Apr 6, 2017 | News
South Africa is to appear before a scheduled hearing at the International Criminal Court on 7 April 2017 (ICC) in The Hague for a hearing on its failure to arrest Sudanese President Omar Hassan Ahmad al Bashir when he visited South Africa in June 2015.
The hearing, before the pre-trial Chamber of the ICC will consider whether South Africa was in breach of its obligations under the ICC Rome statute when it failed to effect the ICC arrest warrant on President Bashir.
The ICJ, represented by South African Justice Johann Kriegler, will be attendance observing the proceedings.
President Bashir has been indicted by the ICC on charges of genocide, war crimes and crimes against humanity in relation to atrocities committed from 2003 to 2008 in Darfur.
“The case is critical for ensuring the effectiveness of the ICC as an institution. The only means the ICC has of enforcing its orders is through the cooperation of States,” said Sam Zarifi the Secretary General of the ICJ.
“The failure to arrest President Bashir and the subsequent efforts to withdraw from the ICC Rome statute raise important questions about South Africa’s commitment to the fight against impunity in Africa and globally,” Zarifi added.
South Africa gave notice last October that it intended to leave the ICC, but this notice has been withdrawn, at least pending debate in Parliament.
The ICJ had filed a brief with the South African Parliament calling on South Africa to remain with the ICC Rome statute.
The brief was signed by retired South African Constitutional Court Justices Laurie Ackermann, Richard Goldstone, Johann Kriegler, Yvonne Mokgoro, Kate O’Regan and Zak Yacoob.
It was co-signed by Navi Pillay, former United Nations High Commissioner for Human Rights, former judge of the ICC and former President of the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) and Wilder Tayler, then Secretary General of the ICJ.
Justice Zak Yacoob remarked that “pursuit of justice and pursuit of peace are complementary and mutually reinforcing objectives that South Africa will best achieve by remaining party to the Rome Statute of the ICC. Its not an either or situation. Protecting heads of States from justice whatever they do compromises peace too much.”
Contact
Arnold Tsunga, ICJ Director for Africa, t +27716405926 ; e: arnold.tsunga(a)icj.org
Background
South Africa was among the first States to ratify the Rome Statute of the ICC. It signed the Rome Statute on the day it was adopted, 17 July 1998, and ratified it on 27 November, 2000.
Both during the negotiations preceding the Rome Conference that established the Court in 1998, and at the Conference itself, South Africa played a leading role.
However, the events of June 2015 surrounding the arrival of President Omar al Bashir of Sudan in South Africa appears to have engendered a shift in South Africa’s posture, leading many observers to call into question the country’s commitment to international justice.
The failure by South African authorities to arrest and surrender President al Bashir to the ICC, although he had been indicted by the ICC for war crimes, crimes against humanity and genocide, led to the Southern Africa Litigation Centre (SALC) taking the government to court to compel it to fulfill its obligations both under the Rome Statute and the Implementation of the International Criminal Court Act 27 of 2002 (Implementation Act).
On 19 October 2016, the Minister of International Relations and Co-operation gave notice of South Africa’s intention to withdraw from the Rome Statute.
The Portfolio Committee on Justice and Correctional Services put out a call for submissions to be made to the Parliamentary Portfolio Committee on Justice and Correctional Services on the Implementation of the Rome Statute of the International Criminal Court Act Repeal Bill [B23-2016] to be made by 8th March 2017.
Jul 22, 2015 | News
El genocidio perpetrado contra población Ixil de Guatemala será debatido en el segundo juicio seguido en contra del ex Presidente de facto Efraín Ríos Montt y el ex Director de inteligencia José Mauricio Rodríguez Sánchez.
El juicio está por reiniciarse el 23 de julio. Lamentablemente, este segundo juicio ya se ha visto afectado por diferentes hechos, que a continuación describimos.
La recusación de la jueza Presidenta del Tribunal B de Mayor Riesgo, debido a la redacción de su tesis doctoral sobre el delito de Genocidio, no debió de haber sido aceptada por no existir una causa razonable, ya que dicho trabajo de tesis se relaciona con su formación académica especializada en justicia de transición.
Posteriormente, la jueza fue sustituida por un juez que ha evidenciado relaciones de amistad a través de las redes sociales con uno de los abogados defensores del acusado Ríos Montt (photo).
Nuevamente la defensa busca que por lo menos un juez “amigo” integre el tribunal. A ello se suma el hecho de que recientemente el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) emitió un informe que hace referencia al supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt.
La CIJ de la manera más enérgica expresa que estos actos son parte de una estrategia que tiene como propósito eludir la acción de la justicia.
La CIJ considera que ello constituye una violación al derecho de las víctimas al acceso a la justicia y contra el derecho a un juicio justo, libre de intromisiones de todo actor externo.
La CIJ se permite recordar al Poder Judicial que el combate a la impunidad de acuerdo con los estándares internacionales la justicia debe obedecer a tres imperativos: juzgar y sancionar a los responsables de graves crímenes, como el genocidio; satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo sucedido y obtener reparación integral; y fortalecer la independencia de las autoridades judiciales.
El supuesto problema de salud física y mental del acusado Ríos Montt podría ser solo una simulación, para evitar que sea nuevamente llevado a juicio.
Al respecto, la CIJ denuncia las acciones violatorias del debido proceso realizadas una vez más, por la jueza Carol Patricia Flores, quien ordenó se le practicasen exámenes médicos a Ríos Montt, para averiguar acerca de su estado de salud físico y mental.
Esta orden de la jueza Flores es ilegal, debido a que el proceso ya se encontraba a cargo del tribunal de Sentencia Penal B de Mayor Riesgo y ella carecía de competencia para ordenar tal medida.
La CIJ insta a los jueces a ejercer su poder de contralores del proceso penal, rechazando todos los actos de litigio de mala fe que sean promovidos por la defensa de los procesados.
Se requiere que los jueces a cargo del juicio se encuentren libres de toda presión externa que pueda intimidarlos en su función.
Para garantizar su independencia deben contar con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, quien debe velar por su seguridad y por el desarrollo del proceso en un marco de respeto.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centro América, expresó: “Otra vez estamos ante una serie de medidas dilatorias, que demuestran que existen jueces que se prestan a promover la impunidad de graves violaciones a los derechos humanos.”
May 16, 2013 | News
La CIJ hoy expresó su preocupación ante la posibilidad de que la sentencia emitida días atrás por el Juzgado de Mayor Riesgo A en el juicio por Genocidio y Delito contra los Deberes de Humanidad sea anulada.
La CIJ tambien expresó su preocupación que el proceso contra el General Efraín Rios Montt (photo) por Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad tenga que repetirse.
La Corte de Constitucionalidad (CC) está examinando recursos legales planteados relacionados a la sentencia de 80 años de cárcel contra el exjefe de Estado.
Durante todo el juicio, los jueces del Tribunal recibieron presiones constantes, no solo de parte de los abogados de la defensa, sino que también de otros grupos externos que promueven más impunidad en este caso, dijó la CIJ.
Además, constantemente los abogados de la defensa presentaron diferentes recursos de amparo y otros recursos legales, con el único fin de obstaculizar el proceso y no permitir que se emitiera sentencia.
Frente a todos estos ataques, los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A demostraron una conducta intachable, apegada a derecho y con una firme determinación de terminar con la impunidad que ha existido alrededor de este caso.
Ramón Cadena, Director de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América expresó: “Sería muy negativo para el Estado de Guatemala si se llega a anular la sentencia. La impunidad que ha existido ha hecho mucho daño a la población y a las víctimas quienes habían perdido la fe en la justicia.”
Finalmente, Cadena puntualizó: “Es más valioso que un Estado reconozca mediante una sentencia que se cometieron graves crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio, a seguir escondiendo su responsabilidad con diferentes mecanismos de impunidad.”
May 10, 2013 | News
La CIJ celebra que el proceso contra el General Efraín Rios Montt (center on the photo) por Genocidio y Delitos contra los Deberes de Humanidad haya concluido el viernes 10 de mayo en la ciudad de Guatemala.
La CIJ observó el debate por medio del abogado Miguel Moerth y apoyó proceso y el debido cumplimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por medio del peritaje presentado por el Director de su oficina para Centroamérica.
Dicha oficina se ha mantenido atenta y ha abogado por el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Durante el proceso la CIJ llamó la atención sobre el uso abusivo de la figura del amparo, recusaciones, incidentes y otros recursos presentados por la defensa que pretendieron en diferentes momentos anular u obstaculizar el desarrollo del juicio.
La CIJ respalda decididamente al Tribunal de Mayor Riesgo “A” por haber llevado a cabo su difícil tarea, con respeto a las normas del debido proceso y la garantía del derecho de defensa de los acusados y, por haber resistido con las presiones recibidas durante el juicio, que incluyeron amenazas contra integridad personal de miembros del Tribunal.
La CIJ considera que el derecho de las víctimas a un juicio justo e imparcial y a conocer la verdad de los hechos, ha sido respetado con las acciones llevadas a cabo durante el juicio por dicho Tribunal.
Wilder Tayler, Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas expresó: “Celebramos este triunfo de la Justicia sobre la Impunidad. Después de 30 años y de tanto esfuerzo, el derecho a la justicia de las víctimas ha sido respetado; la sociedad guatemalteca ha dado un primer y muy importante paso en el camino hacia la reconciliación. Esta sentencia fortalece el Sistema de Justicia en Guatemala y constituye un importante precedente para evitar que crímenes tan graves puedan repetirse. Constituye igualmente un ejemplo para toda la región americana en su combate contra la impunidad”.
Photo: Bettman/Corbias
Jul 15, 2008 | News
The ICJ is pleased with the decision of the International Criminal Court (ICC) to present a case to the Pre-Trial Chamber I of the ICC against the President of Sudan, Omar Hassan Ahmad Al Bashir.
