Oct 24, 2013 | Artículos, Noticias
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
Oct 3, 2013 | Comunicados de prensa, Noticias, Publicaciones
Un nuevo estudio sobre el acceso a la justicia y los recursos ante violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, presentado hoy por la CIJ, destaca varios obstáculos que impiden a los salvadoreños/as acceder a la justicia efectiva.
El estudio de Acceso a la Justicia – Recursos contra la violaciones de los derechos sociales en El Salvador, presentado en un foro público organizado en colaboración con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho y del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA), es el resultado de un proceso de investigación y de consulta que inició en 2012 e involucró a diversos actores estatales y de la sociedad civil.
Se hace un balance de los recursos de que disponen las víctimas de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales y los derechos a la vivienda y la salud, y evalúa su accesibilidad y eficacia. El informe hace recomendaciones para abordar los obstáculos identificados.
El Salvador-Acceso à la Justicia launch-News-press release-2013-spa (comunicado en PDF)
Salvador-Acceso a la Justicia-Publications-Report-2013-spa (informe en PDF)
Sep 26, 2013 | Artículos, Noticias
La oficina de la CIJ en Centroamérica realizó una visita a Nebaj, Cunen y Sacapulas, municipios del departamento de Quiché, con el objeto de implementar un taller en cada municipio.
Los talleres tienen el objetivo de entregar los resultados de la investigación sobre la situación registral de los ejidos de Nebaj, Chajul, Cotzal, Cunen y Sacapulas, que realizara a solicitud de diferentes comunidades de dichos municipios.
La CIJ pudo constatar que estas comunidades siguen estando seriamente afectadas por la pobreza y extrema pobreza en la que viven.
Las violaciones al derecho a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación y a otros derechos colectivos les siguen causando serios daños y alcanzar su respeto sigue siendo una tarea pendiente, a pesar de los diferentes compromisos de Estado establecidos en los acuerdos de paz.
En los diferentes talleres realizados, las comunidades identificaron las principales acciones públicas que los han afectado en los últimos años.
Además, plantearon un nuevo problema relacionado con el intento de remedir las áreas protegidas que se han creado para la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Los talleres también permitieron a las comunidades identificar las principales acciones jurídicas y políticas que tomarán en el futuro, para continuar con la defensa de sus territorios y recursos naturales.
Guatemala-Tierra talleres de Nebaj, Cunen y Sacapulas-news-web story-2013-spa (full text in pdf)
Sep 24, 2013 | Artículos, Noticias
Por primera vez, un Juzgado de primera instancia, condenó al Estado guatemalteco por violaciones al derecho a la alimentación.
Está incluye la violación al derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la educación y a la vivienda de niños y niñas del municipio de Camotán del departamento de Chiquimula al noroeste de este país.
El Estado de Guatemala fue declarado responsable de estas violaciones, por omisión, al no contemplar programas, políticas, acciones y medidas eficaces que evitaran problemas de salud en estos niños a causa de la desnutrición crónica sufrida por falta de una alimentación adecuada.
Las sentencias fueron emitidas entre abril y mayo de este año por el Juzgado de la Niñez y Adolescencia y de Adolescentes en conflicto con la Ley Penal del departamento de Zacapa.
Estas resoluciones obligan al Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación, al Ministerio de Salud y Asistencia Social, al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, al Ministerio de Desarrollo Social, a la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, al Fondo de Tierras, a la Secretaria de Asuntos Agrarios, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría para los Derechos Humanos y a la Municipalidad de Chiquimula a que adopten una serie de medidas para restaurar los derechos violados.
A solicitud de la Campaña Guatemala sin Hambre y de los abogados litigantes Jaime Tecu y Lorena Ramírez, la oficina de la Comisión Internacional de Juristas en Centroamérica presentó en todos los casos un Amicus Curiae a fin de ilustrar al juzgador sobre los estándares internacionales relativos a la protección de niños/niñas y al derecho a la alimentación, así como las obligaciones jurídicas generales y específicas de los Estados en esta materia.
Además se abordó el acceso a la justicia, la exigibilidad legal del derecho a la alimentación, la función de la administración de justicia y la responsabilidad del Estado de Guatemala en materia del derecho a la alimentación.
La elaboración del Amicus Curiae contó con el apoyo del Programa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la CIJ.
Estas sentencias significan un avance para la justiciabilidad de los DESC y constituye un paso para lograr el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables en Guatemala.
Además, representa un precedente para que otros casos sean judicializados y se logre que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones de respetar y proteger el derecho a la alimentación según los estándares internacionales de protección de derechos humanos.
En coordinación con la Campaña Guatemala sin Hambre y con los abogados antes mencionados se llevarán a cabo diferentes acciones para la ejecución de las sentencias.
Se adjunta a esta nota una copia de uno de los Amicus Curiae presentados por la CIJ, así como la última sentencia emitida en uno de los casos.
Guatemala-CIJ Amicus Derecho a la Alimentación-legal submissions-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Resumen casos de los niños y niñas de Camotán-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Leonel Amador Garcia-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Mayra Amador Espino-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Dina Marilu y Malvelita Lucila-cases-2013-spa (full text in pdf)
Guatemala-Sentencia Caso Alimentacion Brayan Rene Espino Ramirez-cases-2013-spa (full text in pdf)
Aug 29, 2013 | Artículos, Noticias
También la CIJ solicita audiencia temática a la comisión interamericana de derechos humanos.
La CIJ condenó los ataques que se han venido dando en contra de defensores de derechos humanos en Guatemala.
Por tal razón, conjuntamente con organizaciones sociales y campesinas como el Comité de Unidad Campesina (CUC), Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad (CEIBA), WAQIB´KEJ y otras organizaciones sociales de Guatemala, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social el pasado viernes.
El objeto de la misma es, además de proporcionar información sobre el fenómeno de la criminalización de la protesta social, identificar patrones de represión en contra de líderes sociales en Guatemala.
Según la CIJ, este fenómeno es un claro retroceso del proceso democrático de Guatemala.
En efecto, se han identificado patrones de represión estatal, utilizando el derecho penal para reprimir las libertades de pensamiento, expresión y reunión de sus actores.
En este contexto, la CIJ nota con preocupación varios patrones de ataque en contra de defensores y defensoras de Derechos Humanos de Guatemala, que preocupan profundamente y que se expresan en detenciones ilegales, campañas de difamación y acusaciones falsas, ataques directos que han quitado la vida a cuatro periodistas en los últimos meses y falta de investigación pronta y eficiente, que identifique quien está detrás de estos hechos y si hay presencia de estructuras criminales organizadas que cometen estos crímenes para evitar la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y de sus territorios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Pedimos a las autoridades del Sistema de Justicia que investiguen estos ataques. La impunidad de estos hechos sigue siendo alarmante. Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas debería nombrar cuanto antes al futuro representante de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), quien debería ser un Fiscal con experiencia para continuar la lucha en contra de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.”
Aug 5, 2013 | Artículos, Noticias
La CIJ condena acciones de intimidación en contra del Relator de las Naciones Unidas sobre Libertad de Expresión y del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS).
El día jueves 1 de agosto, personas no identificadas ingresaron ilegalmente a las oficinas del Instituto DEMOS y a las oficinas del Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Sr. Frank Larue.
Un día antes, en su columna de opinión el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz, Director de la Fundación contra el Terrorismo, escribió en contra del Sr. Larue, acusándolo falsamente de diferentes hechos criminales, supuestamente cometidos por él durante el conflicto armado interno.
Desde hace ya varios meses, en su calidad de Director de la Fundación contra el Terrorismo, el Sr. Méndez-Ruiz ha asumido una posición intimidatoria en contra de personas, organizaciones, defensores y defensoras de derechos humanos, misiones diplomáticas y dirigentes comunitarios, tratando así de afectar el trabajo que estas personas o instituciones realizan en favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos.
La Fundación contra el Terrorismo, representada por el Sr. Ricardo Méndez-Ruiz anunció días atrás, diferentes acciones en contra de organizaciones no gubernamentales.
Es así como, en el mes de marzo del presente año, después de dicho anuncio, el Director de la Organización Centro para la Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) y su asesor legal, sufrieron amenazas y serias intimidaciones.
Posteriormente, la organización Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) fue acusada en el mes de julio de diferentes falsedades en una publicación anónima, claramente con el objeto de intimidar al personal que lleva a cabo acciones a favor de las víctimas del conflicto armado interno.
Por último, el 1 de agosto, las oficinas del Instituto DEMOS y del Relator Especial sobre Libertad de Expresión, también sufrieron un ingreso ilegal y sustracción de documentos.
La Comisión Internacional de Juristas, hondamente preocupada por estas amenazas, pide a las autoridades correspondientes del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación rigurosa, para determinar quién está detrás de todos estos hechos violentos en contra de defensores y defensoras de derechos humanos.
Dicha investigación debería extenderse en contra de la Fundación contra el Terrorismo y su Director Sr. Méndez-Ruiz, con el objeto de identificar posibles vínculos con los hechos mencionados, sobre todo tomando en cuenta el contenido de múltiples publicaciones realizadas por la Fundación contra el Terrorismo en los últimos meses.
Asimismo, pide al Estado de Guatemala que brinde garantías y protección a defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, instituciones y dirigentes comunitarios que llevan a cabo actividades a favor del respeto de los derechos humanos.
Dichas garantías deberían extenderse al trabajo que realiza el Sr. Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas Sr. Frank Larue.
Foto: UN /Jean-Marc Ferré