Feb 13, 2016 | Artículos, Multimedia, Noticias
Este caso afecta 14 comunidades que implican aproximadamente 15000 personas
Este caso se inicia a nivel local en el Municipio de Nebaj, con la notificación por parte del Estado (Secretaria de Asuntos Agrarios y FONTIERRA[1]) a las 14 comunidades de la aldea Tzalbal, de que la tierra (33 caballerías) de la aldea Tzalbal[2] en el municipio de Nebaj, ya no era de ellos, ya que pasaron a nombre del Estado cuando ellos estaban refugiados en México o desplazados internos en las montañas en 1984. Este despojo de tierra afectaría a aproximadamente 15000 personas.
Ante esta información, las comunidades pidieron apoyo a la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), para determinar si esto era cierto. La CIJ llevó a cabo un estudio registral que confirmó la información: las tierras habían sido vendidas al Estado por medio de escritura pública firmada por el alcalde de esa época. Sin embargo, dicho acto no había contado con el aval de los “vecinos de Nebaj”. Por esa razón, la CIJ consideró que habían suficientes razones legales, para que la tierra fuese restituida por el Estado a las comunidades.
Reclamo a Nivel local: con el acompañamiento de la CIJ y el esfuerzo de las comunidades, se inicia un diálogo con el actual alcalde Municipal del municipio de Nebaj.[3] El Alcalde decide apoyar a las comunidades. El alcalde municipal y su Consejo Municipal aprueba un acuerdo municipal de restitución de tierras, lo cual fue muy significativo. Sin embargo, el Organismo Ejecutivo a nivel local no permite que la rstitución avance.
Reclamo a nivel Nacional: Con el acuerdo municipal de restitución de la tierra aprobado por el Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa María de Nebaj y con el apoyo del Alcalde Municipal de dicho municipio, la CIJ acompaña a las comunidades, brindándoles asesoría legal; se inicia un reclamo administrativo al Estado (Organismo Ejecutivo representado por FONTIERRA y la Secretaría de Asuntos Agrarios), para lograr la restitución de la tierra por la vía administrativa.
Esto permitiría recuperar la tierra a nombre de la Alcaldía Municipal de Nebaj y sus vecinos, por la vía administrativa, sin necesidad de recurrir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, que implicaría más tiempo. Se conforma una mesa de diálogo entre dichas instituciones estatales, las comunidades y el Consejo Municipal de Santa María de Nebaj.
A pesar de que el Gobierno de Guatemala, por medio de las dos instituciones estatales mencionadas, se compromete a aprobar un Acuerdo Gubernativo de restitución de tierras, cuyo texto fue aprobado en la mesa de diálogo, el Estado no cumple con su compromiso de aprobar dicho acuerdo y a finales del año 2014 se interrumpe el diálogo y las comunidades, conjuntamente con la CIJ, inician el estudio de la alternativa de acudir a la vía judicial por medio del recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.
La oficina de la CIJ en Centroamérica dará apoyo legal a las comunidades, para reclamar por la vía judicial la restitución de la tierra que les fue despojada durante la guerra. La elaboración de dicho reclamo legal, se hará tomando en cuenta que si los tribunales nacionales no aceptan el reclamo judicial, se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.[4]
Para el efecto, la CIJ organizó una visita a Tzalbal, en la que participó Olivier van Bogaert, Diretor de medios de comunicación de la CIJ en Ginebra, el abogado mexicano José Guevara, Director Ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Director de la CIJ para Centroamérica.
La Asamblea Comunitaria contó con la participación del señor Alcalde Municipal Pedro Raymundo Cobo.
Esta visita se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2015. También participó la abogada guatemalteca Martha García, quien llevó a cabo el estudio registral sobre la tierra de Tzalbal.
El Director de Medios y comunicación de la CIJ pudo llevar a cabo varias entrevistas y realizó un video acerca de este caso.
Actualmente, se está preparando el recurso de amparo, para lograr la restitución de la tierra por la vía judicial.
[1]Fondo Nacional de Tierras y la Secretaría de Asuntos Agrarios fueron creados a raíz de los acuerdos de paz, para resolver la conflictividad agraria. Sin embargo, se han apartado de sus objetivos originales y muchas veces presionan a las comunidades para resolver la conflictividad agraria por medio de engaños y represión.
[2] Tzalbal fue uno de los centros de operación del Plan Sofía en 1982. Arrasada por el Ejército en los años ochentas. En la región se sufrió el Genocidio Ixil. Las masacres se iniciaron en 1981 y tuvieron que desplazarse internamente o buscar refugio en México.
[3] Nebaj es un municipio al occidente del país, compuesto principalmente por población maya-Ixil. Sufrieron durante la guerra el genocidio Ixil y parte de sus tierras están registradas en forma comunitaria como Éjido Municipal de Nebaj, propiedad de la Municipalidad y vecinos.
[4] Es importante hacer ver que existen dos casos similares (Aguas Tingny vrs. Nicaragua y Yake Axa vrs. Paraguay), en el cual la Corte Interamericana falló a favor de las comunidades, quienes habían sido despojadas de la tierra.
Caso Nebaj en video:
Nov 13, 2015 | Comunicados de prensa, Noticias
Las autoridades peruanas deben revisar algunas de sus leyes y políticas para proteger mejor los derechos económicos, sociales y culturales en el país, pidió hoy en Lima la CIJ.
La petición se hace al final de una misión de una semana realizada por la CIJ para recoger información y evaluar el impacto de las industrias extractivas en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, en especial, los campesinos y las comunidades indígenas.
En particular, la CIJ está preocupada por el impacto negativo en los derechos humanos del Decreto 30230, que busca facilitar la inversión privada.
Mientras la inversión puede contribuir de manera importante al disfrute de los derechos humanos, la CIJ considera que esta norma en particular conduce en la práctica a la falta de respeto de los derechos humanos en cuanto reduce los estándares de protección ambiental y social.
La CIJ saluda la adopción de legislación que protege los derechos humanos, incluido el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la regulación del uso de la fuerza por parte de la Policía.
Sin embargo, la CIJ nota que con frecuencia esas leyes en la práctica no son implementadas efectivamente.
Durante su misión, la CIJ pudo verificar la información sobre el incremento del número de conflictos violentos y de protestas sociales relacionadas con los proyectos mineros.
“Un gran número de los conflictos sociales actuales tienen lugar en áreas donde se llevan a cabo actividades de la industria extractiva. La tendencia a disminuir la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y del ambiente, para facilitar la inversión, genera un alto riesgo de que la violencia de los conflictos se incremente”, dijo Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del programa de la CIJ para los derechos económicos, sociales y culturales.
“Hay una brecha entre las obligaciones internacionales de Perú de respetar y proteger los derechos humanos y las amenazas sistemáticas que enfrentan las comunidades que se encuentran en las áreas mineras para disfrutar realmente derechos como el derecho al agua, a la salud y a la vivienda o a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas”, agregó.
La CIJ está particularmente preocupada por las afirmaciones de uso contrario al derecho internacional de la fuerza letal para controlar las manifestaciones y las protestas en zonas mineras, como ocurrió recientemente en Las Bambas.
La CIJ recibió información de diversas fuentes en el sentido que en varias ocasiones las fuerzas de seguridad han usado la fuerza en contra de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La CIJ exhorta a las autoridades peruanas a tomar las siguientes medidas para fortalecer la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el país:
- Mantener y fortalecer las leyes y las políticas que protegen los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y del ambiente;
- En consecuencia, revisar la legislación que impida que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluidas las relativas al disfrute de derechos como el derecho al trabajo decente, el derecho a la salud y al agua potable o el derecho a la protección frente a desalojos forzados;
- Asegurar plenamente el ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión de las personas y los grupos, incluidos los defensores de derechos humanos.
Información adicional
La misión de la CIJ incluyó a María Clara Galvis, abogada colombiana especialista en derecho internacional de los derechos humanos y profesora de la Universidad Externado de Colombia; Rafael Uzcátegui, sociólogo venezolano y Coordinador General del Programa venezolano de educación y acción en derechos humanos (PROVEA); Sandra Ratjen, Asesora Jurídica Sénior del Programa de Derechos Economicos, Sociales y Culturales de la CIJ y Olivier van Bogaert, Director de prensa y comunicaciones de la CIJ.
La delegación se reunió con autoridades de varios ministerios, representantes de empresas extractivas, agencias de cooperación, organizaciones de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales. En diciembre, la CIJ publicará el informe final con sus hallazgos y recomendaciones sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto de las industrias extractivas y el aumento de los conflictos sociales en el Perú.
Contacto:
Sandra Ratjen, Senior Legal Adviser for ICJ’s Programme on Economic, Social and Cultural Rights, t: +55 96 48 13 628; e: sandra.ratjen@icj.org
Nov 19, 2014 | Artículos, Eventos, Noticias
El 18 de noviembre, la CIJ presentó y discutió, en una reunión en el Parlamento Europeo en Bruselas, sus dos informes sobre regímenes económicos especiales y su impacto en los derechos sociales en Perú y Marruecos.
El eurodiputado Richard Howitt, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, y el comisario de la CIJ, Olivier De Schutter, encabezaron las discusiones.
Los informes ponen de relieve el impacto en los derechos, incluidos los derechos laborales y sociales, los derechos de tierras y aguas, de regímenes económicos especiales que tienen por objeto facilitar las exportaciones y las inversiones en áreas como la agricultura y los textiles.
La reunión permitió examinar el papel que la UE y sus Estados miembros pueden y deben desempeñar en su diálogo general y cooperación con los dos países, en particular en lo que se refiere a las relaciones y acuerdos comerciales, así como a la reglamentación de las empresas comerciales de la UE que se benefician de estos Regímenes especiales.
La presentación de las investigaciones y los informes de la CIJ viene en un momento importante en las relaciones de la UE con Perú y Marruecos.
En cuanto a estos últimos, el informe de la CIJ alimentará el diálogo sobre derechos humanos entre la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo y Marruecos que se celebra hoy en Bruselas.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (Full report in Spanish – PDF)
Contactos:
Carlos Lopez, Senior Legal Advisor, Business and Human Rights Programme, t +41 22 979 3816, carlos.lopez(a)icj.org
Sandra Ratjen, Senior Legal Advisor, Economic, Social and cultural Rights Programme, t +41 22 979 3835, sandra.ratjen(a)icj.org
Nov 3, 2014 | Artículos, Informes, Noticias, Publicaciones
Este informe presenta los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de la misión de observación de los derechos sociales en la agricultura para la exportación en Perú (Valle de Ica, sur de Lima), enviada por la CIJ entre el 29 de abril y el 7 de mayo del 2014.
La misión recibió el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos de Ica (CODEH-Ica).
El objetivo de la misión era observar y verificar sobre el terreno el cumplimiento de los estándares internacionales sobre protección de los derechos económicos y sociales (laborales, de salud y otros conexos), y sobre responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos, en el contexto de las operaciones de las empresas agro-exportadoras del Valle de Ica.
El informe concluye que las condiciones de trabajo en la agricultura de exportación en el Valle de Ica son deplorables y claramente constituyen un ejemplo de trabajo precario y no acorde con los estándares internacionales en materia de derechos del trabajador y otros derechos sociales. Muchas de estas situaciones pueden constituir violaciones graves de derechos humanos.
La misión llega a esta conclusión después de haber escuchado a un buen número de trabajadores y trabajadoras, niños, dirigentes sindicales, expertos laborales, funcionarios estatales y otros, y después de haber analizado la información y análisis que le fue proporcionado o que pudo colectar independientemente.
En lo que atañe al objeto particular del presente informe con especial enfoque en los actores empresariales no estatales, debe concluirse que las empresas del sector en general, sean grandes o pequeñas, carecen de un verdadero entendimiento de la responsabilidad social de la empresa (RSE) y los derechos humanos.
La misión no ha podido observar ni recabar información sobre ninguna política o mecanismo empresarial de prevención de riesgos de afectación a derechos, ni sobre planes de mitigación o remediación. Los principales actores locales en materia de derechos humanos y RSE tampoco parecen tener un entendimiento cabal de esta materia o planes de acción concretos al respecto.
El informe recomienda una serie de medidas al Estado peruano, entre ellas:
- La derogación o modificación de la Ley N° 27360 y el restablecimiento del régimen laboral común en el sector agrícola a través de una ley adoptada por el Congreso de la República.
- El pronto establecimiento y funcionamiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL y su trabajo de fiscalización efectivo en la Región de Ica y otras en el Norte del Perú, donde la industria agroexportadora es importante. El número de inspectores debe ser suficiente para las necesidades de fiscalización en una región donde trabajan docenas de miles de trabajadores.
- Es necesario que se establezcan, bien como adscrito a SUNAFIL o a las Direcciones Regionales de Trabajo o de Salud, los equipos técnicos, idóneos y debidamente dotados de los instrumentos técnicos necesarios para verificar las condiciones de salud, incluida la prevención en los fundos.
- La adopción de medidas más severas, incluidos procedimientos de reclamación mucho más eficaces y expeditivos, ante actos y situaciones de naturaleza anti-sindical. Debido a la naturaleza insidiosa en que la acción anti-sindical se desarrolla en este contexto, deberían renovarse los mecanismos de detección o alerta temprana.
- La dedicación de recursos y esfuerzos especiales para una adecuada recolección y mantenimiento de datos sobre contratos de trabajo –así como una renovada vigilancia de la obligación del empleador de informar a la autoridad competente todos los datos relacionados al contrato, su duración, condiciones, entre otros.
- Adoptar medidas para garantizar que las empresas adoptan medidas para facilitar el trabajo de mujeres madres con niños y garantizar el acceso, des el primer día de contratación, a la seguridad social.
En relación a las Empresas agro-exportadoras, el informe recomienda:
- La adopción de políticas y procedimientos internos orientados a asegurar que las operaciones de la empresa respetan los derechos humanos, incluidos los derechos laborales de los trabajadores de acuerdo a los estándares internacionales.
- La publicación o socialización por medios adecuados de las medidas internas adoptadas para subsanar las faltas graves a los estándares internacionales de protección al trabajador.
- Igualmente la misión insta a las empresas a desarrollar programas de mejoramiento del nivel de vida de las comunidades de las que provienen la mayoría de los trabajadores, particularmente en mejoramiento de las viviendas y servicios públicos esenciales.
El informe contiene asimismo otras recomendaciones dirigidas a los sindicatos, ONGs y otros organismos de la sociedad civil, al sistema interamericano de protección de los derechos humanos y la comunidad internacional.
Peru-Regimenes especiales exportacion-Publications-thematic report-2014-SPA (full text in PDF)
Oct 3, 2014 | Artículos, Noticias
Este communicado sigue una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio.
La Comisión Internacional de Juristas a la comunidad nacional e internacional expresa:
1. Con fecha 28 de septiembre del presente año la CIJ llevó a cabo una nueva visita a San Juan Sacatepéquez, con el objeto de observar la situación de derechos humanos en dicho municipio, a raíz del establecimiento de un estado de prevención por el Organismo Ejecutivo. La CIJ tuvo la oportunidad de entrevistarse con dirigentes en Santa Fe Ocaña y Pilar II, quienes manifestaron que desde el establecimiento del estado de prevención, han sido afectados otros derechos tales como los derechos de las mujeres, el derecho a la educación, el derecho al desarrollo, el derecho a la salud ante las dificultades de movilidad en casos de emergencia, los derechos de la niñez y el derecho a la libertad de culto.
2. La CIJ lamenta que dicho estado de prevención esté afectando el ejercicio de otros derechos y permitiendo que se lleven a cabo diferentes violaciones por parte de las fuerzas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de las fuerzas del Ejército de Guatemala. Entre las denuncias recibidas se pueden citar:
a) Las actividades religiosas han sido suspendidas y esto les impide celebrar diferentes fiestas de los santos de las comunidades;
b) Las mujeres del lugar sufren acoso sexual y tanto policías como soldados les hacen comentarios ofensivos, insinuaciones sexuales y en general, molestan a las mujeres con propuestas de tipo sexual;
c) Algunos niños y niñas no están acudiendo a la escuela, ya que tienen temor que algo pueda sucederles con tanto policía y tanto militar en los caminos;
d) La comercialización de flores se ha visto afectada, lo cual repercute negativamente en su economía;
e) Miembros de la Policía Nacional Civil entran a sus casas exigiendo que les den tortillas o alimentos;
f) La presencia militar y policial es desproporcionada y considerable; no instalaron los sanitarios suficientes, ni tomaron medidas de higiene cuando llegaron a las comunidades; esto provoca que utilicenen forma abusiva los terrenos de los comunitarios;
3.cLa CIJ pide a las autoridades que no se prorrogue el estado de prevención en San Juan Sacatepéquez, porque viola el principio de proporcionalidad y de estricta necesidad y porque se fundamenta en una Ley de Orden Público que no recoge los estándares internacionales. De llegarse a prorrogar, la CIJ considera que el nivel de conflictividad puede aumentar en una forma alarmante y que dicha violencia afectará principalmente a la población civil que en forma pacífica y legítima defiende sus derechos.
4. La CIJ considera que dado el nivel de tensión que existe y el número de efectivos militares y policiales, en cualquier momento puede iniciarse un conflicto de dimensiones muy negativas para las comunidades.
5. La CIJ lamenta que se esté acusando al dirigente comunitario Daniel Pascual y al diputado Amílcar Pop de ser los “instigadores” y “quienes provocan la violencia en el municipio”. Estas acusaciones infundadas, lejos de resolver el problema, abonan más elementos para que el conflicto crezca, se perpetúe y se desarrolle. Además, provoca una campaña de odio que afecta seriamente los derechos de estas dos personas, poniendo en riesgo su integridad física.
6. La CIJ considera que para resolver esta crisis, deberían tomarse como mínimo las siguientes medidas:
a) Que la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y las autoridades de seguridad y justicia del Estado de Guatemala,inicien de manera inmediata una investigación objetiva e imparcial, que permita con la mayor rapidez posible, individualizar la responsabilidad de las personas involucradas en hechos de violencia y desarticular los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que vienen operando en la zona desde hace ya varios años;
b) Que se establezca una mesa de diálogo entre las partes en conflicto, es decir entre la empresa privada que impulsa un mega proyecto y laconstrucción de una carretera en la región y los dirigentes comunitarios que se oponen a dicho proyecto, con la mediación internacional de un experto o experta de un organismo especializado como la Organización de los Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas. Una primer tarea de esta mesa sería establecer por consenso entre las partes, una agenda para el diálogo; las autoridades del Organismo Ejecutivo deberían ser parte de la mesa y no coordinar, ni moderar el diálogo;
c) Que no se prorrogue el estado de prevención, ya que la CIJ insiste en los peligros que pueden derivarse de la prórroga del estado de prevención.
