Feb 12, 2019 | Artículos, Noticias
Hoy en Bogotá, Colombia, la CIJ, junto con sus socios en la región, lanzaron el proyecto “Promoviendo justicia para ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú”, en el marco de la Iniciativa de Responsabilidad Global de la CIJ.
El objetivo del proyecto es promover la rendición de cuentas y el acceso a recursos efectivos y medidas de reparación para las víctimas y sus familias, en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
Este proyecto se implementa en conjunto con la Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Colombia (dhColombia), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), y el Instituto de Defensa Legal de Perú (IDL).
Además, Christof Heyns, director del Instituto de Derecho Internacional y Comparado en África de la Universidad de Pretoria, y ex Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, se une al proyecto como asesor especial.
En el marco de este proyecto, se realizarán estudios generales sobre los obstáculos existentes para la investigación y judicialización de estas graves violaciones a los derechos humanos en Colombia, Guatemala y Perú, y se documentarán casos emblemáticos de las violaciones ocurridas en dichos países. También, se producirá una guía para uso de la sociedad civil, las víctimas y sus representantes, sobre la investigación y el enjuiciamiento de muertes potencialmente ilegales; y se elaborará una guía para expertos forenses sobre la investigación de estas graves violaciones. Adicionalmente, se realizarán litigios estratégicos y observaciones de audiencias, así como actividades de capacitación que involucren a jueces, fiscales, investigadores, abogados, grupos de víctimas y expertos forenses.
El proyecto cuenta con el apoyo del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH).
Contactos:
Kingsley Abbott, asesor legal senior y coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Rocío Quintero M, asesora legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Jan 11, 2019 | Incidencia, Noticias
La CIJ envió una carta sobre la coyuntura actual en Guatemala al Secretario General de la Organización de Estados Americanos.
El contenido de la carta:
Señor Secretario General
El Secretario General de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) desea expresarle su preocupación por la crisis política que se está presentando en Guatemala. Los actos del Gobierno de Guatemala en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organización de las Naciones Unidas que cuenta con el apoyo decidido de la Comunidad Internacional, tanto en lo que se refiere al apoyo financiero, como en recursos humanos, socavan el Estado de Derecho y constituyen una alteración del orden constitucional de Guatemala.
Las últimas decisiones del Presidente de la República, Sr. Jimmy Morales, están repercutiendo negativamente en el Estado de Derecho y en la lucha contra la Impunidad. Por ello, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ha llevado a cabo un análisis de coyuntura que permita comprender mejor la situación actual en Guatemala; cómo ésta afecta al Estado de Derecho y la Democracia y además, dicho análisis proporciona elementos para una posible evaluación colectiva de dicha situación, de conformidad con la Carta Democrática Interamericana.
Por ello, me pemito entregarle por este medio, el documento “La coyuntura actual en Guatemala. Análisis de la comisión Internacional de Juristas (CIJ)” de fecha 29 de diciembre de 2018. De esta forma, esperamos facilitar procesos de discusión orientados a fortalecer el Estado de Derecho en Guatemala, así como la discusión sobre una posible aplicación de la carta Democrática Interamericana. Sabemos que otros guatemaltecos y guatemaltecas están mandando información a la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de los Estados Americanos, incluido el jurista Francisco Villagrán de León y esperamos que todo ello, contribuirá a una mejor comprensión de esta difícil situación.
Sin más por el momento, quedo de Usted con las muestras de mi más alta consideración y estima,
Sam Zarifi
Secretario General
Comisión Internacional de Juristas
Guatemala-advocacy-open letter-2019-SPA Carta (en español)
Guatemala-threats to democracy-advocacy-analysis-2019-SPA Análisis completo de la coyuntura actual (en español).
Dec 19, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Una nueva acción se inicia en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, se ordena el abandono del país de once funcionarios de dicha comisión, en un lapso de setenta y dos horas, a partir de la notificación respectiva. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que este acto va dirigido específicamente a afectar los procesos penales que se siguen por actos de corrupción en contra de funcionarios de alto nivel.
La CICIG actúa como querellante adhesivo de diferentes procesos por casos de corrupción y otros delitos o bien realizan investigaciones para identificar a posibles responsables. A las y los abogados, policías o investigadores que participan en estos procesos (Caso La Línea, Caso relacionados con corrupción en la Policía Nacional Civil, Caso Comisiones Paralelas y otros igualmente importantes) son precisamente a quienes se les está intentando expulsar del país.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó al respecto: “Llama poderosamente la atención que uno de los investigadores de la CICIG que está siendo afectado con esta medida es el investigador legal a cargo del caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están siendo procesados el hijo y hermano del Presidente de la República.”
Este nuevo acto gubernamental afecta seriamente la justicia y el Estado de Derecho. Constituye además, una violación flagrante del artículo 10 numeral 4. del Convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contempla el compromiso del Gobierno de Guatemala en los términos siguientes:
“Velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.”
“Lamentamos mucho que sea precisamente a los funcionarios de la CICIG que actúan como querellantes adhesivos en casos de alto impacto, a quienes se les esté imponiendo un castigo por el desempeño de sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que las autoridades del Gobierno de Guatemala, siguen haciendo todo lo posible para apartar a la CICIG de su camino”, expresó Cadena.
A esto hay que agregar que la función de la abogacía está siendo afectada. De esta manera, se está obstaculizando el trabajo de abogados debidamente colegiados y por lo tanto, los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, también están siendo violados. Según el principio número 16 literal a): “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas…”
Cadena afirmó: “La CIJ expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios de estos funcionarios son abogados y que actúan como querellantes en los casos de alto impacto que apoya CICIG. El Colegio de Abogados de Guatemala debería actuar en defensa de sus agremiados.”
“Por otro lado, el Estado de Guatemala debe cumplir con los enunciados del derecho internacional de los derechos humanos y debe investigar y castigar casos de corrupción. La presencia de la CICIG en el país contribuye a que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales”, Cadena agregó.
El Director de la CIJ para Centroamérica concluyó afirmando: “Con estas medidas arbitrarias se está causando una alteración del orden constitucional en Guatemala, que afecta gravemente el orden democrático. Como Estado, Guatemala debe asegurar que se tome medidas efectivas para combatir la corrupción, consistentes con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entre otras obligaciones. La CICIG es una de las experiencias más exitosas de combate contra la corrupción en el mundo; por ello, las autoridades del Estado de Guatemala deberían apoyarla, en vez de obstaculizar su trabajo y de esa forma, obstruir la justicia.”
Nov 30, 2018 | Eventos
La conferencia sobre el tema ‘Las Empresas y los Derechos Humanos en el Departamento de Izabal, Guatemala’ que se llevó a cabo el 29 de noviembre en la Universidad de Ginebra, fue organizada por el Departamento de Derecho Público Internacional y las Organizaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ginebra en colaboración con la Ciudad de Ginebra.
El evento fue moderado por la Dra. Antonella Angelini del Departamento de Derecho Público Internacional, experta en empresas y derechos humanos. Participaron también Ramon Cadena, Director de la oficina de la CIJ para America Central, Sandra Ratjen, de la Franciscans International, Maynor Alvarez, Director del Departamento de Asuntos Comunitarios de la CGN, Sra. Amalia Caal Coc, de la Fundación Guillermo Toriello, y el Prof. Marco Sassoli, Comisionado de la CIJ.
El principal problema discutido fue el impacto sobre las comunidades locales de las operaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-PRONICO), una compañía minera de níquel en El Estor, propiedad de Solway Investment Group, compañía registrada en Zug, Suiza.
Ramón Cadena, Director de la oficina de la CIJ para América Central, presentó un resumen de la situación en Guatemala, un país plagado por problemas de corrupción, violencia e impunidad. Enfatizó la necesidad de fortalecer el estado de derecho. Dijo que en el Departamento de Izabal existe mucha preocupación respecto a los impactos de la empresa sobre las comunidades locales de indígenas Q’eqchis. Explicó que estas comunidades no se oponen al desarrollo en sí, pero quieren asegurarse que esta actividad beneficiaría a la mayoría de la población. Concluyó diciendo que la iniciativa popular suiza referente a la responsabilidad social corporativa era sumamente importante ya que implicaría que las multinacionales basadas en Suiza serían responsables de los actos de sus sucursales en otros países.
En sus comentarios finales, el Prof. Marco Sassoli recomendó que se organizara una misión internacional a Izabal en Guatemala con el objetivo de tener una mejor comprensión de los problemas que se presentan a las comunidades locales de Q’eqchis como resultado de las operaciones mineras de níquel de la compañía Solway.
Un informe más detallado sobre la conferencia es disponible acá.
Nov 21, 2018 | Noticias
En el contexto actual de Guatemala, es notorio que el riesgo de abusos de poder y de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado significativamente. Esta situación ha hecho surgir graves tensiones entre la Justicia Constitucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este tipo de tensiones y conflictos se han presentado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional ha invalidado actos del Poder Ejecutivo por ser inconstitucionales.
Las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado en dichos casos, que pueden emitir resoluciones, sin que se subordinen al Poder Ejecutivo o a otro poder fáctico y velando por la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó que “es necesario reconocer que las y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desempeñan una función sumamente difícil, que requiere muy elevadas cualidades judiciales y éticas. Sin embargo, por difícil y compleja que sea su función, cuando el poder público se ejerce con abuso de autoridad y contraviniendo el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad debe fijar los límites que el Derecho Constitucional e Internacional impone al ejercicio del poder.”
