Oct 1, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ celebra la participación de diferentes Organizaciones No Gubernamentales, en la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocara de oficio, la cual permitió escuchar la posición de ambas delegaciones y llevar a cabo un diálogo franco sobre un tema trascendental para la población guatemalteca y el respeto de los derechos humanos en el país.
La CIJ participó por medio de su Director para Centroamérica, abogado Ramón Cadena, participación solicitada por el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (DEMOS), del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y de la Red de Defensores Comunitarios.
El Bufete para Pueblos Indígenas, si bien había sido solicitado por dichas organizaciones para asistir, no pudo hacerlo en un último momento.
Si bien la Delegación Gubernamental alegó falta de competencia por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana no sólo sostuvo que sí era competente, según la Declaración Americana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos y otra legislación regional de Derechos Humanos, sino que además, en su calidad de “observadora externa”, se sintió “sorprendida” por las últimas decisiones tomadas por las autoridades gubernamentales al más alto nivel y advirtió al Estado de Guatemala, que el mensaje que el Estado de Guatemala estaba dando con sus últimos actos y decisiones de no prorrogar el mandato de la CICIG, ni permitir el ingreso del comisionado Iván Velásquez al país, era “excesivo” y que en nada fortalecía al Estado de Derecho de Guatemala.
Otro argumento de la delegación gubernamental fue afirmar que la CICIG actuaba como “fiscalía paralela”, lo cual afectaba el ordenamiento interno.
Al respecto, la delegación de las organizaciones no gubernamentales explicaron a la ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no se trataba de una fiscalía paralela, sino que de la figura del “querellante adhesivo” y que incluso antes de la aprobación del mandato de la CICIG, la Corte de Constitucionalidad emitió una opinión consultiva el 8 de mayo de 2007 (Expediente 791-2007), debidamente publicada en el Diario Oficial, en la que consideró que la constitución de la CICIG no violaba el ordenamiento constitucional, ni legal del Estado de Guatemala.
Específicamente, la Corte de Constitucionalidad consideró al referirise a la función de la CICIG que “la función de apoyar, coadyuvar y fortalecer a las instituciones estatales encargadas de la investigación en los delitos cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad…no excluye la posibilidad de recibir el apoyo de otras instituciones en la recolección de evidencia, siempre que la participación se haya establecido de manera legal, como sucede en el presente caso.”
La ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que la pregunta esencial que había que responder, era si el Estado de Guatemala contaba ya con la fortaleza institucional, con la independencia judicial y con funcionarios e instituciones sólidas, como para poder luchar contra la corrupción en Guatemala, sin el apoyo de la CICIG.
La delegación de las organizaciones no gubernamentales fundamentaron con diferentes argumentos, que aún no se contaba con dicha solidez y que la presencia de la CICIG en el país, seguía siendo necesaria.
La Comisión Interamericana celebró la participación nutrida de la Sociedad Civil de Guatemala y la presencia de representantes del gobierno guatemalteco y manifestó que el haber convocado de oficio a esta audiencia, demostraba el interés de la CIDH en Guatemala.
Informó a la delegación gubernamental, que era su interés realizar una visita “in loco” a la mayor brevedad posible, ya que de esa forma podría conocer en forma más profunda todas las situaciones de derechos humanos que se estaban presentando en el país, para lo cual solicitó el apoyo de la delegación gubernamental.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Lamentamos que el Gobierno de Guatemala solicitara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que la audiencia se llevara a cabo a “puertas cerradas”, ya que todos los puntos discutidos fueron del interés de la ciudadanía en general y de la prensa.
Por ello, en lugar de mantener las discusiones cerradas, deberían abrirse al conocimiento de la prensa y del público en general. Exigimos a las autoridades correspondientes, que no vaya a haber represalias en contra del trabajo que realizan las organizaciones de derechos humanos y las y los defensores de derechos humanos.”
Jul 26, 2018 | Noticias
Falta de atención médica por parte del Estado de Guatemala provoca la muerte de niña, 30 horas después de nacida el 24 de julio.
La CIJ visitó el 25 de julio del presente año a la comunidad de “Laguna Larga”, víctima de desalojo forzoso hace ya más de un año.
Las personas desplazadas, que actualmente viven en la circunscripción de El Desengaño, municipio de Candelaria, Estado de Campeche, a la intemperie en carpas y “champas” en una zona rural de la franja fronteriza entre Guatemala y México, continúan en condiciones inhumanas y en una situación de riesgo, que pone en peligro su vida e integridad.
El 8 de septiembre de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decretó medidas cautelares a favor de los Pobladores desalojados y desplazados de la comunidad Laguna Larga (Resolución 36/2017, Medidas Cautelares No. 412-17), instando a las autoridades guatemaltecas a adoptar las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad personal de las personas beneficiarias, a través de medidas dirigidas a mejorar, entre otros aspectos, las condiciones sanitarias y de salud, en especial de los niños, niñas, mujeres y personas mayores”.
Hasta la fecha las autoridades guatemaltecas no han acatado las medidas cautelares.
La CIJ pudo constatar que la única medida adoptada por el Estado de Guatemala ha sido la asignación a la comunidad desplazada de dos maestras para impartir clases a los niños.
No obstante, la CIJ pudo constatar igualmente que las instalaciones educativas son precarias y demasiado calientes y obscuras, lo cual dificulta la impartición de clases.
Ninguna medida de orden sanitario o en materia de salud ha sido implementada por las autoridades guatemaltecas.
El pasado 24 de julio, una niña murió apenas treinta horas después de nacida, aparentemente, por falta de atención médica.
Igualmente ninguna de las medidas cautelares relativas a la alimentación, acceso al agua potable y vivienda, ha sido atendida por las autoridades guatemaltecas.
La CIJ expresa su honda preocupación por el hecho de que el Estado de Guatemala no haya cumplido ninguno de los requerimientos de la CIDH y que, después de un año, los derechos a la vida e integridad personal de los pobladores desplazados de la Comunidad Laguna Larga se encuentren en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de un daño irreparable.
Ante la inacción de las autoridades guatemaltecas, los miembros de “Laguna Larga”, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, tanto mexicanas como guatemaltecas, han logrado implementar varios proyectos para abastecerse de agua potable, energía eléctrica, alimentación y salud.
No obstante, la CIJ pudo constatar que toda esta importante ayuda humanitaria que “Laguna Larga” ha recibido de parte de la sociedad civil, resulta insuficiente dada la gravedad de la crisis.
Si bien el esfuerzo y el trabajo desplegado por los miembros de la Comunidad de “Laguna Larga” y las organizaciones no gubernamentales guatemaltecas y mexicanas, constituyen un ejemplo de organización y participación de la sociedad civil, ello en modo alguno exonera, sustituye o disminuye la responsabilidad del Estado guatemalteco de garantizar los derechos a la vida y la integridad personal de la población desplazada y de implementar las medidas cautelares decretadas por la CIDH.
La CIJ concluye que toda esta falta de respuesta por parte de las autoridades en todos los ámbitos de la medida cautelar de la CIDH, constituyen actos y tratos inhumanos, crueles y degradantes, que afectan gravemente la dignidad del ser humano y que han causado daños irreparables a los miembros de la comunidad “Laguna Larga”.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó:
“Ante toda esta situación, la Comisión Internacional de Juristas demanda que las autoridades del Estado de Guatemala cumplan con la medida cautelar 412-17 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de forma inmediata, para evitar más daños a la comunidad “Laguna Larga” y que se retome el diálogo iniciado antes del desalojo. Según los estándares internacionales, el Estado deberá reparar todos los daños y perjuicios causados.”
Jul 24, 2018 | Artículos, Noticias
Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.
La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.
El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.
Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.
El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.
La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.
La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.
La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.
En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.
Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.
Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.
El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.
La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.
Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.
Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.
Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.
Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.
Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:
“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”
Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)
Jun 6, 2018 | Artículos, Noticias
Después de más de 30 años de búsqueda de justicia por parte de la familia Molina Theissen, el Tribunal de Mayor Riesgo C emitió sentencia condenatoria , cometida en octubre de 1981, durante el conflicto armado interno.
Por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen (de 14 años), así como por la detención ilegal, tortura y violación sexual de su hermana Emma Guadalupe Molina Theissen, fueron condenados el 23 de mayo de 2018, los militares de alto rango (en retiro) General de Brigada Benedicto Lucas García, Coronel Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, Coronel Manuel Antonio Callejas y Callejas y Coronel Francisco Luis Gordillo Martínez.
En esa misma sentencia, el Tribunal absolvió al coronel Edilberto Letona Linares.
La CIJ observó todo el desarrollo del juicio público.
Como resultado de esta labor de observación, la CIJ considera que, una vez más, se pudo comprobar, que para lograr romper con la impunidad que existe en estos casos de la llamada “justicia transicional”, se requiere indispensablemente que el Sistema de Justicia esté integrado por jueces independientes, imparciales, competentes, idóneos y de incuestionable integridad moral.
Asimismo, de su observación del juicio y estudio de la Sentencia, la CIJ puede concluir que la defensa de los militares procesados llevó a cabo un litigio de mala fe, que buscó apartar del juicio al Juez Pablo Xitumul, Presidente del Tribunal, por medio de recusaciones abusivas y sin ninguna base legal.
Este tipo de prácticas atentan contra una recta administración de justicia y constituyen una violación de la obligación que tienen los abogados de mantener el honor y la dignidad de su profesión y de actuar de conformidad con las normas éticas reconocidas que rigen su profesión, como lo prescriben los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, de las Naciones Unidas.
La CIJ expresa su rechazo por este tipo de estrategias de defensa, que ya han sido implementadas en otros casos de “justicia transicional” en el pasado y que, además, se están haciendo evidentes en casos recientes vinculados a la lucha contra la corrupción.
Además, durante el juicio, la CIJ pudo constatar las siguientes situaciones:
- Presiones y campañas de difamación de diferente naturaleza, que atacaron y cuestionaron la independencia de las y los juzgadores, su idoneidad e imparcialidad;
- Ataques, estigmatizaciones, difamación y cuestionamientos infundados contra la familia Molina Theissen, por sectores cercanos al Ejército de Guatemala; y
- Ataques y estigmatizaciones contra de las organizaciones de derechos humanos y de los abogados y abogadas de la Familia Molina Theissen, así como en contra del Ministerio Público.
La CIJ se permite recordar que:
- La familia Molina Theissen buscó justicia infructuosamente durante más de 30 años, acudiendo a las autoridades judiciales guatemaltecas;
- Ante la denegación de justicia, la familia Molina Theissen tuvo que recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos; y,
- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Sentencia de 4 de Mayo de 2004, condenó al Estado de Guatemala por violaciones a los derechos humanos y le ordenó investigar, procesar y castigar a los responsables de dichos crímenes.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Apoyamos al Presidente del Tribunal Juez Pablo Xitumul, a los otros dos jueces que integran el Tribunal de Mayor Riesgo C y a todos los jueces independientes, imparciales, idóneos e íntegros de Guatemala, que con su trabajo tratan de devolverle la credibilidad al Organismo Judicial.”
“Nos complace esta sentencia, ya que sienta un precedente para que una práctica sistemática tan grave, como la desaparición forzada de personas, no vuelva a repetirse en Guatemala. Existen en Guatemala más de 40,000 personas detenidas desaparecidas y el Ejército de Guatemala debería demostrar voluntad política, proporcionando información veraz, para que los familiares encuentren a sus seres queridos, desaparecidos desde hace más de 30 años, durante el conflicto armado interno,” concluyó Ramón Cadena.
May 16, 2018 | Eventos, Noticias
Entre 2016 y 2018, la CIJ – Instituciones Europeas junto a organizaciones colaboradoras en siete países de la Unión Europea (UE), trabajó en el acceso a la justicia de niños migrantes en el contexto del proyecto FAIR (Promoviendo Acceso a los derechos de los niños migrantes).
Los niños migrantes en la UE hacen frente a violaciones de sus derechos humanos a diario.
Algunos ejemplos de lo que sufren los menores son: falta de acceso a sus familias, información, tutores y asistencia legal, falta de acceso a una vivienda o al sistema educativo y detenciones ilegales.
El objetivo del proyecto era mejorar el acceso a la justicia de los menores migrantes estableciendo un grupo de abogados europeos que están capacitados para representar niños migrantes en procedimientos nacionales y en el plano internacional.
Durante este proyecto, la CIJ – Instituciones Europeas:
- Desarrolló 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes;
- Formó a 142 abogados de 7 países de la Unión Europea;
- Reunió a 35 abogados y expertos en un evento de 5 días sobre litigación estratégica.
- Creó una red internacional de abogados; y
- Proporcionó apoyo continuo a los abogados en su litigios en representación de niños migrantes.
El proyecto FAIR fue co-financiado por el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y OSIFE.
Los módulos de capacitación traducidos en inglés, español, griego, búlgaro, italiano y alemán, estarán disponibles próximamente.
Puede ver un vídeo sobre proyecto FAIR aquí:
Puede ver un vídeo sobre el evanto en litigación estratégica aquí:
Los 7 módulos de capacitación sobre el acceso a la justicia para niños migrantes en Español
Europe-FAIR module 0-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 1-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 2-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 3-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 4-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 5-Training modules-2018-SPA
Europe-FAIR module 6-Training modules-2018-SPA