Feb 13, 2016 | Multimedia items, News, Video clips
The land of several communities from the Municipality of Nebaj was sold to the State during the civil war. But this happened without any valid legal basis.
The expropriation occurred in 1984 in the area of Tzalbal, at a time when most of the people from 14 local communities had flown to Mexico or the neighboring forests because of the war, which was particularly intense in the area.
The loss of farmland affected some 15000 people.
In 2013, the communities asked the ICJ to help them recover their land.
An initial investigation by the ICJ confirmed that the mayor at that time (1984) had signed a document transferring the land into the State’s hand.
However, this happened without consulting the communities and none of their representatives signed the document.
The ICJ asked the State to return the land to the communities through a Governmental Agreement, which was initially accepted.
However, the Government eventually reneged on its promise and ended the negotiations.
The ICJ is now preparing an action for protection of constitutional rights to help the communities recover their land through a judicial decision.
Guatemala-Caso Nebaj-News-Web Story-2016-SPA (full story in PDF, Spanish)
The Nebaj case in video (Spanish, English subtitles)
Jan 29, 2016 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa su preocupación frente a una nueva denuncia abusiva de la Fundación contra el Terrorismo, esta vez contra el Director de la CIJ para Centroamérica y un consultor que contribuye con el Bufete de Derechos Humanos, y contra el Director de Centro de Acción Legal, Ambiental y Social.
Esta denuncia se suma a otras en contra de abogados y abogadas de Guatemala. A través de querellas y acusaciones falsas, esta Fundación pretende afectar la función que estos profesionales cumplen como defensores de los derechos humanos.
Estas denuncias falsas son parte de una campaña iniciada hace más de un año y que ha querido afectar a más de cien personas, a quienes la Fundación contra el Terrorismo ha calificado como terroristas y guerrilleros (as), sin aportar pruebas.
Efectivamente se han presentado denuncias contra funcionarios y ex funcionarios del Ministerio Público, como la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y la actual Fiscal General Thelma Aldana, el Fiscal de Derechos Humanos o en contra de jueces y juezas del Organismo Judicial que ejercen su función en forma independiente, promoviendo un discurso de odio en contra de estas personas que actúan como defensores y defensoras de derechos humanos.
Ante esto hechos, la CIJ demanda:
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, inicie una investigación exhaustiva e imparcial acerca de las actividades que realiza la Fundación contra el Terrorismo sobre todo, que investigue el origen de aquellas actividades que dirige en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos;
- Que el Estado de Guatemala, por medio de las autoridades correspondientes, brinde la protección debida a defensores y defensoras de derechos humanos;
- Que una vez finalizada la investigación el Estado de Guatemala, a través de las autoridades y mecanismos correspondientes, adopte las medidas necesarias de acuerdo a derecho con respecto a la Fundación contra el Terrorismo y su Director, por llevar a cabo campañas de odio en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dec 10, 2015
Esta información fue enviada para la sesión 71 del Comité, en enero 2016.
El informe de la CIJ busca brindar al Comité información complementaria sobre el cumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, en relación a la responsabilidad legal de la persona jurídica o moral en el ordenamiento legal peruano.
El informe se centra únicamente en la falta de cumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del PFVN relativo a la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas jurídicas o morales en la legislación peruana.
El informe incluye posibles recomendaciones acerca de las medidas que el Perú debería tomar con el fin de cumplir plena y eficazmente sus obligaciones en virtud del PFVN.
Peru-CRC OPSC Submission-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (full text in PDF)
Dec 10, 2015 | Incidencia
Esta información fue enviada para la sesión 71 del Comité, en enero 2016.
El informe de la CIJ busca brindar al Comité información complementaria sobre el cumplimiento por parte del Perú de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, en relación a la responsabilidad legal de la persona jurídica o moral en el ordenamiento legal peruano.
El informe se centra únicamente en la falta de cumplimiento por el Estado parte de sus obligaciones en virtud del artículo 3, párrafo 4, del PFVN relativo a la responsabilidad penal, civil o administrativa de las personas jurídicas o morales en la legislación peruana.
El informe incluye posibles recomendaciones acerca de las medidas que el Perú debería tomar con el fin de cumplir plena y eficazmente sus obligaciones en virtud del PFVN.
Peru-CRC OPSC Submission-Advocacy-Legal submission-2015-SPA (full text in PDF)
Nov 25, 2015 | Incidencia
AI y la CIJ apoyan la propuesta de creación de una Comisión Bicameral de la Verdad, la Memoria, la Justicia, la Reparación y el Fortalecimiento de las Instituciones de la Democracia en el país.
Esta comisión tratará de identificaciar las complicidades económicas y financieras en relación con violaciones de los derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidas durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983.
El trabajo de esta Comisión puede ser una contribución muy importante a la obtención de la verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura y sus cómplices económicos.
Sin embargo, esta iniciativa no debe reemplazar ni dilatar la actividad de la justicia ordinaria.
Argentina-Declaracion conjunta AI ICJ Complicidad economica-Advocacy-2015-SPA (en PDF)
