Mar 25, 2015 | Incidencia
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)
Situación de derechos humanos en Colombia
25 de marzo de 2015
Señor Presidente:
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).
Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.
Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).
Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.
Gracias señor Presidente.
1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.
Mar 5, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ urge a las autoridades a tomar las medidas para investigar y corregir esta situación.
Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo visitaron Guatemala miembros de la Asociación de Jueces de Noruega; el Presidente del Foro Democrático de Jueces de El Salvador y la ex Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
Dicha visita se llevó a cabo en el marco del trabajo de la CIJ sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
La oportunidad fue propicia para realizar reuniones y debates con miembros del Poder Judicial de Guatemala y con otros operadores de justicia.
Además se mantuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras magistradas de dicha corte; con la Fiscal General; con el Procurador de los Derechos Humanos; con el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad; con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros actores relevantes de la sociedad guatemalteca, abogados y abogadas; dirigentes de Pueblos Indígenas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
Al concluir su trabajo, la CIJ se encuentra alarmada por las presiones que existen en contra de jueces y juezas independientes que debido al cumplimiento de su función son frecuentemente objeto de denuncias y amenazas.
Entre las acciones que se están implementando en contra de jueces y juezas independientes, lo constituyen los traslados selectivos e injustificados que tienen como principal objetivo afectar y castigar a aquellos jueces que cumplen su función en forma independiente e imparcial.
Por otro lado, se suman denuncias infundadas en contra de los mismos, al tiempo que se configura un patrón de represión en contra de ellos, que tiene como objetivo que los jueces y juezas renuncien a su independencia judicial y “ajustar cuentas” por los casos que han juzgado.
Por otro lado, el caso relacionado con las sanciones impuestas el año 2014 en forma arbitraria por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en contra de la Jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar, aún se encuentra pendiente de resolución final, sin que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelva el amparo presentado por dicha jueza.
Desde el año pasado, la CIJ expresó que dichas sanciones son arbitrarias e ilegales y que los jueces y juezas no pueden ser sancionados por un órgano como el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que carece de competencia para ello; además, manifestó que de conformidad con los estándares internacionales y la legislación interna, los jueces y juezas sólo pueden ser objeto de sanciones por parte de los órganos del Poder Judicial establecidos para tal fin (Juntas de Disciplina y Supervisión General de Tribunales).
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “La situación es grave y urgimos a la Corte Suprema de Justicia a suspender cualquier medida que afecte la independencia de jueces y juezas y a implementar las reformas que se necesitan para promover y proteger la independencia del poder judicial como garantía para la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Feb 27, 2015 | Eventos, Noticias
Presentación de la obra de teatro DESIDENCIAS y debate. Este es el primer evento de esta indóle que la CIJ lleva a cabo a favor de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI en Guatemala.
La CIJ en asocio con la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONSIDA), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH) y con la colaboración de OASIS, llevó a cabo la presentación de la Obra DESIDENCIAS de la Colectiva Siluetas y la entrega de la Guía para profesionales del CIJ sobre orientación sexual, identidad de género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A la actividad asistieron más de 250 personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, operadores de justicia, estudiantes universitarios y público en general.
La Colectiva Siluetas inció a mediadios del año 2001 y actualmente la intergran tres guatemaltecas: Camilia Urrutia, Tatiana Palomo y Lu Robles y, la salvadoreña, Laia Cañénguez. La puesta en escena de la Obra DESIDENCIAS estuvo a cargo de Camila Urrutia, Laia Ribera, Lola Vásquez y Gabriel Álvarez, actrices lesbianas, transgénero y transexuales.
La obra expone muchos tabús dentro de la sociedad guatemalteca sobre la identidad sexual y la orientación de género.
La CIJ impulsará nuevas acciones para la promoción de la no discriminación y del derecho a la igualdad así como de otros estándares internacionales a favor de las personas LGBTI en Guatemala.
Nov 19, 2014 | Artículos, Eventos, Noticias
El 18 de noviembre, la CIJ presentó y discutió, en una reunión en el Parlamento Europeo en Bruselas, sus dos informes sobre regímenes económicos especiales y su impacto en los derechos sociales en Perú y Marruecos.
El eurodiputado Richard Howitt, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, y el comisario de la CIJ, Olivier De Schutter, encabezaron las discusiones.
Los informes ponen de relieve el impacto en los derechos, incluidos los derechos laborales y sociales, los derechos de tierras y aguas, de regímenes económicos especiales que tienen por objeto facilitar las exportaciones y las inversiones en áreas como la agricultura y los textiles.
La reunión permitió examinar el papel que la UE y sus Estados miembros pueden y deben desempeñar en su diálogo general y cooperación con los dos países, en particular en lo que se refiere a las relaciones y acuerdos comerciales, así como a la reglamentación de las empresas comerciales de la UE que se benefician de estos Regímenes especiales.
La presentación de las investigaciones y los informes de la CIJ viene en un momento importante en las relaciones de la UE con Perú y Marruecos.
En cuanto a estos últimos, el informe de la CIJ alimentará el diálogo sobre derechos humanos entre la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y Marruecos que se celebra hoy en Bruselas.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (Full report in Spanish – PDF)
Contactos:
Carlos Lopez, Senior Legal Advisor, Business and Human Rights Programme, t +41 22 979 3816, carlos.lopez(a)icj.org
Sandra Ratjen, Senior Legal Advisor, Economic, Social and cultural Rights Programme, t +41 22 979 3835, sandra.ratjen(a)icj.org
Nov 15, 2014 | Artículos, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas, a través de su representante para Suramérica, Federico Andreu-Guzmán, intervino como perito en el procedimiento interamericano, a solicitud de los representantes de las víctimas.
El 14 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición forzada de 11 personas, la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, la detención arbitraria y tortura de 4 personas, entre otras graves violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía durante la operación de “retoma” del Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, a raíz de la incursión de un comando de la guerrilla M-19 en las instalaciones judiciales.
El peritaje de la CIJ versó sobre el marco legal, estructura y funcionamiento de las fuerzas de seguridad para la época de los hechos y la intervención de la justicia penal militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y/o que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
En su Sentencia, la Corte ordenó al Estado colombiano llevar a cabo “las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables” de las desapariciones forzadas, ejecución extrajudicial y torturas; realizar “todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad”; “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos”; y brindar reparación integral.
Aunque han pasado 29 años desde la ocurrencia de los hechos, la Sentencia constituye una importante y valiosa contribución a la lucha contra la impunidad y a la reivindicación de los derechos a la justicia, verdad y reparación de los familiares de las víctimas, quienes por décadas buscaron infructuosamente justicia en Colombia.
La CIJ exhorta a las autoridades colombianas a acatar la Sentencia de la Corte y a cumplir sin dilación alguna con lo ordenado en ella.
Nota:
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia, Serie C No. 287, disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_287_esp.pdf
