Aug 22, 2019 | Comunicados de prensa, Incidencia, Noticias
La CIJ se une a 10 organizaciones internacionales y nacionales de Venezuela, para solicitar que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establezca una Comisión de Investigación (COI) para Venezuela.
La CIJ considera que es necesario una COI independiente, ya que las autoridades venezolanas no han podido o no han estado dispuestas a garantizar la rendición de cuentas de los responsables de las violaciones a los derechos humanos, y el sistema judicial carece de independencia e imparcialidad.
La CIJ ha publicado varios informes acerca de la falta de independencia judicial en Venezuela, las dificultades para que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos sean investigados y juzgados, el abuso de la justicia penal militar, y otras afectaciones al funcionamiento del estado de derecho.
Además, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en su informe de julio de 2019 mencionó que diversas violaciones a los derechos humanos han ocurrido en Venezuela, evidenciadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los ataques a la libertad de expresión, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales, el desmantelamiento de las instituciones que proveen pesos y contrapesos en el país, y las privaciones que constituyen violaciones a los derechos a la alimentación y a la salud.
Asimismo, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos designó un Panel de Expertos Internacionales Independientes para analizar la situación del país; dicho panel manifestó en su comunicado de prensa de 2018 “que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha establecido comisiones de investigación en varios países donde ha sido necesario garantizar la adecuada investigación a las violaciones a los derechos humanos, así como la rendición de cuentas por las violaciones generalizadas o sistemáticas cometidas. Se han establecido COIs para Siria, Corea del Norte, Burundi, Yemen, Libia y Eritrea.
La CIJ, junto con las otras organizaciones que suscriben esta iniciativa, ha dicho que la Comisión de Investigación que podría establecerse para Venezuela debería “investigar denuncias de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en Venezuela, incluidas, entre otras, las violaciones asociadas con torturas y trato inhumano, detención arbitraria, discriminación, violaciones a la libertad de expresión, violaciones del derecho a la vida y desapariciones forzadas, así como violaciones de los derechos a la salud y la alimentación. Debería encargarse de establecer los hechos y las circunstancias en las que se cometieron los abusos desde, al menos, 2014, determinando los patrones de abusos e identificando a los responsables y, cuando sea posible, la cadena de mando. El propósito de esta tarea es contribuir a la plena rendición de cuentas, incluyendo por aquellos abusos que constituyen delitos conforme al derecho internacional. (…)”.
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Para consultar el documento completo de Preguntas y Respuestas elaborado de manera conjunta entre las 11 organizaciones que apoyan esta iniciativa, consulte aquí: Venezuela-COI final-Advocacy-2019-SPA
Jul 8, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Multimedia, Noticias, Publicaciones
Las autoridades venezolanas deben tomar medidas de inmediato para restaurar las instituciones democráticas y el funcionamiento del estado de derecho, lo que incluye disolver la Asamblea Nacional Constituyente y restaurar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional, dijo hoy la CIJ.
Sin lugar para la deliberación, el informe más reciente de una serie sobre derechos humanos y estado de derecho en Venezuela, aborda aspectos profundamente problemáticos con respecto a la creación, composición y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, la cual actualmente detenta funciones legislativas, y su devastador efecto para el Estado de Derecho en ese país.
El reporte muestra que la Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de agosto en virtud un decreto ejecutivo del Presidente Nicolás Maduro, ha desplazado la autoridad de la constitucionalmente establecida Asamblea Nacional.
“La ANC fue creada unilateralmente por el Presidente, sin refrendación popular mediante un referendo, configurando una evidente violación a la Constitución, y desde entonces ha actuado como un cuerpo sin control o respeto por el estado de derecho,” dijo Sam Zarifi, Secretario General de la ICJ.
Inicialmente creada para redactar una nueva Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido usada para usurpar funciones legislativas y así aprobar medidas de orden administrativo, electoral y legislativo en favor de la agenda del Poder Ejecutivo, establece el reporte.
El informe documenta cómo la Asamblea Nacional Constituyente adelantó elecciones presidenciales; levantó la inmunidad parlamentaria de diputados de la Asamblea Nacional para permitir su arresto y enjuiciamiento; designó a las autoridades de más alto nivel; y aprobó leyes discriminatorias que criminalizan la libertad de expresión y asociación.
Entre otras cosas, la CIJ recomienda a las autoridades venezolanas que tomen medidas para que:
- Cese el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y se reestablezcan los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional.
- Se permita a la Asamblea Nacional revisar los actos adoptados por la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de dejarlos sin efecto total o parcialmente, de manera inmediata o condicional, en aras de preservar la seguridad jurídica.
Contactos:
Sam Zarifi: Secretario General de la CIJ; t +41 79 726 44 15; e sam.zarifi(a)icj.org
Santiago Martínez Neira: abogado consultor de la CIJ; e santiago.mn(a)gmail.com
Venezuela-Sin Lugar para la deliberacion-Publications-Reports- fact findings mission reports-2019-SPA (Informe, en PDF)
Video de un evento paralelo sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela, organizado conjuntamente con Amesty International:
https://www.facebook.com/ridhglobal/videos/1206399322898690/
Jul 8, 2019 | Artículos, Noticias
La CIJ anuncia que llevará a cabo una misión para observar el proceso de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Para el efecto, ya se encuentra en el país, el Comisionado de nacionalidad chilena Alejandro Salinas (foto), quien permanecerá en el país, hasta el viernes 12 de julio.
La misión tendrá reuniones con el Procurador de Derechos Humanos, Diputados del Frente Parlamentario por la Transparencia y contra la Corrupción y miembros del Sector Académico, Gremio de Abogados y representantes del Sector de Justicia, que participarán en las próximas comisiones de postulación.
El objetivo de esta misión es promover la mayor transparencia del proceso de elección de las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones, para que dichos procesos de elección logren que los próximos magistrados/as sean electos por méritos y no por compadrazgos políticos y así, que exista la mayor independencia posible en el Poder Judicial y por lo tanto, mayor respeto de los derechos humanos.
Se espera que la misión haga públicas sus conclusiones el viernes 12 de julio, después de implementar la agenda respectiva.
Además, el 11 de julio, llevará a cabo un foro público, para estimular el debate social sobre la necesidad de un Poder Judicial independiente, que cuente con magistrados imparciales, idóneos y honestos.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “En las elecciones del año 2009, las acciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), conjuntamente con las de la sociedad guatemalteca, permitieron que el proceso en sí mismo, se constituyera en un mecanismo de depuración, ya que el Congreso de la República tuvo que dar marcha atrás y no nombrar como Magistrados de Corte Suprema de Justicia a tres personas. En 2014, la CICIG conjuntamente con el Ministerio Público, llevaron a juicio después de las elecciones, a tres magistrados de Corte Suprema de Justicia, recién electos, que tuvieron que renunciar al cargo. Las elecciones de este año, estarán marcadas por la ausencia de la CICIG, lo cual significará enfrentar mayores desafíos para lograr avances en la lucha contra la impunidad, durante todo el proceso de elección.”
Jun 25, 2019 | Comunicados de prensa, Informes, Noticias, Publicaciones
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el tribunal de justicia transicional diseñado por el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, con el fin de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto colombiano.
En Bogotá, durante la semana del 24 de junio de 2019, será presentado el informe Jurisdicción Especial para la Paz, análisis a un año y medio de su entrada en funcionamiento, por una misión de alto nivel compuesta por el Presidente de la CIJ, Robert Goldman, el Vicepresidente de la CIJ, Carlos Ayala, y el comisionado de la CIJ Philippe Texier, ex juez de la Corte de Casación de Francia.
Para ello, se reunirán con diferentes autoridades colombianas incluidas, el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez y la Presidenta de la JEP, Patricia Linares Prieto. También se reunirán con víctimas y otros miembros de la sociedad civil.
En el informe “la CIJ reconoce los avances realizados por la JEP para garantizar los derechos de las víctimas y combatir la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, señala el profesor Robert Goldman, Presidente de la CIJ.
Al mismo tiempo, el profesor Goldman advierte que “la JEP debe avanzar en la adopción de acciones concretas para fortalecer la participación efectiva de las víctimas en sus procedimientos, así como para garantizar su derecho a la justicia y a la reparación integral, conforme a los estándares internacionales”.
Asimismo, la CIJ expresa preocupación por la situación de seguridad que enfrentan las víctimas y los testigos que comparecen ante la JEP. Por ello, exhorta a que la JEP y las demás autoridades competentes para que adopten medidas efectivas que garanticen su seguridad dentro de los trámites de la Jurisdicción.
En esa línea, la CIJ resalta en el documento que, aunque la JEP enfrenta varios desafíos y todavía tiene un largo camino que recorrer, es una institución fundamental para la consolidación de la paz en Colombia. En ese sentido, desde una perspectiva crítica pero propositiva, el informe ofrece insumos para que la JEP fortalezca y desarrolle sus funciones con plena observancia de los estándares internacionales, en particular respecto de los derechos de las víctimas y la sanción efectiva de los responsables.
Por otra parte, en el informe también se concluye que no son necesarias reformas legislativas al marco jurídico de la JEP; sino que solo es necesario que la JEP realice una interpretación de su normativa encaminada a desarrollar, profundizar e implementar, de mejor manera, los derechos de las víctimas, conforme con los estándares internacionales.
Por último, la CIJ también considera esencial que se garantice la independencia judicial de la JEP frente a presiones externas para asegurar el correcto ejercicio de sus funciones.
El informe presenta los hallazgos encontrados por una misión de la CIJ integrada por los comisionados Carlos Ayala, Wilder Tayler y Philippe Texier, la cual se realizó en enero de 2019. Estos hallazgos fueron ampliados y complementados con un análisis de las principales actuaciones realizadas por la JEP, así como, con un seguimiento a las actuaciones desarrolladas por otras autoridades.
La fecha de corte del informe es el 7 de junio de 2019.
Colombia-Jurisd para la paz-PUBLICATIONS-Reports-Fact-finding mission report-2019-SPA (Informe en PDF)
Jun 3, 2019 | Artículos, Noticias
La CIJ rechaza nuevo acto gubernamental, que atenta en contra de la búsqueda de justicia en casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.
En esta ocasión, se trata de afectar el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), que desde el año 2005 se encarga del resguardo, conservación y custodia de los archivos de la extinta Policía Nacional, que fuera una de las instituciones nacionales causantes de graves violaciones a los derechos humanos, durante el conflicto armado interno.
Después de más de una década de contar con el apoyo de la Comunidad Internacional, este archivo se considera una fuente importantísima para conocer la verdad de lo sucedido durante el conflicto armado interno y para lograr aclarar investigaciones y entablar acciones de persecución penal por parte del Ministerio Público y para lograr que los documentos del AHPN estén protegidos; para ello, el Ministerio de Gobernación, firmó con el Ministerio de Cultura de Deportes, el convenio interinstitucional 24-2009, con validez hasta el 30 de junio de 2019.
Sin embargo, el Ministro de Gobernación expresó recientemente, que no renovará el convenio interinstitucional 24-2009, en el cual acordaron conjuntamente con el Ministerio de Cultura de Deportes, la permanencia de los documentos del AHPN en el edificio en el que fueron encontrados, propiedad del MINGOB, por el plazo de 10 años, plazo que vence el 30 de junio de 2019; de esta forma, podría afectar no solo el acceso a la información contenida en el AHPN, argumentando que dicho archivo, contiene información de seguridad nacional, sino que también el resguardo y utilización como prueba importante, de dichos documentos en los juicios respectivos.
Nuevamente, esta posición del Ministro de Gobernación se puede considerar un “fraude de ley”, ya que el acto de no renovar el convenio interinstitucional 24-2009 persigue como resultado un acto prohibido por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, como lo es debilitar la lucha contra la impunidad.
La CIJ lamenta que esta nueva posición del Ministro de Gobernación, se una a la de no renovar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) y al debilitamiento de la actual Policía Nacional Civil y a la llamada implementación de una “agenda regresiva”, que ha venido impulsando el Congreso de la República.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó: “Las decisiones del Ministro de Gobernación en torno al AHPN puede llegar a representar un grave retroceso y denegación de justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado interno.
De llegar a implementarse pueden considerarse como un incumplimiento de las obligaciones del Estado de Guatemala en materia de verdad, justicia y medidas de no repetición.”
Cabe recordar que los estándares internacionales resaltan la necesidad de preservar los archivos que contengan información sobre las graves violaciones a los derechos humanos, así como la obligación de poner a disposición del público, dicho archivos.
Así, el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad, establece en su principio 14 que “El derecho a saber implica la necesidad de preservar los archivos.
Se deberán adoptar medidas técnicas y sanciones penales para impedir la sustracción, la destrucción, la disimulación y la falsificación de los archivos, entre otras cosas, con el fin de que queden impunes los autores de violaciones de derechos humanos y/o del derecho humanitario”.
