Colombia: la CIJ y socios organizan un taller sobre justicia penal y discriminación en América Latina
Entre el 18 y el 20 de septiembre de 2023, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Red de Aprendizaje sobre Acceso a la Justicia (Access to Justice Knowledge Hub) y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de los Andes celebraron conjuntamente un taller regional en Bogotá, Colombia, sobre el uso discriminatorio, desproporcionado y a menudo arbitrario de los sistemas de justicia penal contra personas y grupos marginados en América Latina. El evento reunió a unas 30 personas de organizaciones de la sociedad civil, actores judiciales, juezas, jueces y representantes de instituciones gubernamentales. Las y los participantes procedían de diversos países latinoamericanos, como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú.
El evento giró en torno a “Los Principios del 8 de marzo para un Enfoque de Derechos Humanos en el Derecho Penal que Proscribe Conductas Asociadas con la Vida Sexual, la Reproducción, el Consumo de Drogas, la Falta de Hogar y la Pobreza” (Principios del 8 de marzo) de la CIJ y los “Principios y Directrices Internacionales sobre el Acceso a la Justicia para las Personas con Discapacidad”” del Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las y los participantes coincidieron en que la alarmante tendencia mundial a la sobrecriminalización es también evidente en América Latina. Esta tendencia obstaculiza el avance de los derechos humanos, especialmente los derechos de las personas y grupos marginados, como las personas LGBTI+, las personas que viven con el VIH, las mujeres con discapacidad y las mujeres que viven en la pobreza.
En su presentación, el Comisionado de la CIJ Rodrigo Uprimny habló de “la inevitabilidad del derecho penal”, describiéndolo como “una amarga necesidad de la convivencia social”. Ciertas conductas, argumentó, como los actos que constituyen violaciones de los derechos humanos, deben ser inevitablemente criminalizadas por los Estados. En este contexto, Uprimny también señaló que en América Latina existe una tendencia al “populismo punitivo”, que a menudo se traduce en un uso desproporcionado y discriminatorio del derecho penal en diversos contextos, como la protesta social, el consumo de drogas y el aborto. En ese sentido, comentó la importancia de los Principios del 8 de marzo en América Latina:
“La realidad demuestra que en comportamientos que [los] Principios desarrollan son precisamente los comportamientos en donde usualmente es muy fuerte el impacto discriminatorio del derecho penal. (…) Con todos los criterios de discriminación, género, raza, discapacidad, pobreza, etc. (…) Los Principios lo llaman a uno a la cautela de la tendencia a la sobrecriminalización (…) El tema de la sobrecriminalización no es solo hoy un asunto de las derechas más autoritarias de América Latina. Hay también en el mundo de los derechos humanos una fuga hacia el punitivismo. (…) [El uso del derecho penal puede estar] justificado, pero a veces puede tener efectos perversos”.
Las y los participantes reflexionaron sobre los problemas comunes y las barreras que los sistemas de justicia penal imponen a los grupos e individuos marginados en América Latina, incluyendo el impacto desproporcionado del derecho penal sobre las mujeres, las personas sin hogar, las personas que viven con el VIH, las personas que consumen drogas y las personas con discapacidad.
Un elemento central del debate fue que las violaciones de derechos humanos, como resultado de procesos penales, implican el fracaso de una serie de actores –incluidos juezas y jueces, fiscales, agentes de policía y otros actores de la justicia, así como psiquiatras y servicios sociales– a la hora de comprender y aplicar las normas internacionales de derechos humanos. En este sentido, las y los participantes destacaron, entre otras cosas, la falta de conocimiento y aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de la jurisprudencia del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en relación con el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Como resultado, las personas con discapacidad en América Latina, y en particular aquellas con discapacidad psicosocial, se enfrentan a serios obstáculos para ejercer su derecho a la capacidad jurídica en procesos penales.
Las y los participantes se comprometieron a establecer una agenda común para la incidencia conjunta, incluyendo mediante la organización de talleres dirigidos a los actores de la justicia, como juezas y jueces, en América Latina. En particular, se necesita un conocimiento más profundo de la normas y estándares internacionales de derechos humanos en el contexto de la justicia penal, así como de los derechos de las personas con discapacidad.
Contactos
Rocío Quintero Martínez, Asesora Legal de la CIJ para el Programa de América Latina, e: rocio.quintero@icj.org
Timothy Fish Hodgson, Asesor Sénior de la CIJ en Derechos Económicos, Sociales y Culturales, e: timothy.hodgson@icj.org
Nicaragua: la liberación de más de 200 personas detenidas arbitrariamente debe ir acompañada de la recuperación del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos
La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) insta a las autoridades nicaragüenses a tomar medidas inmediatas para restaurar el Estado de derecho y los principios democráticos y poner fin a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el país. Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los presos políticos, y garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales.
México: las personas con discapacidad reciben un reconocimiento público sin precedentes sobre la necesidad de brindarles acceso a la justicia
La disculpa pública dada por las autoridades mexicanas a un joven mexicano por no proteger sus derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es un paso importante hacia la protección de los derechos de las personas con discapacidad, dijo la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), hoy.
Colombia: La CIJ y 300 ONG expresaron su preocupación acerca de las violaciones de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ON
La CIJ y 300 organizaciones de la sociedad civil, presentaron una declaración conjunta ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresando su preocupación sobre la situación de derechos humanos en Colombia, en el marco de la presentación del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Aqui sigue la declaración oral conjunta:
“Gracias Sra. Presidenta,
En nombre de las varias organizaciones firmantes, agradecemos el reporte de actividades de la Alta Comisionada, particularmente sobre Colombia. La situación en el país confirma la necesidad de continuar el monitoreo y la asistencia técnica de su oficina.
A ocho semanas de las jornadas de movilización en distintas ciudades del país, los asesinatos, el uso excesivo de la fuerza, los actos constitutivos de tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas, la violencia sexual, las detenciones arbitrarias y los ataques, incluidos los ciberataques contra quienes ejercen su derecho a protestar constituyen flagrantes violaciones de derechos humanos. Los abusos se producen a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que insta a la Fuerza Pública a no actuar de manera violenta, arbitraria y sistemática durante las manifestaciones y los llamamientos de mecanismos de derechos humanos a cesar estas violaciones.
Las protestas se vinculan a reivindicaciones estructurales ligadas a los derechos humanos, incluyendo la pobreza, la desigualdad, injusticias sociales crecientes, la impunidad, el racismo sistémico y la violencia sistemática contra las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo líderes sociales, campesinas, sindicales e indígenas y la prensa. También se deben a la falta de la plena implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
Exhortamos al Consejo a exigir a Colombia el cese del uso de violencia y el respeto del derecho a la protesta pacífica; a que investigue de forma independiente las violaciones a los derechos humanos cometidas en este contexto; a que acepte la visita de los procedimientos Especiales y a que apoye el logro de consensos sociales en torno a las demandas estructurales.
Finalmente, solicitamos a la Alta Comisionada, que por medio del monitoreo de su oficina en Colombia, elabore un reporte sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Gracias Sra. Presidenta.”
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