Sep 22, 2014 | Artículos, Noticias
Comunicado de la CIJ tras sua visita a 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha viernes 12 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una visita a San Juan Sacatepéquez, Departamento de Sacatepéquez, a solicitud de dirigentes defensores de derechos humanos de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez afectadas por la construcción de una cementera y la carretera necesaria para comercializar la producción. La visita permitió a la CIJ recabar información acerca de las dificultades que atraviesan dichas comunidades por la construcción de esta infraestructura, la cual se encuentra muy cercana a las viviendas y a la población afectada.
2. Los dirigentes de las comunidades explicaron en dicha visita, los principales daños que la construcción les causa desde ya hace varios años, siendo éstos:
a) Desde que se inició el proyecto de la construcción de la cementera las comunidades han sufrido problemas que no existían con anterioridad incluyendo amenazas en contra de quienes se oponen a dicho proyecto, órdenes de captura, procesos penales abiertos en forma prolongada y sentencias condenatorias sin pruebas .
b) Periódicamente, un helicóptero sobrevuela la zona a poca altura, causando zozobra en la población. Se trata, en opinión de los dirigentes de las 12 comunidades de San Juan Sacatepéquez, de un acto de provocación para afectar a las comunidades que se oponen al proyecto mencionado.
c) En el año 2008 ya sufrieron la imposición de un estado de excepción y temen ahora que se pueda querer establecer otro, para construir a la fuerza la carretera aludida. Si bien han solicitado información acerca del trazo de la misma al Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, no han logrado obtener dicha información, razón por la cual temen que pueda atravesar sus terrenos, sin su consentimiento.
d) La construcción de la obra ha afectado los derechos y estilo de vida de los pobladores. Por ejemplo, algunas viviendas han sufrido rajaduras por los temblores que causa la construcción de la obra; las enfermedades respiratorias han aumentado, debido al polvo que provoca la construcción; el ruido de noche y durante la madrugada, no les permite vivir en paz y en general, su proyecto de vida ha sido seriamente afectado. El daño al ambiente (por ejemplo tala de árboles, ruido y otros), los está afectando y cuando la fábrica entre en operación temen que el impacto sea aún mayor e irreversible para la población del lugar.
3. Los dirigentes expresaron su deseo de solucionar esta situación por la vía del diálogo; agregaron que han demostrado estar comprometidos a favor de la solución pacífica de la problemática que les afecta; para eso han participado en la mesa de diálogo establecida previamente, con las autoridades gubernamentales.
4. A pesar de lo anterior y con gran preocupación la CIJ ha recibido alegaciones de que en la madrugada del sábado 20 de septiembre, se registraron hechos de violencia, que dejaron un saldo de aproximadamente 8 personas muertas y un número considerable de heridos. La versión oficial es confusa y no especifica el número de víctimas, ni el estado de las personas heridas, ni de otros elementos que permitan establecer la verdad de lo sucedido. De acuerdo a la información recibida lunes 22 de septiembre en la madrugada, un fuerte contingente policial entró al municipio; esto podría indicar que las autoridades pretenden imponer por segunda vez, un estado de excepción.
Ante esta situación, la Comisión Internacional de Juristas expresa:
I. Su preocupación por los actos de violencia y la posible imposición de un estado de excepción, en vista de que la legislación nacional no cumple con los estándares internacionales en la materia. En repetidas ocasiones, la CIJ ha solicitado al Congreso de la República la aprobación de una nueva Ley de Orden Público, tal y como se estableció en los Acuerdos de Paz;
II. La CIJ considera necesario que, en estas circunstancias, las víctimas de los hechos sucedidos la madrugada del sábado 20 de septiembre y sus familiares, sean atendidos adecuadamente.
III. Corresponde a las autoridades del Estado de Guatemala llevar a cabo una investigación rigurosa para aclarar los hechos. Antes de llevar a cabo esta investigación e informar a la ciudadanía sobre lo sucedido, debería evitarse la imposición de un estado de excepción con el fin de evitar más violencia y daños a las comunidades afectadas por la construcción de la cementera.
La Comisión Internacional de Juristas urgió al Ministro de Gobernación que antes de tomar medidas limitativas de derechos mediante un estado de excepción, proporcione información precisa sobre el número de víctimas, posibles líneas de investigación, el paradero de las personas heridas, si hay desplazados internos y otros aspectos de carácter humanitario.
May 13, 2014 | Artículos, Noticias
La Misión de observadores de la CIJ – Philippe Texier, Alberto L. Gómez Z. y Carlos Lopez H.- compartió conclusiones preliminares desoladoras con la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso de la República.
Philippe Texier, exmagistrado de la Corte de casación de Francia y ex Presidente del Comité ONU para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, presentó ante la Comisión de Trabajo prácticas de trabajo precario en la industria de la agro-exportación, asi como casos de trabajo infantil, que no se corresponden con los estandares internacionales aceptados por el Perú en Convenciones internacionales.
El informe final de la misión será publicado en un momento posterior luego de llevar a cabo investigación y consultas adicionales.
Durante su visita al Perú, la misión de expertos sostuvo reuniones en Lima e Ica con una diversidad de sindicatos, autoridades de trabajo y salud, ONGs, expertos, trabajadores adultos y niños.
Los expertos hicieron también visitas in situ para entervistarse con trabajadores, pobladores y niños, fueron entrevistados en la radio y presentaron conclusiones preliminares a la Comisión de Trabajo del Congreso (foto).
La industria de agro-exportación en el Perú produce principalmente esparrago, mango, paltas, paprika y uva, la mayor parte destinada a la exportación a mercados de Europa y Norte América.
En la última década, ha experimentado un gran crecimiento debido a importantes inversiones realizadas en una industria cuyo crecimiento no parece ser acompañado por mayor bienestar social para sus trabajadores y comunidades aledañas.
Contact:
Carlos Lopez, Director, Business and Human Rights, carlos.lopez(a)icj.org +41 22 979 3816
Dec 10, 2013 | Incidencia
La CIJ se suma al pronunciamiento de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas y muestra su profunda preocupación por el cierre de la Fundación Pachamama en Ecuador.
Además, solicita que el gobierno ecuatoriano reconsidere su decisión y garantice a la Fundación Pachamama continuar con su labor en defensa de los Derechos Humanos a la brevedad posible.
Las organizaciones firmantes, integrantes de la Coalición Internacional de Organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas que trabajamos frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como otras organizaciones aliadas, mostramos nuestra preocupación y rechazo frente al cierre arbitrario de la Fundación Pachamama por parte del gobierno ecuatoriano.
Este pronunciamiento se suma a los de otras numerosas organizaciones, y a más de 9,000 personas en todo el mundo que han firmado la petición de Avaaz en rechazo a la medida del gobierno ecuatoriano.
El 4 de diciembre de 2013, la Policía se presentó en las oficinas de la Fundación Pachamama en la ciudad de Quito, y procedió a clausurar las instalaciones de la organización, informando en ese mismo instante de una Resolución del Ministerio de Ambiente que decide disolver la organización.
La decisión se tomó de manera arbitraria, en tan sólo un día, y sin seguir las reglas mínimas del debido proceso legal.
El Ministerio invocó el artículo 26 del Reglamento para el Funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas, conocido como Decreto 16, por el que se prevé como causal de disolución “desviarse de los fines y objetivos para los cuales fue constituida la organización”, y “dedicarse a actividades de política partidista (…), de injerencia en políticas públicas que atente contra la seguridad interna o externa del Estado, que afecten la paz pública”.
El Ministerio de Ambiente señala que dichas causales aplican a la Fundación Pachamama, por haber participado en una manifestación en contra de la XI Ronda Petrolera, en la que supuestamente habrían tenido lugar actos de agresión contra autoridades internacionales. Sin embargo, la decisión no ofrece sustento probatorio alguno. La Fundación Pachamama, que efectivamente participó en la protesta contra la XI Ronda Petrolera, ha negado categóricamente su participación en ningún acto violento, por lo que el cierre se percibe como un acto de represalia por su posición.
La emisión del Decreto 16 fue cuestionada por diversas organizaciones de la sociedad civil y actualmente enfrenta varias acciones de inconstitucionalidad, no sólo por lo cuestionable de sus disposiciones, sino también por el alto margen de discrecionalidad que deja en el tratamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Así, su aplicación al caso concreto adolece de vicios jurídicos graves. La decisión se tomó sin que hubiera un expediente administrativo abierto contra la organización, sin informar previamente a la organización de las acusaciones y darle la oportunidad de controvertirlas, y sin sustentar fáctica y probatoriamente las alegaciones.
Recordamos al Estado del Ecuador que, de acuerdo a la “Declaración de Naciones Unidas sobre Defensores”, “toda persona tiene el derecho individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y la libertades fundamentales”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que los Estados deben garantizar que los órganos competentes para el registro y disolución de organizaciones no cuenten “con un amplio margen de discrecionalidad, ni con disposiciones que tengan un lenguaje vago o ambiguo que genere el riesgo de que la norma sea interpretada para limitar el ejercicio del derecho de asociación”.
Por lo anterior, mostramos nuestra preocupación y solicitamos enérgicamente al Estado ecuatoriano que reconsidere su decisión y garantice a la brevedad que la Fundación Pachamama pueda seguir con su labor de defensa de los derechos humanos y de la naturaleza, con las garantías para ello.
Organizaciones firmantes:
Amazon Watch, organización internacional
Amnistía Internacional, organización internacional
Comisión Internacional de Juristas, organización internacional
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), organización regional
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), organización regional
Luz Marina Monzón, Defensora de Derechos Humanos, regional
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), organización regional
Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Argentina
Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, Argentina
Conectas Direitos Humanos, Brasil
Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Brasil
Carlos Rodríguez Mejía, defensor de derechos humanos y profesor universitario, Colombia
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), Colombia
Alianza por tus Derechos, Costa Rica
Defensa de Niñas y Niños – Internacional, DNI, Costa Rica
Observatorio Ciudadano, Chile
Sergio Fuenzalida B., Coordinador del Programa de Derechos Humanos, Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Chile
Fernanda Carrera Toscano, Periodista, Ecuador
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), El Salvador
Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeon Cañas” (IDHUCA), El Salvador
Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Estados Unidos
Washington Office on Latin America, Estados Unidos
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia –SEDEM, Guatemala
Fundación Myrna Mack, Guatemala
Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA), Guatemala
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Honduras
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), México
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C, México
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C., México
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC), México
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., México
Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C, Litiga OLE, México
Red por los derechos de la infancia en México #REDIM, México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Nicaragua
Movimiento Autónomo de Mujeres –MAM, Nicaragua
AGORA Espacio Civil, Paraguay
Tierra Viva, Paraguay
Servicio Paz y Justicia, (SERPAJ), Paraguay
Asociación de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC), Perú
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú
Centro de Derechos y Desarrollo, CEDAL, Perú
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Perú
Comisión de Justicia Social de la diócesis de Chimbote, Perú.
Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (GRUFIDES), Perú
Instituto Promoviendo Desarrollo Social, Perú
Paz y Esperanza, Perú
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo peruano, Perú
Acción Solidaria en VIDH/Sida, Venezuela
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela
CIVILIS Derechos Humanos, Venezuela
Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC), Venezuela
Espacio Público, Venezuela
Laboratorio de Paz de Caracas, Venezuela
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela
Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, Venezuela
Oct 24, 2013 | Artículos, Noticias
Los días 22, 23 y 24 de octubre se reunieron en el Departamento de Petén diferentes comunidades, dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales.
El objetivo de la reunion fue evaluar la situación de las comunidades que viven en los municipios de San Andrés y La Libertad, de dicho departamento.
Entre otras organizaciones y dirigentes del departamento de Petén, estuvieron presentes las organizaciones Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) y el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), ambas integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC); dirigentes del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA) del Departamento de San Marcos y dirigentes de la Sociedad Civil de Santa Cruz Barillas del Departamento de Huehuetenango; representantes del Bufete de Derechos Humanos (BDH), representantes de El Observador y de la Oficina de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) para Centroamérica.
Después de realizar varios talleres, reuniones, análisis y reflexión sobre la situación de derechos humanos en dichos municipios, las organizaciones mencionadas pudieron constatar que continúa la política de persecución, represión y hostigamiento en contra de las comunidades y de sus dirigentes y pobladores, por el hecho de que sus comunidades quedaron en áreas declaradas “protegidas” en la década de los años noventa.
Muchos dirigentes están sufriendo amenazas por parte de las autoridades estatales, mientras el Ejército de Guatemala mantiene diferentes “retenes” que sirven para amedrentar a las poblaciones y a sus dirigentes y para evitar que trasladen alimentos y medicinas a sus comunidades.
El Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) pretende obligar a las comunidades que viven en zonas protegidas a firmar “Acuerdos de Cooperación”, que resultan lesivos a sus intereses y que no otorgan seguridad jurídica sobre la propiedad y posesión de sus tierras. Al resistirse a firmar dichos acuerdos, representantes de CONAP amenazan a las comunidades y a sus dirigentes con implementar desalojos forzosos en su contra y en contra de sus comunidades.
Esta actitud contrasta con la política gubernamental hacia la compañía petrolera PERENCO, a la cual durante la gestión del ex Presidente Álvaro Colom, se le prorrogó el contrato petrolero por 15 años más a partir del año 2010, aún en contra de preceptos constitucionales e internacionales. Además, recientemente el Gobierno concesionó seis licencias más de exploración petrolera, algunas en áreas protegidas, a favor de diferentes empresas privadas en los Departamentos de Petén, Quiché, Huehuetenango e Izabal.
El Departamento de Petén es uno de los más afectados por las políticas de desalojos forzosos del Estado de Guatemala.
Guatemala-NOTA INFORMATIVA PETEN-web story-2013-spa (full text in Spanish, pdf)
