Mar 13, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ, conjuntamente con una jueza de Honduras y otra de Costa Rica, de sus respectivas asociaciones de jueces, sostuvieron una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Una vez más, pidieron la destitución del Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, ya que a partir de dicho nombramiento, las y los jueces más independientes e imparciales, empezaron a ser vigilados ilegalmente y se han sentido vulnerables e inseguros.
El día de hoy, gracias a una nota periodística, se supo que el Director de Seguridad Institucional del Organismo Judicial, Roberto Mota Bonilla (foto), tiene orden de captura, por la supuesta comisión del delito de violencia contra la mujer.
Esta nueva acusación hace insostenible que el Presidente de la Corte Suprema de Justicia lo siga protegiendo y manteniendo en su puesto y el pleno de magistrados de dicha Corte debería ahora intervenir, por tratarse de un asunto relacionado directamente con la seguridad de jueces y juezas.
“Tal y como nos informara el día de ayer el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en él recae la responsabilidad del nombramiento del Director de Seguridad Institucional, pero los asuntos de seguridad de jueces, debe discutirlos con el pleno de la Corte Suprema de Justicia,” expresó Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica.
La CIJ hace un llamado a las autoridades del Estado de Guatemala, para que respeten el Estado de Derecho y que cesen los ataques en contra de la independencia del Poder Judicial y de las y los jueces que administran justicia en forma independiente e imparcial.
Lamentablemente, tal y como lo confirmara el Presidente del Organismo Judicial, está a la espera de informe de Auditoría Interna para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, ante estos nuevos hechos, no debería esperar el informe para tomar una decisión. El Director de Seguridad Institucional Roberto Mota Bonilla, debería ser destituido en forma inmediata.
Mar 6, 2019 | Comunicados de prensa, Noticias
La CIJ expresa profunda preocupación por el nombramiento del nuevo Director de Seguridad Institucional de Jueces y Juezas, nombrado por la Corte Suprema de Justicia y los efectos negativos que ello conlleva en las y los jueces independientes e imparciales.
Ante la denuncia que hiciera la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI) y el Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), la CIJ se permite llamar la atención de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para que asuma con seriedad dicha denuncia.
La CIJ considera que existen razones fundadas para dicha denuncia y que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla, lejos de brindar más confianza a las y los jueces sobre su protección, causa mayor frustración y dudas.
El señor Roberto Mota Bonilla perteneció a la Secretaría de Inteligencia y la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS) y por lo tanto, existen indicios que comprometen su independencia, por tener cercanía con el Poder Ejecutivo, uno de los tres Poderes del Estado que, es evidente, viene interfiriendo en la Independencia Judicial desde antes del año 2017 y con más fuerza a partir de agosto de dicho año.
Desde su nombramiento, las y los jueces independientes e imparciales, han venido sufriendo una serie de actos que pueden calificarse como presiones, intimidaciones, limitaciones a su función, vigilancia y control injustificados, que pueden llegar a afectar seriamente la independencia judicial y el debido proceso en los casos que dichos jueces conocen.
Las Naciones Unidas, al aprobar los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, declaró en el principio 2: “Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”.
Además, según dichos Principios, la ley debe garantizar no sólo la permanencia en el cargo de los jueces por los períodos establecidos, sino que también su independencia y seguridad, así como una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y jubilación adecuadas. (Principio número 11. Sobre las Condiciones de servicio e inamovilidad).
De manera más específica, el Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, dispone en el artículo 27 que: “Las autoridades ejecutivas tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”[1].
Este principio es desarrollado también en el artículo 2.23 de la Declaración Universal sobre la Independencia de la Justicia (Declaración de Montreal, aprobada en la Conferencia Mundial sobre Independencia de la Justicia), al establecer que “el Poder Ejecutivo deberá garantizar la seguridad y la integridad física de los jueces y de sus familiares”.
Los Principios de Siracusa son aún más explícitos. Bajo el apartado de “protección física”, el artículo 27 establece que las autoridades ejecutivas “tendrán el deber de garantizar la seguridad y la protección física de los miembros del poder judicial y de sus familias, en especial en caso de que sean objeto de amenazas”.
O sea que dichos principios, consideran obligación del Poder Ejecutivo garantizar la seguridad y contar con la proteccion física de las autoridades competentes, tanto si se trata de amenazas personales y directas, como en una situación general relacionada con el orden público o la seguridad interna de una Nación. En todo caso, las y los jueces deberán poder desempeñar sus funciones con la calma y la seguridad que requiere su función.
En tal sentido, la CIJ hace un enérgico llamado a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para que tomen con seriedad las denuncias presentadas por miembros de la AGJI y que destituya cuanto antes al Señor Mota Bonilla, por no garantizar independencia de criterio, ni objetividad en la protección de jueces y juezas. Al contrario, dicho nombramiento puede repercutir muy negativamente en la seguridad de jueces y juezas.
La CIJ expresa que en diferentes oportunidades ha señalado que la proteccion de jueces y juezas es esencial en un Estado de Derecho, para que puedan cumplir con su función en forma independiente e imparcial y buscando la mayor protección de los derechos humanos de las y los ciudadanos.
En el presente caso, todo parece indicar que mediante dicho nombramiento, se busca socavar la independencia judicial y afectar la función que llevan a cabo jueces y juezas independientes e imparciales.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica expresó: “En un Estado como el de Guatemala, cooptado por el crimen organizado, éste debe ser un tema que el Poder Judicial debería analizar más a fondo y con mucho detenimiento, para brindar las soluciones más adecuadas a las y los jueces. Todo indica que el nombramiento del señor Roberto Mota Bonilla es un paso más hacia la militarización del Estado de Guatemala. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, deberían destituir al señor Roberto Mota Bonilla y abrir un espacio de diálogo con las y los jueces afectados y con la sociedad civil, para tratar este tema tan importante para la seguridad de las y los jueces, para la Independencia Judicial y para el fortalecimiento del Estado de Derecho.”
Foto: Ramón Cadena, director de la CIJ, se reunió ayer con los magistrados de la Cámara Penal.
[1] Comité de Expertos de la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Comisión Internacional de Juristas y el Centro para la Independencia de Jueces y Abogados. Proyecto de Principios sobre la Independencia del Poder Judicial, mayo 1981.
Dec 19, 2018 | Comunicados de prensa, Noticias
Una nueva acción se inicia en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este caso, se ordena el abandono del país de once funcionarios de dicha comisión, en un lapso de setenta y dos horas, a partir de la notificación respectiva. La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) considera que este acto va dirigido específicamente a afectar los procesos penales que se siguen por actos de corrupción en contra de funcionarios de alto nivel.
La CICIG actúa como querellante adhesivo de diferentes procesos por casos de corrupción y otros delitos o bien realizan investigaciones para identificar a posibles responsables. A las y los abogados, policías o investigadores que participan en estos procesos (Caso La Línea, Caso relacionados con corrupción en la Policía Nacional Civil, Caso Comisiones Paralelas y otros igualmente importantes) son precisamente a quienes se les está intentando expulsar del país.
Ramón Cadena, Director de la CIJ para Centroamérica expresó al respecto: “Llama poderosamente la atención que uno de los investigadores de la CICIG que está siendo afectado con esta medida es el investigador legal a cargo del caso de corrupción en el Registro General de la Propiedad, en el que están siendo procesados el hijo y hermano del Presidente de la República.”
Este nuevo acto gubernamental afecta seriamente la justicia y el Estado de Derecho. Constituye además, una violación flagrante del artículo 10 numeral 4. del Convenio firmado entre el Estado de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que contempla el compromiso del Gobierno de Guatemala en los términos siguientes:
“Velar por que ningún personal de la CICIG, sea personal nacional o internacional, sea de modo alguno objeto de abusos, amenazas, represalias o intimidaciones, en virtud de su estatus de personal de la CICIG o por el desempeño de su trabajo como personal de la CICIG.”
“Lamentamos mucho que sea precisamente a los funcionarios de la CICIG que actúan como querellantes adhesivos en casos de alto impacto, a quienes se les esté imponiendo un castigo por el desempeño de sus funciones en la lucha contra la corrupción e impunidad. Está claro que las autoridades del Gobierno de Guatemala, siguen haciendo todo lo posible para apartar a la CICIG de su camino”, expresó Cadena.
A esto hay que agregar que la función de la abogacía está siendo afectada. De esta manera, se está obstaculizando el trabajo de abogados debidamente colegiados y por lo tanto, los Principios Básicos de la ONU sobre la función de los abogados, también están siendo violados. Según el principio número 16 literal a): “Los gobiernos garantizarán que los abogados: a) puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas…”
Cadena afirmó: “La CIJ expresa su profunda preocupación por el hecho de que varios de estos funcionarios son abogados y que actúan como querellantes en los casos de alto impacto que apoya CICIG. El Colegio de Abogados de Guatemala debería actuar en defensa de sus agremiados.”
“Por otro lado, el Estado de Guatemala debe cumplir con los enunciados del derecho internacional de los derechos humanos y debe investigar y castigar casos de corrupción. La presencia de la CICIG en el país contribuye a que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones internacionales”, Cadena agregó.
El Director de la CIJ para Centroamérica concluyó afirmando: “Con estas medidas arbitrarias se está causando una alteración del orden constitucional en Guatemala, que afecta gravemente el orden democrático. Como Estado, Guatemala debe asegurar que se tome medidas efectivas para combatir la corrupción, consistentes con sus obligaciones internacionales en relación a los derechos humanos entre otras obligaciones. La CICIG es una de las experiencias más exitosas de combate contra la corrupción en el mundo; por ello, las autoridades del Estado de Guatemala deberían apoyarla, en vez de obstaculizar su trabajo y de esa forma, obstruir la justicia.”
Nov 21, 2018 | Noticias
En el contexto actual de Guatemala, es notorio que el riesgo de abusos de poder y de violaciones a los derechos humanos, ha aumentado significativamente. Esta situación ha hecho surgir graves tensiones entre la Justicia Constitucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad y los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Este tipo de tensiones y conflictos se han presentado recientemente, cuando el Tribunal Constitucional ha invalidado actos del Poder Ejecutivo por ser inconstitucionales.
Las y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad han demostrado en dichos casos, que pueden emitir resoluciones, sin que se subordinen al Poder Ejecutivo o a otro poder fáctico y velando por la protección de los derechos humanos de todas las personas.
Ramón Cadena, Director de la Comisión Internacional de Juristas expresó que “es necesario reconocer que las y los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, desempeñan una función sumamente difícil, que requiere muy elevadas cualidades judiciales y éticas. Sin embargo, por difícil y compleja que sea su función, cuando el poder público se ejerce con abuso de autoridad y contraviniendo el Derecho Interno y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad debe fijar los límites que el Derecho Constitucional e Internacional impone al ejercicio del poder.”
Jul 24, 2018 | Artículos, Noticias
Desde hace años, las y los defensores del departamento de Izabal han sido víctimas de persecución por oponerse al proyecto minero Fénix de la empresa guatemalteca CGN.
La CIJ visitó el departamento de Izabal del 18 al 20 de julio.
El 19 de julio, la CIJ acompañó al periodista Jerson Xitumul, quien participó en una audiencia de sobreseimiento de su caso, conjuntamente con sus abogados, en el Juzgado de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Puerto Barrios.
Posteriormente, la CIJ realizó un encuentro con la Gremial de Pescadores de Izabal, en el que recibió información acerca de la difícil situación de represión que enfrenta dicha gremial.
El 20 de julio, la CIJ sostuvo una entrevista con el Vice Presidente de la Gremial de Pescadores Eduardo Bin Poou, perseguido y detenido arbitrariamente en el centro de detención de Puerto Barrios.
La CIJ expresa su honda preocupación por la persecusión de que son víctimas los defensores de derechos humanos por el hecho de expresarse y por no estar de acuerdo con la explotación minera que se está llevando a cabo en dicho departamento, debido a que causa graves daños al medio ambiente y un daño irreparable al Lago de Izabal.
La resistencia pacífica de los pobladores de Izabal, contrasta con la persecución violenta de que son objeto.
La CIJ considera que no se trata de hechos aislados, sino de una política de persecución por parte del Estado, quien lleva a cabo estos actos ilegales para beneficiar a la empresa CGN, que explota nickel en el departamento.
En vez de proteger a los defensores de derechos humanos, el Sistema de Justicia guatemalteco ha tomado varias acciones en su contra. Así, varios periodistas pertenecientes a la Prensa Comunitaria, han sido detenidos o tienen orden de captura.
Entre ellos el caso del periodista Jerson Xitumul, cuyo caso fue finalmente sobreseído, por no existir ninguna prueba de que cometió algún hecho delictivo.
Por otro lado, recientemente fue detenido Eduardo Bin Poou, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Gremial de Pescadores y acusado falsamente y sin pruebas de que haya cometido delito alguno.
El objetivo principal ha sido afectar a aquellos que ejercitan el derecho a la resistencia, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Asimismo, no puede pasar desapercibido que el 27 de mayo de 2017, fue asesinado un dirigente de la Gremial de Pescadores Carlos Maas Coc y herido también el pescador Alfredo Maquín Cocul, casos que hasta el momento se encuentran impunes.
La CIJ ha señalado en varias oportunidades que las autoridades guatemaltecas criminalizan y persiguen a defensores y defensoras del derecho a la tierra, mediante la imputación del delito de usurpación y usurpación agravada.
Asimismo, la CIJ ha señalado que las autoridades guatemaltecas pretenden criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la resistencia, consagrado en el artículo 45 de la Constitución Política de Guatemala, acusando a los defensores del medio ambiente y otros, de delitos como instigación a delinquir, detención ilegal, amenazas, daños, reuniones y manifestaciones ilícitas y otros ilícitos.
Asimismo, esta práctica estatal penaliza y castiga el legítimo ejercicio de las libertades de expresión y reunión.
Preocupa de sobremanera a la CIJ, el papel que juegan las y los jueces en el departamento de Izabal, en la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos.
Un ejemplo lo constituye el caso del Juez Edgar Aníbal Arteaga López, quien utilizando la función pública, suele abusar del poder de que está investido e imponer castigos ejemplares a los defensores de derechos humanos.
Así, con sus resoluciones arbitrarias dicho juez ha afectado a periodistas, pescadores organizados en la Gremial de Pescadores, dirigentes comunitarios, defensores del derecho a la tierra y todo aquel que se opone a la explotación de níquel o que defiende los derechos colectivos de las comunidades en dicho departamento.
Asimismo, en otros casos defensores y defensoras de derechos humanos han sido criminalizados y existe un número considerable de órdenes de captura en todo el país, que afectan a personas que ejercitan el derecho a la libertad de expresión, para defender derechos comunitarios.
Ramón Cadena, Director de la CIJ expresó:
“Urge que el Estado de Guatemala detenga la criminalización y persecución de que son objeto dirigentes comunitarios, periodistas y en general defensores y defensoras de derechos humanos en el departamento de Izabal. Para ello, se debe aplicar el régimen disciplinario interno a jueces que con su actuación, contribuyen a perseguir a estas personas, sólo por su forma de pensar y por ejercer legítimamente sus derechos y libertades. El Estado de Guatemala, deberá reparar los daños y perjuicios causados a defensoras y defensores de derechos humanos, por la actuación de sus autoridades y la CICIG debería investigar estos hechos, para aclarar la verdad de lo sucedido.”
Guatemala-Criminalización Izabal-News-2018-SPA (artículo completo, en PDF)
