Guatemala: proceso de elección a Fiscal General

Guatemala: proceso de elección a Fiscal General

La CIJ ante los últimos acontecimientos en torno al proceso de elección a Fiscal General que se lleva a cabo en la ciudad de Guatemala expresa:

  • En Guatemala existe una grave situación de impunidad, tal y como ha sido expresado en múltiples ocasiones por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y en otros informes de organizaciones de derechos humanos. Esta situación de impunidad es causada, entre otros aspectos, por los altos índices de violencia y la poca efectividad en la persecución penal.
  • Los fiscales desempeñan una función crucial en la administración de justicia y en la lucha contra la impunidad. El respeto de los derechos humanos y la existencia de un Estado de Derecho presuponen una autoridad acusatoria fuerte a cargo de investigar y acusar los delitos con independencia e imparcialidad. Dentro de la institución acusatoria, cada fiscal debe estar facultado para cumplir sus obligaciones profesionales de una manera independiente, imparcial y objetiva. El Estado de Guatemala debe asegurar que los fiscales puedan desarrollar sus funciones sin interferencia y debe protegerlos mediante un sistema efectivo y transparente.
  • Tras la instalación de la Comisión de Postulación para la selección de la nómina de 6 candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público, la Comisión Internacional de Juristas, así como otras organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), señalaron en distintos momentos del referido proceso los vicios y anomalías que éste presentaba. Por ejemplo, la Comisión de Postulación no revisó la tabla de gradación tal y como le fue solicitado por la sociedad civil; la Comisión de Postulación en pleno no otorgó el punteo correspondiente, sino que lo hizo dividiéndose en ternas contraviniendo el artículo 22 de la Ley de Comisiones de Postulación; la Comisión de Postulación no deliberó sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato.
  • La Convergencia Ampliada de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos humanos denunciaron la existencia de un “pacto de impunidad”. Al día de hoy, el proceso sigue seriamente cuestionado y el Presidente de la República no ha podido elegir al nuevo Fiscal General.
  • Ante esta situación, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó a la Comisión de Postulación que cumpliera con lo establecido en la Ley de Comisiones de Postulación y en la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, la CIJ valora la actitud de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala y condena los hechos de presión e intimidación que se han venido dando recientemente en contra de los magistrados de dicha corte.
  • La Comisión de Postulación tuvo una segunda oportunidad de corregir los vicios en que incurrió la primera vez. Sin embargo, en una actitud de cumplir con los requisitos de forma y desatender el fondo, ratificó la nómina de 6 candidatos. La Comisión nuevamente incurrió en vicios de fondo en el procedimiento. Por ejemplo, cada miembro de la Comisión de Postulación se limitó a dar su opinión personal sobre la reconocida honorabilidad de cada candidato pero la Comisión no indagó, estudió, recopiló datos, ni se refirió a pruebas al analizar dicha característica, para garantizar una lista de personas elegibles probas, rectas e intachables tal y como lo manda la Ley de Comisiones de Postulación y la Constitución. Por otro lado, omitió excluir a los aspirantes que no llenaban todos los requisitos, antes de llevar a cabo la votación final; aún peor, algunos de los candidatos electos no tenían unanimidad de votos positivos a favor de su reconocida honorabilidad.
  • La CIJ considera que el Estado de Guatemala tiene la obligación internacional de establecer un sistema de justicia compuesto por jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos independientes e imparciales. En caso de no hacerlo, podría comprometer su responsabilidad internacional ante los sistemas de protección de derechos humanos. Igual obligación existe a nivel constitucional.
  • La grave situación por la que atraviesa el Sistema de Justicia en Guatemala demanda de las autoridades un esfuerzo máximo que permita que sus instituciones sean independientes e imparciales. La CICIG se encuentra en el país precisamente para lograr tal objetivo. Por tal razón, la Comisión Internacional de Juristas apoya los importantes esfuerzos que viene realizando la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) para el fortalecimiento de la administración de justicia en Guatemala y la lucha en contra de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.
  • La CIJ valora la actitud del Presidente de la República de respetar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de no elegir al Fiscal General hasta que todas las acciones y recursos legales hayan sido resueltos. Por otro lado, la actitud del Presidente de la República ha permitido impulsar en lo que a él respecta, un proceso que garantice la continuidad de la auditoria social y la publicidad, como principios rectores del mismo. La CIJ espera que el Presidente de la República mantenga esta actitud hasta el final del proceso.
Para mayor información sírvase contactar a Ramón Cadena Rámila, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centro América, al 23353325- 23352918.

Guatemala-election Fiscal General2-press release-2010-spa

CIJ llevó una misión en Guatemala para observar la elección de Fiscal General

CIJ llevó una misión en Guatemala para observar la elección de Fiscal General

Entre los días 22 y 26 de marzo la CIJ llevó a cabo una misión de alto nivel en Guatemala con el fin de observar el proceso de elección de Fiscal General. Durante la visita, la delegación de la CIJ mantuvo reuniones con los distintos actores involucrados en el proceso y con organizaciones de la sociedad civil enfocadas hacia la administración de justicia, en las que intercambió impresiones con sus interlocutores y procuró dar difusión a los estándares internacionales contenidos en las Directrices de Naciones Unidas sobre la función de los fiscales aprobadas por consenso por la Asamblea General,  específicamente lo relativo al numeral primero que establece que “las personas designadas como fiscales serán personas probas e idóneas, con formación y calificaciones adecuadas”.

Guatemala-election Fiscal General-press release-2010-spa

CIJ expresa preocupación por detención de Jueza Afiuni

CIJ expresa preocupación por detención de Jueza Afiuni

La CIJ expresa su profunda preocupación ante la detención de la Jueza María Lourdes Afiuni en virtud de una decisión adoptada en el marco del caso del Sr. Eligio Cedeño.

Asimismo, la CIJ resalta la gravedad que implica que dicha detención se haya producido tras las declaraciones efectuadas por el Presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez, quien opinó abiertamente sobre el caso y exigió que se castigue a la jueza con la pena máxima de 30 años, prevista en la ley sólo para los delitos más graves, cometidos con agravantes.

Venezuela-detention judge-press release-2009-spa (full text in Spanish, PDF)

ICJ Submission to the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review on Spain

ICJ Submission to the UN Human Rights Council’s Universal Periodic Review on Spain

The ICJ addresses the practice of incommunicado detention, and the transfer of persons as part of the alleged cooperation of Spain in the US-led renditions programme.

The ICJ also draws attention to the threat to judicial independence posed by the recent prosecution of Investigative Judge Baltasar Garzón Real; to the recent limitations introduced on the use of universal jurisdiction to prosecute crimes under international law; and to the limited scope of the offence of torture contained in the Criminal Code.

Universal Periodic Review Spain-non-legal submission-2009 (full text, PDF)

Abu Omar case: no more concessions on accountability

Abu Omar case: no more concessions on accountability

The ICJ today expressed satisfaction that the Italian judiciary and prosecutors have begun to address some of the worst human rights abuses arising in the post-11 September environment.

The Tribunal of Milan convicted 23 of 26 CIA agents charged with the kidnapping and enforced disappearance of Nasr Osama Mustafa Hassan (known as Abu Omar) in February 2003. Abu Omar was abducted by CIA agents from the streets of Milan in February 2003, with the cooperation of Italian officials, and transferred through Germany to Egypt, where he was subjected to torture.

Italy-Abu Omar case-press release-2009 (full text, PDF)

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