Nov 21, 2017 | Artículos, Noticias
El Comisionado de la CIJ Belisario Dos Santos y el ex magistrado de la Corte Constitucional de Colombia Jaime Araujo visitaron el país, con el objeto de presentar las principales conclusiones del Informe de la CIJ sobre los desafíos que abogado-a-s enfrentan.
Los dos abogados, acompañados del Director de la CIJ para Centroamérica Ramón Cadena (foto de la primera misión), pudieron entrevistarse con el Presidente del Colegio de Abogados, con el Presidente del Tribunal de Honor de dicho colegio, con el Procurador de Derechos Humanos y con el diputado Leocadio Juracán, Sub Jefe de la Bancada Convergencia del Congreso de la República y miembro de la Comisión de Derechos Humanos.
La CIJ agradece la apertura de dichos representantes de los órganos máximos del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, así como la del Procurador de Derechos Humanos y la del diputado del Congreso de la República.
Dichas conversaciones enriquecieron aún más, los puntos críticos que se presentan a continuación.
La CIJ, en sus actividades relativas a su mandato, se encarga de velar porque el Derecho Interno se adecúe y respete las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En otras palabras, en el caso de Guatemala, la CIJ lleva a cabo actividades para supervisar que el Estado cumpla con respetar los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
La Carta de Naciones Unidas, constituye la base del estado de derecho en el plano internacional.
Además están todas la convenciones y tratados, declaraciones y principios que la Comunidad Internacional ha aprobado, desde que se conformó la Organización de las Naciones Unidas.
Guatemala-Segunda Misión Beli-News-web stories-2017-SPA (texto completo, en PDF)
Nov 16, 2017 | Artículos, Noticias
Communicado de la CIJ, ante la visita de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sr. Zeid Ra´ad Al Hussein a Guatemala.
La CIJ expresó:
1. El país se encuentra en una de las más graves crisis institucionales que se han presentado en la época post-conflicto armado interno. Desde el 27 de agosto, cuando el Presidente de la República declaró persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quedó evidenciado que el Organismo Ejecutivo, al más alto nivel, iniciaba una serie de actos arbitrarios, para afectar el desenvolvimiento de este organismo de las Naciones Unidas.
2. Por su parte, el Congreso de la República, inició la implementación de una “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad”, por medio de la aprobación de una ley de reformas al Código Penal, que luego, ante el rechazo generalizado de la población guatemalteca, tuvo que dar marcha atrás.
3. En las últimas semanas, el Congreso de la República, en forma abierta, ha evidenciado que la “Agenda Legislativa a favor de la Impunidad” tiene como pilares fundamentales: a) Facilitar la corrupción por medio de iniciativas tales como eliminar la constancia de “finiquito” o constancia de haber cumplido con todas las normas relativas a la transparencia, para quienes quieran optar al cargo público de diputado o diputada; b) Consagrar la Impunidad en casos de Justicia Transicional a favor de militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, por medio del otorgamiento de una “amnistía general”, y reformas a la Ley de Reconciliación Nacional; c) Reprimir a quienes ejercen el derecho a la resistencia pacífica, así como afectar el normal funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, por medio de leyes, que permitirán establecer mayores controles al funcionamiento de las ONGs y desarrollar aún más, la persecución a dirigentes comunitarios, por medio de la Ley contra actos terroristas.
4. Mientras tanto, las y los jueces independientes y honestos del Poder Judicial, continúan sufriendo campañas de difamación, recusaciones infundadas para ser apartados de los casos de alto impacto que conocen; litigio de mala fe por parte de abogados y abogadas que defienden a funcionarios públicos en casos de corrupción que se ventilan en su contra; ataques por medio de medidas disciplinarias y hasta ataques fìsicos.
5. La CIJ ha podido constatar que el Sistema de Justicia tiene grandes retos que debe superar; sin embargo, para ello es necesario que se impulsen reformas que lo fortalezcan. Esas reformas se vuelven casi imposibles, cuando están en manos de funcionarios acusados de cometer delitos o actos de corrupción. Un claro ejemplo, lo constituye la figura jurídica del antejuicio, que según las reformas constitucionales debería desaparecer para el caso de muchos funcionarios públicos. Sin embargo, precisamente fue el Congreso de la República, quien rechazó esta reforma en forma tajante.
6. El próximo año 2018 se iniciará con la crucial elección de Fiscal General. Como lo expresara la CIJ en su comunicado del mes de febrero del presente año, la existencia de un pacto de impunidad, hacía prever acciones concretas en contra de la CICIG y su representante en el futuro inmediato.
7. LA CIJ considera que si en dicha elección el crimen organizado toma el control de esta institución, significará que las estructuras criminales habrán consolidado el Pacto de Impunidad que pretenden implementar, para lograr que los casos de alto impacto que hoy se ventilan ante los tribunales de justicia, se vean seriamente afectados, incluso con la liberación de las personas que se encuentran guardando prisión.
8. En lo que respecta a la obligación del Estado de Guatemala de respetar los derechos humanos de las personas, la CIJ considera que la visita del señor Al Hussein se lleva a cabo en un clima de inseguridad y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, contra los Pueblos Indígenas y campesinos pobres de Guatemala, imperando acciones estatales de racismo, exclusión y discriminación.
Ante esta crisis institucional, que afecta a los tres organismos del Estado y a la sociedad guatemalteca en su conjunto, Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó:
“La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), debe asumir en esta visita, la posición más contundente posible, para obtener de las autoridades del Estado de Guatemala, compromisos concretos, viables y verificables, para construir un verdadero Estado de Derecho, en el que se respeten los derechos humanos de todos los pueblos.”
Guatemala, 16 de noviembre de 2017
Nov 16, 2017 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Los procedimientos nacionales para la selección de los jueces de los tribunales regionales de derechos humanos frecuentemente no cumplen con los estándares de imparcialidad, inclusión y transparencia, concluye un informe conjunto de OSJI y de la CIJ publicado hoy.
Universal-Fortaleciendo desde Dentro-Publications-Reports-2017-SPA (el informe en español, PDF)
Oct 5, 2017 | Comunicados de prensa
La CIJ hace un llamado a Venezuela a que acepte las solicitudes de visitas al país que han formulado, desde hace varios años, los Procedimientos especiales de las Naciones Unidas, cuyos mandatos son más relevantes para el Estado de Derecho y la crisis de derechos humanos.
La CIJ toma nota del anuncio del Gobierno de Venezuela de invitar al país al Experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de las Naciones Unidas, Sr. Alfred de Zayas.
Este anuncio, así como él de invitar al país al Relator Especial sobre el derecho al desarrollo, resulta significativo. Por más de una década, el Gobierno venezolano ha denegado o dejado sin respuesta las solicitudes de visita al país de numerosos Expertos de las Naciones Unidas (conocidos como “Procedimientos especiales”). La última misión realizada a Venezuela por un Procedimiento especial, fue la del Relator Especial sobre la Tortura en 1996.
Sin embargo, dada la ruptura del Estado de Derecho y la gravísima situación de derechos humanos en Venezuela, se requiere urgentemente que otros Procedimientos especiales de Naciones Unidas, con un mandato relevante, realicen misiones en el país.
“En el curso de este año las ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, la tortura y malos tratos a detenidos, la detención arbitraria, el juzgamiento de civiles por tribunales militares y las persecuciones y ataques contra opositores, disidentes y defensores de derechos humanos se han convertido en prácticas sistemáticas y generalizadas en Venezuela”, declaró Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ.
“Por lo tanto, es difícil entender por qué el Gobierno de Venezuela no responde a las solicitudes formuladas desde larga data por los Procedimientos especiales con mandatos sobre estas violaciones, mientras invita de forma proactiva a otros Expertos de las Naciones Unidas”, agregó Andreu-Guzmán.
La CIJ hace, por lo tanto, un llamado al Gobierno de Venezuela a que invite a visitar el país al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y a los Relatores Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; la independencia de los magistrados y abogados; la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; y sobre la situación de los defensores de derechos humanos. Todos estos Expertos de las Naciones Unidas han solicitado visitar Venezuela desde tiempo atrás, incluso algunos desde hace varios años, sin que el Gobierno venezolano haya aceptado estas solicitudes hasta ahora.
“Los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen, bajo la Carta de las Naciones Unidas, la obligación de cooperar con los Procedimientos especiales de derechos humanos de esta organización. Esta obligación cobra particular importancia cuando el Estado es miembro del Consejo de Derechos Humanos, como es el caso de Venezuela”, declaró Andreu-Guzmán.
Asimismo, la CIJ hace un llamado al Gobierno de Venezuela para que acepte la solicitud de visita al país que, desde el año 2004, ha reiterativamente formulado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Información complementaria
Desde hace varios años, los siguientes Procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han solicitado visitar a Venezuela: el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; el Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; la Relatora Especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado; y la Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.
En el ámbito regional, aunque denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en septiembre de 2012, Venezuela sigue siendo Estado parte de tres tratados interamericanos de derechos humanos (La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer). Sin embargo, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido sistemáticamente ignoradas por el Estado venezolano, el cual además ha denegado las solicitudes de visita al país que este órgano ha formulado desde el año 2004.
Contactos
Federico Andreu-Guzmán, Representante para Suramérica de la CIJ, tel: +57 311 481 8094; correo electrónico federico.andreu@icj.org
Carlos Ayala Corao, Comisionado de la CIJ (Venezuela), tel: +57 414 243 4872; correo electrónico cayala@cjlegal.net
Alex Conte, Iniciativa Global de la CIJ sobre Reparación y Rendición de Cuentas, tel: +22 979 3802; email: alex.conte@icj.org
Sep 12, 2017 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
Hoy la Comisión Internacional de Juristas lanza un nuevo informe sobre la grave ruptura del Estado de Derecho: El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela: un instrumento del Poder Ejecutivo.
A través de diferentes sentencias emitidas desde diciembre de 2015, el máximo órgano de la Judicatura venezolana fue progresivamente desmantelando el Estado de Derecho, socavando los derechos humanos y dejando sin aplicación la Constitución política de ese país.
En sus decisiones Nos. 155 y 156 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) daría una estocada final al Estado de Derecho, arrogándose las facultades legislativas, despojando a la Asamblea Nacional de sus facultades constitucionales y otorgando amplísimos y arbitrarios poderes al Ejecutivo.
En su Sentencia No. 155 de 27 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre un recurso de nulidad presentado por un Diputado oficialista contra un acto de la Asamblea Nacional, que pedía la reactivación del proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, para una resolución pacífica de la crisis y la reinstauración del orden constitucional en Venezuela.
En su Sentencia No. 156 de 28 de marzo de 2017, el TSJ se pronunció sobre una demanda de interpretación sobre Ley Orgánica de Hidrocarburos, que cercenó las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional.
“Estas decisiones constituyen un verdadero Golpe de Estado al orden constitucional y han dado inicio del reino de la arbitrariedad”, declaró Sam Zarifi, Secretario General de la CIJ.
El informe de la CIJ analiza, a la luz de estándares internacionales y de los principios del Estado de Derecho así como de la Constitución venezolana, la jurisprudencia emitida desde diciembre de 2015 por el TSJ en relación con las funciones y facultades constitucionales del Poder Legislativo, el control parlamentario, los estados de excepción y la amnistía.
El TSJ – una institución totalmente cooptada por el Poder Ejecutivo e integrada mayoritariamente por del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y/o ex funcionarios del Gobierno- se convirtió en un apéndice del Gobierno y un instrumento político del régimen para enfrentar la cada vez más creciente oposición política y social.
Invocando arbitrarias interpretaciones de la Constitución, omitiendo el análisis de otras normas constitucionales, otorgando rango supraconstitucional a normas de inferior jerarquía y obviando el debido proceso y el sistema de contradicción judicial, el TSJ fue despojando y vaciando a la Asamblea Nacional de sus funciones constitucionales en materia legislativa, de control parlamentario, de reglamentación y de administración interna, para favorecer políticamente al Gobierno.
“Los fallos no se han proferido con imparcialidad, de conformidad a los hechos y el derecho, como lo prescriben el principio 2 de los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura pero más bien están en flagrante violación de la Constitución venezolana. El TSJ ha proferido sus decisiones basado en consideraciones políticas y lealtades partidistas e ideológicas con el Poder Ejecutivo”, declaró Sam Zarifi.
Asimismo, el informe relaciona las recomendaciones sobre administración de justicia que han venido formulando a Venezuela, desde hace varios años, distintos órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano.
Ninguna de esas recomendaciones ha sido acatada por las autoridades venezolanas, incluso las órdenes de reparación decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales son de obligatorio cumplimiento.
“Esa posición de las autoridades venezolana es violatoria de su obligación internacional de cooperar de buena fe con órganos y procedimientos internacionales de protección de los derechos humanos”, declaró Sam Zarifi.
Finalmente, el informe concluye que el TSJ ha socavado el Estado de Derecho, vulnerado el principio de separación de poderes y conculcado las funciones constitucionales y la autonomía del Poder Legislativo.
El TSJ, como consecuencia de sus decisiones basadas en imponer los intereses políticos del Poder Ejecutivo, ha perdido sus atributos esenciales de un genuino Poder Judicial, tales como: independencia, imparcialidad, autonomía, y legitimidad.
“El TSJ ha asumido un rol de dar apariencia de legitimidad jurídica a las acciones políticas arbitrarias emanadas del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en un apéndice del Poder Ejecutivo y dejando de ejercer su función constitucional de garante del Estado de Derecho y de los derechos humanos y libertades fundamentales”, declaró Sam Zarifi.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15 ; e sam.zarifi@icj.org
Federico Andreu-Guzmán: Representante para Suramérica de la CIJ; t + 57 311 481 8094; e federico.andreu@icj.org
Venezuela-Tribunal Supremo-Publications-Reports-Thematic reports-2017-SPA (el informe en PDF)
Venezuela-Actualización-Advocacy-Analysis brief-2017-SPA (mas información en PDF)
Sep 5, 2017 | Eventos, Noticias
Hoy la CIJ y el Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement co-organizaron una conferencia pública sobre los Elementos de un tratado sobre las empresas y los derechos humanos.
En junio de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció un grupo de trabajo intergubernamental encargado de “elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales”.
La tercera reunión del Grupo de trabajo tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de 2017 en el Palacio de las Naciones.
El evento tuvo lugar en un momento crítico para informar el proceso de elaboración del tratado en el Grupo de trabajo, y se orientó a fomentar el intercambio de opiniones entre los actores internacionales con el objetivo de crear las base para el consenso sobre los posibles contenidos de un instrumento jurídicamente vinculante en el ámbito de las empresas y los derechos humanos.
Se espera que el futuro tratado contribuya a subsanar algunas deficiencias en el marco normativo internacional en materia de rendición de cuentas, en relación con las operaciones de las empresas en materia de derechos humanos. El tratado también debería fortalecer la acción de los Estados para garantizar recursos efectivos y reparaciones para las víctimas de abusos.
Este tratado será el primero en el marco internacional del derecho de los derechos humanos para abordar directamente las actividades de las sociedades comerciales.
El tema de los impactos de los derechos humanos por parte de las empresas comerciales figura a la cabeza de la agenda internacional sobre el que se han desarrollado varios instrumentos no vinculantes, entre los que destacan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Se prevé que el proceso hacia un tratado en este ámbito se basará en los logros alcanzados hasta la fecha, cubriendo las lagunas restantes y mejorando las normas y la acción de los Estados y las empresas por igual.
