En Mayo de 2010, España llamaba la atención del mundo cuando el Tribunal Supremo suspendía de sus funciones como consecuencia de la investigación abierta por prevaricación al Juez Baltasar Garzón.
Entre los días 6 y 10 de diciembre de 2010, la CIJ llevó a cabo una misión de alto nivel a Honduras, con el fin de observar la situación de la independencia judicial.
La delegación de la CIJ mantuvo reuniones con organizaciones de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios, dirigentes sociales, autoridades de gobierno al más alto nivel, representantes de la Comunidad Internacional, organismos intergubernamentales, representantes del Organismo Legislativo y otros actores relacionados con el derecho de acceso a la justicia y la independencia del Poder Judicial. La visita se enmarcó dentro de los esfuerzos que la CIJ lleva a cabo en distintos países para acompañar el proceso de democratización de la justicia y el respeto a la independencia judicial.
Honduras-mission-web story-2010-spa (en PDF)
Una misión de expertos nacionales e internacionales visitó la ciudad de Oaxaca para recabar información sobre la administración de justicia en el estado, con especial atención a la independencia del Poder Judicial.
Con base en la información recibida con anterioridad a la visita y durante ella se concluye preliminarmente que existen condiciones estructurales y prácticas que ponen seriamente en riesgo que el poder judicial ejerza sus funciones de manera independiente.”
En el marco de una visita a la región, la CIJ firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano.
El convenio tiene como objeto estrechar lazos entre ambas instituciones con el fin de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos.
El Convenio fue firmado por Juan Florido Solís (photo), Fiscal General de Guatemala y actual Presidente del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, y Wilder Tayler, Secretario General Adjunto de la CIJ.
El Convenio es el resultado de un proceso de diálogo abierto con el Fiscal General de Guatemala en 2005, cuando la CIJ visitó el país en varias oportunidades con el fin de evaluar la situación de la administración de justicia. En el informe que siguió a las visitas, la CIJ identificó como una tarea pendiente la plena vigencia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en las tareas del Ministerio Público, y comunicó al Sr. Fiscal General su disposición a contribuir a la superación de esta situación.
En el Convenio las partes se comprometen a realizar una serie de acciones conjuntas para mejorar la labor de los fiscales centroamericanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional y a la persecución de graves violaciones de derechos humanos. Así, se planean una serie de actividades de capacitación, que se coordinarán con las respectivas unidades de capacitación de los Ministerios Públicos, con especial énfasis en el rol de una fiscalía autónoma y el combate contra la impunidad. Los Ministerios Públicos, por su parte, se comprometen a facilitar la participación de los fiscales en dichas actividades y a invocar y fundamentar sus casos y políticas de persecución penal en el derecho internacional de los derechos humanos.
La firma del mencionado Convenio se enmarca dentro de una visita de una delegación de la CIJ a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En los diferentes países la CIJ mantendrá reuniones con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.
En 2007, la CIJ instaló una oficina en Guatemala, que cubre toda la región, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y difundir el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.
Kyrgyz Republic: ICJ welcomes Constitutional Court ruling blocking reintroduction of the death penalty
UN HRC: ICJ Statement on the Human Rights Situation in Venezuela
FES-ICJ High-Level Conference: The role of civil society in the UN80 Initiative
Laos: After 13 years, renewed international action needed to ensure justice in Sombath Somphone’s enforced disappearance