Venezuela: weak legal system threatens democracy
A new report launched today by the ICJ pinpoints key deficiencies in the Venezuelan legal system, which threaten the rule of law, democracy and human rights in the country.
A new report launched today by the ICJ pinpoints key deficiencies in the Venezuelan legal system, which threaten the rule of law, democracy and human rights in the country.
La CIJ ha publicado un informe con el fin de asegurar mayores garantías para la independencia judicial y la separación de poderes en Honduras.
La CIJ evidenció un significativo debilitamiento del Sistema Judicial después del golpe de estado contra el entonces Presidente Manuel Zelaya en el 2009.
Las principales preocupaciones observadas dentro del reporte incluyen la interferencia indebida de actores políticos, y los ataques contra jueces, periodistas y defensores de derechos humanos.
Las reformas Constitucionales y Legales iniciadas a partir del golpe de estado en 2009 no han aportado verdaderas mejoras.
La ley que rige la judicatura no satisface el cumplimiento de estándares internacionales: los jueces siguen siendo rotados arbitrariamente de sus puestos, y son destituidos de sus cargos sin que se lleven a cabo los procedimientos disciplinarios apropiados.
El derecho de asociación de los jueces no es garantizado en la práctica.
El informe presentado por la CIJ incluye recomendaciones para las autoridades y otros actores en Honduras, para asistir a Honduras en el cumplimiento de estándares internacionales relativos a los derechos humanos, la independencia judicial y el Estado de Derecho.
Estas recomendaciones consideran, entre otras cosas: reformas a los procedimientos de selección de juezas y jueces, garantizar la enseñanza y difusión de instrumentos internacionales y estándares internacionales concernientes a garantizar el Estado de Derecho, y tomar medidas encaminadas a asegurar que los jueces puedan cumplir con sus funciones sin influencias indebidas provenientes de cualquier sector de la sociedad.
El reporte examina los acontecimientos que se han producido desde un informe anterios publicado por la ICJ en el 2003.
De igual forma, se basa en las actividades e investigaciones realizadas en Honduras por el Centro de Independencia de Magistrados y Abogados de la CIJ en cooperación con la Oficina de la CIJ en Centro América.
El reporte refleja información provista por jueces, personal de la función judicial y otros actores del sistema judicial en Honduras.
Contact:
Ramón Cadena, ICJ Regional Director, Central America, t +50 22 335 3325; ramon.cadena(a)icj.org
Honduras-Independencia poder judicial-Publications-report-2014-spa (en PDF)
The ICJ has published a report seeking better guarantees for judicial independence and the separation of powers in Honduras.
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.
La CIJ solicita al Comité pedir información al Estado sobre las medidas y acciones desplegadas para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante las actividades y operaciones de las empresas con actividad en la jurisdicción Colombiana, y para revisar el Plan de Acción Nacional o incluir en los distintos planes o programas sectoriales medidas concretas para proteger los derechos del Niño ante las actividades y operaciones de las empresas.
El informe hace referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Operación Génesis, en la cual se vulneraron derechos de comunidades afrodescendientes, incluidos niños.
La Corte, en base al Articulo 5 de la Convención Americana, se refiere a la Convención de derechos del Niño, y condena a Colombia por no adoptar las medidas necesarias para proteger a los niños y a las niñas de las comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Cacarica ante las actividades de explotación forestal y la actividad de concesión de CODECHOCÓ, ha vulnerado su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo (art. 6), derecho a la salud (art. 24) y el derecho a un nivel adecuado de vida (art. 27).
Asimismo se han vulnerado otros derechos de la Covención. Al respecto la CIJ solicita al Comité que pida información a Colombia sobre las medidas adoptadas o por adoptarse por el Gobierno Colombiano para hacer efectivo el fallo de la Corte Interamericana, especialmente su obligación de investigar para acabar con la impunidad y sancionar a las empresas que han vulnerado los derechos de los niños, así como en la adopción de las medidas de satisfacción, rehabilitación y restitución especificadas por la Corte, y en particular referidas a los niños.
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) ha reiterado en otras ocasiones las debilidades del sistema judicial colombiano y especialmente la impunidad de las fuerzas armadas en casos de graves violaciones de derechos humanos donde también hay un factor o motivación económica, y especialmente ante la presencia de compañías transnacionales.
En estos casos, la Comisión Internacional de Juristas ha pedido al Estado colombiano que reforme su Código penal e incorpore el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas en casos de graves violaciones de derechos humanos.
En el mismo informe, redactado con motivo del Examen Periódico Universal en 2013, la CIJ exhortó al Estado a mejorar la capacidad técnica de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para investigar casos complejos con presencia de actores del sector privado.
A este respecto, la CIJ solicita al Comité que pida a Colombia información sobre las medidas tomadas para fortalecer su marco normativo y su capacidad de investigación y juzgamiento de casos donde se encuentran involucradas empresas.
Colombia-CRC68PSWG-LOI-LegalSubmission-2014 (PDF, español)
En el presente informe la CIJ llama a la atención del Comité las debilidades del sistema legal y judicial del Estado colombiano y sus falencias en relación a su deber de protección de niños y niñas de comunidades locales y afrodescendientes en zonas de conflicto.