Mar 11, 2021 | Incidencia
Hoy, la CIJ pidió à la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de asegurar transparencia y participación de sus actividades en Venezuela, durante el dialogo sobre la actualización oral de Alta Comisionada para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela
Aqui la Declaración Oral:
“Señora Presidenta,
La Comisión Internacional de Juristas agradece la actualización oral de la Alta Comisionada sobre la situación en Venezuela, particularmente respecto de la cooperación entre su oficina y las autoridades venezolanas.
La CIJ subraya la importancia de la transparencia en las actividades realizadas bajo el Memorándum de Entendimiento (MDE) firmado por ambas partes. La publicación del MDE para informar al público y asegurar el óptimo involucramiento de las partes interesadas, es fundamental para su éxito.
La CIJ enfatiza que además de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos sociales y culturales continúan siendo violados en Venezuela; esta situación se ha visto agravada por la pandemia de COVID-19. En enero de 2021, al menos 37 trabajadores habían fallecido debido a la falta de equipos de protección y suministros básicos en los centros de salud.
Además, a la luz de los recientes anuncios de autoridades venezolanas, parecen existir consideraciones políticas en las prioridades del plan de vacunación contra la COVID-19, en lugar de criterios objetivos y de salud pública, lo que podría dar lugar a discriminación y denegación de igual protección ante la ley.
La CIJ recomienda que la Alta Comisionada monitoree y reporte sobre el cumplimiento de sus recomendaciones previas que fueron realizadas a las autoridades estatales, así como sobre el involucramiento más amplio de su oficina con organizaciones de la sociedad civil local, con miras a proteger los derechos humanos
Gracias.”
Contact:
Massimo Frigo, ICJ UN Representative, e: massimo.frigo(a)icj.org, t: +41797499949
Oct 12, 2020 | Incidencia
En marzo de 2020, la CIJ junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil y varias personas defensoras de derechos humanos de América Latina, iniciaron un proceso de seguimiento al funcionamiento de los sistemas de justicia durante la pandemia en la región.
En el marco de esta iniciativa se analizaron las medidas adoptadas por los sistemas judiciales para continuar la prestación del servicio de justicia y proteger los derechos a la salud y a la vida de las personas que intervienen en los procesos judiciales, así como los impactos que dichas medidas tuvieron en el acceso a la justicia y en la independencia judicial.
Así, entre abril y julio de 2020 se organizaron 11 webinars de alcance regional para analizar los desafíos enfrentados en materia de justicia virtual y de litigio estratégico, así como, respecto de la protección de los derechos de las personas migrantes, de las mujeres en prisión y de la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, entre otras cuestiones.
Igualmente, en mayo de 2020 se presentó una comunicación y un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de analizar las medidas adoptadas por los órganos del sistema de justicia, y presentar las principales preocupaciones en torno al acceso a la justicia, al respeto al debido proceso y a la protección de la independencia judicial durante la pandemia. Adicionalmente, se realizó una infografía que resumía las medidas adoptadas y las preocupaciones comunes.
Las organizaciones que participaron en estas actividades fueron además de la CIJ, la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), la Fundación Construir (Bolivia), la Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia), el Observatorio de Derechos y Justicia (Ecuador), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador), la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho (México) y el Instituto de Defensa Legal (Perú).
Posteriormente, dichas organizaciones solicitaron una audiencia pública ante la CIDH, con el objetivo de aportar información actualizada acerca de los desafíos y obstáculos para el funcionamiento de los sistemas de justicia y la reactivación de sus servicios. A esta petición se sumó la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile.
La audiencia pública se llevó a cabo de manera virtual el 09 de octubre de 2020 en el marco del 177 Período de Sesiones de la CIDH. En esta, se presentaron los obstáculos comunes identificados a partir de la experiencia de 9 países de la región (Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México y Perú), y se resaltó la obligación internacional de los Estados de reorganizar su institucionalidad y de remover de manera activa, los obstáculos de cualquier naturaleza que impidan o dificulten el acceso a la justicia, especialmente de aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El informe presentado en la audiencia pública puede ser consultado aquí: Colombia-Informe de audiencia CIDH-Advocacy-2020-SPA
Contacto
Carolina Villadiego Burbano, Asesora Legal para América Latina de la CIJ: carolina.villadiego@icj.org
Sep 30, 2020 | Artículos, Eventos, Noticias
Durante décadas, las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en América Latina han demando justicia, verdad y reparación. A pesar de estos esfuerzos, la impunidad en estos delitos es alta. En algunos casos, las víctimas han esperado por más de cuatro décadas para que se haga justicia.
Como parte de su estrategia para promover la rendición de cuentas en casos de graves violaciones a los derechos humanos alrededor del mundo, la CIJ, junto con sus socios, está implementando un proyecto regional para promover justicia en casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en Colombia, Guatemala y Perú.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Unión Europea. Uno de los resultados del proyecto ha sido apoyar la elaboración de tres casos emblemáticos por parte de los socios locales de la CIJ.
En Colombia, para ilustrar uno de los patrones de ejecuciones extrajudiciales, la Asociación de Red Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (dhColombia) produjo un documento sobre tres casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos de 2005 a 2008. El documento Una práctica sistemática ejecuciones extrajudiciales en el eje cafetero (2006-2008) presenta las dificultades que las víctimas y sus abogados han enfrentado para demostrar la responsabilidad de demando en estos casos.
En Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL) documentó la desaparición forzada de estudiantes universitarios y profesores entre 1989 y 1993, en el momento más argüido del conflicto interno peruano. En el documento Los desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro IDL describe el difícil camino jurídico que las víctimas han enfrentado, para llevar a la justicia a los agentes del Estado que estarían involucrados en estos crímenes.
En Guatemala, para subrayar la manera en como se cometieron desapariciones forzadas contra las comunidades rurales en el marco del conflicto armado guatemalteco, la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua) escribió acerca de la desaparición de más de 500 personas en la región de las Veparaces. En el informe Las desapariciones forzadas en la región de las Verapaces se presenta la historia de cinco de estos casos.
Estos tres informes contribuyen a comprender la prevalencia de estas violaciones en América Latina y las opciones disponibles para hacer frente a la impunidad.
El 30 de septiembre de 2020, la CIJ organizará un webinar regional para discutir la protección y garantía de los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala y Perú. El webinar será transmitido en vivo en la página de Facebook de la CIJ, a las 14 horas (hora de Guatemala) / 15 horas (hora de Colombia y Perú) / 17 horas (hora de Chile y Argentina).
Contactos:
Kingsley Abbott, Coordinador de la iniciativa global de rendición de cuentas de la CIJ. Correo electrónico: kingsley.abbott(a)icj.org
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina y coordinadora regional del proyecto. Correo Electrónico: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Correo electrónico: rocio.quintero(a)icj.org
Sep 18, 2020 | Artículos, Noticias
Hoy, la CIJ realizó un llamado a las autoridades competentes para que se realicen investigaciones prontas, transparentes, rigorosas, imparciales y efectivas en los casos de posibles ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía colombiana durante las recientes protestas en la capital.
La CIJ enfatizó que cualquier persona responsable debe ser judicializada y llevada ante la justicia. Además, se debe garantizar el acceso a la justicia y a reparaciones a las víctimas.
Del 9 al 10 de septiembre de 2020, se llevaron acabo protestas masivas contra violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Las protestas tuvieron su origen en la muerte de Javier Ordóñez. Ordoñez falleció bajo custodia policial luego de haber sido sujeto a severos malos tratos, incluyendo múltiples descargas de electricidad con pistolas taser.
Durante las protestas, la Policía hizo un uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza. Como resultado de las protestas, 13 personas fallecieron y más de 200 resultaron heridas.
Los hechos fueron condenados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señaló denuncias de detenciones ilegales y de malos tratos contra personas que fueron arrestadas. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también expresó preocupación por las denuncias de uso excesivo de la fuerza durante las protestas.
Según testigos, la Policía abrió fuego contra personas que estaban protestando pacíficamente. Algunas de las personas asesinadas no hacían parte de las protestas y murieron al ser alcanzadas por balas perdidas. Algunos videos de la conducta policial durante las protestas han circulado en redes sociales.
En el mismo sentido, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López Hernández, afirmó que había entregado videos, con evidencia del abuso policial, a las autoridades competentes. López también compartió parte de estos videos en su cuenta de Twitter.
La CIJ recuerda que bajo los estándares del derecho internacional que regulan el uso de la fuerza por parte de oficiales encargados del mantenimiento del orden público, no debe hacerse uso de fuerza letal a menos que sea estrictamente necesario para proteger la vida.
La CIJ enfatiza la necesidad de que las investigaciones sean independientes, lo que requiere que los investigadores sean independientes de la policía. De igual forma, las investigaciones deben desarrollarse dentro de la jurisdicción ordinaria y no en la militar.
La CIJ también expresa su preocupación por las amenazas recibidas por defensores de derechos humanos que estaban monitoreando el desarrollo de las protestas.
Antecedentes
Las protestas tuvieron su origen en la muerte de Javier Ordóñez, quien murió en un Comando de Acción Inmediata (CAI), en la madrugada del 9 de septiembre de 2020.
Un video muestra que antes de ser trasladado al CAI, policías dispararon pistolas taser contra Ordóñez a pesar que este ya se encontraba en el suelo inmovilizado y no representaba ninguna amenaza contra la vida o seguridad de los policías.
Los resultados iniciales de las investigaciones, incluyendo el reporte de la autopsia, indican que Ordóñez recibió golpes en la cabeza, el cuello, los hombres y el pecho al interior del CAI.
El 11 de septiembre de 2020, la Policía Nacional y el Ministro de Defensa ofrecieron disculpas por cualquier violación que hubieran podido cometer los uniformados. No obstante, no hubo reconocimiento de ninguna violación en particular. Posteriormente, el 16 de septiembre, el Ministro de Defensa reconoció que Javier Ordóñez había sido asesinado por la Policía.
Aunque el Ministro dijo que la policía respetaba las protestas pacíficas, afirmó que “lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre fue un ataque masivo y sistemático en contra de la infraestructura policial y de los agentes de Policía”.
Adicionalmente, el 13 de septiembre, la Alcaldía mayor de Bogotá llevó a cabo una jornada de perdón y reconciliación. En la jornada participaron algunas de las víctimas, que exigieron justicia.
El 17 de septiembre de 2020, la Fiscalía General de la Nación solicitó orden de captura contra dos policías involucrados en la muerte de Ordoñez, la cual fue concedida por un juez. Los dos policías ya fueron capturados.
De conformidad con las obligaciones internacionales de Colombia consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, las investigaciones siempre deben ser independientes, imparciales, prontas, rigurosas, efectivas, creíbles y transparentes.
Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establecen que el uso de la fuerza deber ser excepcional, necesario y proporcional. Además, determinan que la fuerza letal solo puede usarse para proteger la vida.
Recientemente, Colombia ha sufrido de un aumento significativo en las violaciones y abusos a los derechos humanos, incluidas las muertes ilícitas. Por ejemplo, desde la firma del Acuerdo de Paz, en noviembre de 2016, han aumentado los asesinatos, amenazas de muertes y hostigamientos contra los defensores de derechos humanos.
A diciembre de 2019, la Misión de Verificación en Colombia de las Naciones Unidas verificó el asesinato de 303 defensores/as de derechos humanos y líderes sociales desde la firma del Acuerdo. Durante 2020, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Colombia ha documentado 47 asesinatos y se encuentra verificando otros 44 casos potenciales.
Contactos:
Carolina Villadiego, Asesora Legal, América Latina. Email: carolina.villadiego(a)icj.org
Rocío Quintero M, Asesora Legal, América Latina. Email: rocio.quintero(a)icj.org
May 6, 2020 | Comunicados de prensa, Noticias
La Comisión Internacional de Juristas apoyó la realización de una serie de conversatorios online acerca de los desafíos que enfrentan los sistemas de justicia latinoamericanos en el marco de la emergencia generada por la pandemia.
Estos conversatorios abordaron temas diversos, como los servicios esenciales de justicia, el impacto del teletrabajo en la judicatura, la innovación en la justicia en tiempos de emergencia, la búsqueda de las personas desaparecidas, la situación de personas migrantes y el uso del litigio estratégico como herramienta de defensa de derechos fundamentales.
Esta iniciativa fue organizada por un grupo de mujeres de América Latina que trabajan en temas de justicia en la región, y fue apoyada por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF), la Fundación Construir, la Fundación Tribuna Constitucional, el Observatorio de Derechos y Justicia, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho.
Los videos de las sesiones que se realizaron están disponibles en español en los siguientes enlaces:
Conversatorio 1: Servicios esenciales de justicia en tiempos de emergencia
https://www.youtube.com/watch?v=dEW-GJ9J0Po
Conversatorio 2: Teletrabajo y la Judicatura: Juezas en la primera línea de la justicia
https://www.youtube.com/watch?v=pn7h41pGfp8&feature=youtu.be
Conversatorio 3: Innovando en la justicia en tiempos de emergencia
https://www.youtube.com/watch?v=yZ-2y9Ir_RE&feature=youtu.be
Conversatorio 4: La búsqueda de personas desaparecidas
https://www.youtube.com/watch?v=rfWj_gjxJbs&feature=youtu.be
Conversatorio 5: La protección de las personas migrantes
https://www.youtube.com/watch?v=6kDOjklinnw&feature=youtu.be
Conversatorio 6: ¿Como puede el litigio estratégico protegernos frente a los efectos de la pandemia?
https://www.youtube.com/watch?v=IlwcZqq2CJ4&feature=youtu.be
Conversatorio 7: Experiencias nacionales de litigio estratégico frente al COVID-19
https://www.youtube.com/watch?v=Qd-J5pcEX7I&feature=youtu.be
Texto completo, en PDF: Videos-Sistemas-de-Justice-Press-Release-2020-SPA