Jan 15, 2009 | Artículos, Noticias
La CIJ anunció hoy que emprenderá una misión de observación de la elección, por parte del Congreso de la República, de los magistrados que integrarán la Corte Suprema de Justicia.
Dicha misión se enmarca dentro del proceso de acompañamiento que la CIJ comenzó en septiembre y que incluyó dos visitas al país. La misión se desarrollará entre los días 21 y 25 de enero y tendrá como objetivo observar el respeto de los estándares internacionales relativos a la administración de justicia, que requieren el nombramiento de magistrados independientes e imparciales.
Durante la visita, se llevarán a cabo reuniones con los distintos actores involucrados en el proceso, principalmente la Junta Nominadora y el Congreso, responsable último de los nombramientos. La misión estará integrada por Ramón Cadena, Director de la Oficina en Centroamérica de la CIJ, José Zeitune, Consejero Jurídico para Latinoamérica de la CIJ, y Katya Salazar, Directora de Programas de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés).
La misión se enmarca dentro de las distintas actividades de observación del proceso de nombramiento que la CIJ ha implementado desde el inicio del mismo. A tal fin, se emprendieron dos misiones de alto nivel con expertos internacionales y se realizaron distintos pronunciamientos, disponibles en el sitio web de la CIJ.
Jul 10, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
Una misión de expertos nacionales e internacionales visitó la ciudad de Oaxaca para recabar información sobre la administración de justicia en el estado, con especial atención a la independencia del Poder Judicial.
Con base en la información recibida con anterioridad a la visita y durante ella se concluye preliminarmente que existen condiciones estructurales y prácticas que ponen seriamente en riesgo que el poder judicial ejerza sus funciones de manera independiente.”
“En suma, DPLF, la CIJ y Fundar observan con preocupación que en Oaxaca persisten serias deficiencias en la organización y el funcionamiento del sistema judicial. Estas deficiencias obedecen tanto a normativa inadecuada como a ciertas prácticas que impiden la prestación del servicio de justicia. Las organizaciones que participaron en la misión exhortan al Estado oaxaqueño a reformar aquellas prácticas y regulaciones incompatibles con los estándares internacionales antes mencionados. Lamentablemente, de manera preliminar, la misión observa que muchos de ellos no están siendo respetados en Oaxaca.”
Mexico-Oaxaca mission-press release-2008 (en PDF)
May 7, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
En el marco de una visita a la región, la CIJ firmó un convenio de cooperación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano.
El convenio tiene como objeto estrechar lazos entre ambas instituciones con el fin de reforzar la protección y promoción de los derechos humanos.
El Convenio fue firmado por Juan Florido Solís (photo), Fiscal General de Guatemala y actual Presidente del Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano, y Wilder Tayler, Secretario General Adjunto de la CIJ.
El Convenio es el resultado de un proceso de diálogo abierto con el Fiscal General de Guatemala en 2005, cuando la CIJ visitó el país en varias oportunidades con el fin de evaluar la situación de la administración de justicia. En el informe que siguió a las visitas, la CIJ identificó como una tarea pendiente la plena vigencia de las normas y principios del derecho internacional de los derechos humanos en las tareas del Ministerio Público, y comunicó al Sr. Fiscal General su disposición a contribuir a la superación de esta situación.
En el Convenio las partes se comprometen a realizar una serie de acciones conjuntas para mejorar la labor de los fiscales centroamericanos, en particular en lo que se refiere a la aplicación del derecho internacional y a la persecución de graves violaciones de derechos humanos. Así, se planean una serie de actividades de capacitación, que se coordinarán con las respectivas unidades de capacitación de los Ministerios Públicos, con especial énfasis en el rol de una fiscalía autónoma y el combate contra la impunidad. Los Ministerios Públicos, por su parte, se comprometen a facilitar la participación de los fiscales en dichas actividades y a invocar y fundamentar sus casos y políticas de persecución penal en el derecho internacional de los derechos humanos.
La firma del mencionado Convenio se enmarca dentro de una visita de una delegación de la CIJ a Guatemala, Nicaragua y Honduras. En los diferentes países la CIJ mantendrá reuniones con funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil.
En 2007, la CIJ instaló una oficina en Guatemala, que cubre toda la región, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la administración de justicia, la lucha contra la impunidad y difundir el contenido del derecho internacional de los derechos humanos.
Mar 4, 2008 | Comunicados de prensa, Noticias
La reciente sanción por parte del Congreso de Guatemala de una ley que pretende regular el recurso de gracia presidencial en casos de pena de muerte, pone fin a la moratoria de facto que rigió durante los últimos años.
La CIJ expresa su más honda preocupación frente al retroceso que esta decisión representa e insta al Presidente de la República a vetar la mencionada ley.
“Cuando la tendencia mundial es claramente favorable a la restricción y eliminación de la pena de muerte, el Congreso de Guatemala manifiesta exactamente lo contrario, mediante la sanción de una ley que permite volver a ejecutar condenados”, manifestó Ramón Cadena, Director de la Oficina de la CIJ en Centroamérica . “Nos sumamos a la preocupación expresada por organizaciones locales y la comunidad internacional frente a este grave retroceso”.
El pasado 12 de febrero, el Congreso de Guatemala sancionó el Decreto 6-2008, el cual adolece de graves defectos.
En primer lugar, el decreto no contempla el ente gubernamental ante el cual se debe realizar o presentar la petición para que ésta llegue al Presidente de la República, disposición que afecta el derecho de defensa del condenado.
Por otro lado, el hecho de contemplar en el artículo 8º la figura de denegación tácita o “silencio administrativo” frente a la petición del condenado, tergiversa totalmente la naturaleza del recurso de gracia y viola el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 4.6 del Pacto de San José, que establece que la pena de muerte es inaplicable mientras el ente encargado de conocer y resolver no haya dictado una resolución del recurso.
“La oposición a la pena de muerte constituye uno de nuestros principios rectores y nuestros mayores esfuerzos están dedicados a su completa abolición,” manifestó el Sr. Cadena. “Hacemos un llamado al Presidente Colom para que use su facultad constitucional de vetar la reciente ley del Congreso y sumar así a Guatemala a los países que responden a la criminalidad con políticas públicas de prevención, seguridad y una justicia eficiente.”
Guatemala-death penalty-press release-2008 (full text, PDF)
Aug 13, 2007 | Incidencia
La CIJ presentó ante la Corte de Constitucionalidad su análisis del “secreto de Estado” bajo el derecho internacional de los derechos humanos, con especial atención en la obligación de erradicar la impunidad por crímenes internacionales.
El documento se presentó en el marco del proceso por genocidio que se está siguiendo contra el antiguo Presidente de facto Efraín Ríos Montt por genocidio.
Conclusiones:
En orden a las anteriores consideraciones, la Comisión Internacional de Juristas
formula las siguientes conclusiones:
- Como crimen internacional iuris gentium, el genocidio conlleva para los Estados la obligación absoluta de llevar a cabo investigaciones exhaustivas tendientes a esclarecer los hechos, identificar a los responsables y llevar a éstos ante los tribunales de justicia para que sean juzgados y castigados. Tal obligación, impuesta por el derecho internacional consuetudinario, no admite que se oponga una disposición de derecho interno de los Estados, como por ejemplo las amnistías, la prescripción u otras tendientes a evitar que se investiguen los hechos y se juzgue a los responsables.
- El derecho internacional reconoce el derecho de los individuos a recibir información, en especial aquella relativa a actos de la administración pública. Si bien el derecho al acceso a la información no es absoluto, toda restricción que se le imponga debe estar claramente fijado por la ley y responder a una situación excepcional; esto es, la restricción debe estar destinada a proteger un objetivo legítimo y ser necesaria para una sociedad democrática. Por lo demás, la carga de la prueba en casos de negación recae sobre al Estado, y debe estar sometida a revisión judicial independiente.
- Los Estados tienen el deber de combatir la impunidad y, en consecuencia, te remover todos los obstáculos que puedan impedir o demorar injustificadamente la investigación y sanción efectiva de los responsables por graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, como el genocidio.
- No puede invocarse el “secreto de Estado“ para negar información relativa a graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional, a fortiori cuando tal información es requerida por una autoridad judicial o fiscal. La ausencia de regulación legal específica relativa al acceso a la información en poder del Estado no puede invocarse ni exonera al Estado de su obligación de investigar y juzgar los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional.
- En el cumplimiento de su obligación de investigar y sancionar a los responsables de genocidio, los Estados no pueden oponer el “secreto de Estado“ como justificación para evitar que avancen los procesos judiciales contra los presuntos responsables de dicho delito internacional. De hacerlo, un Estado vería comprometida su responsabilidad internacional.
Guatemala-state secrets genocide-legal submission-2007.spa (full text in Spanish, PDF)
