Jun 19, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ pide a la Asamblea Legislativa de El Salvador elegir a las personas independientes, idóneas y honestas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La CIJ, ante la próxima elección por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador de cinco magistrados a la Corte Suprema de Justicia, expresa:
- De conformidad con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los Estados deben hacer todos los esfuerzos posibles, para dotarse a sí mismos de un Poder Judicial Independiente. En tal sentido, es necesario que la Asamblea Legislativa haga todos los esfuerzos posibles para elegir de la lista de 30 personas, a las más idóneas, honestas e independientes;
- La Asamblea Legislativa debería dar tiempo suficiente, para permitir que en el proceso de elección, la sociedad salvadoreña pueda presentar sus observaciones y críticas hacia cada uno de los candidatos y candidatas; asimismo, después de elaborar una lista corta de posibles candidato/as (lista de 10 personas por ejemplo), la Asamblea Legislativa debería llevar a cabo audiencias púbicas con cada uno de ellos, para que la ciudadanía pueda enterarse con más detalle de la trayectoria de cada candidato/a y de su conocimiento en aspectos de administración de justicia;
- La Asamblea Legislativa debería elegir a las personas que tengan más conocimiento y experiencia en materia de administración de justicia y que sean jueces de carrera, para que quienes sean electos puedan llegar a impulsar los cambios que el Sistema de Justicia requiere. Por ejemplo, las reformas a la Carrera Judicial; separación de las facultades administrativas y jurisdiccionales de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; reformas a los procesos disciplinarios que se aplican a jueces y magistrados, entre otras.
Ramón Cadena, Director del programa la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó en su visita a El Salvador: “Si bien los acuerdos de paz introdujeron reformas importantes, después de más de quince años se requiere introducir nuevas reformas para fortalecer la independencia del Poder Judicial, en relación a los otros poderes del Estado de El Salvador y alcanzar una mayor independencia judicial. Seguiremos observando de cerca el desarrollo y los resultados de este proceso de elección.”
Apr 20, 2015 | Incidencia
En febrero de 2014, el Representante para Suramérica de la CIJ rindió un dictamen pericial en audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú.
Este caso está referido a la ejecución extrajudicial de tres miembros del grupo armado “Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA”, luego de ser puestos fuera de combate, por las fuerzas de seguridad peruanas en el marco de la llamada “Operación Chavín de Huántar”, de retoma de la Embajada del Japón en Lima (Diciembre 1996 –abril 1997).
El dictamen pericial rendido por la CIJ abordó cuestiones relativas a: i) la naturaleza jurídica de graves infracciones al derecho internacional humanitario; ii) la intervención de la justicia militar en la investigación y juzgamiento de delitos que no son de función y que pueden constituir violaciones a los derechos humanos; y iii) los estándares internacionales relativos a la debida diligencia en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
El pasado 17 de abril de 2015, la Corte Interamericana profirió Sentencia en el caso.
Peru-PeritajeFAGChavinHuantar-Advocacy-legal submission-2015-SPA (texto íntegro en PDF)
Mar 25, 2015 | Incidencia
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia.
25° período de sesiones, Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Tema 2 de la agenda, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia (A/HRC/28/3/Add.3)
Situación de derechos humanos en Colombia
25 de marzo de 2015
Señor Presidente:
La Comisión Colombiana de Juristas afiliada a la Comisión Internacional de Juristas resaltan el valioso aporte de la Oficina del Alto Comisionado durante estos 18 años en Colombia: tiene oficinas en varias regiones y trabaja con comunidades afectadas por el conflicto armado; ha contribuido “a cambios positivos a través de su observación, incidencia, declaraciones públicas, buenos oficios y cooperación técnica”; “[h]a presentado informes periódicos a entidades gubernamentales; ha actuado como garante en conflictos (…); ha interactuado a diario con el Estado y la sociedad civil para encontrar soluciones a los desafíos de derechos humanos (…); y ha contribuido al fortalecimiento de las instituciones” (párrafo 2).
Pese a ciertos avances en derechos humanos, el Informe anual resalta los retos en materia de implementación, falta de voluntad política para aceptar la responsabilidad por violaciones del pasado1, desigualdades económicas y “un acceso asimétrico a los derechos y a los servicios públicos” (párrafo 14). Además, Colombia todavía actúa en contra de sus obligaciones internacionales, como sucede con el derecho a la consulta previa (párrafo 26) o la ampliación de la justicia militar (párrafo 60). Adicionalmente, Colombia no recibe procedimientos especiales desde 2010, aunque cuenta con una invitación permanente y seis mandatos han solicitado visita2.
Después de 18 años invertidos en el país, la Oficina sigue siendo los ojos de la comunidad internacional para derechos humanos, y el acompañante o asesor del Estado en el diseño de sus políticas (párrafos 16, 29, 34, 60).
Según el Informe, el Gobierno y las FARC-EP han logrado avances sin precedentes para poner fin al conflicto armado (párrafo 6). Si “[l]a perspectiva de una salida negociada al conflicto (…) y el crecimiento económico proporcionan una oportunidad única para ampliar la presencia del Estado, hacer frente a la desigualdad y mejorar la situación de los derechos humanos” (párrafo 19), indiscutiblemente la Oficina del Alto Comisionado en Colombia es una inversión clave, y no es de corto plazo.
Gracias señor Presidente.
1 El párrafo 58 dice: “El rechazo de responsabilidades por parte de las fuerzas armadas y de sus superiores políticos perpetúa la impunidad, socava la legitimidad institucional y erosiona el estado de derecho”.
2 Colombia cuenta con una invitación permanente a los procedimientos especiales de la ONU desde el 17 de marzo de 2003. Sin embargo, desde inicios de 2012 no ha aceptado ninguna visita, aunque los mandatos sobre extrema pobreza, personas internamente desplazadas, violencia contra la mujer, afrodescendientes, mercenarios y alimentación han solicitado visitar el país.
Mar 5, 2015 | Artículos, Noticias
La CIJ urge a las autoridades a tomar las medidas para investigar y corregir esta situación.
Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo visitaron Guatemala miembros de la Asociación de Jueces de Noruega; el Presidente del Foro Democrático de Jueces de El Salvador y la ex Presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia de Honduras.
Dicha visita se llevó a cabo en el marco del trabajo de la CIJ sobre el fortalecimiento del Estado de Derecho en Guatemala.
La oportunidad fue propicia para realizar reuniones y debates con miembros del Poder Judicial de Guatemala y con otros operadores de justicia.
Además se mantuvieron reuniones con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y otras magistradas de dicha corte; con la Fiscal General; con el Procurador de los Derechos Humanos; con el Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad; con el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como con otros actores relevantes de la sociedad guatemalteca, abogados y abogadas; dirigentes de Pueblos Indígenas y representantes de Organizaciones No Gubernamentales.
Al concluir su trabajo, la CIJ se encuentra alarmada por las presiones que existen en contra de jueces y juezas independientes que debido al cumplimiento de su función son frecuentemente objeto de denuncias y amenazas.
Entre las acciones que se están implementando en contra de jueces y juezas independientes, lo constituyen los traslados selectivos e injustificados que tienen como principal objetivo afectar y castigar a aquellos jueces que cumplen su función en forma independiente e imparcial.
Por otro lado, se suman denuncias infundadas en contra de los mismos, al tiempo que se configura un patrón de represión en contra de ellos, que tiene como objetivo que los jueces y juezas renuncien a su independencia judicial y “ajustar cuentas” por los casos que han juzgado.
Por otro lado, el caso relacionado con las sanciones impuestas el año 2014 en forma arbitraria por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala en contra de la Jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar, aún se encuentra pendiente de resolución final, sin que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala resuelva el amparo presentado por dicha jueza.
Desde el año pasado, la CIJ expresó que dichas sanciones son arbitrarias e ilegales y que los jueces y juezas no pueden ser sancionados por un órgano como el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que carece de competencia para ello; además, manifestó que de conformidad con los estándares internacionales y la legislación interna, los jueces y juezas sólo pueden ser objeto de sanciones por parte de los órganos del Poder Judicial establecidos para tal fin (Juntas de Disciplina y Supervisión General de Tribunales).
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “La situación es grave y urgimos a la Corte Suprema de Justicia a suspender cualquier medida que afecte la independencia de jueces y juezas y a implementar las reformas que se necesitan para promover y proteger la independencia del poder judicial como garantía para la ciudadanía y el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Feb 27, 2015 | Eventos, Noticias
Presentación de la obra de teatro DESIDENCIAS y debate. Este es el primer evento de esta indóle que la CIJ lleva a cabo a favor de la promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI en Guatemala.
La CIJ en asocio con la Oficina del Alto Comsionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONSIDA), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDH) y con la colaboración de OASIS, llevó a cabo la presentación de la Obra DESIDENCIAS de la Colectiva Siluetas y la entrega de la Guía para profesionales del CIJ sobre orientación sexual, identidad de género y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A la actividad asistieron más de 250 personas de diferentes organizaciones de la sociedad civil, operadores de justicia, estudiantes universitarios y público en general.
La Colectiva Siluetas inció a mediadios del año 2001 y actualmente la intergran tres guatemaltecas: Camilia Urrutia, Tatiana Palomo y Lu Robles y, la salvadoreña, Laia Cañénguez. La puesta en escena de la Obra DESIDENCIAS estuvo a cargo de Camila Urrutia, Laia Ribera, Lola Vásquez y Gabriel Álvarez, actrices lesbianas, transgénero y transexuales.
La obra expone muchos tabús dentro de la sociedad guatemalteca sobre la identidad sexual y la orientación de género.
La CIJ impulsará nuevas acciones para la promoción de la no discriminación y del derecho a la igualdad así como de otros estándares internacionales a favor de las personas LGBTI en Guatemala.
