Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré
Jul 27, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña.”
Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país,” añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato.
La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 27, 2013 | News
La CIJ condenó el asesinato de la jueza del Tribunal de Sentencia de la ciudad de El Progreso y Pro-Secretaria de la Junta de la Directiva Nacional de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
La Jueza Mireya Mendoza fue ultimada por los disparos hechos desde una motocicleta mientras conducía su vehículo en la mañana del 23 de Julio en la ciudad de El Progreso, Departamento del Yoro, Honduras.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica señaló: “Condenamos en los más enérgicos términos el asesinato de la Jueza Mendoza Peña”. Más de 50 abogados y abogadas han sido asesinados en Honduras en los últimos tres años
“Ataques de este tipo contra jueces y abogados no solamente constituyen graves crímenes sino que socavan seriamente el Estado de Derecho y la administración de la justicia en Honduras. La CIJ solicita al Gobierno de Honduras que disponga una investigación pronta, efectiva e imparcial sobre este nuevo crimen y que tome las medidas de protección necesarias para abordar la ola de intimidación y hostigamiento que sufren los profesionales del Derecho en ese país”, añadió Cadena.
La CIJ también expresó su solidaridad con la Asociación de Jueces por la Democracia en Honduras (AJD), que ahora se viste de luto por tan infame asesinato. La AJD es una organización profesional fundada en 2006, conformada por jueces y juezas comprometidos con la defensa y promoción de la independencia judicial como un presupuesto esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho, asumiendo la defensa de los derechos profesionales e intereses gremiales de jueces y juezas en Honduras.
Jul 2, 2013
El informe revisa los recursos legales existentes en el país en virtud del derecho constitucional, derecho laboral, derecho civil y derecho penal, y examina la forma en que operan en la práctica a la luz de casos concretos.
Perú ha experimentado un rápido crecimiento económico y altos niveles de inversión extranjera durante más de una década, lo que ha llevado a importantes cambios sociales y económicos en el país.
Sin embargo, Perú no termina de adecuar su legislación y sus políticas al derecho y las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos laborales.
El acceso a la justicia, las vías jurídicas e institucionales para obtener un recurso y reparación en casos de abusos contra los derechos humanos cometidos con la participación de empresas, es una cuestión crítica en la que la legislación y las normas nacionales son deficientes.
Este informe, elaborado conjuntamente por la CIJ y el IDL-Perú, revela graves lagunas y deficiencias en el contenido de las leyes y su cumplimiento.
Si bien los recursos constitucionales parecen ser ampliamente utilizados, el derecho penal aún no se aplica a las empresas y los recursos legales civiles apenas son utilizados por los reclamantes.
Además, las enormes disparidades de poder y conocimiento existentes entre comunidades pobres o grupos indígenas y muchas veces corporaciones transnacionales en el sector minero o petrolero se traducen en serias deficiencias procesales que equivalen a negar el debido proceso y el juicio justo a muchas personas.
El informe recomienda una acción rápida de las autoridades peruanas y otros actores del país para mejorar la legislación, mejorar la independencia y la eficacia de las instituciones judiciales, impulsar la prestación de asistencia jurídica en todo el país y mejorar la educación jurídica, incluido en materia de derecho internacional.
Peru-Access to Justice-BHR-publications-report-2013-spa (informe en PDF)
Jul 2, 2013
The report (in Spanish) reviews the country’s existing legal remedies under constitutional law, labour law, civil law and criminal law, and examines the way they operate in practice in the light of concrete cases.
Perú has experienced rapid economic growth and high levels of foreign investment for over a decade leading to important social and economic changes in the country.
However, Peru does not finish to bring its legislation and policies into line with international law and standards in the area of human rights and labour rights.
Access to justice, legal and institutional avenues to obtain a remedy in cases of human rights abuses committed with the participation of companies, is one critical are where national law and standards are sorely lacking.
This report, elaborated jointly by the ICJ and the IDL-Peru, reveals serious gaps and deficiencies in the content of laws and their enforcement.
While constitutional remedies seem to be widely used, criminal law is still not applied to corporations and civil law remedies are hardly used by complainants.
In addition, huge disparities of power and knowledge existing between poor communities or indigenous groups and many times transnational corporations in the mining or oil domain translate into serious procedural deficiencies that amount o denial of due process and fair trial for many.
The report recommends swift action by Peruvian authorities and other actors in the country to improve legislation, enhance the independence and effectiveness of judicial institutes, boost legal aid delivery across the country and improve legal education, including international law.
Peru-Access to Justice-BHR-publications-report-2013-spa (Full text in pdf)
