Perú: peritaje de la CIJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la “Operación Chavín de Huántar”

Perú: peritaje de la CIJ ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la “Operación Chavín de Huántar”

En febrero de 2014, el Representante para Suramérica de la CIJ rindió un dictamen pericial en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú.

Este caso está referido a la ejecución extrajudicial de tres miembros del grupo armado “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA”, luego de ser puestos fuera de combate, por las fuerzas de seguridad peruanas en el marco de la llamada “Operación Chavín de Huántar”, de retoma de la Embajada del Japón en Lima (Diciembre 1996 –abril 1997).

El dictamen pericial rendido por la CIJ abordó cuestiones relativas a: i) la naturaleza jurídica de graves infracciones al derecho internacional humanitario; ii) la intervención de la justicia militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y que pueden constituir violaciones a los derechos humanos; y iii) los estándares internacionales relativos a la debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.

El pasado 17 de abril de 2015, la Corte Interamericana profirió Sentencia en el caso.

Peru-PeritajeFAGChavinHuantar-Advocacy-legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)

Situación de derechos humanos en Colombia: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Situación de derechos humanos en Colombia: Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.

25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)

Situación de derechos humanos en Colombia

25 de marzo de 2015

Señor Presidente:

La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).

Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.

Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).

Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.

Gracias señor Presidente.

1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.

La independencia del poder judicial en Guatemala bajo asedio

La independencia del poder judicial en Guatemala bajo asedio

La CIJ urge a las autoridades a tomar las medidas para investigar y corregir esta situación.

Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo visitaron Guatemala miembros de la Asociación de Jueces de Noruega; el Presidente del Foro Democrático de Jueces de El Salvador y la ex Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.

Dicha visita se llevó a cabo en el marco del trabajo de la CIJ sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.

La oportunidad fue propicia para realizar reuniones y debates con miembros del Poder Judicial de Guatemala y con otros operadores de justicia.

Además se mantuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras magistradas de dicha corte; con la Fiscal General; con el Procurador de los Derechos Humanos; con el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad; con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros actores relevantes de la sociedad guatemalteca, abogados y abogadas; dirigentes de Pueblos Indígenas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.

Al concluir su trabajo, la CIJ se encuentra alarmada por las presiones que existen en contra de jueces y juezas independientes que debido al cumplimiento de su función son frecuentemente objeto de denuncias y amenazas.

Entre las acciones que se están implementando en contra de jueces y juezas independientes, lo constituyen los traslados selectivos e injustificados que tienen como principal objetivo afectar y castigar a aquellos jueces que cumplen su función en forma independiente e imparcial.

Por otro lado, se suman denuncias infundadas en contra de los mismos, al tiempo que se configura un patrón de represión en contra de ellos, que tiene como objetivo que los jueces y juezas renuncien a su independencia judicial y “ajustar cuentas” por los casos que han juzgado.

Por otro lado, el caso relacionado con las sanciones impuestas el año 2014 en forma arbitraria por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en contra de la Jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar, aún se encuentra pendiente de resolución final, sin que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelva el amparo presentado por dicha jueza.

Desde el año pasado, la CIJ expresó que dichas sanciones son arbitrarias e ilegales y que los jueces y juezas no pueden ser sancionados por un órgano como el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que carece de competencia para ello; además, manifestó que de conformidad con los estándares internacionales y la legislación interna, los jueces y juezas sólo pueden ser objeto de sanciones por parte de los órganos del Poder Judicial establecidos para tal fin (Juntas de Disciplina y Supervisión General de Tribunales).

Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “La situación es grave y urgimos a la Corte Suprema de Justicia a suspender cualquier medida que afecte la independencia de jueces y juezas y a implementar las reformas que se necesitan para promover y proteger la independencia del poder judicial como garantía para la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”

Acciones en pro de las personas LGBTI en Guatemala

Acciones en pro de las personas LGBTI en Guatemala

Presentación de la obra de teatro DESIDENCIAS y debate. Este es el primer evento de esta indóle que la CIJ lleva a cabo a favor de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI en Guatemala.

La CIJ en asocio con la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONSIDA), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH) y con la colaboración de OASIS, llevó a cabo la presentación de la Obra DESIDENCIAS de la Colectiva Siluetas y la entrega de la Guía para profesionales del CIJ sobre orientación sexual, identidad de género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A la actividad asistieron más de 250 personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, operadores de justicia, estudiantes universitarios y público en general.

La Colectiva Siluetas inció a mediadios del año 2001 y actualmente la intergran tres guatemaltecas: Camilia Urrutia, Tatiana Palomo y Lu Robles y, la salvadoreña, Laia Cañénguez. La puesta en escena de la Obra DESIDENCIAS estuvo a cargo de Camila Urrutia, Laia Ribera, Lola Vásquez y Gabriel Álvarez, actrices lesbianas, transgénero y transexuales.

La obra expone muchos tabús dentro de la sociedad guatemalteca sobre la identidad sexual y la orientación de género.

La CIJ impulsará nuevas acciones para la promoción de la no discriminación y del derecho a la igualdad así como de otros estándares internacionales a favor de las personas LGBTI en Guatemala.

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