenes de captura y allanamiento contra magistrados y funcionarios del Tribunal Supremo Electoral, el presidente electo Arévalo, la vicepresidenta electa Herrera, miembros del partido “Movimiento Semilla”, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos y estudiantes.
EL Ministerio Público también ha expresamente puesto en duda la legitimidad del proceso electoral presidencial de 2023. En una conferencia de prensa del 8 de diciembre de 2023, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche Cucul, afirmó que el Tribunal Supremo Electoral “se burló de los guatemaltecos” y estaba involucrado en violar la democracia del país. El Fiscal Curruchiche también afirmó que, desde el punto de vista del Ministerio Público, las elecciones de 2023 debían anularse.
Varios jueces han contribuido al uso arbitrario del derecho penal en detrimento del Estado de Derecho en Guatemala. El 8 de enero de 2024, el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Raúl Orellana Letona, envió un oficio ante el Tribunal Supremo Electoral para que se ejecutara la orden de suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido “Movimiento Semilla”. El Juez Orellana también ha ordenado que se inicie una investigación penal contra funcionarios del Tribunal Supremo Electoral.
En noviembre y diciembre de 2023, el Congreso guatemalteco y la Corte Suprema de Justicia llevaron a cabo el proceso judicial para retirar la inmunidad penal a algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
El traspaso legítimo del poder está intrínsecamente ligado al respeto del Estado de Derecho y al ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluido el derecho a participar en la vida política y pública mediante el ejercicio del derecho al voto y el derecho a ser elegido. Estos derechos están garantizados por instrumentos internacionales de los que Guatemala es Estado parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana. En consecuencia, la CIJ recuerda que las autoridades guatemaltecas están vinculadas por obligaciones internacionales en virtud de estos instrumentos.
La CIJ también pide a los Estados comprometidos y a la comunidad internacional que actúen para garantizar que las autoridades guatemaltecas respeten el Estado de Derecho, los derechos humanos y el sistema democrático. Si fuera necesario, los Estados miembros de la OEA deberían activar la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, en caso de que se impida que el presidente electo Arévalo asuma el cargo.
Contexto
Las elecciones presidenciales de 2023 tuvieron lugar en un contexto de impunidad generalizada por graves violaciones a los derechos humanos, denuncias confiables de cooptación de órganos judiciales, corrupción institucional generalizada y ataques contra integrantes de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos, según ha sido documentado por múltiples instancias, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el caso de las y los operadores de justicia (juezas, jueces y fiscales), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por “el incremento de la criminalización en contra de personas operadoras de justicia” y la “intimidación, el hostigamiento, el procesamiento y la persecución de quienes luchan por la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos y que trabajan en casos de corrupción”.
Ha habido numerosas acciones aparentemente dirigidas a socavar la integridad del proceso electoral presidencial por parte del Ministerio Público. Además de los hechos mencionados anteriormente, el 16 de noviembre de 2023, el Ministerio Público solicitó 31 órdenes allanamiento y 27 órdenes de aprehensión contra activistas, estudiantes, académicos, un miembro del “Movimiento Semilla” y personas defensoras de los derechos humanos. Entre los señalados, se encontraba el abogado de derechos humanos Ramón Cadena, quien había denunciado previamente irregularidades cometidas por el Ministerio Público. Los cargos estaban relacionados con la participación de estas personas en las protestas de 2022 contra la elección del rector de la Universidad de San Carlos. El mismo día, el Ministerio Público también indicó que el presidente electo Arévalo y la vicepresidenta electa Herrera participaron en las protestas “violentas” en busca de ventajas políticas. Por la supuesta participación en las protestas, el Ministerio Público anunció que solicitaría que se retirara la inmunidad al presidente electo Arévalo, a la vicepresidente electa Herrera y a otros miembros de su partido.
El 14 de diciembre de 2023, la Corte de Constitucionalidad resolvió una acción de amparo en la que exhortaba al Congreso a preservar el régimen democrático y a tomar todas las medidas para garantizar la transferencia pacífica del poder el 14 de enero de 2024. Además, la Corte previno a todas las autoridades guatemaltecas a que “actúen de conformidad con sus funciones para la efectividad y debido cumplimiento de la última etapa del proceso electoral.” El 11 de enero de 2024, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional a favor de la vicepresidente electa Herrera. La Corte ordenó a todas las autoridades judiciales abstenerse solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión contra Herrera “sin haberse agotado el procedimiento establecido en la Ley en materia en Antejuicio”.
La situación electoral de 2023 ha sido objeto de grave preocupación de instancias internacionales, entre ellas la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. En esa misma línea, la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Arévalo y Herrera el 24 de agosto de 2023. Las medidas cautelares consideraron las alegaciones de Arévalo sobre amenazas de muerte, hostigamiento, una campaña de desprestigio y vigilancia ilegal en su contra.
El 11 de diciembre de 2023, la CIDH adoptó la “Resolución 03/2023, Derechos Humanos, la Instrumentalización del Sistema de Justicia y los Graves Riesgos para el Estado de Derecho en Guatemala”. La CIDH afirmó que Guatemala atravesaba una “grave crisis política e institucional” debido a “las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”.
Jan 12, 2024 | News
The ICJ is concerned about attempts by powerful actors in Guatemala, including the Office of the Attorney General, to subvert the transfer of executive presidential authority to President-elect Bernardo Arévalo de León, who is due take office on 14 January 2024.
The ICJ calls on all State authorities and private parties to respect the Rule of Law and desist from interference in the process of transition and to cease efforts to revoke or make ineffective the results of the 2023 presidential elections.
“The democratic system in Guatemala is at stake. It is shocking that the attempts against the electoral process come from representatives of State institutions that have a legal duty to uphold democracy and human rights,” said Santiago Canton, ICJ Secretary General. “Members of the Office of the Attorney General, Congress, and the judiciary have acted in total disregard of Guatemala’s international obligations. In particular, Article 1 of the Inter-American Democratic Charter establishes the right of the peoples of the Americas to democracy and the duty of governments to promote and defend democracy,” added Canton.
On 20 August 2023, Bernardo Arévalo de León and Karin Herrera Aguilar of the “Movimiento Semilla” party were elected President and Vice-President respectively for the 2024-2028 presidential term. Their victory was certified by the Guatemalan Supreme Electoral Tribunal. Prior to and after the election, there were multiple attempts by the Office of the Attorney General and other authorities to disrupt the presidential election process. The European Parliament and the Organization of American States (OAS) have condemned and characterized certain of these efforts as an “attempted coup d’état”.
The Office of the Attorney General, led by María Consuelo Porras Argueta, has played a leading role in these attempts through the arbitrary use of its prosecutorial powers. Among other actions, the Office of the Attorney General has opened unwarranted and spurious criminal investigations and issued of arrest warrants and search warrants against justices and staff members of the Supreme Electoral Tribunal, President-elect Arévalo, Vice-President-elect Herrera, members of the “Movimiento Semilla” party, members of civil society organizations, academicians, and students.
The Office of the Attorney General has also expressly cast doubt on the legitimacy of the 2023 presidential election process. At a press conference on 8 December 2023 a chief prosecutor, José Rafael Curruchiche Cucul, claimed that the Supreme Electoral Tribunal “made a mockery of Guatemalans” and was involved in “violating the country’s democracy”. He also affirmed that the Attorney General’s Office’s view was that the 2023 elections should be annulled.
A number of judges have contributed to the arbitrary use of the criminal law to the detriment of the rule of law in Guatemala. On 8 January 2024, the Seventh Criminal Court Judge, Fredy Raul Orellana Letona, filed a petition before the Supreme Electoral Tribunal to execute an order for the provisional suspension of the legal personality of the “Movimiento Semilla” party. Orellana has also demanded a criminal investigation against staff members of the Supreme Electoral Tribunal.
In November and December 2023, the Guatemalan Congress and the Supreme Court of Justice engaged in legal proceedings aimed at waiving immunity from criminal prosecution of some justices of the Supreme Electoral Tribunal.
The lawful transfer of power is intrinsically linked to the respect for the rule of law and the exercise of human rights and fundamental freedoms, including the right to participate in political and public life, including through voting and standing for elections. These rights are guaranteed by international instruments to which Guatemala is a State party, such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the American Convention on Human Rights, and the Inter-American Democratic Charter. Consequently, the ICJ recalls that the Guatemalan authorities are bound by international obligations under these instruments.
The ICJ also calls on engaged States and the international community to act to ensure that the Guatemalan authorities uphold of the rule of law, human rights, and the democratic system. If necessary, Member States of the OAS should trigger the application of Article 20 of the Inter-American Democratic Charter in the event that President-elect Arévalo is obstructed from assuming office.
Background information
The 2023 presidential election took place in a context of widespread impunity for serious human rights violations over the course of decades, reliable allegations of co-option of judicial bodies, widespread institutional corruption, and attacks against members of civil society organizations and political parties, as documented by multiple instances, including the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR). In the case of justice officials (judges and prosecutors), the UN High Commissioner for Human Rights has expressed his concern about “the growing number of criminal cases brought against justice officials” and the “intimidation, harassment, prosecution and persecution of those fighting for accountability for human rights violations, including work on corruption cases”.
There have been numerous actions apparently aimed at undermining the integrity of the presidential election process by the Attorney General and prosecutorial authorities. In addition to the incidents mentioned above, on 16 November 2023, the Office of the Attorney General issued 31 search warrants and 27 arrest warrants against activists, students, academics, a member of the Semilla Movement, and human rights defenders. Among those targeted was the human rights lawyer Ramón Cadena, who had previously denounced irregularities committed by the Office of the Attorney General. The charges were related to their participation in the 2022 protests against the election of the rector of the San Carlos University. On the same day, the Attorney General’s Office also alleged that President-elect Arévalo and Vice-president elect Herrera were involved in the “violent” protests seeking political advantage. For the purported participation in the protests, the Attorney General’s Office announced that it would request that President-elect Arévalo, Vice-President elect Herrera, and other members of their party be stripped of their immunity from prosecution.
On 14 December 2023, the Constitutional Court handed down an amparo action in which it exhorted Congress to preserve the democratic regime and to take all measures to ensure the peaceful transfer of power on 14 January 2024. In addition, the Court enjoined all Guatemalan authorities to “act in accordance with their functions for the effectiveness and proper completion of the final stage of the electoral process”. On 11 January 2024, the Constitutional Court also granted a “protection order” in favour of the Vice-President-elect Herrera. The Court ordered all judicial authorities not to issue or grant any arrest warrant against Herrera without waiving immunity from prosecution.
The 2023 electoral situation has been the subject of grave concern of international instances, including the European Union and the Organization of American States. In this connection, the IACHR granted precautionary measures in favour of Arévalo and Herrera on 24 August 2023. The precautionary measures considered Arévalo’s allegations of death threats, harassment, a smear campaign, and illegal surveillance.
On 11 December 2023, the IACHR adopted “Resolution 03/2023, Instrumentalization of the Justice System and Serious Risks for the Rule of Law in Guatemala”. The IACHR stated that Guatemala was experiencing a “serious political and institutional crisis” due to “the unwarranted and arbitrary actions and interference of the Attorney General’s Office, which are endangering the results of this year’s General Election”.
Dec 20, 2023 | Cases, News
Desi Bouterse sentenced to 20 years in prison
Paramaribo, Suriname; 20 December 2023 – The International Commission of Jurists (ICJ) welcomed the 20 December decision by the Hof van Justitie, the highest court in Suriname, confirming the conviction of former president Desi Bouterse for the 1982 murders of 15 political prisoners.
The three-judge chamber also confirmed Bouterse’s sentence of 20 years in prison. It was not immediately clear when Bouterse, who was not in court, would begin serving his term. The court also sentenced his four co-accused to 15 years each.
It took 41 years, but the long arm of the law has finally caught up to Desi Bouterse,” said Reed Brody, an American lawyer who attended the verdict for the ICJ. “Suriname has chosen the rule of law. The judges who rendered today’s decision and those who issued the original conviction while Bouterse was still president should be praised for their fortitude and their independence.”
Bouterse’s lawyer had indicated that in the event of a conviction, he would file a challenge with the Inter-American Commission on Human Rights, though it is not clear on what ground, and such a filing does not stay the operation of the sentence. The only domestic channel available for Bouterse is to seek a pardon from president Chan Santokhi.
The ICJ underscored that extrajudicial executions are crimes under international law, that Heads of State enjoy no special immunity from prosecution for such crimes irrespective of when they were committed, and that pardons may not be applied to shield those responsible from criminal accountability.
Today’s decision is a victory for the families of Bouterse’s victims, who never gave up, and for all those around the world seeking to bring powerful abusers to justice,” said Brody. “It should serve as another reminder that accountability for the most serious crimes has no expiration date.”
Background
On 8 December 1982, 15 leading opponents of Suriname’s then military regime led by Desi Bouterse, who had been taken from their homes and arbitrarily detained the night before, were executed at the military barracks of Fort Zeelandia in the capital Paramaribo, after apparently being subjected to torture. The victims included the country’s chief labor leader, four lawyers, two reporters, a radio commentator, the owner of a news service, an industrialist, a former congressman, and a professor of biophysics.
No investigation of the killings was undertaken, even following the restoration of democracy in 1987. On the eve of the expiration of the 18-year statute of limitations for murder in 2000, the families of the victims obtained a court order mandating an investigation. In November 2007 the Krijgsraad (a military court comprised in the case of Bouterse of civilian judges) was established to hear charges against Bouterse and 24 other suspects. The process was plagued with prolonged suspensions and delays, especially following the election of Bouterse as president of Suriname in July 2010. First, the trial was suspended for four years following an amendment passed by Bouterse’s party to the Amnesty Law of 1989 (now repealed) granting him and the other accused immunity from prosecution. Then Bouterse ordered the attorney general (procureur-generaal) to block resumption of the trial on “national security” grounds, but the courts refused the request. He also sought unsuccessfully to fire the attorney general,an independent judicial officer with lifetime tenure, for failing to stop the prosecution. Finally, on 29 November 2019, while Bouterse was still president, the Krijgsraad sentenced him to 20 years in prison for planning and ordering the “December murders”. Because Bouterse chose not to be present at that trial, he was able to obtain a review of the conviction. On 30 August 2021, the Krijgsraad affirmed the conviction. Eyewitness and video evidence adduced at the trials placed Bouterse at Fort Zeelandia where he personally confronted victims before they were shot.
Bouterse, who lost power in 2020, appealed to the Hof van Justitie.
The ICJ has been monitoring the Bouterse trial since 2012. Details of some earlier ICJ’s missions reports and statements can be found here.
Contact:
In Paramaribo, Reed Brody (English, Spanish, French, Portuguese): +1-917-388-6745 or reedbrody@gmail.com. Twitter: @reedbrody
Watch his post-verdict interview with ITV here: https://www.youtube.com/watch?v=1A3DBVVsAmY&t=132s
Dec 17, 2023 | Cases, News
ICJ will monitor Desi Bouterse appeal
Paramaribo, Suriname; 17 December 2023 – On 20 December 2023, the Hof van Justitie, the highest court in Suriname, is expected to issue its final decision in the appeal by former president Desi Bouterse against his conviction for the 1982 murders of 15 political prisoners.
The International Commission of Jurists, which has monitored the trial since 2012, will be present in court in Paramaribo.
“This is the most important criminal trial in Suriname’s history,” said Reed Brody who will attend the verdict for the ICJ. “That a final decision will be delivered, after so many delays and detours, is a tribute to the courage and independence of Surinamese judges, the perseverance of the victims’ families and the resilience of the rule of law.”
Background
On 8 December 1982, 15 opponents of Suriname’s then military regime led by Desi Bouterse, including lawyers, union leaders and journalists, who had been arbitrarily detained the day before, were executed at the military barracks of Fort Zeelandia, Paramaribo, Suriname, after apparently being subjected to torture. Following a complaint by the families of the victims in 2000, in November 2007 the Krijgsraad (a military court comprised in the case of Bouterse of civilian judges) was established to hear charges against Bouterse and 24 other suspects. The process was plagued with serious suspensions and delays, especially following the election of Bouterse as president of Suriname in July 2010 and an amendment of the Amnesty Law of 1989 (now repealed) granting him and the other accused immunity from prosecution. On 29 November 2019, following a decade-long court martial, the Krijgsraad sentenced Bouterse- while he was still president – to 20 years in prison for planning and ordering the “December murders”. On 30 August 2021, the Krijgsraad affirmed the conviction and Bouterse- who lost power in 2020 – appealed. A final decision of the Hof van Justitie is due on 20 December in the cases of Bouterse and four others who have appealed their convictions.
ICJ Monitors
The ICJ trial monitors have been: from 2012 until 2020 – Jeff Handmaker, a former UK barrister and associate professor at Erasmus University in The Netherlands and the University of the Witwatersrand in South Africa; from 2020 – Godfrey Smith SC, former Attorney General of Belize, former acting Justice of Appeal of the Eastern Caribbean Supreme Court; and from 2023 – ICJ Commission member and veteran war crimes prosecutor Reed Brody who has participated in cases involving Augusto Pinochet, Hissène Habré and Jean-Claude Duvalier among others.
Reed Brody will be present in court on 20 December.
Details of some earlier ICJ’s missions reports and statements can be found here.
Contact:
In Paramaribo, Reed Brody (English, Spanish, French, Portuguese): +1-917-388-6745 or reedbrody@gmail.com. Twitter: @reedbrody
Dec 6, 2023 | Noticias
Perú violó sus obligaciones bajo el derecho internacional al liberar al expresidente Alberto Fujimori, en flagrante desafío a las órdenes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), dijo hoy la Comisión Internacional de Juristas (CIJ).
La CIJ ha hecho un llamamiento para que Perú cumpla con sus obligaciones legales y para que los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) adopten medidas efectivas para garantizar dicho cumplimiento.
La excarcelación anticipada de Fujimori, por supuestos motivos humanitarios, a pesar de no haber reconocido ninguna responsabilidad ni arrepentimiento por las atrocidades por las que fue condenado, es una afrenta a las numerosas víctimas y sus familias que sufrieron graves abusos bajo su gobierno.
Aunque la acción no equivale formalmente a una revocación de la declaración de culpabilidad o a un perdón de los delitos, Perú no siguió procedimientos que tuvieran en cuenta las preocupaciones de las víctimas o que justificaran la necesidad humanitaria de su liberación.
En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su participación en la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otros actos que, en su conjunto, constituían crímenes de lesa humanidad. El 6 de diciembre de 2023, fue puesto en libertad por orden del Tribunal Constitucional peruano tras un indulto humanitario emitido el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard.
El Tribunal y el Presidente no tuvieron en cuenta los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, dijo Carolina Villadiego, Líder del equipo de América Latina de la CIJ.
El flagrante desconocimiento por parte del Tribunal Constitucional del requerimiento explícito de la Corte Interamericana de hacer esta evaluación es una afrenta a las víctimas de los crímenes de Fujimori”, agregó Villadiego.
Aunque los derechos humanos de los condenados exigen que las autoridades judiciales tengan en cuenta el impacto de la detención en su salud, cualquier consideración sobre la salud debe estar fundamentada, y las víctimas deben ser escuchadas y sus derechos tenidos en cuenta a la hora de determinar si debe concederse la libertad por motivos humanitarios.
Tras la emisión del indulto en 2017, el 30 de mayo de 2018, la Corte IDH adoptó una resolución solicitando a las autoridades peruanas evaluar la posibilidad de una revisión judicial del indulto humanitario. Según la Corte IDH, dicha evaluación debería tener en cuenta, entre otras consideraciones, el derecho de las víctimas de Fujimori a acceder a la justicia; la proporcionalidad de la pena impuesta y su ejecución; los derechos de Fujimori, en particular su derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud.
La Corte Interamericana identificó inconsistencias en la evaluación de la salud de Fujimori, lo que debería haber impulsado a los tribunales nacionales a investigar a fondo las circunstancias que condujeron al indulto y garantizar que se tuvieran en cuenta los derechos de todas las partes implicadas”, afirmó Villadiego. “Los derechos de las víctimas parecen haber sido dejados de lado tanto por el presidente Kuczynski como por el Tribunal Constitucional, dando al traste con años de avances en la lucha contra la impunidad en el país”, añadió Villadiego.
La Corte IDH ejerce supervisión sobre las decisiones relacionadas con el caso Fujimori, casos Barrios Altos y La Cantuta, en las que determinó que Perú había violado sus obligaciones en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) al no exigir responsabilidades a los autores de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Perú. Las autoridades peruanas están obligadas a cumplir las decisiones de la Corte IDH en este caso, en consonancia con los principios fundamentales del Estado de derecho.
La CIJ resalta de manera inequívoca que las autoridades peruanas deben cumplir con las órdenes de la Corte IDH. El Tribunal Constitucional peruano no está facultado para desconocer la potestad de la Corte IDH de emitir órdenes en el marco de su función jurisdiccional de supervisión de la ejecución de sus decisiones y dejar sin efecto dichas órdenes.
La CIJ pide a las autoridades peruanas que cumplan las órdenes de la Corte IDH y revisen el indulto humanitario ejecutivo de Fujimori. Esto requiere una evaluación actualizada, exhaustiva e imparcial de la salud de Fujimori y la consideración de los derechos de las víctimas de Fujimori.
La CIJ también hace un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los miembros de la OEA, para que exijan a Perú que acate las órdenes de la Corte IDH y cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos en relación con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Antecedentes
En 2009, la Corte Suprema de Perú condenó a Alberto Fujimori por el asesinato de 25 personas, las lesiones graves a cuatro personas y el secuestro de dos personas y que consideró que dichos crímenes constituían crímenes de lesa humanidad. Como principio general, las normas y estándares internacionales prohíben la concesión de amnistías e indultos a los condenados por violaciones graves de derechos humanos que constituyan crímenes de derecho internacional. El derecho internacional también exige la protección del derecho a la salud de todas las personas, incluidos los presos, lo que, en algunos casos, podría permitir el encarcelamiento institucional.
Las decisiones del Tribunal Constitucional del Perú
El 4 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en la que ordenaba al Instituto Nacional Penitenciario la inmediata puesta en libertad del expresidente Fujimori, que cumple una condena de 25 años de prisión, la cual concluye en febrero de 2032. El fallo fue la última decisión judicial iniciada por el indulto humanitario, por problemas de salud, otorgado a Fujimori el 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard. Previamente, el 17 de marzo de 2022, el Tribunal Constitucional había resuelto que el indulto humanitario a Fujimori debía ejecutarse.
En la sentencia de 2023, el Tribunal también declaró que la Corte IDH no tenía competencia para pronunciarse sobre la no ejecución de una sentencia nacional como parte de la función judicial de la Corte IDH de supervisar la ejecución de sus decisiones. Esta afirmación fue en reacción de la resolución adoptada el 7 de abril de 2022, en la que la Corte IDH había ordenado al Estado peruano no ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional de 2022.
La posición del Tribunal es contraria a las facultades de la Corte IDH establecidas en los artículos 33, 62.1, 62.3 y 65 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y en el artículo 69 del Reglamento de la Corte IDH. Además, la posición del Tribunal podría implicar que algunas actuaciones de las autoridades judiciales pueden estar fuera del ámbito del control de convencionalidad, y por lo tanto, fuera de la obligación establecida en la CADH
Las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Antes de la sentencia condenatoria de 2009 contra Fujimori, por los mismos hechos, en 2001 y 2006, en los casos de Barrios Altos y La Cantuta, la Corte IDH había determinado que el Estado peruano había incumplido sus obligaciones en virtud de la CADH. La Corte IDH determinó que Perú había violado el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3), el derecho a la vida (artículo 4), el derecho a la integridad personal (artículo 5), el derecho a la libertad personal (artículo 7) y el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25). En ambos casos, entre otras medidas de reparación, la Corte IDH ordenó a Perú que identificara, investigara, procesara y sancionara a los responsables de las violaciones de derechos humanos.
Como parte de la función judicial de supervisar la implementación de sus decisiones, la Corte IDH ha emitido varias resoluciones ordenando medidas para la plena implementación de las órdenes en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Tras la emisión del indulto humanitario en diciembre de 2017, la Corte IDH emitió una resolución el 30 de mayo de 2018 solicitando a las autoridades peruanas evaluar la posibilidad de una revisión judicial del indulto humanitario.
Para la Corte IDH, esta revisión judicial debería considerar: (i) el derecho de las víctimas de Fujimori a acceder a la justicia; (ii) la proporcionalidad de la pena impuesta y de su ejecución; (iii) los derechos de Fujimori, en particular su derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud; y (iv) el hecho de que las penas de prisión no pueden convertirse en penas de muerte. Además, la Corte IDH consideró que existían serias dudas sobre si se habían cumplido los requisitos legales establecidos en la legislación peruana para la concesión del indulto humanitario. La CIDH destacó las inconsistencias en la evaluación de la salud de Fujimori y las alegaciones de que el indulto se concedió para dar al entonces presidente Kuczynski los votos en el Congreso para impedir la vacancia presidencial.
Adicionalmente, la Corte IDH también mencionó que, en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional, los indultos por razones de salud, como en el caso Fujimori, es necesario tener en cuenta la salud del condenado, pero también se debe considerar:
(…) que se haya cumplido una parte considerable de la pena privativa de libertad y se haya pagado la reparación civil impuesta en la condena; la conducta del condenado respecto al esclarecimiento de la verdad; el reconocimiento de la gravedad de los delitos perpetrados y su rehabilitación; y los efectos que su liberación anticipada tendría a nivel social y sobre las víctimas y sus familiares”.
La revisión judicial llevada a cabo por el Tribunal Constitucional peruano no tuvo en cuenta ninguno de los requisitos establecidos por la Corte IDH en su resolución de 30 de mayo de 2018. En consecuencia, el 7 de abril de 2022 y el 5 de diciembre de 2023, la Corte IDH ordenó al Estado peruano no implementar la decisión del Tribunal Constitucional en relación con el indulto humanitario a Fujimori. Ello, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Contactos:
Carolina Villadiego Burbano, Líder del equipo de América Latina de la CIJ, correo electrónico: carolina.villadiego@icj.org
Rocío Quintero Martínez, Asesora Legal de la CIJ para el programa de América Latina, correo electrónico: rocio.quintero@icj.org
